En la última década, y en especial en 2020 coincidiendo con el inicio de la pandemia del coronavirus, la magnitud total de las desigualdades que existen en todo el mundo ha salido a la luz. Antes de este Día Internacional de la Mujer nos gustaría hacer hincapié en los modos en que las mujeres –ya sean indígenas, trabajadoras rurales o las que se enfrentan a una ocupación– resisten y se movilizan frente a las múltiples crisis de larga duración. Los actuales sistemas patriarcales, las desigualdades estructurales y las leyes discriminatorias llevan tiempo impidiendo un progreso significativo en los ámbitos de la igualdad de género y los derechos de la mujer. Para las mujeres que viven en crisis por conflictos y se enfrentan a constantes catástrofes ambientales y a crisis económicas cíclicamente, la pandemia de la covid-19 ha significado un golpe más que ha afectado gravemente a su derecho a una alimentación adecuada.
Los conflictos constituyen un factor clave y constante del colapso del sistema alimentario: más de la mitad de las personas desnutridas viven en países en situación de conflicto. Los fenómenos meteorológicos extremos, las crisis económicas y el cambio climático también son factores frecuentes de las crisis alimentarias y afectan gravemente a los sistemas alimentarios. Las necesidades de fondos para la seguridad alimentaria en los llamamientos de carácter humanitario ascendieron a 9.000 millones de dólares (USD) en 2020, es decir, que aumentaron significativamente desde los 5.000 millones USD de 2015.
Las crisis se manifiestan de diferentes maneras y adoptan diversas formas. Pueden afectar únicamente a grupos específicos dentro de una población o provocar la destrucción de naciones enteras.
Las comunidades marginadas, y específicamente los pueblos indígenas, llevan tiempo sufriendo una crisis de inseguridad alimentaria. Además, en muchas partes del mundo las mujeres y las niñas se enfrentan a una crisis provocada por arraigadas prácticas discriminatorias que afectan directamente a su seguridad alimentaria. Las trabajadoras agrícolas pueden sufrir unas condiciones laborales injustas que suponen una escasa seguridad laboral, salarios más bajos que sus colegas masculinos y ningún tipo de prestación por enfermedad ni de permisos de maternidad, a la vez que se ven expuestas a un ambiente laboral a menudo inseguro.
Incluso en los países ricos del hemisferio norte, los pueblos indígenas suelen enfrentarse a unos niveles sumamente elevados de inseguridad alimentaria. Esto se debe principalmente a las consecuencias de la colonización, entre las que se incluyen la usurpación de tierras, el acceso seriamente restringido a las zonas de caza, pesca y recolección de alimentos silvestres, así como la llegada y el predominio de un sistema alimentario colonial totalmente nuevo. En muchas regiones del planeta, las mujeres indígenas, cuyo acceso a los alimentos tradicionales se ha visto gravemente restringido, deben depender de alimentos caros y a menudo poco sanos y ultraprocesados para alimentar a sus familias.
Atrapadas en un atolladero formado por múltiples crisis, las mujeres y las niñas siguen siendo el grupo más perjudicado, a menudo de forma desproporcionada. En los conflictos armados, por ejemplo, las adolescentes tienen un 90% más de probabilidades de verse obligadas a dejar la escuela y el 70% de las mujeres en contextos de asistencia humanitaria tienen más probabilidades de sufrir la violencia de género. Las medidas de confinamiento durante la pandemia han agravado la violencia doméstica en todo el mundo y muchas mujeres se han visto obligadas a dar prioridad al trabajo no remunerado de los cuidados y a las responsabilidades domésticas relacionadas con su género.
Los derechos de la mujer están consagrados y se ven reforzados mediante varios mecanismos jurídicos políticos e internacionales, entre los que se incluye la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés). El Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (CFS-FFA) aborda las desigualdades y vulnerabilidades a las que se suelen enfrentar las mujeres y las niñas en crisis que afectan negativamente a su seguridad alimentaria y nutritiva. La resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce y ratifica el papel que desempeñan las mujeres para prevenir y resolver los conflictos y consolidar la paz, así como para desarrollar las respuestas humanitarias y la reconstrucción posterior a los conflictos. Además, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en 2019, es la primera norma laboral internacional en abordar el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso de género.
