Además de la virulenta pandemia de covid-19 que ha provocado en Indonesia la segunda cifra más alta de muertes confirmadas de toda Asia por detrás de India, la oposición generalizada a la reciente “Ley Compendio” (Ley Ómnibus) del presidente Joko ‘Jokowi’ Widodo también ha dominado durante meses el debate público en este gigante asiático.
El Gobierno sostiene que la polémica ley, que entró en vigor el 5 de noviembre y se conoce oficialmente como la Ley de Creación de Empleo, ayudará a proporcionar seguridad jurídica a los inversores simplificando las más de 70 disposiciones legales vigentes y unificándolas en una sola ley. Según las autoridades indonesias, relajar la legislación laboral, reducir los trámites burocráticos y facilitar el proceso de adquisición (especialmente cuando se trata de terrenos) impulsará las inversiones –un requisito esencial ahora que Indonesia intenta salir de la recesión provocada por la pandemia–.
Sin embargo, una coalición de grupos ecologistas, sindicales y de la sociedad civil se ha opuesto radicalmente a dicha ley, pues asegura que supondrá un obstáculo para que Indonesia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030, en especial el número 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible, así como los que abarcan del 13 al 15 y están relacionados con la acción climática y la protección medioambiental. Las semanas anteriores al 5 de octubre de 2020, el día en que se aprobó el proyecto de ley, la sociedad civil organizó manifestaciones y protestas masivas en contra del mismo, durante las que se llevaron a cabo miles de detenciones.
Los sindicatos denuncian que la Ley Compendio “degrada los derechos de los trabajadores” y “suprimirá las comodidades del entorno laboral y la seguridad social”, según Elly Rosita Silaban, presidenta de la Confederación General de Sindicatos de Indonesia (KSBSI).
Además de suprimir ciertas garantías jurídicas que protegen a los trabajadores de la externalización, dicha ley recorta los derechos de vacaciones y las bajas, así como las disposiciones sobre la seguridad social para numerosos trabajadores. Asimismo, recorta las disposiciones sobre el salario mínimo, amplía el máximo de horas extras y da luz verde a los empleadores para que empleen a sus trabajadores con contratos temporales durante un período indefinido de tiempo, entre otras polémicas medidas.
Los activistas también aseguran que, al revocar las garantías vigentes de protección del medio ambiente, la nueva ley representa una grave amenaza para los objetivos indonesios de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, según parece más del 60% de dichas emisiones en Indonesia provienen del cambio del uso del suelo, así como de los incendios forestales y de las turberas. El desmantelamiento de las garantías de protección que establece la nueva ley podría abrir de par en par la puerta a una tala sin control y a un importante aumento de la extracción minera del carbón. Indonesia es un importante exportador de carbón y dicho combustible produce alrededor del 60% de la electricidad del país. Además, el archipiélago es uno de los pocos países del mundo que está construyendo nuevas centrales de carbón en 2020. Cualquier medida que facilite el aumento de la deforestación y de la minería del carbón no augura nada bueno para la promesa del país de reducir las emisiones de carbono entre un 29 y un 41% para 2030, como parte de su compromiso con el Acuerdo de París, y de eliminar el carbón completamente para 2040.
Asimismo, el Gobierno está recibiendo fuertes críticas por el proceso de redacción de la ley, que se llevó a cabo en menos de seis meses. Las autoridades aseguran que aceleraron el proceso para ayudar a aumentar el empleo durante la crisis sanitaria. Sin embargo, varios peritos judiciales han tildado el proceso de “defectuoso”, pues el Gobierno aceleró las modificaciones jurídicas de gran alcance con un diálogo social y una participación pública mínimos.
Seguir el modelo chino de desarrollo
Aunque la desregulación puede aumentar la cifra de puestos de trabajo, la nueva ley también incrementará la informalización de los trabajadores, que se traducirá en un aumento de las horas de trabajo y facilitará el despido a los empleadores. “Puede que las oportunidades laborales aumenten en las pymes [micro, pequeñas y medianas empresas], pero los salarios y las garantías de protección no serán suficientes”, advierte Dian Kartika Sari, presidenta de la ONG internacional Foro sobre el Desarrollo de Indonesia (INFID).
Raynaldo G. Sembiring, director ejecutivo del Centro Indonesio para la Legislación Medioambiental (ICEL), con sede en Yakarta, asegura que dicha ley “sin duda repercutirá negativamente en nuestra capacidad para lograr los ODS”. En una entrevista con Equal Times, denunció que el artículo académico en el que se basó la Ley Compendio solo menciona brevemente el medioambiente y no hace ninguna referencia a nada relacionado con el desarrollo sostenible ni mucho menos a los ODS.
