A young woman looks out onto the street from the entrance of a house in Conakry, in December 2017. In Guinea, thousands of poor families place their children, especially girls, in domestic service.
Cuando el 30 de mayo de 2020 llegó a su lugar de trabajo en Sangoyah, un barrio a las afueras de Conakry, la capital guineana, Aïssatou Diallo, una trabajadora del hogar de 20 años, nunca hubiera imaginado que iba a vivir los peores momentos de su vida. Su jefa la acusaba de haber robado 800.000 francos guineanos (85,65 dólares estadounidenses) y un teléfono. Aïssatou respondió que no era la autora del robo. La jefa llamó entonces a un joven del barrio para “hacer que confesara”. El joven maniató a esta empleada del hogar, madre de una niña pequeña, antes de someterla a los suplicios de una plancha. Estuvo encerrada en una habitación durante los dos días que duró el interrogatorio y acabó con seis heridas en los pies, las pantorrillas y los muslos.
A pesar de la tortura, la joven no admitió los hechos que se le atribuían. Su empleadora la llevó finalmente a la comisaría, donde la metieron en una celda. Su encarcelamiento no duró mucho, ya que los guardias vieron las heridas en el cuerpo de la prisionera y pidieron a la empleadora de Aïssatou que la llevara al hospital. Sin embargo, ésta se la llevó a su domicilio, donde pagó el servicio de un enfermero para que le pusiera apósitos en las heridas.
Este caso salió a la luz gracias a la implicación de Asmaou Bah Doukouré. Esta guineana dirige desde hace alrededor de una década el Sindicato Nacional de Empleados del Hogar de Guinea (SYNEM-Guinée) cuyo objetivo es defender los intereses materiales y morales de los trabajadores del hogar.
La sindicalista acudió inmediatamente al domicilio de la jefa con la madre de la joven Aïssatou. Las cosas sucedieron rápidamente: la joven víctima fue enviada a un hospital para recibir tratamiento, su jefa fue detenida por orden del juez asignado al caso y la policía busca activamente al torturador, que sigue a la fuga.
Se espera con gran interés el resultado del juicio, cuya fecha todavía no se ha fijado, ya que constituirá una victoria para el sindicato de empleados del hogar en caso de que la jefa sea condenada. “Hasta la fecha, debido a los obstáculos sociales, todos los casos de abuso por parte de los empleadores contra sus empleados del hogar han sido silenciados o resueltos de forma amistosa”, explica Bah Doukouré a Equal Times.
En el nivel más bajo de la escala
Para cambiar esta situación, la secretaria general del SYNEM, que también es presidenta de la Red africana de empleados del hogar y miembro del comité ejecutivo de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar, organiza periódicamente talleres para sensibilizar e informar a las trabajadoras acerca de sus derechos, a fin de que ellas mismas puedan defender su causa.
La remuneración de los trabajadores del hogar es otra de las preocupaciones del SYNEM-Guinée. Según los testimonios de estos trabajadores invisibles, muy pocos reciben el salario mínimo guineano, es decir, 440.000 francos guineanos al mes (47,11 dólares). “Solo algunos expatriados aceptan pagar una suma superior”, precisa Doukouré.
Marie Sylla, de 30 años, acaba de dejar a su empleador, un alto cargo de la administración pública. Recibía un salario mensual de 400.000 francos guineanos (42,83 dólares) por una jornada de 12 horas. Marie enviaba la mitad del dinero a su hija, que se quedó en el pueblo. Lamenta el trato que se da a las trabajadoras del hogar en Guinea: “Muchas de ellas duermen en casa de sus empleadores, donde son víctimas de todo tipo de abusos. Conozco a algunas que trabajan hasta las dos de la madrugada”.
Otra situación deplorable son las condiciones salariales de algunas menores. “Muy a menudo se les da ropa usada como forma de retribución al final de mes con el pretexto de que ya tienen el alojamiento y la comida cubiertos”, explica Doukouré. Según los datos del Gobierno guineano, la mayoría de los empleados del hogar en Guinea son mujeres, entre las cuales hay menores. Según una investigación realizada en 2010 en colaboración con la OIT, el 43% de los niños entre 5 y 17 años desarrolla una actividad económica, es decir, más de 1,5 millones de niños.
Sin embargo, estas prácticas constituyen una violación del derecho guineano. El país ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y los tratados regionales e internacionales relativos a la prohibición del trabajo infantil, la discriminación por razón de sexo y la trata de personas. Según el derecho guineano, los niños tienen derecho a la educación y la escolarización en el ciclo de primaria es obligatoria. La ley guineana autoriza el trabajo de los niños en circunstancias limitadas (a partir de los 16 años), pero éstos deben disfrutar de todos los derechos laborales.
Asimismo, Guinea es uno de los países que ha ratificado el Convenio nº 189 de la OIT y la Recomendación nº 201 sobre los trabajadores y las trabajadoras domésticos que lo acompaña. Este convenio reconoce el derecho de los trabajadores del hogar a constituir un sindicato y afiliarse y protege el derecho a un salario mínimo, el pago al final de cada mes y el acceso a la seguridad social. El convenio también prevé para los trabajadores del hogar un día de descanso y la reglamentación de su tiempo de trabajo para que disfruten de las mismas condiciones que los trabajadores de otros sectores, conforme al Código del Trabajo.
Por desgracia, según explica el jurista Moussa Camara, estos instrumentos jurídicos no se aplican en la práctica “a causa de la falta de voluntad política”.
