Esta mañana de diciembre, el destacamento de fuerzas de seguridad se detiene en la entrada de un descampado, a lo largo de la línea ferroviaria en Calais, en el norte de Francia. Se sabe que la zona es utilizada como refugio por unos 20 migrantes afganos, entre los que se encuentran menores de edad. La policía y los gendarmes buscan entre los matorrales para obligar a los exiliados a abandonar el lugar. Las tiendas de campaña y sacos de dormir que los migrantes no tuvieron tiempo de llevar con ellos son incautados por agentes del servicio de limpieza. Son las 10 de la mañana y este es el cuarto desalojo de campamentos de la mañana.

Un perímetro de seguridad mantiene a raya a periodistas y trabajadores humanitarios. Dos voluntarios del colectivo Human Rights Observers (HRO) intentan filmar la escena con su teléfono móvil. “Nos impiden sistemáticamente acercarnos”, afirma Pénélope Gambi. “No puedes ver lo que está pasando durante la operación y ni siquiera puedes hablar con las personas exiliadas. Normalmente, tratamos de hablar con ellas para averiguar qué enseres han podido llevarse, qué necesitan”.

Desde 2017, los equipos de la organización HRO intentan estar presentes durante los desalojos y documentar las operaciones policiales. Su método de trabajo se inspira en el denominado copwatching, implantado en los Estados Unidos y que consiste en observar y documentar la actividad policial. “No es del gusto de la prefectura que estemos aquí. Pero no vendríamos si no se violaran los derechos fundamentales de las personas exiliadas en el momento de los desalojos”, afirma Chloé Smidt-Nielsen, coordinadora de HRO.

A menudo se acusa a la policía de violencia y destrucción de la propiedad durante las evacuaciones. “A veces destrozan las tiendas de campaña cuando todavía hay gente dentro”, asegura Smidt-Nielsen.

Dos adolescentes afganos que regresan del centro de la ciudad se acercan al campamento rodeado de gendarmes, quienes les impiden recuperar sus pertenencias. “Destruyeron nuestra tienda y se llevaron nuestros sacos de dormir y toda nuestra ropa. No nos queda nada”, suspira Mustafá, de 17 años, al tiempo que observa cómo salen del lugar los vehículos policiales y los camiones de limpieza. “Son menores de edad, deberían recibir atención y protección, en cambio los abandonan allí y la policía o el equipo de limpieza se llevan sus pertenencias de todos modos”, se indigna Pénélope Gambi.

Parte de los bienes incautados durante las evacuaciones va directamente al vertedero. El resto se almacena sin contemplaciones en un recipiente donde los exiliados desalojados pueden venir a recogerlos, siempre que vayan acompañados por un miembro de una asociación. Malek, uno de los jóvenes afganos expulsados anteriormente, saca una tienda y su mochila de la pila de objetos sucios. “Es muy difícil para nosotros”, relata el joven en un inglés muy correcto. “No tenemos un lugar para dormir. Dormimos en la ‘jungla’. La policía no debería venir a quitarnos nuestra ropa. Cada dos días, tenemos que caminar bajo la lluvia para llegar hasta aquí para recuperarla, no es justo”.

Calais, punto de tránsito desde hace más de veinte años

Desde hace más de veinte años, las personas exiliadas se dirigen a Calais con la esperanza de llegar a Inglaterra. Los primeros campamentos de migrantes aparecieron en el invierno de 1998. Para acoger a estas personas, originarias principalmente de Kosovo, la Cruz Roja abrió un centro en la cercana ciudad de Sangatte. En tres años, transitaron por el centro 70.000 migrantes procedentes de todo el mundo. Bajo la presión de Londres, Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior, cerró el centro en diciembre de 2002. Las personas exiliadas se dispersaron en Calais y sus alrededores: dormían en las calles, crearon las primeras viviendas de okupas y la primera ‘jungla’, es decir, un campamento salvaje, próximo a la entrada del túnel bajo el canal. En septiembre de 2009, la policía evacuó de este campamento a cerca de mil personas.

No obstante, las personas migrantes regresan poco a poco a Calais. En 2015, se abrió una zona de recepción provisional lejos del centro de la ciudad, en medio de un descampado azotado por el viento. Se distribuían alimentos y los migrantes empezaron a asentarse alrededor del edificio: así nació la ‘nueva jungla’. Fue la primera barriada tolerada por las autoridades francesas desde el cierre del centro de Sangatte. El número de migrantes aumentó considerablemente y, según las asociaciones, vivían allí hasta 10.000 personas. Los enfrentamientos entre la policía y las personas exiliadas, así como la violencia entre migrantes, fueron en aumento. Una sensación de inseguridad y la naturaleza insalubre del campamento fomentaron la ira de los vecinos de la ‘jungla’. Finalmente, la barriada fue desmantelada en octubre de 2016.

