El título de este artículo hace referencia a una frase atribuida al dictador Porfirio Díaz, pero escrita por el intelectual Nemesio García Naranjo, que describe certeramente lo que sucede a los países vecinos de la potencia imperial. La influencia, generalmente nefasta que, a partir de la Doctrina Monroe, ejercen los EEUU sobre los países del Caribe ha condicionado muchos momentos de su historia y afectado su desarrollo.

Los cinco países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) que integraron la República Federal de Centroamérica (1824-1839) suscribieron en 1960 el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, para establecer un mercado común. La primera etapa fue exitosa, aunque los beneficios no se distribuyeron de manera equitativa, siendo Honduras y Nicaragua los menos favorecidos. Desde entonces, sus caminos difieren o convergen según qué materia.

Guatemala, por ejemplo, durante la llamada “época dorada” del Mercado Común Centroamericano (MCCA), tuvo las más altas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) –9,5% en 1963 y 8,8% en 1968– de los últimos 60 años. Además, aumentó la clase media y hubo un repunte en la organización sindical.

La integración ha pasado por muchas vicisitudes, como la fugaz guerra entre El Salvador y Honduras de 1969, y los conflictos armados que asolaron El Salvador, Guatemala y Nicaragua a partir de los años 70 (resueltos a finales de la década de 1980). En 1993 se adoptó el procedimiento conocido como “geometría variable”, que permite acuerdos y avances entre dos o más países, a los cuales se puede ir sumando el resto.

Esto hizo posible el Convenio Centroamericano de Movilidad, suscrito en 2006 entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, conocido como CA-4, que permite el libre movimiento de ciudadanos de esos países con la sola presentación del documento de identidad nacional.

Costa Rica, a diferencia del grupo del CA-4, presenta una buena situación en materia de indicadores de bienestar social y desempeño económico (puesto 68 en el Índice de Desarrollo Humano –IDH– y miembro desde mayo de 2020 en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Mientras que El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras (en el puesto 124, 126, 127 y 132, respectivamente), son, de acuerdo al IDH, los cuatro últimos países de América Latina y el Caribe (ALC) en el grupo de desarrollo humano medio.

Otros datos permiten visualizar el panorama de los países del CA-4 en aspectos vinculados con dimensiones del trabajo decente. En el Índice de Mejores Trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2015, los últimos cuatro entre 18 países de ALC son Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. En cuanto al ejercicio de la libertad sindical, un estudio de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las América (CSA) –Sindicalización y densidad sindical en las América– indica que la densidad sindical con relación a la ocupación total, en 2010, era de 12% en Nicaragua, 8% en Honduras, 7% en El Salvador y 2% en Guatemala.

De cara a la crisis ocasionada por la pandemia de covid-19 es importante hacer referencia al gasto púbico en salud. Dado que el gasto per cápita oscila de los 565 dólares USD en Guatemala a 400 dólares en Honduras, mientras que el promedio de ALC es de 1.320 dólares (unos 481, 341 y 1.124 euros, respectivamente), el gasto directo de los hogares en los cuatro países centroamericanos es elevado, factor que puede empujar a la pobreza (no solo a los hogares de menor poder adquisitivo, también a los de clase media).

(Mala) influencia de EEUU en el desarrollo centroamericano

Sea suficiente mencionar (en lo que se refiere a los países del CA-4) los casos de Guatemala, con la intervención de 1954 que liquidó un proceso de desarrollo basado en una reforma agraria que afectó los intereses de la United Fruit Company (UFCO); el sometimiento de Honduras a los dictados de las empresas bananeras, en particular la UFCO; y las intervenciones armadas en Nicaragua, en forma directa de 1912 a 1933, que dejó como secuela la dictadura somocista; e indirectas, a través de los Contras entre 1980 y 1991, para derrocar al régimen sandinista.

En el curso del gobierno de Donald Trump las presiones estadounidenses se han concentrado en el Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), debido al flujo migratorio hacia los EEUU.

Según la Oficina del Censo de ese país, en 2017 había 3,5 millones de inmigrantes centroamericanos, correspondiendo 1,4 millones a El Salvador, 959.000 a Guatemala, 655.000 a Honduras y 263.000 a Nicaragua. La encuesta sobre migración guatemalteca realizada en 2016 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reporta, por su parte, 2,3 millones de guatemaltecos residentes en EEUU, de los cuales 1,8 millones remiten remesas.

Que el flujo de migrantes nicaragüenses a los EEUU sea reducido es una de las causas por las que el gobierno de Daniel Ortega no sea sometido a presiones y amenazas similares a las que el gobierno de Trump dirige contra los países del Triángulo Norte. Para los nicaragüenses el principal destino es Costa Rica, donde se estima que en 2017 residían de manera permanente alrededor de 294.000 personas, y otras 100.000 migran cada año en forma temporal para trabajar en cosechas agrícolas.