En un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado en 2007 y titulado Au bas de l’échelle [En lo más bajo de la escala], la organización no dudaba en escribir lo siguiente respecto de las menores: “Estas niñas viven en condiciones similares a la esclavitud”. Trece años después, la realidad descrita en ese extenso informe sigue a la orden del día. Para mejorar su situación, el jurista Moussa Camara recomienda “la adopción de medidas valientes para profesionalizar al personal judicial y, sobre todo, la lucha contra la corrupción en los sistemas judicial y de seguridad”.
Este fenómeno creciente podría atribuirse al factor cultural. En efecto, en Guinea, como en el resto de los países del África subsahariana, “el trabajo infantil no se ve como un flagelo, sino más bien como un proceso natural de aprendizaje y, en el caso de las familias pobres, como una contribución a los gastos familiares”, explica el sociólogo Mamadou Barry.
Curiosamente, bastantes personas de la élite guineana comparten esta percepción. “La explotación de los niños como empleados del hogar está muy generalizada y se acepta socialmente. Las familias de clase media y alta, incluidas las de funcionarios del Gobierno y trabajadores de ONG, contratan a menudo a trabajadores del hogar y casi nunca consideran que la forma en que los tratan es un abuso”, describe HRW en el informe citado anteriormente.
Un problema que también afecta a los hombres
Aunque no sea tan habitual, también hay hombres que ejercen este trabajo en algunos hogares, a menudo de forma informal. Sin embargo, es difícil calcular la cifra. Estos hombres, a los que se suele llamar boys, son en general jardineros, cocineros y conductores. Amadou Sanoh es uno de ellos. Amadou, que ronda la cuarentena, trabaja como cocinero en casa de un matrimonio de médicos. Al ser un hombre, sus condiciones son mejores. Recibe un salario superior al salario mínimo y tiene un día de descanso a la semana. A pesar de estas ventajas, Amadou no está orgulloso de su trabajo a causa de las presiones psicológicas que sufre a diario.
“Soy el empleado de cada miembro de la familia. Incluso la benjamina de la casa puede pedirme que saque agua o que vaya al sastre a recoger su vestido”, explica.
Ousmane Sylla dirige un restaurante de un barrio de la periferia de Conakry. Trabajó como empleado del hogar durante tres años. No tiene buenos recuerdos de esta experiencia. “Me acusaron varias veces de robar dinero u objetos de valor. Era un pretexto para no pagarme el salario. Si continuaba reclamándolo, mi jefe me amenazaba con enviarme a la cárcel por robo. Finalmente, la única opción posible fue dejar mi trabajo porque la policía siempre da la razón a los jefes”, recuerda amargamente.
Aunque los hombres están menos expuestos a la violencia física que las mujeres, también se pisotean sus derechos: son víctimas de despidos improcedentes, encarcelamientos arbitrarios y violencia psicológica. A pesar de todo, muchos prefieren guardar un perfil bajo. En la sede del SYNEM, los hombres no se empujan para recoger su carnet de afiliado, a diferencia de sus compañeras.
Se han realizado progresos, pero se puede mejorar
En el último informe del Departamento de Estado de EEUU sobre la trata de personas, Guinea está clasificado en la subcategoría de “países bajo vigilancia”. “En 2017 descendimos al nivel 3. En 2019 nuestro país salió de la zona roja y este año seguimos en el nivel 2, en la subcategoría de países bajo vigilancia”, explica Aboubacar Sidiki Camara, del Comité nacional de lucha contra la trata de personas y prácticas conexas. Añade que si la situación no cambia, el Departamento de Estado de EEUU podría revisar la ayuda que proporciona cuando un país no respeta las “normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”.
Sin embargo, esta clasificación no debe ocultar el trabajo realizado en el terreno por las ONG y las asociaciones sindicales que luchan por la protección de los trabajadores del hogar. Sensibilizan a los empleadores sobre la forma en que deben tratar a sus empleados, en particular con el apoyo de la campaña internacional “Mi justo hogar”, y en el peor de los casos sacan a los más jóvenes para meterlos en refugios y pequeñas redes de familias de acogida.
“Estas asociaciones son un gran consuelo para los niños trabajadores del hogar y han cambiado la vida de muchos de ellos”, señala HRW en su informe.
No obstante, estas estructuras carecen del personal, la formación, la movilidad territorial y los medios financieros necesarios para responder a un fenómeno de tales dimensiones y, sobre todo, no tienen la autoridad legal para representar en los tribunales a los niños de los que se ocupan. Por su parte, el Gobierno ha creado una instancia de protección, la Oficina de Protección de Género, de la Infancia y de las Costumbres (OPROGEM), encargada de investigar y luchar contra los abusos cometidos contra los jóvenes.
Sin embargo, los resultados en el terreno dejan que desear. En el ámbito de la educación y la formación, el Gobierno guineano y sus socios han adoptado algunas medidas prometedoras para mejorar el acceso de las niñas a la educación. Por desgracia su impacto en las niñas trabajadoras del hogar es limitado. Para cambiar esta situación, una de las soluciones sería elaborar un programa específico para controlar la escolarización de las niñas, alentar a las que han abandonado los estudios a volver a matricularse y permitir a las de edad más avanzada seguir una formación profesional.
En el plano judicial, no ha habido muchos enjuiciamientos hasta ahora. El funcionamiento de la justicia adolece de graves deficiencias institucionales, como la falta de formación y las prácticas corruptas. La esperanza que representa el enjuiciamiento de la empleadora de Aïssatou Diallo podría contribuir a que la situación evolucione. Ya ha dado pie al debate en el país.