Según varios analistas, lo que la ley hace es seguir gran parte del programa que propone el modelo chino de desarrollo. “Los legisladores de Indonesia consideran que pueden aprender mucho del modelo chino, el cual está basado en un fuerte control estatal y en una industrialización orientada a la exportación”, escribió en marzo de este año en un artículo de opinión para el diario The Jakarta Post Jefferson Ng, el principal analista del Programa de Indonesia de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam ubicada en Singapur. “El modelo chino es muy eficaz. Sin embargo, también se caracteriza por su degradación ambiental, sus deficientes garantías laborales y los numerosos problemas derivados de la centralización excesiva”, agregó.
Preocupados por las propuestas de la Ley Compendio, 36 inversores internacionales que gestionan aproximadamente 4,1 billones de dólares estadounidenses en activos publicaron en octubre una carta abierta a las autoridades indonesias, en la que manifestaron su inquietud por la propuesta de desregulación de las garantías para proteger el medio ambiente. Según rezaba:
“(…) tememos que los cambios propuestos para el marco permitido, la supervisión del cumplimiento de las normativas ambientales, las consultas públicas y los sistemas de sanciones tengan repercusiones graves en el ámbito laboral, ambiental y de los derechos humanos, provoquen una gran incertidumbre y puedan afectar negativamente al atractivo de los mercados indonesios”.
En respuesta a dicha carta, la ministra indonesia de Medioambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, defendió la ley argumentando que se había “diseñado para impulsar las inversiones y proteger el medioambiente al mismo tiempo”. Según declaró, la moratoria permanente a la explotación de los bosques primarios y turberas “significa que no se otorgarán nuevos permisos para las zonas incluidas en el mapa de moratorias, el cual abarca más de 66 millones de hectáreas”.
Aun así, Sembiring del ICEL sigue sin estar convencido. Según afirma, la simplificación y aceleración de los permisos de explotación tendrán “numerosas repercusiones” en el medioambiente y afectarán negativamente al acceso de la gente a la información pública, la participación y la justicia en los conflictos territoriales y medioambientales. “Ya podemos predecir que habrá muchos problemas, no solo en lo referente a los daños ocasionados por la contaminación, sino quizá también problemas en el futuro que podrán provocar un conflicto con la comunidad”, aseguró, haciendo referencia a los posibles desplazamientos forzados debido a los proyectos de desarrollo. Asimismo denunció que la nueva ley suprimirá el actual requisito que establece que cada región de Indonesia debe tener un mínimo de un 30% de superficie forestal.
¿Se podrá derogar la ley?
El 2 de octubre, el Ministerio Indonesio de Coordinación de Asuntos Económicos declaró en un comunicado de prensa que las inversiones extranjeras que requieren de mucha mano de obra se han visto “más limitadas por los problemas laborales” y citó las “estrictas normas relacionadas con el salario mínimo” y “el elevado coste de las indemnizaciones por despido” en Indonesia.
El ministerio destacó que, de media, el salario mensual en Indonesia asciende a unos 170 dólares estadounidenses, mientras que en Vietnam los trabajadores suelen ganar unos 150. Además señaló que la indemnización por despido en Indonesia abarca un promedio de 52 semanas laborales, una cifra muy alta si se compara con las 32 de la vecina Tailandia y las 17 de Malasia.
Sin embargo, los sindicatos acusan al Gobierno de “legalizar la esclavitud moderna”, haciendo especial hincapié en las nuevas normas de externalización que antes se limitaban a cinco sectores pero que ahora se ampliarán a “todos los tipos de trabajo”, según explicó Said Iqbal, el presidente de la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI), en una conferencia de prensa que se celebró por Zoom el 24 de octubre.
Asimismo, concluyó que si se aplicara libremente la externalización, los trabajadores indonesios “no tendrían ningún tipo de seguridad laboral” y podrían verse “externalizados de por vida”.
En octubre, el presidente Widodo anunció que los que se oponen a la Ley de Creación de Empleo podían solicitar una revisión jurídica al Tribunal Constitucional para intentar derogarla. Sin embargo, es muy poco probable que ese fuera el resultado final, debido a la cantidad de capital político que ha invertido el presidente Widodo en este proyecto. Aun así, esto no ha impedido a la KSPI y la KSBSI seguir el proceso para solicitarla. Actualmente se encuentran a la espera del resultado de la misma.
El descubrimiento de varias erratas en el borrador final de la Ley de Creación de Empleo y de algunas modificaciones que se realizaron en el mismo incluso después de su ratificación en octubre ha provocado una enorme indignación en las redes sociales indonesias e incluso ha impulsado a algunos activistas a cuestionar la validez de la propia ley. En un comunicado emitido el 3 de noviembre, el Centro Indonesio de Estudios Jurídicos y Políticos (PSHK), con sede en Yakarta, denunció que la ley “sigue mostrando errores de redacción que afectan negativamente a la esencia de sus artículos”, lo cual “debe interpretarse como el fruto de un proceso forzado de redacción normativa que sacrifica los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas”.
