Poca repercusión mediática tuvo la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de facto de Bolivia, Karen Longaric, en el Parlamento Europeo. Los grandes medios no registran la crítica que le hicieron varios eurodiputados por utilizar ese foro como tribuna de campaña electoral.

Longaric habló el jueves 1 de octubre en Bruselas y fue duramente cuestionada. Por ejemplo, el eurodiputado por los Verdes, Ernest Urtasun, le dijo: “Estamos preocupados por el respeto a la legalidad constitucional en Bolivia y usted ha venido a hacer un mitin electoral, en lugar de explicarnos cómo va a hacer para garantizar que las elecciones sean libres. Usted representa a una oligarquía que jamás soportó que un 30 por ciento de pobres pasaran a ser clase media y por eso organizaron un golpe”.

Luego, Javi Lopez, del Partit dels Socialistes de Catalunya, repudió su intervención ya que: “lo último que querría este parlamento es que en un período electoral invitáramos a un gobierno y pareciera que usa ese altavoz que se le brinda como mecanismo electoral. El gobierno interino se ha extralimitado en sus funciones; se presenta como árbitro en una situación traumática y de límite para el país”.

También Idoia Villanueva, de Podemos, le espetó: “Honestamente, acabamos de vivir un acto de poco respeto institucional. Esperaba, Canciller, que hablara sobre cómo iban a garantizar unas elecciones libres y democráticas”.

Izaskun Bilbao, del Partido Nacionalista Vasco, se manifestó preocupada “por que las Fuerzas Armadas, a título de secreto militar, no entreguen información sobre las masacres de Sacaba y Senkata, del 15 y 18 de noviembre de 2019”. Otros eurodiputados manifestaron su preocupación por el papel de esas mismas Fuerzas Armadas en la configuración de un gobierno no elegido en las urnas y el exilio de Evo Morales.

Reto democrático y desafío económico

Luego de tres postergaciones de la fecha de las elecciones y el intento del gobierno de facto de perpetuarse en el poder, la lucha popular, sindical y social obligó a garantizar una fecha inamovible de las elecciones.

Finalmente, el 18 de octubre se elegirá al presidente, al vicepresidente y se renovará la totalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No se trata solo de un calendario electoral, sino de restituir el Estado de Derecho, de recuperar la democracia en el país andino-amazónico.

El informe Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, Octubre-Diciembre de 2019 que presentó la Defensoría del Pueblo demuestra que, para romper el orden constitucional, se perpetraron masacres, torturas, detenciones arbitrarias y sistemáticas vulneraciones a las garantías individuales que derivaron en 37 muertes. “En Bolivia se cometieron delitos de lesa humanidad”, afirma esta detallada publicación de 313 páginas.

El sábado 3 de octubre se produjo un debate presidencial entre los siete candidatos. Solo dos de ellos tienen posibilidades reales de asumir la primera magistratura en este delicado momento. Se trata de Luis Arce, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien encabeza todas las encuestas y podría ganar en primera vuelta, ya que en la mayoría de los sondeos supera el 40 por ciento de la intención de voto y saca más del 10 por ciento de ventaja a quien se ubica en segundo lugar, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC).

Para Arce, quien fue Ministro de Economía de Evo Morales durante muchos años, “el mandato es recuperar la patria, retornar al camino del desarrollo sostenible, del crecimiento de la economía y de la certidumbre”. Quiere incrementar los impuestos a las grandes fortunas. La tasa de desempleo era del 4,2 por ciento cuando le hicieron el golpe a Evo y ahora es el 12 por ciento.

El candidato del MAS considera que “el problema del país no es solo el desempleo sino la falta de ingresos. En este sentido, los bonos de ayuda son fundamentales” Dice que con el diésel ecológico se van a generar 200 mil empleos entre indirectos y directos y 41 nuevas industrias que van a generar más puestos de trabajo para la ciudadanía.

Carlos Mesa, quien ya había sido presidente entre 2003 y 2005, expresó por su parte que, si es elegido presidente, convocará a “un consejo económico y social permanente entre Estado, empresarios y trabajadores con objetivos que garanticen la salvación y sostenibilidad de empleos, su generación y esfuerzos compartidos de cada parte para lograrlo”.

La situación económica del país que, según la encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), preocupa mucho al 55,4 por ciento de la población, es el principal problema que deberá resolver el próximo gobierno. Recuperar la democracia secuestrada es el desafío de la hora.