Los migrantes, sin embargo, no han desaparecido. Este invierno, se calcula que se encontrarán vagando de un lugar a otro de la ciudad portuaria entre 500 y 800 personas, en su mayoría sudaneses, eritreos, afganos o iraníes, La policía los desaloja cada 48 horas. El ayuntamiento y la prefectura tienen la intención de luchar contra lo que denominan “puntos de asentamiento”. “Es una forma de decir que su intención es disuadir a estas personas a permanecer aquí cerca de la frontera”, explica François Guennoc, presidente de la asociación el Auberge des migrants. “Esta medida implica desalojos casi diarios, la construcción de muros y vallas en todos los lugares donde las personas exiliadas hayan intentado establecerse, la deforestación para evitar que la gente se esconda y una presión policial constante”. En septiembre de 2020, con el pretexto de gestionar la pandemia de coronavirus, un decreto de la prefectura también limitó la distribución de comidas por parte de las asociaciones, una medida que ha creado controversia.

La prefectura de Paso de Calais justifica estas medidas porque desea “evitar la reconstrucción de campamentos insalubres que en poco tiempo se convertirían en barrios marginales. Según las diferentes intervenciones, pueden desmantelarse entre 10 y 50 tiendas de campaña en varios lugares”. Estas expulsiones se basan en el principio de delito flagrante. Mientras el campamento no tenga una existencia de más de 48 horas, la policía puede intervenir por orden del fiscal de la República para poner alto a la ocupación del terreno “previa denuncia de los propietarios interesados, públicos o privados”, explica la prefectura.

A veces se llevan a cabo evacuaciones de mayor envergadura, acompañadas del “envío a un refugio”: se fletan autobuses para llevar a los migrantes que lo desean a un centro o refugio. Sin embargo, para las asociaciones, se trata de “refugios forzados”. “La gente no necesariamente está de acuerdo en que la trasladen a cualquier rincón de Francia”, afirma Marion Dumontet, de la asociación la Cabane Juridique.

“No se les proporciona información y en ese momento se encuentra desplegada una importante fuerza policial. Todo es confuso, porque los desalojos y el envío a refugios tienen lugar al mismo tiempo. ¿Se está realmente de acuerdo en subirse a un autobús en estas circunstancias? Pregunta la activista.

Cuando no hay operaciones de evacuación, la prefectura recuerda que las personas exiliadas pueden acudir a un centro de acogida y revisión de la situación (CAES, por sus siglas en francés), “lo que permite que se les aloje en condiciones dignas y se haga un examen acelerado de su situación administrativa”. Este departamento francés cuenta con dos de estos centros, pero están lejos de la costa. Muchos prefieren quedarse en Calais para seguir intentando pasar a Inglaterra.

Una hora después de la evacuación de su campamento, Malek y otros afganos regresan al mismo descampado. En medio de la basura que cubre el suelo fangoso, uno de ellos calienta salsa y frijoles en una pequeña fogata de leña. “No estamos locos, no vendríamos aquí a vivir en estas condiciones si no tuviéramos problemas en nuestro país”, afirma el joven.

No fueron arrestados esa mañana, aunque un vehículo de la policía fronteriza formaba parte del convoy policial. “Los controles son arbitrarios y aleatorios, lo que incrementa la angustia de las personas exiliadas. Muchas tratan de no estar presentes durante los desalojos porque saben que pueden ser arrestadas”, explica Chloe Smidt-Nielsen, de HRO. A juicio de Francisco Gemenne, especialista en flujos migratorios e investigador del Instituto de Estudios Políticos de París, “resulta costoso arrestar a las personas, es preciso internarlas en un centro de detención, tiene que haber plazas disponibles... El propósito de las evacuaciones es dar la impresión de que el Estado está haciendo algo contra la inmigración, pero la intención fundamental del Estado no es la de desplazar a estas personas. No hay una política de inmigración bien meditada”.

“Para el Estado, son personas de paso y no merece la pena invertir en su acogida. Esta es la perspectiva que genera los campamentos”, continúa el investigador. Para estas personas migrantes, Calais suele ser la última etapa de un largo viaje a través de Europa. “Aquí solo una minoría tiene como proyecto real ir a Inglaterra”, asevera François Guennoc, del centro Auberge des migrants. La gran mayoría de las que están aquí son personas a las que se ha denegado el asilo, que vienen de todas partes, o personas que han tenido documentos durante un cierto período de tiempo, pero que no les han sido renovados”. También están “los dublineses”, así denominados porque encuadran en el ámbito de aplicación del Reglamento de Dublín. Este último estipula que deben solicitar asilo en el país europeo en el que llegaron. A falta de perspectivas en Francia, esperan también tener la posibilidad de llegar al Reino Unido.

