Durante esta pandemia de covid-19, que en México se ha cobrado ya más de 95.000 vidas y que a partir de octubre comenzó a mostrar indicios de una segunda ola, tuve conocimiento de algo desconcertante: hay algunos enfermos que rehúsan ir a los hospitales públicos, o tardan en acudir a ellos, por su convicción de que “allí matan”; que “los doctores están matando a los viejitos” por órdenes del gobierno.

¿A qué se debe esta incredulidad ante la capacidad mortífera del virus y querer responsabilizar a los médicos? Un psiquiatra me dijo que los sentimientos paranoicos pueden surgir porque el coronavirus y sus efectos resultan profundamente misteriosos. Asimismo, está claro que aún persiste desconfianza hacia un sistema de salud público precario tras décadas de descuido y falta de inversión por parte de los gobiernos neoliberales anteriores.

Por añadidura, en un contexto de fuerte pelea política, donde el líder centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018, grupos opositores propagan noticias falsas que confunden a los ciudadanos.

Cuando las actuales autoridades sanitarias hicieron un diagnóstico en 2019 del estado de sus centros de salud, encontraron que muchos de estos carecían de equipos e instrumentos básicos y el personal médico era insuficiente.

También identificaron más de 300 obras para construir hospitales nuevos que nunca fueron completadas y fueron abandonadas, algunas hasta por 10 años.

A partir del inicio de la pandemia, México llevó a cabo una operación masiva de “reconversión hospitalaria” para adecuar y adaptar hospitales y crear instalaciones temporales para tener las camas, ventiladores y personal entrenado suficientes para atender a los pacientes de covid-19. Se llegó a contar con cerca de 1.000 ‘hospitales covid’.

Las autoridades contrataron a más de 44.250 médicos, enfermeras y trabajadores de salud y capacitaron a más de 36.000 con un costo de contratación de más de 3.200 millones de pesos (150 millones de dólares USD, 128 millones de euros).

El gobierno firmó un acuerdo comercial con los hospitales privados para que pusieran a disposición el 50% de sus camas para tratar a pacientes con dolencias no relacionadas con la covid, y así liberar espacio en el sistema público. México quería evitar un escenario catastrófico que se observó en países como España e Italia, los primeros en sufrir la primera ola de la pandemia.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encargado de la estrategia anti-covid de México, ha dicho que nunca surgió aquí una situación donde se tuviera que rechazar a un paciente porque no había disponibilidad de camas y ventiladores. Es decir, que el destino del paciente no ha dependido hasta el momento de la falta de atención hospitalaria adecuada.

Todos estos esfuerzos, no obstante, no parecen calar –de momento– en un grupo poblacional descreído de sus servicios públicos de salud. Con consecuencias fatales para algunos de ellos.

Sobrepeso y desinformación

Las autoridades en marzo llamaron a la población a cumplir con una cuarentena, que nunca fue obligatoria, reconociendo que el 50% de los mexicanos vive al día, y tiene que salir a buscar sustento.

México también presenta una situación complicada –sin precedentes– a raíz de su pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, el sobrepeso y enfermedades cardiovasculares, atribuibles a décadas de una alimentación malsana basada en alimentos altamente procesados y bebidas azucaradas.

El 73% de la población tiene problemas de obesidad y sobrepeso.

Para hacer frente a este problema, en 2014 México introdujo un impuesto a las bebidas azucaradas, con el objeto de desalentar su consumo. El actual gobierno ha ido más lejos, implementando una medida más firme que lo confrontó con las grandes empresas internacionales de alimentos y bebidas: el llamado etiquetado frontal. El primero de octubre entró en vigencia la medida con etiquetas negras en los productos que advierten sobre exceso de calorías, grasas, azúcares y sodio.

Las personas que padecen sobrepeso, diabetes u otros padecimientos y se contagian de covid-19 tienen un riesgo mucho mayor de que la enfermedad se agrave. Se estima que el 70% de los muertos por covid, en México presentaba una o varias comorbilidades, como se denominan los padecimientos preexistentes como diabetes u obesidad.

He escuchado a los funcionarios repetir las advertencias múltiples veces: “Si usted tiene más de 60 años, y padece de diabetes, obesidad, hipertensión, o sufre del corazón, no se espere, acuda de inmediato a recibir atención médica”.

Una víctima de covid que desoyó, o no conoció las advertencias, fue Emilio López Santiago, de 64 años, quien padecía de hipertensión, diabetes y sobrepeso. López Santiago se sintió mal un martes y acudió a una farmacia y se atendió con dos médicos privados, uno de los cuales le recetó oxígeno portátil. Finalmente, su sobrino Sebastián López lo llevó el domingo al Hospital Militar en el Estado de México. Llegó a la medianoche y fue trasladado, con ventilador, a otro hospital, donde murió el siguiente jueves.

