Aumenta la hostilidad contra refugiados y voluntarios en la ruta de los Balcanes

Una noche de septiembre de 2020, cuando Zehida Bihorać Odobašić volvía conduciendo a su casa, un coche le bloqueó el paso. Dos hombres y una mujer se bajaron, se acercaron a su vehículo y empezaron a amenazarla. “Decían que había traicionado a mi pueblo, que tenía que marcharme a Afganistán o a Siria por el amor que profeso hacia ‘esa gente’”, recuerda.

Bihorać Odabašić vive en Velika Kladuša, una ciudad de Bosnia-Herzegovina próxima a la frontera croata. En los últimos tres años, la zona se ha convertido en un punto de parada para los migrantes que tratan de llegar a los países de la Unión Europea a través de los Balcanes.

La ruta de los Balcanes empezó a ser noticia en 2015, durante la denominada “crisis de los refugiados”, cuando miles de personas procedentes de Siria, Irak y Afganistán, aunque también del norte, oeste y este de África, intentaban llegar a Europa septentrional y occidental a través de Turquía, Grecia, Macedonia del Norte, Serbia, Croacia y Hungría.

Tras el acuerdo alcanzado en 2016 entre la UE y Turquía, la ruta quedó oficialmente “cerrada”. Al mismo tiempo, Hungría empezó a reforzar sus efectivos de seguridad en su frontera sur. A raíz de todo ello, los refugiados encontraron una nueva ruta hacia la UE a través de Bosnia-Herzegovina.

Desde enero de 2018 han llegado a Bosnia cerca de 70.000 personas, según cifras publicadas por ACNUR. Solo una pequeña fracción ha solicitado asilo (se registraron 244 solicitudes y una persona obtuvo asilo político en 2020), mientras que la mayoría ha intentado llegar a Europa occidental a través de Croacia, país vecino de Bosnia perteneciente a la UE.

Pero la UE ha endurecido sus fronteras y cruzar a Croacia se ha vuelto extremadamente difícil. Activistas, voluntarios y organizaciones internacionales han documentado miles de casos de devoluciones sumarias ilegales efectuadas por la policía croata, a menudo acompañadas de violencia. Se han registrado incluso devoluciones sumarias en cadena –en las que los migrantes son trasladados por la policía de un país a otro– desde Eslovenia y Austria hasta llegar de vuelta a Bosnia.

Al tiempo que el número de migrantes atrapados en Bosnia-Herzegovina ha aumentado, también lo ha hecho la hostilidad hacia ellos y hacia quienes les ayudan. “Se ha producido un auténtico cambio en el discurso político y en la opinión pública con relación a los migrantes”, señala Nicola Bay de la organización humanitaria Danish Refugee Council. “El cambio ha sido bastante notable en términos mediáticos”, declaró en una entrevista por Skype con Equal Times. En la práctica, esto se traduce en la aplicación de duras restricciones por parte de las autoridades locales cuando se intenta ayudar a los migrantes fuera de los campamentos.

Aumenta el resentimiento en Bosnia

Cuando los primeros desplazados empezaron a atravesar Bosnia-Herzegovina, los ciudadanos de todo el país se volcaron para ofrecer ayuda. Muchos recordaban la guerra y la crisis humanitaria que asoló su país en los años 1990 y se identificaban con estas personas desesperadas que huían de la persecución y la guerra.

Hoy día, sin embargo, si bien muchos ciudadanos bosnios siguen ayudando a los refugiados que se encuentran desamparados en su país, el descontento por el hecho de que lo que antes era una crisis de la UE se haya trasladado en parte a Bosnia es más patente. La tensión es más evidente en el cantón de Una-Sana, región noroccidental donde se encuentra la ciudad de Velika Kladuša y donde la mayoría de los refugiados se quedan bloqueados, a menudo durante meses, al intentar cruzar a Croacia.

Durante años, las autoridades de Una-Sana han argumentado que los campamentos oficiales de su región, financiados por la UE y gestionados por la OIM, son un factor de atracción para los migrantes que llegan a Bosnia.

A finales de septiembre de 2020, cientos de refugiados se quedaron sin hogar después de que las autoridades de Una-Sana cerraran el campamento de Bira, el cual tenía capacidad para albergar a 1.500 personas en Bihać, la principal ciudad de la zona. Las autoridades también han amenazado con cerrar el campamento de Miral, en Velika Kladuša, con capacidad para albergar a 1.000 personas.

En diciembre de 2020, cuando se cerró el campamento de Lipa, un asentamiento temporal abierto en abril de 2020 para albergar refugiados durante la crisis del coronavirus, que luego fue destruido por un incendio, más de mil personas tuvieron que dormir a la intemperie a consecuencia de un desacuerdo entre el Gobierno nacional y las autoridades locales sobre quién debía acoger a los refugiados.

En Bosnia, la política migratoria suele ser competencia del Ministerio de Seguridad nacional, pero las autoridades locales se encargan de encontrar y aprobar ubicaciones adecuadas para acoger a los refugiados.

