En febrero de 2019 la compañía Inditex sacó al mercado una sudadera con un eslogan prometedor. Impreso, en letras mayúsculas sobre fondo negro, se leía “R-E-S-P-E-C-T”. Un lema inspirado en la famosa canción de Aretha Franklin, un guiño pretendidamente feminista que la marca utilizó para abanderar su nueva línea de “moda ética”. El giro comprometido del gigante textil fue tan celebrado, tan repentino, tan radical que una ONG suiza dedicada a la defensa de los derechos humanos decidió investigar.

La organización Public Eye tomó varias de estas sudaderas y comenzó a revisar toda la cadena de suministro hacia atrás, hasta llegar a unas remotas fábricas en Izmir, Turquía. Lo que descubrió allí tenía poco que ver con el “respeto”: salarios indignos, horas excesivas, contratos precarios. La investigación reveló que por cada una de estas sudaderas “éticas”, Inditex ganaba el doble de lo que recibirían todas juntas las personas que las fabricaban. La prenda que se vendía a sí misma como un icono del feminismo era el resultado –una vez más– de la explotación de decenas de mujeres.

Todo el mundo lo sabe. Desde 2013, año cero del despertar ético en la industria textil, absolutamente todos –marcas, Estados, consumidores– conocen la realidad miserable e insegura de las fábricas que nutren los escaparates. Tuvieron que morir 1.134 personas en el derrumbe de un edificio en Bangladés para que las multinacionales de la moda empezaran a asumir su responsabilidad. El primer paso fue suscribir un acuerdo sobre incendios para prevenir nuevas tragedias. Más adelante, muchas marcas se comprometieron a ser más transparentes y vigilantes, a incorporar la ética a sus cuentas de resultados.

Siete años después, el marketing ha fagocitado las buenas intenciones. Al mismo tiempo que las grandes marcas presentan sus nuevas colecciones “conscientes y sostenibles”, siguen presionando a sus talleres para bajar los precios –y con ello los salarios–.

“Ha habido mejoras en materia de seguridad, pero en otros aspectos como los salarios o los derechos sindicales seguimos igual o incluso peor”, asegura Eva Kreisler, coordinadora de la Campaña Ropa Limpia. Como denuncia el último informe de esta red internacional, ni una sola de las más populares firmas de moda paga a día de hoy sueldos decentes a sus productores.

El compromiso sigue siendo muy débil, tanto que al primer problema se desvanece. Ocurrió durante la crisis sanitaria de la COVID-19. Nada más declararse la pandemia, las multinacionales empezaron a cancelar pedidos, a pagar menos de lo acordado o directamente a no pagar. Eso se tradujo en miles de despidos en Camboya, Vietnam y Bangladés, entre otros. En países como Birmania (Myanmar) se usó la crisis como excusa para expulsar a los empleados más críticos. “El cierre de fábricas en estos lugares con salarios de miseria ha dejado en la calle a miles de personas sin capacidad de ahorro. Muchas han tenido que pedir préstamos, vender tierras para pagar deudas, muchas no tienen para comer”, advierte Kreisler.

Tras una fuerte presión internacional, algunas marcas dieron marcha atrás y prometieron pagar lo que debían, pero otras –un 40% según el Centro de Investigación de Negocios y Derechos Humanos– se desentendieron del todo. La emergencia sanitaria dejó a la vista las costuras de un cambio insuficiente, volvió a demostrar que el respeto a los derechos humanos se cimienta sobre algo más que un buen logo publicitario.

La buena voluntad no es suficiente

No estábamos “moralmente preparados” para la globalización, resume la investigadora Ángela García Alaminos, especializada en sostenibilidad social y trabajo indigno. Lleva años analizando las largas y complejas cadenas de suministro mundial que a menudo atraviesan varios países en desarrollo, saltan de subcontrata en subcontrata, se pierden en talleres clandestinos o incluso en domicilios particulares donde no hay inspecciones ni control, donde la esclavitud aún existe.

“En el caso de los accidentes mortales y no mortales [dichos accidentes] sí que han descendido con el tiempo. Sin embargo, el trabajo forzado, en condiciones de violencia y amenaza ha empeorado, sobre todo durante los años de recesión”, explica.

Las directrices que marca la ONU son claras: las empresas transnacionales tienen el deber de prevenir y remediar estos abusos. El problema es que ese “deber” siempre ha sido voluntario.

“Llevo trabajando con empresas durante 20 años y es verdad que ha crecido el interés por el impacto social de su actividad, pero la mayoría sigue ajena a todo esto”, admite María Prandi, consultora en temas de negocios y derechos humanos.

