Narayan Gaikwad ha enviado 250 postales cuidadosamente escritas al primer ministro indio Narendra Modi y tiene planeado mandarle 300 más. Con ellas pretende concienciar sobre la enorme crisis agrícola que lleva décadas asolando a su país y hacer un llamamiento para que se deroguen las tres reformas relacionadas con la agricultura aprobadas apresuradamente por el Parlamento indio en septiembre de 2020.

“Los agricultores rara vez obtenemos un precio justo por nuestro productos y estas leyes reducen aún más el precio mínimo que deberían pagarnos”, nos explica este campesino de 73 años originario del distrito de Kolhapur, en el estado occidental de Maharashtra. “No solo es importante manifestarse, sino también hacer que la gente de todos los pueblos sea consciente de lo que significan estas leyes”.

Desde que se aprobaron la Ley de comercio de productos agrícolas (promoción y facilitación), la Ley para el acuerdo en materia de garantía de precios y servicios agrícolas (empoderamiento y protección de los agricultores) y la Ley de productos básicos (enmienda), la clase trabajadora ha respondido con uno de los mayores movimientos de protesta de la historia del subcontinente indio.

Durante más de dos meses, decenas de miles de campesinos –sobre todo procedentes de los estados norteños y centros agrícolas de Punjab, Haryana y Rajastán– liderados por más de 40 sindicatos y organizaciones agrícolas se han manifestado por las calles de Nueva Delhi, la capital del gigante asiático. En septiembre ya se iniciaron pequeñas acciones de protesta por todo el país y, antes de confluir en Delhi, los agricultores llevaron a cabo un rail-roko andolan (bloqueo ferroviario) en Punjab.

Se calcula que el 26 de noviembre de 2020 más de 250 millones de campesinos, trabajadores y simpatizantes de todo el país participaron en la que se consideró la mayor huelga general de la historia para protestar contra las reformas agrarias de Modi, que atentan claramente contra los agricultores.

Tras hacer frente a las bajas temperaturas y a unas precipitaciones inusualmente intensas, al menos 60 agricultores que se manifestaban perdieron la vida (por las condiciones extremas). Muchos de los manifestantes que participaron en las protestas de Delhi siguen acampados a las afueras de la ciudad y afirman que allí se quedarán hasta que sus reivindicaciones reciban una respuesta.

El gobierno sostiene que gracias a sus reformas los agricultores podrán vender más productos en más lugares y que se fomentarán las inversiones privadas en el sector agrícola. Sin embargo, los campesinos denuncian que estas leyes –aprobadas sin las debidas consultas previas– otorgan un poder sin precedentes a las grandes corporaciones mediante la desregularización de la venta, los precios y el almacenamiento de los productos agrícolas y la destrucción de los sistemas estatales de apoyo ya existentes.

Hasta el 21 de enero, varios ministros del gobierno han celebrado diez rondas de conversaciones con los líderes de los sindicatos agrícolas. En respuesta a las protestas, el 12 de enero, el Tribunal Supremo de India paralizó la aplicación de todas las reformas agrícolas y creó una comisión de cuatro miembros para resolver la actual crisis. Sin embargo, los agricultores han declarado que no aceptarán nada que no sea la derogación completa de las leyes y para el 26 de enero –el Día de la República India– han previsto una manifestación en tractores por la Outer Ring Road, la carretera exterior de circunvalación de Delhi, de 50 kilómetros de longitud.

La resistencia frente a la corporativización de la agricultura

Se calcula que el 40% de la población de India trabaja en el sector agrícola. Sin embargo, a lo largo de los años este sector se ha tenido que enfrentar a una crisis tras otra, desde las sequías provocadas por el cambio climático hasta la elevada cifra de suicidios entre los agricultores –en 2019, por ejemplo, 42.480 agricultores y jornaleros se suicidaron debido a una combinación de factores, entre los que se encuentran las crecientes deudas relacionadas con la agricultura, el continuo aumento del coste de la vida, la escasez de agua y las malas cosechas–. El coronavirus solo ha venido a reforzar el sentimiento de desolación.

