Desde enero de 2020, dos abogados turcos están en huelga de hambre y, por teléfono, su compañera Ceren Uysal no oculta su preocupación: “Ebru inició la huelga el 3 de enero, treinta días antes que Aytaç, ha perdido mucho peso y actualmente pesa cuarenta y dos kilos. Ambos se encuentran en una situación crítica”, aseguró a Equal Times a principios de junio.

Desde Viena, donde ahora vive, Ceren sigue de cerca la situación de Ebru Timtik y Aytaç Ünsal, encarcelados desde poco más de un año. Como ellos, Ceren forma parte de la Asociación de Abogados Progresistas (Çağdaş Hukukçular Derneği o ÇHD), fundada en 1974. Abogada especializada en derecho laboral durante más de diez años en Turquía, se incorporó a la asociación cuando era estudiante: “Siempre he creído que esta asociación era importante en Turquía, especialmente para la defensa de los derechos humanos”. Miembro del comité ejecutivo, defendió pro bono a personas encarceladas o víctimas de tortura.

Su vida dio un vuelco después del fallido golpe de Estado de julio de 2016. Al declararse tres días después el estado de emergencia, Ceren dejó Turquía. “La situación era difícil y sentí que, si me quedaba, podría ser inculpada”. No quería tener que elegir entre la cárcel y la prohibición de salir del país”.

Tres meses después de su partida, en noviembre de 2016, la asociación de abogados en la que Ceren Uysal sigue participando, y que también es la más antigua del país, fue disuelta y designada “organización terrorista” por el Estado turco. En marzo de 2019, 18 de sus miembros, incluidos 6 detenidos durante más de un año fueron acusados por las autoridades turcas de “pertenencia a organización terrorista” y condenados a penas de entre 3 y 18 años de prisión.

“A través de su huelga de hambre, Ebru y Aytaç piden el derecho a un juicio justo”, explica Ceren antes de enumerar las numerosas irregularidades de la audiencia de su juicio: la imposibilidad de la defensa de impugnar las alegaciones de los testigos, la negativa del tribunal a aceptar las pruebas presentadas por los abogados defensores y a escuchar sus alegatos.

“Para mí, lo más importante es recordar que en 2018 un primer tribunal ordenó su liberación. Sin embargo, dos días después, los jueces que habían tomado esta decisión fueron reemplazados por otros”, comenta Ceren.

Abogados identificados con las causas de sus clientes

El pasado 8 de junio, cuando el tribunal supremo anunció que había comenzado a examinar la apelación de los 18 abogados de la ÇHD, el ministro del Interior transmitió a los medios de comunicación turcos un documento de 76 páginas. En este informe, consultado por Equal Times, el partido político de cuño marxista-leninista, el DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi, o Partido Revolucionario del Frente de Liberación Popular) es presentado como una organización terrorista que el Estado tiene la intención de disolver. El grupo musical de inspiración revolucionaria Grup Yorum está acusado de formar parte de esta organización, al igual que Ebru Timtik y Aytaç Ünsal, abogados de los músicos que suelen ser encarcelados con regularidad. Las huelgas de hambre a las que sucumbieron recientemente dos músicos del grupo, así como la de los dos abogados son consideradas por el Estado “actos terroristas”.

“Actualmente, el mayor problema en Turquía es que los abogados son identificados con sus clientes”, señala a Equal Times Ayşe Acinikli, abogada de derechos humanos, antes de precisar que esta identificación va en contra de uno de los principios básicos de la ONU sobre la función de los abogados según los cuales el abogado no debe ser identificado con su cliente ni con su causa.

La abogada, que añade que no hay pruebas serias que demuestren su pertenencia a aquella “organización terrorista”, sabe de lo que habla: en marzo de 2016, ella misma fue acusada de pertenencia a una organización terrorista por haber defendido a compañeros abogados juzgados por haber defendido a su vez a Abdullah Öcalan, líder histórico del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Por este motivo pasó cinco meses tras las rejas, compartiendo su celda con la novelista Aslı Erdoğan. Aunque actualmente se encuentra libre, su juicio todavía está abierto.

“En Turquía, ser acusado de pertenencia a una organización terrorista es una acusación común y corriente cuando se trabaja en defensa de los derechos humanos y otros asuntos políticos”, asegura Ayşe Acinikli. “El Estado no quiere que defendamos este tipo de casos, es su forma de impedirnos hacer nuestro trabajo”.

Aun cuando los abogados turcos ya habían sido objeto de acusaciones de este orden antes del intento de golpe de estado de 2016, las acciones judiciales se han multiplicado desde entonces a gran escala. Según la iniciativa de abogados encarcelados, The Arrested Lawyers Initiative, más de 1.500 letrados han sido acusados de pertenecer a una organización terrorista desde el fallido golpe. Un informe de febrero de 2020 afirma que hasta el momento 345 abogados han sido condenados a 2.158 años de prisión.

“Me escandalizó ver la situación del estado de derecho en Turquía”, afirmó a este medio Helena Kennedy, directora de IBA, la asociación internacional de abogados. “El derecho penal y la legislación relativa al terrorismo se utilizan para justificar las detenciones y criminalizar a los abogados cuando solo ejercen su profesión. Los delitos carecen de definición precisa y existe una evidente falta de pruebas, es así como actúan los regímenes opresores del mundo”.

Jueces al servicio de Erdoğan

“Muy a menudo, en casos de carácter político, se tiene la impresión de que los jueces actúan como si se preguntaran qué habría decidido Erdoğan”, explica Ayşe Acinikli.