El pasado mes de enero, la Comisión Europea prometió otros 3,5 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria para los refugiados, con provisiones y asistencia de emergencia en Bosnia-Herzegovina. La UE también instó a las autoridades bosnias a reconstruir el campamento de Lipa, denunciando que las condiciones de los refugiados en el país eran “completamente inaceptables”.

Pero en Una-Sana, las autoridades locales y la población sienten que han tenido que asumir solos la carga del día a día.

Esto ha dado lugar a un creciente discurso antiinmigración, que se intensificó en el período previo a las elecciones locales del 15 de noviembre de 2020. Uno de los candidatos a la alcaldía de Una-Sana, Sej Ramić, centró toda su campaña en torno a la retórica antiinmigrante.

Ramić es uno de los administradores del grupo de Facebook “¡¡Alto a la invasión de inmigrantes!! Asociación de ciudadanos de Bihać”, que cuenta con más de 10.000 miembros y publica mucha información errónea y discursos de odio dirigidos a los migrantes y los refugiados. También apunta a los voluntarios y activistas, publicando fotos suyas e información personal. En los comentarios aparecen a menudo insultos e invitaciones a “darles una lección”.

En este grupo y en otros similares se publicaron fotos de Bihorać Odobašić, quien afirma haber sido insultada mientras caminaba por el centro de la ciudad y víctima de una agresión física en septiembre. Aunque consiguió salir ilesa, fue directamente a la policía para denunciar el incidente. “La policía me dijo que no había pruebas de mis alegaciones”, recuerda, y se le aconsejó que retirara la denuncia.

Se interrumpe la ayuda en Croacia

Al otro lado de la frontera, en Croacia, los voluntarios que ayudan a los refugiados han sido blanco de las autoridades. “Todo empezó cuando incluimos en la agenda ciudadana el tema de las devoluciones en caliente y la violencia policial. Y se intensificó tras la muerte de la pequeña Madina, una niña de seis años que fue devuelta en caliente, y de forma ilegal, a Serbia con su familia”, explica Ana Ćuća del Centre for Peace Studies (CMS, por sus siglas en croata), con sede en Zagreb, una de las organizaciones que llevan más de una década apoyando a los refugiados y a los solicitantes de asilo.

Madina Hosseini murió arrollada por un tren en la madrugada del 22 de noviembre de 2017 después de que ella y su familia (que eran refugiados afganos) fueran obligados por agentes de la policía croata a seguir las vías del tren hacia la ciudad serbia de Šid. Tras su muerte, el CMS y Are You Syrious, otra ONG dedicada a ayudar a los refugiados que se encuentran en la ruta de los Balcanes, apoyaron a la familia Hosseini y señalaron su caso a la atención pública.

“Fue entonces cuando empezamos a sentirnos presionados por el Ministerio del Interior. Así pues, cuando programamos una rueda de prensa para compartir públicamente más información sobre la muerte de Madina, la policía llamó a la puerta de todos los que iban a tomar la palabra en la rueda de prensa y los citaron para asistir a unas “charlas informativas” en la comisaría, programadas exactamente a la misma hora que la rueda de prensa”, recuerda Ćuća en una entrevista telefónica con Equal Times.

Ćuća también sostiene que el Ministerio del Interior ha influido en la imagen que dan los medios de comunicación de las ONG. Los nombres de organizaciones como CMS y Are You Syrious empezaron a mencionarse en el mismo contexto que el de los traficantes.

El ministro del Interior, Davor Božinović, declaró que estábamos repartiendo entre los refugiados que se encontraban en la frontera serbia nuestros números de teléfono, dinero y mapas con las mejores rutas para acceder a Croacia”, cuenta Ćuća, que lo desmiente y señala la inexistencia de pruebas que lo puedan demostrar. En su opinión, “este tipo de discurso ha transformado la imagen pública de las ONG que ayudan a los refugiados en el país”.

En abril de 2018, Dragan Umičević, voluntario de Are You Syrious, fue acusado de incurrir en un delito menor por haber ayudado a ciudadanos de terceros países a cruzar ilegalmente la frontera serbo-croata. Ćuća afirma que Umičević no hizo más que acompañar a una familia de refugiados a la comisaría más cercana para que pudieran solicitar asilo, pero se arriesgaba a una pena de cárcel y a una multa de 43.000 euros. En una sentencia no firme, fue condenado a pagar 60.000 kunas (aproximadamente 8.000 euros).

“En 2018 desistimos [de seguir acompañando a refugiados a las comisarías para que pudieran solicitar asilo]. Cada vez más veces, en lugar de poder apoyar a las personas, nuestros voluntarios se veían sometidos a amenazas verbales e intimidación”, explica Ćuća.