Los agricultores indios venden sus productos a intermediarios o compradores autorizados, mediante subastas o licitaciones que se gestionan a través de un Comité de Comercialización de Productos Agrícolas (APMC, según sus siglas en inglés). La nueva Ley de comercio de productos agrícolas permite a los agricultores las ventas al margen de dichos comités, de manera directa a agentes privados. Como las ventas al margen de los comités no están gravadas con impuestos y no existe ninguna obligación de declarar dichas transacciones, los críticos aseguran que el gobierno está promoviendo la desregularización –es decir, inclinando la balanza del poder descaradamente a favor de las corporaciones agroalimentarias–. “Los comités de comercialización representan al comercio regulado. Si junto a estos comités meto una gran zona de comercio sin regularizar, ¿qué crees que va a pasar?”, pregunta P. Sainath, un veterano periodista y el director fundador del People’s Archive of Rural India.

Como en India más del 86% de las explotaciones agrícolas tienen una extensión inferior a las dos hectáreas, cuando se ceda el poder al agronegocio los que se verán más perjudicados serán los pequeños agricultores y los campesinos marginales –a los que, para empezar, les suele faltar el apoyo del Estado o carecen de los recursos adecuados–. “Cuando vas a una zona desregularizada, sabes que toda la gente de a pie será aplastada, incluidos los pequeños comerciantes. Su objetivo es dejar que los comités mueran de asfixia”, explica Sainath.

Las compras en este tipo de comités permiten la aplicación de un precio mínimo de apoyo, fijado por el gobierno para 23 productos básicos. Sin embargo, en las nuevas leyes ni siquiera se menciona este precio mínimo. “Si no existe el precio mínimo, los agricultores acabarán en la ruina”, denuncia Chandra Shekar RD, secretario de organización de la central sindical Indian National Trade Union Congress (INTUC).

Akkatai Teli, un campesino de 67 años que también procede del distrito de Kolhapur, está de acuerdo. “Con estas leyes, la agricultura se convertirá en un asunto corporativo. Y dichas corporaciones nos dejarán sin tierra”.

No se trata de un temor infundado. Una de las reformas –la Ley para el acuerdo en materia de garantía de precios y servicios agrícolas (empoderamiento y protección de los agricultores)– promueve la agricultura por contrato, en la que, normalmente, los agricultores se comprometen a suministrar determinadas cantidades previamente acordadas de un producto agrícola en concreto. La nueva ley ofrece un marco para los acuerdos por escrito entre agricultores y compradores. Sin embargo, los contratos por escrito no son obligatorios y si se trata de un contrato no escrito no existe ninguna disposición para sancionar a la empresa si incumple las condiciones de la transacción. “Si una transnacional asegura que mi producto no reúne los requisitos mínimos de calidad y se niega a comprarlo, entonces ¿a quién voy a venderle la cosecha?”, se pregunta Teli. “Esto genera un ciclo de deudas. El agricultor puede verse obligado a vender sus tierras para liquidar dichas deudas”.

Vijay Jawandhiya, un activista y líder agrícola de Maharashtra, nos explica que se han observado numerosos ejemplos de prácticas clandestinas en la agricultura por contrato anteriores a las reformas, pero dentro del modelo de los comités de comercialización: “Primero, ellas [las corporaciones] piden a los agricultores un cheque en blanco. Si no se lleva a cabo el suministro, ingresan el cheque. Si es rechazado, entonces pueden interponer una demanda penal contra ellos”. Asimismo, asegura que si una empresa rechaza la cosecha de un productor, no existen medidas suficientes para proteger a los agricultores. Por ejemplo, no existe ningún instrumento para evitar que las corporaciones recuperen el costo de las semillas y fertilizantes cobrándoselo a los agricultores que no consiguen suministrar la cantidad acordada de productos por motivos ajenos a su voluntad, como las sequías.

Otro motivo de fricción es que las reformas permitirán al gobierno regular los productos alimenticios en circunstancias excepcionales (como las guerras o hambrunas) e imponer límites de existencias si se da un aumento extraordinario de los precios. Según los agricultores, esto podría abrir la vía para que el agronegocio acapare productos agrícolas, pues la enmienda elimina los límites anteriores que se le imponían al acaparamiento de productos básicos. “Tenemos que vender nuestros productos a los pocos días de cosecharlos, ya que no disponemos de almacenamiento en frío para conservarlos. Si sacas varios productos básicos de la lista, las corporaciones se limitarán a acapararlos para aumentar aún más sus beneficios”, advierte Gaikwad.