Corrupción endémica

Los países del CA-4 también tienen en común una débil institucionalidad pública, una baja capacidad fiscal y altos niveles de corrupción. La carga tributaria como porcentaje del PIB se encuentra entre un mínimo de 10,5% en Guatemala y un máximo de 18,2% en El Salvador, en tanto que el promedio de ALC es del 30%. Pero, independientemente de que la capacidad fiscal sea alta o baja, los elevados niveles de corrupción provocan que parte importante de esos recursos sea apropiada por las mafias que tienen capturados a los Estados. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2019, de Transparencia Internacional, El Salvador se sitúa en el puesto 113, Honduras y Guatemala en el 146, y Nicaragua en el 161.

Sean de izquierda o de derecha, en las décadas transcurridas de este siglo, la corrupción se exacerbó en el CA-4 debido, entre otras razones, a la perversión de los partidos políticos y a la debilidad de los sistemas de justicia. En Guatemala prácticamente un gobierno completo –del periodo 2012 a 2016, encabezado por Otto Pérez Molina– guarda prisión.

En El Salvador los dos últimos presidentes postulados por el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) fueron sometidos a proceso penal. Francisco Flores, murió en 2016 cuando guardaba arresto domiciliario, y Antonio Saca fue condenado a 10 años por apropiarse de más de 300 millones de dólares USD (255 millones de euros). Mauricio Funes, quien ejerció la presidencia postulado por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLL), fue señalado en junio de 2016 de apropiarse de 351 millones de USD (299 millones de euros), pero obtuvo asilo político en Nicaragua en 2016 y la nacionalidad en julio de 2019.

En Honduras desde inicios del siglo XX se alternan el Partido Liberal y el Partido Nacional. Las diferencias entre dichos partidos son cada día más difusas, pero la vinculación de sus líderes y gobernantes en la corrupción es cada vez más evidente. En 2017, un hijo de Porfirio Lobo, presidente de 2010 a 2014, fue sentenciado en Nueva York a 24 años de cárcel por narcotráfico. El actual presidente, Juan Orlando Hernández fue implicado en los EEUU en un caso de narcotráfico y su hermano Antonio fue condenado en octubre de 2019.

Por su parte, a partir de la elección de 2007, Daniel Ortega comienza a construir un régimen dictatorial en Nicaragua, mediante el sometimiento de la oposición política, marginación de los sindicatos independientes, supeditación de los órganos de control y la persecución de las organizaciones de la sociedad civil. Mientras él y sus allegados acumulan grandes fortunas, estableció un matrimonio de conveniencia con el sector empresarial, que agradecía las garantías a la inversión y el clima de negocios que propiciaba.

En abril de 2018, luego de las protestas populares contra las reformas realizadas al régimen de seguridad social, la reacción popular llevó al rompimiento del pacto tácito entre Ortega y los empresarios, pero mantiene un férreo control de la situación, utilizando las llamadas “turbas” gobiernistas para disuadir cualquier expresión de protesta.

Frenos a la migración. Pero migración como ‘única salida’

La lucha contra la corrupción en el CA-4, que tuvo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a su más importante y exitoso protagonista, y que llevó a establecer en Honduras una Misión de Apoyo contra la Impunidad en Honduras (MACCIH), sufrió una severa derrota con el término del mandato de la CICIG en septiembre de 2019, al que siguió el cierre de la MACCIH en enero de 2020.

El traslado de la embajada de Guatemala (en Israel) a Jerusalén, después de que Donald Trump trasladara la de EEUU, fue la jugada maestra que permitió al gobierno de Jimmy Morales llevar adelante el plan para desmantelar a la CICIG. Los miembros del llamado Pacto de Corruptos (diputados, funcionarios y contratistas del Estado), en alianza con el sector empresarial, realizaron una exitosa campaña a través de los medios de comunicación y redes sociales para desprestigiar a la CICG.

Pero el gobierno de Guatemala tuvo que pagar el precio de una total supeditación a los dictados del gobierno de Trump, especialmente en todo lo relacionado con el tema migratorio.

Las presiones de los EEUU llegaron al extremo de que, luego de reunirse en diciembre de 2019 con el secretario interino del Departamento de Seguridad Interna de los EEUU, los ministros de Seguridad de El Salvador, Honduras y Nicaragua, anunciaron que promoverían la modificación del Convenio CA-4, sin indicar qué se cambiaría, pero es obvio que para cumplir con las exigencias de los EEUU, uno de los mayores logros de integración centroamericana sufriría un enorme retroceso. El ministro de Gobernación de Guatemala –miembro prominente del “Pacto de Corruptos– la justificó afirmando que “algunos miembros de la sociedad que se dedican a actividades ilícitas se aprovechan de los beneficios del CA-4”.

Lo antes descrito no permite ser optimista sobre un futuro promisorio para la población de los países del CA-4. El equilibro del poder político no favorece soluciones orientadas a reducir los elevados niveles de desigualdad, que constituye el principal problema estructural de los cuatro países, constituyendo incluso un freno para su crecimiento económico. Las políticas sociales y económicas están orientadas a favorecer los intereses empresariales y no a construir sociedades de bienestar. La falta de oportunidades deja como una única opción para los jóvenes, a pesar de todos los riesgos y obstáculos, la migración hacia los EEUU.