Inglaterra a pesar de los peligros y las incógnitas de la era posterior al Brexit

La costa británica está a 35 kilómetros solamente de Calais y las personas exiliadas se arriesgan para alcanzarla. Los migrantes que no tienen dinero para pagar a un pasador o traficante intentan abordar camiones que se dirigen al Eurotúnel. La policía a veces interviene violentamente para dispersarlos. Cuando llegó a Calais hace dos meses, un sudanés de 25 años que deseaba permanecer en el anonimato resultó herido en el brazo a principios de diciembre: “Traté de llegar a Inglaterra subido a un camión en un momento en que había muchos atascos de tráfico. Pero llegó la policía y me arrestó. Me golpearon, me lanzaron gases lacrimógenos y al final me golpearon en las manos y en el brazo”. El hombre, que ahora tiene el brazo escayolado, decidió presentar una denuncia.

La asociación Cabane Juridique lo acompaña en sus trámites, aun cuando las posibilidades de llegar a una condena son escasas. “Casi nunca hay una condena de la policía”, admite Nora Fellens, abogada a cargo de la violencia policial. “A menudo es la palabra de uno contra la del otro y las denuncias son desestimadas”.

Ante las dificultades para subirse a los camiones, las travesías en pequeñas embarcaciones han aumentado considerablemente estos últimos años. La prefectura marítima registró en 2020 más de 9.500 cruces o intentos de cruzar el Canal en embarcaciones improvisadas, cuatro veces más que en 2019. Según los medios británicos, más de 8.000 personas lograron llegar a Inglaterra de esta manera. Una tasa elevada de éxito, pero estos cruces siguen siendo muy peligrosos: el Canal de la Mancha es uno de los estrechos con mayor tráfico del mundo. Las corrientes son particularmente violentas. Siete personas, entre ellas cinco miembros de la misma familia, murieron en el hundimiento de su embarcación el 27 de octubre.

Según François Guennoc, la situación en Calais se ha recrudecido desde el verano pasado, “coincidiendo con la llegada de Gerald Darmanin al ministerio del Interior y los grandes aspavientos por parte de las autoridades británicas que protestan porque Francia no estaría haciendo lo suficiente para impedir que la gente cruce el Canal”. El notable aumento de los cruces marítimos ha sido ampliamente publicitado en el Reino Unido. Mathieu Tardis, investigador del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), lo confirma: “Francia está supeditada a la forma en que este tema se aborda en los medios de comunicación y los círculos políticos al otro lado del Canal”. Desde los acuerdos de Le Touquet de 2003, la frontera británica se sitúa en la costa francesa. Mediante una remuneración, Francia controla la inmigración ilegal a Inglaterra. El 28 de noviembre de 2020, los dos países anunciaron un nuevo acuerdo para reforzar la vigilancia del Canal de la Mancha: duplicar las patrullas francesas en las playas del norte respaldadas por drones y radares. A cambio, el Reino Unido se ha comprometido a invertir 31,4 millones de euros para apoyar los esfuerzos franceses.

Los británicos se muestran así partidarios del enfoque de seguridad para limitar las llegadas a su territorio. Desde que abandonaron la Unión Europea el 1 de enero de 2021, ya no pueden confiar en el Reglamento Europeo de Dublín para enviar exiliados de vuelta a otros países europeos.

Ningún otro texto sustituye este vacío por el momento, ya que las políticas de asilo e inmigración han quedado fuera del mandato de negociación del acuerdo del Brexit. La salida del Reglamento de Dublín significa también el fin de una de las pocas vías legales de acceso al Reino Unido: la reagrupación familiar. Varias asociaciones dan la voz de alarma en un artículo de opinión publicado en el diario francés Libération: “Al no anticipar el impacto del Brexit en las políticas migratorias, los dirigentes europeos han permitido al Gobierno británico cerrar sus fronteras un poco más sin asumir las consecuencias”.

Estas asociaciones temen que el Reino Unido endurezca aún más su legislación en materia de asilo. “Los británicos siguen en el Consejo de Europa y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que no pueden hacer lo que quieran”, concluye el investigador Mathieu Tardis. “Creo que uno de los desafíos que se les plantean será ver hasta dónde quieren alejarse de las normas europeas o no”. El destino de todos los que se encuentran varados en Calais con la esperanza de llegar al Reino Unido constituye una de las grandes incógnitas de la era posterior al Brexit.