Asimismo, las reformas evitan que los funcionarios y “cualquier otra persona” que actúen “de buena fe” puedan ser procesados por cumplir con sus obligaciones jurídicas, una medida que Sainath describe en un artículo de opinión para The Wire como “una de las supresiones más radicales del derecho de un ciudadano al recurso judicial incluidas en cualquier ley, a excepción del estado de emergencia de 1975-1977”. Gaikwad está de acuerdo: “En caso de conflicto, ahora ni siquiera podemos acudir a los tribunales civiles. ¿Cómo podremos obtener justicia los agricultores?”.

La oposición al gobierno de Modi

Desde que asumió el cargo de primer ministro en 2014, Modi se ha tenido que enfrentar a numerosas protestas por sus implacables medidas que anteponen el crecimiento económico a los derechos humanos y laborales, así como por la reducción del espacio democrático provocada por su agenda política nacionalista hindú.

Al aprobar las reformas agrarias en plena pandemia, que hasta la fecha ha matado a más de 150.000 personas en India, el gobierno de extrema derecha de Modi no solo ha usurpado el derecho de los gobiernos estatales a gestionar las políticas agrarias, sino que también ha obligado a los agricultores a poner en peligro sus vidas cuando se reúnen para manifestarse. Sin embargo, nada de esto resulta muy sorprendente si analizamos los teatrales y grandilocuentes anuncios de Modi a lo largo de los últimos seis años.

Entre 2019 y 2020, el gobierno tuvo que hacer frente a varias huelgas generales tras aprobar apresuradamente unas polémicas reformas de la legislación laboral en un intento por liberalizar la economía y fomentar las inversiones. A pesar de la férrea resistencia por parte de los sindicatos, finalmente aprobó cuatro nuevos códigos laborales (que incluían las 29 leyes laborales ya existentes) tras únicamente dos horas de debate en la cámara alta del Parlamento. Dichas reformas dificultan en gran medida las huelgas de los sindicatos, pues han estipulado un período de notificación de 14 días. Debido a la nueva legalización de los contratos de duración determinada y a los despidos cada vez más fáciles, los sindicatos están muy preocupados por este ataque contra los trabajadores fijos y la seguridad laboral.

“Con los contratos de duración determinada están empujando a la gente hacia la pobreza. En India no puedes encontrar ni una sola ley que apoye a la clase trabajadora”, se lamenta Shekar de la central sindical INTUC.

Esta afirmación se ve respaldada por la catastrófica política de desmonetización de Modi. A las ocho de la noche del 8 de noviembre de 2016, el gobierno hizo un anuncio sorprendente: los dos billetes en circulación con más valor de India (el de 1.000 rupias, con un valor aproximado de 14 dólares estadounidenses, y el de 500 rupias) dejarían de ser moneda de curso legal en cuatro horas. El objetivo era frenar el dinero no declarado y los billetes falsos, pero en realidad destrozó la economía informal, que emplea a más del 80% de los indios, provocando la pérdida de cinco millones de puestos de trabajo. La agricultura, que principalmente funciona con transacciones en efectivo, también se vio gravemente afectada.

Existen numerosos ejemplos de las reformas jurídicas antidemocráticas y la brusca aplicación de medidas de Modi. En diciembre de 2019, cientos de miles de personas empezaron a manifestarse en ciudades de todo el país en contra de la nueva enmienda a la Ley de ciudadanía, que discrimina a los musulmanes; muchos tuvieron que enfrentarse a una brutal violencia policial. El 23 de marzo de 2020, el gobierno de Modi declaró un confinamiento de 21 días (que duró aproximadamente 10 semanas), una vez más con solo cuatro horas de preaviso. Cientos de miles de trabajadores migrantes internos se vieron obligados a recorrer cientos de kilómetros a pie para llegar a sus pueblos, ya que el gobierno cerró las fronteras interestatales y suspendió los servicios de autobús y tren. Hasta 91 millones de jornaleros perdieron sus puestos de trabajo durante el primer mes.

Modi ha aplicado una serie de políticas contra los trabajadores que han perjudicado gravemente al país, pero ha subestimado totalmente su lucha contra los agricultores. Como tienen la gigantesca responsabilidad de alimentar a una nación de 1.350 millones de personas, no podrá limitarse a tacharles de “traidores” y “antipatrióticos”, epítetos con los que suele humillar a los detractores de su partido ultraderechista BJP. “¿Queremos una agricultura dirigida por la comunidad o una agricultura dirigida por las transnacionales? No podemos quedarnos con ambas”, concluye Sainath. Los agricultores, decididos a conseguir la derogación de las reformas agrarias de Modi, solo aceptan una de las opciones, la única aceptable.