Cuando le pregunté por qué no llevó a su tío antes, Sebastián López respondió que los hospitales públicos “son un desastre” y que él había escuchado “que allí matan a los viejitos”. Ya previamente López había dicho que él “no creía” en el coronavirus y lo que realmente sucedía era que “el gobierno estaba pagando a los doctores para que mataran” a los pacientes ancianos en los hospitales.

Miguel Flores, un jardinero, me contó que su suegro, de 70 años, enfermó de covid-19 en Chiapas. El hombre se negó a ir a la clínica local porque “allí matan a la gente”. Permaneció en su casa. Dijo que prefería morir allí que ir al hospital. “Estuvo 10 días, se puso morado, no comía”, pero sobrevivió, relató Flores.

Otro ejemplo lo encontré en mayo en el diario La Jornada Morelos. Según la nota, los habitantes de Xoxocotla, Morelos, no creían que la covid-19 causaba la muerte. Un letrero rezaba que Xoxocotla estaba “en pie de lucha”. Los lugareños exigían a los doctores: “Ni un muerto más”. Afirmaron que: “El Covid 19 no mata. La fiebre tifoidea, el dengue, y los doctores, sí”.

Para analizar el tema me dirigí al psiquiatra Juan José Bustamante, exdirector de salud mental del Hospital General de México. Él me comentó que cuando las personas se topan con casos de covid experimentan una serie de respuestas emocionales, incluyendo “éstas en las que la desorganización mental prevalece en la forma de paranoias alimentadas, sostenidas y perpetuadas por las noticias falsas y la desinformación”.

A lo que se une, señalaba, el miedo provocado por un agente completamente nuevo – el virus y sus efectos– que trastornan las vidas de las personas y que ellas sienten que ya no pueden controlar, lo que en términos psiquiátricos se conoce como “la pérdida de la autodeterminación”.

Bustamante, quien comentó que su práctica médica se vio abrumada por casos de pacientes lidiando con el duelo por pérdidas durante la pandemia, añadió que la cuarentena, el tener que permanecer en casa, es otro factor que contribuye a ideas desconectadas de la realidad.

El psiquiatra opinó que los ataques oposicionistas contribuyen a la desinformación médica en torno al coronavirus y forman parte de la campaña contra el gobierno de López Obrador. Por lo tanto (y el objetivo no encubierto de que ese clima de confusión beneficie al campo opositor), indicó, “la derecha y los conservadores continuarán golpeando y malinformando para generar confusión, sobre todo en la población vulnerable”.

Desde que comenzó la pandemia, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a estar atentos ante la “infodemia”. Afirmó que “no sólo estamos luchando contra el virus; también estamos luchando contra los troles y los teóricos de la conspiración que impulsan la desinformación y socavan la respuesta al brote”.

En septiembre seis exsecretarios de Salud mexicanos durante los gobiernos neoliberales anteriores emitieron una propuesta de 14 puntos. Y aseguraron que “podían acabar con la pandemia en ocho semanas”. López-Gatell respondió que la propuesta carece de fundamento científico, y que algunos puntos, como crear un registro de muertes, ya se realizaron. Rechazó que el gobierno ha desalentado el uso del cubrebocas, o mascarilla, como afirmaron los exsecretarios.

Después de varios meses desde el inicio de la pandemia, la Secretaría de Salud emprendió la identificación del “exceso de mortalidad” –el número de muertes que excede al registrado en años anteriores– con la ayuda del Consejo Nacional de Población y otras instituciones. El ejercicio de revisión minuciosa de actas de defunción busca establecer una cifra de muertes más próxima a la realidad, y en parte responde a las acusaciones de un subregistro.

Cuando presentaron su informe de covid-19 el 5 de octubre los funcionarios incluyeron datos extemporáneos de muertes confirmadas por asociación epidemiológica y dictamen médico ya que no hubo oportunidad de confirmarlas con una prueba de covid.

López-Gatell les advirtió enfáticamente a los reporteros que no fueran a tomar esas muertes como si hubiesen ocurrido de un día para otro, porque eso sería una equivocación, un dato falso. Eso no evitó que el periódico El Financiero de inmediato divulgara un tuit con la noticia falsa de que: “México rompe récord de muertes en un día” (eliminado posteriormente). Varios medios más reportaron similar información en sus ediciones impresas.

Con el rostro afligido, López-Gatell pidió sensatez, profesionalismo y “generosidad” a los reporteros en medio de una pandemia.

Y así, México sigue luchando contra otros enemigos, además del coronavirus.