Después del rifirrafe de finales de diciembre, el Congreso de los EEUU aprobó un segundo paquete de estímulo para aliviar la catástrofe económica provocada por la pandemia de covid-19. La mayoría de los estadounidenses adultos recibirá un pago único de 600 dólares (489 euros) y se restablecerá el suplemento federal por desempleo de 300 dólares (244 euros) durante 11 semanas. Además, se amplía hasta finales de enero la moratoria en el pago de alquileres en todo el país, que expiraba el 31 de diciembre. El paquete de estímulo también reserva 25.000 millones de dólares (20.357 millones de euros) para los inquilinos que se han retrasado en el pago de sus rentas. Sin embargo, no hay información clara sobre cómo distribuirán los gobiernos locales y estatales las ayudas para el alquiler.

Tampoco queda claro qué sucederá a continuación. La vacuna contra el coronavirus promete el regreso de ciertos aspectos de la vida previa a la pandemia, pero no hay garantías de que se vaya a condonar la creciente deuda de alquileres impagados. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, que condujo a la crisis financiera mundial en 2008, hay más estadounidenses viviendo de alquiler hoy que nunca desde 1956. Se estima que la crisis de la covid-19 ha afectado a 25,7 millones de trabajadores en los Estados Unidos (bien porque les despidieron, les redujeron sus horarios de trabajo o sus salarios o porque les expulsó por completo del mercado laboral), por lo que el país podría encontrarse al borde de “la crisis de la vivienda más grave de su historia”, según el Instituto Aspen. Se estima que entre 30 y 40 millones de personas corren el riesgo de ser desahuciadas.

Ante esto, un número cada vez mayor de personas está uniéndose al movimiento por el derecho a la vivienda. Sus activistas están respondiendo a la brutal realidad económica dejada por la pandemia con huelgas de alquileres, manifestaciones y ocupaciones de viviendas vacías. Tara Raghuveer, directora de la asociación de inquilinos KC Tenants, de Kansas City, dice que los militantes de todo el país “están revitalizando la táctica organizativa de probada eficacia de reclamar o liberar tierras y propiedades para el pueblo, sin esperar a que las instancias decisorias despierten y asuman su responsabilidad”. Para los activistas que defienden los derechos de los inquilinos, esta pandemia tan solo ha exacerbado la desprotección que desde hace mucho padecen los arrendatarios. En mayo, miles de personas de todo el país participaron en la mayor huelga de alquileres en décadas, a la que siguió una ola de huelgas locales para protestar por las insuficientes ayudas proporcionadas por el Gobierno federal. A pesar de la moratoria en vigor, los desalojos se siguen sucediendo en todo el país y se ciernen sobre quienes no pagan su renta.

Una de las tácticas aplicadas por KC Tenants para mantener alojados a los inquilinos consiste en interrumpir los procesos judiciales de desahucio, tanto en línea como en persona. En octubre, el grupo convocó una manifestación ante el juzgado del centro de la ciudad y los manifestantes se encadenaron a las puertas, como protesta contra los procesos de desalojo en curso. El 5 de enero, los activistas de KC Tenants volvieron a los juzgados y bloquearon la entrada, para impedir que procedieran las 219 causas de desahucio que estaban pendientes de resolución ese día. Además, KC Tenants recurrió a interrupciones en línea de las vistas virtuales de los casos desalojo, según Raghuveer. “Organizamos a 80 personas de todo el país. Hay cuatro jueces [que supervisan los desalojos]. Tienen una lista de casos que ver por la mañana y otra por la tarde”, explica a Equal Times, “Interrumpimos [la vista] verbalmente. Una persona lee un texto hasta que la desconectan. Entonces empieza a leer la siguiente persona”. Gracias a estas interrupciones, explica, lograron retrasar e incluso paralizar los procedimientos de desalojo.

Estrategias compartidas

Los militantes del movimiento inquilino de diferentes ciudades comparten entre sí sus estrategias. KC Tenants se mantiene en contacto con la asociación de inquilinos New Orleans Renters Rights Assembly, que bloqueó la entrada a uno de los juzgados de la ciudad (First City Court) montando una barrera humana que impidió la entrada a quienes intentaban acceder a las audiencias de desalojo, el 30 de junio.

Los activistas de Nueva Orleans, junto al Southern Solidarity –un grupo de ayuda mutua cuyo trabajo hunde sus raíces en la ideología de la liberación radical negra–, luchan, además, por el derecho a una vivienda digna, aunque su activismo se centra en las necesidades de la creciente población sin techo de la ciudad. Los investigadores alertan de que el medio millón de personas que viven sin techo en todo el país son doblemente vulnerables al coronavirus. Jasmine Araujo, fundadora de Southern Solidarity, explica a Equal Times que uno de los principios básicos de su labor es que está dirigida por las personas sin techo, en lugar de serles impuesta. “Se lo aclaro a todo el mundo: esto no es caridad, es solidaridad”.

A Araujo le preocupa que no se estén afrontando las consecuencias económicas de la pandemia mediante los cambios políticos necesarios y urgentes. “Hemos ido a las protestas e intentado presionar a los funcionarios municipales para que hagan más de lo que hacen”, dice. Lamentablemente, los activistas aún no han visto “nada permanente, nada sostenible”. En cambio, ella y otros voluntarios de Southern Solidarity ayudan a proporcionar documentos de identidad y asistencia médica a la población sin hogar de la ciudad.

