En Egipto, los derechos laborales y sindicales se apagan conforme los militares aumentan su control sobre la economía

En Egipto, los derechos laborales y sindicales se apagan conforme los militares aumentan su control sobre la economía

Workers at the Delta fertilizer company on 9 December 2020 after many long weeks of protest against the factory’s closure.

(Mahmoud Hefnawy)
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Con el agotamiento y la tristeza dibujados en sus rostros, miles de trabajadores de la empresa de fertilizantes Delta mantienen la sentada de protesta contra la decisión de la provincia de Dakehlya de cerrar y desmantelar su fábrica. Desde el 2 de diciembre de 2020, estos trabajadores, acompañados de sus esposas e hijos, se niegan a abandonar las instalaciones de la empresa por temor a que las fuerzas del orden les impidan regresar. Piden al presidente del país, Abdel Fattah al-Sissi, que intervenga y obligue al Ministerio de Trabajo a revocar la decisión y salvar el sustento de 2.500 familias.

Detrás de ellos, una gran pancarta con el retrato del presidente egipcio dice: “Los trabajadores de Delta apoyan al jefe del Estado”. Son conscientes de que no deben ofender al régimen autoritario, que puede calificar de terrorismo el más mínimo atisbo de crítica y ordenar su detención. Temen correr la misma suerte que los 2.300 trabajadores de la cementera Al Qumia, que cerró en septiembre de 2018. A diferencia de ellos, que desafiaron al régimen y acabaron en la calle, las pancartas de los trabajadores de Delta no escatiman miramientos hacia los gobernantes al exponer su caso.

Lamentablemente, el Gobierno hace por ahora oídos sordos a sus demandas. Entre el 31 de diciembre y el 2 de enero, trece trabajadores de la compañía, tres de ellos miembros del comité de empresa, fueron detenidos y llevados ante la Fiscalía encargada de la seguridad del Estado, que teóricamente se ocupa de la lucha contra el terrorismo, pero en realidad se utiliza como herramienta de represión. Están acusados de incitación a la protesta, de interrumpir la producción y de sabotaje.

Construida en 1965 en la provincia de Dajleya, a 120 kilómetros al norte de El Cairo, la empresa estatal de fertilizantes Talkha Fertilizer (o Delta Company for Fertilizers and Chemical Industries) producía hasta 2014 unas 800.000 toneladas de fertilizantes al año, pero desde entonces empezó a acumular deudas tras la política de liberalización de los precios del gas impuesta por el Gobierno y las repetidas averías que provocaron un descenso de la producción.

Durante más de una década, el Gobierno ha desatendido las propuestas de modernizar la empresa, que lleva 40 años en decadencia –algo que “ha costado la vida a dos trabajadores y dejado heridos a otros dos [en 2014]”– nos cuenta un trabajador que prefiere permanecer en el anonimato.

Hasta 2017, toda su producción iba al Ministerio de Agricultura, que revendía los fertilizantes, subvencionados, a los agricultores. La producción de esta planta cubría el 35% de las necesidades de Egipto, según un responsable del comité de empresa. “Entre 2014 y 2017, el ministro de Agricultura compraba nuestra producción a un precio inferior a su coste de producción y con ello contribuía a aumentar las pérdidas”, explica a Equal Times. El Gobierno permitió entonces a la empresa revender el 45% de su producción en el mercado local.

En abril de 2020, un corte de electricidad paralizó la producción. Circulan rumores de que la administración de la empresa fue cómplice del incidente, para así poder justificar la decisión de su cierre. Desde entonces, la dirección se niega a reparar la avería.

El Ministerio esgrime la caída del volumen de negocio como argumento para echar el cierre, pero el plan de construir un complejo de viviendas en el solar que ocupa, próximo al Nilo, revela otros intereses. El 5 de enero de 2021, el Ministerio decidió construir una pequeña planta de fertilizantes con algo de maquinaria y sólo 500 técnicos de la empresa de fertilizantes Delta. El resto de los trabajadores serán indemnizados por la pérdida de sus puestos de trabajo. Paralelamente, la Fiscalía General puso en libertad a 11 de los 13 trabajadores detenidos el 19 de enero.

Los trabajadores frente a las ambiciones económicas e industriales del Ejército

El Gobierno ve poco probable que este cierre afecte al suministro de fertilizantes a los agricultores, ya que la producción nacional ha aumentado recientemente gracias a las grandes inversiones del Ejército en esta industria. Desde la elección del mariscal al-Sissi en 2014, el Ejército egipcio ha invertido masivamente en todos los sectores de la economía y posee una treintena de empresas que van desde la producción de cemento a la de hierro, pasando por el mármol, los productos alimentarios, los electrodomésticos, los productos químicos y la construcción de trenes, extendiendo su dominio sobre una gran parte de la industria del país.