De hecho, después del intento de golpe de Estado en julio de 2016, el despido de casi un tercio de los magistrados del país hizo que el Hâkimler ve Savcılar Kurulu o HSK (consejo de jueces y fiscales) nombrara magistrados cercanos al AKP. Desde la reforma constitucional de 2017, el HSK, que cuenta con 13 miembros, seis de los cuales son nombrados por el presidente del país y siete por el parlamento, está al servicio de Erdoğan.

“Hoy nos encontramos con jueces y fiscales incompetentes, son jóvenes y no conocen la ley”, protesta Ayşe Acinikli, y añade que antes, para acceder al examen oral de la magistratura, los candidatos debían obtener una nota de por lo menos 70/100 en el examen escrito. “Después del golpe, al ver que las personas cercanas al Gobierno no podían alcanzar esta nota, se suprimió este requisito”.

Mahmut Erol, su colaborador aclaró: “A partir del 20 de febrero de 2020 se restableció la antigua nota, pero ya era demasiado tarde, el AKP ya tenía colocados a sus miembros”.

Ayşe Bingöl Demir, abogada durante casi quince años en Estambul, recuerda haber tenido a menudo la sensación de que los jueces no la escuchaban. “Cuando defendía casos políticos en los que había de por medio una cuestión de acusación de terrorismo, o de crimen contra el Estado, tenía la impresión de que los jueces llegaban a la audiencia con una decisión ya tomada, o una opinión ya hecha sobre los acusados, considerados enemigos del Estado”, dice.

Sin embargo, la abogada, que ahora vive en los Estados Unidos, sigue creyendo en la importancia del papel de los abogados en Turquía: “en primer lugar, para apoyar a nuestro cliente. Luego, para encontrar posibles fallas procesales y así poder apelar. Por último, para poner en tela de juicio a jueces y fiscales, su mentalidad y su comportamiento”.

Esta fue la razón que llevó a Şiraz Baran a convertirse en abogado: “Quería poner en cuestión el sistema de justicia, luchar contra el Gobierno, el Estado”, comentó. En su ejercicio de la abogacía en Diyarbakir durante cinco años, también admite que muchas veces tiene la impresión de ser una figura decorativa frente a los jueces. En este sentido, recuerda un caso: en enero de 2018, había viajado cuatro horas en la nieve para ir hasta Tunceli y defender a un profesor acusado de formar parte del movimiento Gülen, calificado desde el fallido golpe de 2016 como organización terrorista.

“Al terminar mi alegato, el juez no anunció el descanso acostumbrado antes de tomar su decisión y entregó un lápiz de memoria USB al secretario indicando que allí estaba la decisión”. Escrita antes de la audiencia, la decisión ni siquiera fue declarada en voz alta, asegura Şiraz Baran, añadiendo que ahora estas prácticas son lamentablemente comunes.

Meter en cintura a los abogados

Para Cihan Aydın, presidente del colegio de abogados de Diyarbakir, las investigaciones judiciales contra su colegio se han convertido en moneda corriente.

A finales de abril, fue objeto de una investigación por “denigrar los valores religiosos”, junto con el colegio de abogados de Ankara. Ambos colegios habían expresado su apoyo a las personas LGBT tras los comentarios homofóbicos formulados por Ali Erbaş, director de asuntos religiosos del país. Avalando a los religiosos, Erdoğan aprovechó la oportunidad para afirmar su voluntad de reformar los métodos de elección dentro de los colegios de abogados turcos.

“Si el Gobierno logra implementar esta reforma, podrá controlar el proceso disciplinario al que están sujetos los abogados, despedirlos de sus funciones... es así como tendrá en su puño los colegios de abogados”, indica preocupada Ceren Uysal.

Cihan Aydın teme que los colegios de abogados pierdan una de sus principales funciones, la de proteger el Estado de derecho y los derechos humanos. Aunque afirma que lamentablemente algunos colegios apoyan al Gobierno o pasan por alto la deleznable política que aplica, él está acostumbrado a alzar la voz y a criticar al Estado. La investigación sobre la “denigración de los valores religiosos” que se cierne sobre su colegio está lejos de ser la única. Acaba de recibir una nueva notificación sobre una declaración que hizo en abril de 2019 sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los armenios. “Abrieron una investigación sobre el uso del término ‘genocidio’”, concluye.

“Según las discusiones que algunos colegios de abogados pudieron entablar con el ministro de Justicia, el Gobierno considera que el sistema electoral de los colegios, consistente en un voto mayoritario, no es democrático”, afirma Ayşe Bingöl Demir y añade: “en ese caso, ¡la elección de Erdoğan por mayoría tampoco es democrática!”

Aun cuando los colegios de abogados de las grandes ciudades como Estambul, Ankara, Izmir y en la región kurda se encuentran mayoritariamente en la oposición y critican al Gobierno, la idea de la reforma consistiría en elegir a los representantes de los colegios de forma proporcional, permitiendo así a los abogados favorables al AKP formar su propio colegio, aunque se encuentren en la misma ciudad.

“Los abogados que representen a uno u otro colegio podrían indicar que la actuación del Gobierno no plantea ningún problema en términos de la ley ni de los derechos humanos, legitimando así sus medidas”, comenta preocupado Ayşe.

Para defender su independencia, el 17 de junio unos sesenta colegios de abogados se manifestaron coreando: “La defensa no puede ser silenciada” antes de iniciar dos días después una “Marcha de la defensa” con rumbo a Ankara. Bloqueados por la policía a las puertas de la ciudad, finalmente les permitieron entrar.

“Los colegios de abogados son actualmente el último baluarte de protección del sistema judicial turco”, concluye Şiraz Baran.