La buena voluntad ha fracasado. De hecho un reciente estudio del Instituto Británico de Derecho Internacional demostraba que sólo una de cada tres empresas europeas se había preocupado hasta ahora por las condiciones laborales de quienes producen para ellas. Por todo esto, desde 2014 Naciones Unidas trabaja en la redacción de un tratado vinculante de debida diligencia, un instrumento que por primera vez obligará a las empresas a supervisar con lupa sus cadenas de suministro y rendir cuentas por ley.

El primer borrador se redactó en 2018 y desde entonces la negociación sigue abierta. La próxima reunión será en octubre. “Ha habido muchos intentos de crear acuerdos de este tipo, pero todos han fracasado por influencia de Gobiernos y lobbies”, advierte María Prandi, “el tratado todavía tiene que ser aprobado por un mínimo de países, así que esto puede dilatarse todavía más”.

Mientras tanto, la Unión Europea también ha anunciado que aprobará su propia iniciativa legislativa de debida diligencia en 2021, siguiendo el ejemplo de países pioneros como Francia. ¿Será bastante para acabar de una vez por todas con la impunidad? Los sindicatos dudan. “Todas las empresas dicen que hacen planes de debida diligencia pero nadie pone indicadores contundentes. Han creado algo farragoso, burocrático, balances llenos de discursos”, critica José Carlos González, portavoz de responsabilidad social empresarial en CCOO. “No queremos más declaraciones ni códigos de conducta, lo que queremos son datos concretos y comparables, queremos saber cuál es su fuerza laboral real”.

Sostenible no es sinónimo de justo

2019 fue el año de la toma de conciencia global ante el reto climático y eso acabó trasladándose a la moda –la segunda industria más contaminante tras la aviación–. Fueron los propios consumidores quienes empezaron a exigir a sus marcas materiales más ecológicos y procesos menos contaminantes, pero el verdadero cambio todavía está incompleto. Que haya más prendas “sostenibles”, no significa que sean más “éticas” o “justas”.

“Los consumidores tienen que entender que cuando algo tiene la etiqueta ‘eco friendly’ o ‘consciente’ normalmente solo se refiere al origen de las materias primas, no al aspecto humano”, explica Ignasi Eiriz, fundador de Ethical Time, una plataforma dedicada a seleccionar y verificar marcas que sean realmente responsables. Este año han creado su propio sello de ‘Moda Sostenible Real’.

“Los criterios que miramos son sobre todo los salarios, que sean salarios dignos, también la seguridad de las fábricas, las condiciones higiénicas, la libertad de asociación a sindicatos o la igualdad. Analizamos cuáles son los proveedores de cada marca, qué certificados tienen. Pedimos total transparencia”, cuenta. Y por eso solo trabajan con empresas de moda pequeñas, esperar toda esa información de las grandes es mucho más difícil.

ONG y sindicatos llevan tiempo reclamando a las multinacionales que reconozcan públicamente la localización precisa de los talleres que producen su ropa –no basta con el “made in Bangladesh”–, pero también que publiquen datos concretos sobre las condiciones en que trabajan.

Desde 2016 la Campaña Ropa Limpia lleva recogidas más de 70.000 firmas para exigir solo eso: transparencia. “Hay empresas que han abierto un poco más sus cadenas de suministro a raíz de la campaña, pero la mayoría de las grandes sigue sin hacer pública su lista de proveedores”, confiesa Eva Kreisler.

Esa información es crucial, primero para los propios trabajadores y sindicatos que casi nunca saben para qué marca producen y por tanto desconocen a quién reclamar si se cometen abusos; pero también es importante para los consumidores, para que sepan distinguir lo que es moda ética del puro y simple marketing. Como apunta la investigadora, Ángela García Alaminos, “la gente está cada vez más concienciada de la necesidad de un cambio, pero todavía no tiene suficiente información”.

Gema Gómez, diseñadora y formadora en moda sostenible admite que “todavía son pocas y pequeñas las empresas que de verdad trazan el camino de sus prendas hacia atrás y hacia adelante”, es decir cuentan de forman transparente cómo se fabrican, pero también qué hacen después con los desechos.

Se trata sobre todo de proyectos jóvenes, a menor escala pero más comprometidos, que ya “tienen la sostenibilidad en el ADN” y están utilizando la tecnología –por ejemplo, los códigos QR– para que cualquier comprador pueda rastrear el origen de sus productos desde el móvil. “Las grandes marcas siguen aún en el modelo económico del siglo pasado y ese modelo no sirve porque no es ético”, defiende Gómez, “la sostenibilidad sólo será viable si se reparte el peso de las grandes entre todas las pequeñas”.

Al igual que pasó con la tragedia de 2013 en Bangladés, la pandemia de 2020 ha vuelto a convulsionar los cimientos del sector textil. Esto puede ser una oportunidad, como dice Naciones Unidas, para empezar de nuevo y reconstruir unas cadenas de suministro más justas y estables o al menos, como apunta Gema Gómez, “para acelerar los cambios que ya estaban marcha”.