También en 2018, el Ministerio del Interior prohibió a los voluntarios del CMS acudir a los centros para solicitantes de asilo donde habían estado enseñando croata a los refugiados y proporcionándoles apoyo y asesoramiento para su integración. En la actualidad, la ONG cuenta con una línea telefónica gratuita que ofrece asistencia jurídica, mientras que los voluntarios siguen enseñando croata a los solicitantes de asilo y les ayudan a encontrar trabajo fuera de los centros oficiales. “El problema es que, como no tenemos acceso a los centros de asilo, somos menos visibles, de manera que con frecuencia la gente ni siquiera sabe que existimos”, apunta Ćuća.

Miedo interiorizado en Eslovenia; creciente tensión en Serbia

La criminalización de la solidaridad y las diferentes formas de intimidación también están presentes en otros países de la región. En Eslovenia, Miha Blažič, de la ONG Delovna skupina za azil (Grupo de Trabajo sobre el Asilo), cree que la sociedad civil ha interiorizado el miedo a la persecución, por lo que la intimidación policial “ni siquiera es necesaria”.

“Es imposible insistir lo suficiente en lo fuerte que se ha vuelto el estigma del ‘cruce ilegal de fronteras’ y del ‘contrabando de personas’ en el discurso público en Eslovenia. [...] El estigma también se contagia de forma natural a los grupos de defensa”, añade.

Blažič menciona el ejemplo de un grupo de refugiados afganos que querían solicitar asilo en Eslovenia y esperaban que alguien pudiera acompañarlos a la comisaría y proporcionarles asistencia jurídica. “Nos pusimos en contacto con el Centro de Información Jurídica oficial, que se supone representa a los migrantes, para preguntar si podían ayudar, pero respondieron que eso era trabajo de la policía y que ellos no podían involucrarse [ni decidir] quién es devuelto y quién aceptado. Así que nadie quiere asumir la representación de los solicitantes de asilo hasta que hayan sido efectivamente admitidos en el proceso de solicitud de asilo. Está claro que [algunas ONG] han interiorizado la retórica de la policía”, afirma Blažič.

El reciente endurecimiento de las condenas (hasta 15 años de cárcel) por ayudar a migrantes indocumentados, y el temor a ser procesados, han hecho que los grupos de defensa eslovenos renuncien a la supervisión policial tal y como siguen haciendo las organizaciones en Bosnia y en Croacia.

En Serbia, Stevan Tatalović, de Info Park, una red de centros que ofrece ayuda e información a los refugiados en Serbia, considera que allí se ha dado una tendencia parecida.

“Desde 2017, cuando los migrantes fueron trasladados de los barracones (unos almacenes abandonados que ocupaban, cerca de la principal estación de tren de Belgrado), la naturaleza del trabajo humanitario ha cambiado. La labor de las organizaciones no tiene por qué ser cuestionado por las autoridades, puesto que las organizaciones ya solo realizan el trabajo que les permiten las autoridades”, señala Tatalović.

Sin embargo, Tatalović admite que la situación es más complicada en las zonas fronterizas, donde tanto los migrantes como los cooperantes voluntarios han sido blanco de ataques. En enero de 2020, Are You Syrious informó en uno de sus boletines diarios que los equipos de voluntarios independientes “fueron expulsados de las zonas fronterizas” por la policía serbia. “A finales de 2019, solo la ONG española No Name Kitchen y algunos miembros de la red internacional Border Violence Monitoring Network, dedicada a supervisar la situación de los derechos humanos, lograron mantener su presencia en las zonas del norte de Serbia”.

En octubre de 2020, la Border Violence Network señaló que los voluntarios de la ciudad serbia de Šid (cerca de la frontera croata) se estaban enfrentando a un acoso creciente por parte de grupos locales, como el grupo fascista Omladina Šida (Juventudes de Šid). Estos reclamaban que se expulsara de Šid a los voluntarios de No Name Kitchen, y que se expulsara del municipio a las personas desplazadas.

Los voluntarios de Šid también denunciaron la publicación en las redes sociales de fotos suyas sin su consentimiento y la injerencia de la policía en la distribución de alimentos. En diciembre de 2020 la policía detuvo a un activista local de No Name Kitchen que estaba ayudando a los refugiados, acusándolo de entorpecer el trabajo de la policía. Entre octubre y diciembre de 2020, la policía ordenó a ocho activistas de No Name Kitchen que abandonaran Serbia y les prohibió regresar durante un año por “no tener los permisos adecuados para hacer su trabajo”.

Ante los constantes rechazos en frontera por parte de Croacia, y la actual crisis en Bosnia, –donde recientemente se han desplomado las temperaturas, siguen aumentando las infecciones de covid-19 y se calcula que 2.500 personas duermen a la intemperie–, muchos refugiados han empezado a regresar a Serbia. Pero allí se encuentran con la misma hostilidad. En las últimas semanas, Info Park ha constatado una intensificación de las medidas policiales contra los refugiados y los migrantes, algunos de los cuales están siendo trasladados a centros de acogida remotos en el sur de Serbia. Ocasionalmente, Las Patrullas del Pueblo, un grupo de justicieros antiinmigrantes, actúan durante estas intervenciones policiales, abordando a los refugiados y entregándolos a la policía. A las personas más necesitadas de protección se les sigue privando de ella en casi todo momento.