Se han logrado algunas victorias. En Filadelfia, los activistas obtuvieron un gran triunfo en octubre tras ocupar varias casas vacías propiedad del Ayuntamiento.

Los organizadores de Philadelphia Housing Action y Ocupa PHA (la Autoridad de la Vivienda de Filadelfia) presionaron al Ayuntamiento, que acabó accediendo a entregar las viviendas que habían ocupado 50 familias sin alojamiento previo. Se trata de una victoria que podría servir de modelo para otros activistas de la vivienda en los EEUU.

En Nueva York, Cea Weaver trabaja como coordinadora de la campaña Housing Justice for All (por la Justicia de la vivienda para todos, HJfA), que representa a organizaciones de inquilinos y neoyorquinos sin techo de todo el estado. En 2019, la presión de esta alianza logró aumentar la protección legal de los inquilinos. Weaver, describe a estas organizaciones como “una gran coalición multirracial y multigeneracional de personas que viven de alquiler en todo el estado” y señala que miles de personas se apuntaron a la lista de correos de la HJfA durante la pandemia.

“Siempre hemos dicho que todo el mundo está a una nómina del desahucio. Desde marzo, la gente ha podido comprobar que lo que veníamos advirtiendo los locos de la vivienda es cierto”, dice Weaver. “¿Quién ha dicho que se tiene derecho a obtener beneficios durante una pandemia?”, continúa. “Los propietarios de pequeñas empresas están cerrando sus negocios. Uno de los únicos negocios que han permanecido abiertos es el de los propietarios de viviendas. Mucha gente están abriendo los ojos por fin y viendo lo terrible que es esto”.

Cancelar el alquiler

Más allá de las moratorias en el pago del alquiler, la HJfA es una de las organizaciones comunitarias que reclama al Gobierno que cancele el pago de los alquileres, de las hipotecas y de los servicios públicos, mientras dure la pandemia, con el respaldo de un fondo de ayuda gubernamental, que deban solicitar los propietarios y no los inquilinos, para cubrir las pérdidas ocasionadas por el incumplimiento de los pagos. De cara a la Administración entrante de Biden, Weaver ve pocas opciones. “Básicamente hay tres caminos para avanzar: El primero es permitir una crisis masiva de desahucios –pero la mayoría de la gente no desearía ver eso–. El segundo es un sistema de vales para inquilinos que abonaría el alquiler de todos y estabilizaría el mercado. La tercera opción es un semi-rescate, y este es el camino que nosotros preferimos. Claro, [el Gobierno] pagaría para estabilizar los activos [de los propietarios], pero no les pagaría un beneficio ilimitadamente. A cambio, habría más regulación de la vivienda”.

Una intervención gubernamental de este tipo permitiría cancelar los alquileres actuales y controlar los futuros. Incluso antes de la pandemia, un número cada vez mayor de estadounidenses gastaba más del 30% de sus ingresos en el alquiler. Hasta ahora, ni Biden ni el Congreso han sugerido un plan de este tipo, aunque la congresista de Minnesota Ilhan Omar se acercó con su propuesta de cancelar los alquileres e hipotecas utilizando un fondo federal para cubrir las pérdidas. El proyecto de ley también crearía un fondo de compra destinado a bloquear la especulación inmobiliaria.

Weaver señala a la crisis financiera de 2008, a los niveles récord de la deuda estudiantil y las altas tasas de subempleo y desempleo como los principales factores que han impulsado un aumento de la movilización inquilina. “Mi generación no va a ser propietaria de casas, por eso mucha gente como yo se está uniendo a los movimientos de inquilinos”.

En un intercambio de correos electrónicos con este medio, Saskia Sassen, la titular de la Cátedra de Sociología Robert S. Lynd de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, también traza una línea que une las movilizaciones actuales por el derecho a una vivienda en los EEUU con los préstamos depredadores previos a la crisis financiera de 2008 y las subsiguientes dificultades para obtener préstamos y sus precios más elevados. Según un estudio, seis millones de personas podrían haberse permitido desde 2008 ser propietarios de una vivienda, pero no pudieron porque se les denegó la hipoteca. Al mismo tiempo, los precios de las viviendas han seguido aumentando. En un artículo de Bloomberg CityLab se estima que esta disminución del número de propietarios de viviendas supone la transferencia de más de 220.000 millones de dólares (179.140 millones de euros) en valor inmobiliario desde los ciudadanos estadounidenses a las grandes empresas. Además, el Gobierno federal ha incentivado a que las empresas adquieran las casas que quedaron vacías después de la crisis.

Raghuveer constata esta gentrificación en Kansas City, donde los propietarios de empresas de fuera del estado, “obtienen financiación federal a través del HUD [el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EEUU] y otros programas públicos, como el crédito fiscal para la vivienda de bajos ingresos, etc. Tienden a comprar propiedades en apuros y no les hacen casi nada”. Los inquilinos originales son expulsados y los alquileres se incrementan, en un proceso que Raghuveer llama la “máquina de los desahucios”. Sassen señala que esto está ocurriendo en ciudades de todo el mundo y que las empresas “que operan a nivel mundial están comprando modestos complejos de viviendas en un número cada vez mayor de países”, expulsando a la clase trabajadora de las cada vez más inasequibles “ciudades globales”. Para Weaver, la única solución estriba en revertir este proceso de mercantilización, una necesidad que la pandemia ha vuelto aún más acuciante, si cabe. “Lo que realmente necesitamos son más mecanismos para convertir la vivienda en un bien público. Ahora es el momento de hacerlo”, concluye Weaver.