Las empresas militares están exentas de impuestos y se ven favorecidas en las adjudicaciones de los contratos públicos y en la realización de grandes obras. Aunque el régimen justifica sus ambiciones por la voluntad de lograr la autosuficiencia económica nacional, el control militar de la economía constituye un problema. En mayo de 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su preocupación por el alcance de la participación de los militares en la economía y sus repercusiones en los sectores público y privado.

En agosto de 2018, el Ejército inauguró en Ain Sukhna el mayor complejo de producción de fertilizantes de Oriente Medio, compuesto por nueve plantas con capacidad de producir 1,5 millones de toneladas de fertilizantes anuales. Nueve meses después, la empresa Al Nasser de productos químicos intermedios, también propiedad del Ejército, firmó un acuerdo con la empresa alemana ThyssenKrupp para construir otro complejo de fertilizantes de seis plantas.

Ocurre que cada vez que el Ejército egipcio se lanza sobre un nuevo sector industrial, se producen víctimas colaterales, sobre todo entre las empresas existentes y sus trabajadores.

Por ejemplo, las grandes inversiones del Ejército en el sector del cemento coincidieron con el cierre de la empresa Al Qumia y el despido de 2.300 trabajadores, en 2018. Cuando se trata de adquisiciones públicas, el Gobierno parece dar prioridad a la compra de productos de empresas vinculadas al Ejército porque, en el Egipto de al-Sissi, nadie se atreve a irritar a los uniformes caquis.

Miles de trabajadores de la acería Egyptian Iron&Steel Co, situada al sur de El Cairo, están a punto de perder sus empleos tras la decisión, en enero de 2021, de cerrar esta empresa fundada en 1954. El Gobierno alega las pérdidas que esta genera, pero su cierre coincide con la fuerte presencia del Ejército en este sector, con el beneplácito gubernamental. En septiembre de 2016, el Gobierno concedió al Ejército dos de los cuatro permisos para construir nuevas fábricas de hierro. Un año después, el Ejército anunció que comenzaba la producción que, según el general Kamel al-Wazir, presidente de la Autoridad de Ingeniería Militar, se destinará a la “nueva capital” que el Estado está construyendo en el desierto, a 45 kilómetros al este de El Cairo. El Ejército también está comprando empresas del sector, como el grupo Egyptian Steel, que adquirió en 2018.

La llegada del Ejército a la economía civil le cuesta caro a los trabajadores egipcios. Mientras que algunos sufren el cierre definitivo de sus fábricas, aquellos que trabajan en las que están bajo control militar, carecen de la mayoría de sus derechos sindicales. Quien ose protestar contra sus condiciones laborales se arriesga a ser juzgado ante un tribunal militar y sometido a una campaña de desprestigio.

En mayo de 2016, la policía dispersó una sentada organizada por los trabajadores de la empresa militar Al Tersana para protestar contra sus condiciones laborales. En octubre de 2019, despidieron a 900 trabajadores y otros 26 fueron llevados ante un tribunal militar, que les condenó a un año de suspensión. Según un informe publicado en mayo de 2018 por la ONG Committee For Justice, más de 11.000 personas, entre disidentes, periodistas y trabajadores, fueron juzgadas por tribunales militares entre julio de 2013 y diciembre de 2017.

El Estado controla la acción sindical

El deseo del Estado de controlar a la clase trabajadora se remonta a la fundación del Estado egipcio por Gamal Abdel Nasser. De hecho, la Federación General de Sindicatos (ETUF), fundada en 1957, fue el único organismo autorizado a representar a los trabajadores en Egipto hasta 2009. Desde su fundación, los sucesivos Gobiernos han concedido innumerables privilegios a los dirigentes de la ETUF, para garantizar su fidelidad al poder a costa de los derechos de los trabajadores. “Estos dirigentes son también nombrados para ocupar puestos importantes al frente de empresas y organismos públicos, además de en el Parlamento”, explica Kamal Abu Eita, sindicalista y fundador del Sindicato de Funcionarios de la Administración Tributaria, el primer sindicato independiente de Egipto en 2009, en una entrevista con Equal Times.

Según los especialistas en derechos sindicales, desde que llegó al poder en 2013, el presidente al-Sissi ha hecho todo lo posible para limitar los logros alcanzados por el movimiento sindical en Egipto durante la Revolución de 2011, pues no olvida el papel crucial que desempeñaron los trabajadores en la deslegitimación del régimen del antiguo rais, Hosni Mubarak, y encendieron la chispa que provocó su caída.