Habitualmente, estas políticas y leyes se aplican de manera muy deficiente –si es que se llegan a aplicar–. En muchas regiones, a las mujeres y las niñas les desalojan varias veces a lo largo de sus vidas y les impiden sistemáticamente reivindicar su derecho a la tierra para sobrevivir y ganarse la vida. Incluso en los casos en los que la legislación nacional se adapta a la CEDAW, en la práctica puede darse prioridad a las costumbres tradicionales locales que niegan a las mujeres su derecho a la tierra.
El apoyo al ingenio y la resiliencia de las mujeres
A pesar de estos retos, las mujeres y las niñas en contextos de crisis son, por necesidad, resilientes e ingeniosas y disponen de una amplia gama de conocimientos que promueven la consolidación de la paz y los esfuerzos humanitarios. La experiencia y las investigaciones demuestran que cuando se incluye a las mujeres en las acciones humanitarias todas sus comunidades se benefician. Las mujeres suelen ser las primeras en responder ante una crisis y desempeñan un papel fundamental en la supervivencia y la reconstrucción de sus comunidades.
En Palestina, las mujeres que han sido desposeídas de sus tierras desde 1947 se han convertido en empresarias agrícolas y están desarrollando la capacidad de resiliencia y resistencia ante el actual bloqueo, la ocupación y el sistema de apartheid que aplica el Estado israelí.
Entre las medidas que han adoptado se encuentran la conservación, el intercambio y el cultivo de variedades de semillas tradicionales. Una mujer palestina de Cisjordania fundó la primera y única Biblioteca de Semillas de la Herencia Palestina, que preserva y distribuye ampliamente las semillas tradicionales, mientras que el Foro de Empresarias Agrícolas Urbanas de la Franja de Gaza preserva y comparte semillas para cultivarlas en las azoteas y los huertos urbanos de los campos de refugiados y ciudades densamente pobladas de Gaza. Dichas actividades no solo ayudan a facilitar el acceso a unos alimentos frescos y sanos, sino que también constituyen una forma de resistencia frente a las medidas israelíes que amenazan a la cultura agrícola palestina.
En muchas zonas de Uganda, las mujeres han podido sobrevivir a las crisis económicas convirtiéndose en ingeniosas trabajadoras del sector informal: como vendedoras ambulantes de comida, trabajadoras agrícolas o del sector pesquero y en cualquier otro empleo que les permita tener más ingresos. Debido a sus habilidades de supervivencia y a su creciente autonomía, han sido acusadas de brujería y perseguidas mediante ‘cazas de brujas’. Por estas acusaciones se han visto despojadas de sus tierras, hogares y medios de vida y han quedado expuestas a un grave ostracismo social. Contra todo pronóstico, estas mujeres se han movilizado y conseguido el apoyo de numerosas organizaciones locales. Ahora están trabajando para luchar contra estas prácticas mediante herramientas jurídicas y de sensibilización.
Las mujeres afectadas y los grupos locales por los derechos de la mujer también están utilizando cada vez más vías legales y de sensibilización para hacer frente a la actual crisis que ha provocado la pérdida de su patrimonio. En India y varios países de África se están impartiendo cursos de formación para calcular el costo real de las pérdidas a las que se enfrentan las mujeres debido a estas prácticas discriminatorias.
Las crisis provocan unas condiciones de vida inimaginables y muy poco favorables y suponen una carga mucho más pesada para las mujeres. Hemos podido observar cómo las mujeres siguen movilizándose y convirtiéndose en importantes líderes del cambio y la resistencia, incluso durante las crisis.
Antes del Día Internacional de la Mujer recordamos a los gobiernos y a todos los agentes de los contextos de la crisis y de la ayuda humanitaria que adaptar la legislación y las políticas nacionales a las normas internacionales ya no es suficiente. Los derechos de la mujer sobre el papel también deben reflejarse en sus vidas cotidianas.
Esto se puede lograr mejor si se lleva a cabo un seguimiento sistemático de los resultados sobre el terreno en la respuesta a las crisis mediante el uso de una perspectiva de género reforzada. También es importante que a las mujeres afectadas se les brinde la oportunidad de participar en condiciones de igualdad en la toma de decisiones, como en la respuesta a las crisis y en los modos de abordar las causas de fondo de dichas crisis. Aunque la responsabilidad primordial de garantizar los derechos humanos recae sobre nuestros gobiernos, la sociedad civil y los ciudadanos corrientes pueden desempeñar un papel muy importante como vigilantes durante estas crisis. La transición hacia un mundo justo, igualitario y sostenible depende de todos nosotros.