“A diferencia de Mubarak, que toleraba un margen de libertad de expresión para que los trabajadores expresaran sus reivindicaciones, al-Sissi no se arriesga y ha adoptado una política agresiva para eliminar la acción sindical”, dice Kamal Abou Eita. Las persecuciones judiciales abusivas y las detenciones de periodistas y de defensores de derechos de los trabajadores, a veces acompañadas de malos tratos, se multiplican y son denunciadas por una comunidad internacional que observa con inquietud esta creciente represión, con multitud de lagunas, cinco años después de que el doctorando italiano Giolio Regeni, que hacía investigaciones sobre los sindicatos en Egipto, muriese en este país de forma violenta.

Después de 2011, la cúpula de la ETUF fue disuelta y se formó otra compuesta por sindicalistas independientes pero, tras el golpe de Estado de julio de 2013, el nuevo régimen decidió disolverla seis meses después y nombrar como cúpula de la ETUF a antiguas personalidades próximas al Estado.

“En 2014 se reanudaron los ataques a las libertades sindicales. El nuevo régimen tiene una política hostil hacia los trabajadores y el movimiento sindical. Su discurso consiste en acusar a los trabajadores que quieren organizar huelgas y protestar contra las condiciones laborales de ser partidarios del antiguo régimen islamista [los Hermanos Musulmanes], es decir, enemigos de la nación”, explica a Equal Times Kamal Abbas, fundador de un centro independiente de servicios para sindicatos y trabajadores (Center for Trade Unions and Workers Services, CTUWS).

En enero de 2015, el CTUWS publicó un informe titulado 2014, l’année de l’assassinat des libertés syndicales (2014, el año del asesinato de las libertades sindicales) que revela que el nuevo régimen ha empezado a perseguir a las figuras sindicales independientes y a expulsar a las que trabajan en empresas y organismos estatales.

En 2015, el Gobierno envió un documento a los Ministerios pidiéndoles que cooperaran con la ETUF contra los sindicatos independientes e instigadores en las empresas. Paralelamente, el Estado reprime las sentadas y las huelgas, hace despedir a los organizadores y los envía a juicio. “La ley aplicada por el Gobierno egipcio desde 2003 estipula que la convocatoria de una huelga requiere la aprobación de dos tercios de la ETUF, algo imposible porque esta siempre se pone de parte del Estado”, explica Abbas, quien añade que la ley también prohíbe las protestas en instalaciones económicas esenciales y que el Estado considera esenciales la mayoría de las empresas e instituciones industriales.

En septiembre de 2020, diez trabajadores de la compañía textil Egypt Textile en Shibin el-Kom, en el delta del Nilo, a 60 kilómetros al norte de El Cairo, fueron despedidos y condenados a seis meses de prisión y a una multa de 50.000 libras egipcias (LE), por convocar una sentada como protesta contra la decisión de los gerentes de suspender de empleo y cancelar todas las primas durante la pandemia de coronavirus. Por participar en el movimiento, otras 42 personas fueron suspendidas de empleo y permanecen procesadas por disturbios y destrucción de bienes públicos.

“La policía utilizó munición real y gases lacrimógenos para dispersar a los trabajadores”, relata a este medio Hassan Adel, un trabajador que participó en la sentada y cuyo nombre hemos cambiado. Después de más de 20 años trabajando en la empresa, este padre de tres hijos gana un salario de 2.500 LE (130 euros) y 500 LE (26 euros) de primas. Para mantener a su familia, trabaja ocho horas por la noche en un restaurante, lo que suma una semana laboral de 80 horas. Desde 2015, Hassan Adel ha sido testigo del despido de muchos de sus colegas por sus “ideas rebeldes” a los ojos del Gobierno. Desde 2015, la empresa ha nombrado a un responsable de seguridad que vigila la actividad de los trabajadores y, a continuación, informa a los cuerpos de seguridad sobre los activistas.

El control de las autoridades frena cualquier acción sindical en el sector público, pero en el privado la situación parece aún más crítica. Abandonados por el Gobierno, los trabajadores se encuentran a merced de los empresarios. Según las estadísticas del CAPMAS, sólo el 34,5% del personal del sector privado en Egipto goza de protección social y apenas el 39% tiene seguro médico. Además, el 70% trabaja sin contrato en el sector privado, sobre todo en la construcción.

Obstáculos a las organizaciones sindicales

En 2017, el Estado presentó un proyecto de ley sobre organizaciones sindicales que restringe más aún la acción sindical y la formación de sindicatos, ya que obliga a contar con la adhesión de un mínimo de cien trabajadores para poder crear un comité de empresa, cifra que los sindicatos independientes critican porque priva de hecho al 70% de los trabajadores egipcios del derecho a formar un comité de empresa. La Comisión de Trabajo del Parlamento, controlada por los empresarios, ha pedido que dicha cifra aumente a 200 trabajadores. Un diputado empresario pidió sin tapujos aumentarla a 500. “No queremos partidos políticos en nuestras empresas”, esgrimió en 2017, cuando se debatió el proyecto de ley.

Para encontrar una salida, el Gobierno y el Parlamento acordaron un mínimo de 150 trabajadores para poder crear un comité de empresa. Además, la ley permite fundar un sindicato general a partir de 20.000 miembros y una federación sindical con 200.000 miembros. La ley, aprobada en 2017, obligaba a todos los sindicatos a regularizar su situación en un plazo de tres meses.

Por todo ello, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha vuelto a incluir a Egipto en la lista negra de países que violan las libertades de los trabajadores.

Desde 2008, Egipto sólo ha sido eliminado de esta lista en dos ocasiones. Para escapar de la lista negra de la OIT, el presidente al-Sissi enmendó la ley en agosto de 2019, reduciendo a 50 el número de trabajadores necesarios para formar un comité de empresa. “A pesar de esta enmienda, la cifra contraviene los convenios internacionales, firmados por Egipto, que normalmente impiden a los Gobiernos especificar el número necesario para la formación de sindicatos”, precisa Kamal Abou Eita. Además, la ley excluye a las clases no trabajadoras, como los pensionistas, del derecho a formar sindicatos, explica Abu Eita.

Aunque la ley permite por primera vez la fundación de comités y sindicatos independientes, el Gobierno se sigue mostrando en la práctica intransigente hacia los comités y sindicatos ajenos a la ETUF. “El Ministerio de Trabajo ha rechazado o bloqueado sin motivo alguno los documentos de regularización de cientos de comités y de sindicatos independientes”, señala un informe publicado por el CTUWS. En cambio, el Ministerio se apresuró a aprobar la regularización de los sindicatos de la ETUF.

En mayo de 2019, el presidente de la ETUF, Gebali al-Maraghi, pidió abiertamente la disolución de los sindicatos independientes, alegando que funcionan ilegalmente y no ayudan a los trabajadores. Al-Maraghi, que es diputado desde 2015 y está considerado un firme defensor de al-Sissi, precisó que no hay lugar en la nueva ley para los sindicatos independientes.

“El Estado ha aprobado una ley que él mismo no respeta”, señala Kamal Abbas. En enero de 2019, 29 comités y sindicatos firmaron una nota pidiendo al Ministerio que respetara la ley y aceptara los documentos de regularización presentados en tiempo y forma por las asociaciones independientes.

Esta intransigencia estatal sólo tiene un objetivo: obligar a los sindicatos independientes a unirse a la ETUF. “Desgraciadamente, tres sindicatos generales se han visto ya obligados a unirse a la ETUF en 2018 y 2019, para escapar a este bloqueo”, afirma Abass, quien señala que “solo un sindicato” y menos de 200 comités independientes han conseguido regularizar su situación desde la entrada en vigor de la ley en 2018.

Tras la aprobación de esta ley, el Estado convocó elecciones sindicales en la ETUF, en mayo y junio de 2018. Estas elecciones –que no se celebraban desde 2006– son la demostración del control del régimen sobre los trabajadores. Muchos de los candidatos que no complacían a las autoridades fueron encarcelados, intimidados o borrados de las listas. “Han sido las peores elecciones de la historia contemporánea del país. Una farsa del Gobierno para recolocar a sus hombres al frente de los sindicatos”, denuncia Kamal Abass. En 14 de los 27 sindicatos afiliados a la ETUF, los presidentes y miembros de la junta directiva se eligieron incluso sin elección, por simple aclamación. Sólo siete sindicatos eligieron libremente a sus presidentes y miembros.

En el sindicato de trabajadores de Egypte Textile, tres candidatos se presentaron para ocupar la Presidencia, en contra del presidente saliente, progubernamental. “La policía detuvo a dos de ellos horas antes de las elecciones y, el tercero, próximo a un diputado, fue obligado a presentarse a un cargo en la junta directiva del sindicato. El candidato progubernamental resultó elegido sin elecciones”, explica Hassan Adel.

Para el Abu Eita, estamos en un punto negro de la historia del movimiento sindical de Egipto: “La política del régimen ha transformado en marionetas a los sindicatos que, de hecho, no desempeñan función alguna”, concluye.

This article has been translated from French.