El anuncio era ambicioso y debía marcar el inicio de una nueva era para la juventud congoleña. El 20 de agosto de 2019, Tina Salama, portavoz del nuevo presidente, Félix Tshisekedi, anunció que a partir de entonces la enseñanza sería gratuita para los jóvenes congoleños. El objetivo era garantizar que los niños, en particular los procedentes de familias y comunidades de bajos ingresos, tuvieran acceso a una educación básica. La noticia fue bien recibida por la población y las organizaciones internacionales que proporcionan asistencia al país porque, con 36 millones de habitantes menores de 14 años (es decir, el 46% de la población), 4 millones de niños no escolarizados en 2018 según el Banco Mundial y el 217º lugar (de 228) en la clasificación de países en el índice de desarrollo humano, era urgente solucionar este problema.

La política sobre la enseñanza gratuita sigue siendo objeto de debate dos años más tarde. Las críticas son duras. Desde el comienzo de curso en 2020, varias escuelas han sido noticia. En algunas escuelas, los profesores fueron a la huelga para reclamar el pago de sus salarios. En otras, las asociaciones de padres de alumnos decidieron pagar “tasas de motivación” a los profesores.

“En general, la enseñanza gratuita funciona mal: no se paga a los profesores, la calidad de la enseñanza es insatisfactoria… Ahora mismo es lícito preguntarse si la enseñanza gratuita tiene futuro”, reflexiona en una entrevista para Equal Times Innocent Shamavu Bahala, presidente provincial de la Fuerza sindical nacional de Kivu del Norte (FOSYNAT).

Para comprender cómo es posible desear este retroceso, hay que analizar la organización de la enseñanza durante las últimas décadas en la República Democrática del Congo (RDC). Ante la falta de recursos crónica del Estado, los padres se han hecho cargo esencialmente de la educación, complementando los salarios de los profesores. Este dinero extra se sumaba al salario mensual básico de 90 dólares estadounidenses (74 euros) pagado por el Estado. Así, según los medios de las familias que escolarizaban a sus hijos, la remuneración podía ser más elevada y superar a veces los 150 dólares (124 euros), llegando incluso a alcanzar los 300 o 400 dólares (247 a 330 euros) en algunas escuelas de los centros urbanos.

Por término medio, las familias gastaban alrededor de 65 dólares (54 euros) por año y por hijo en primaria, según el UNICEF; se trata de una suma importante en un país donde el PIB por habitante es de 1.147 dólares (946 euros), y a menudo era más elevada en las ciudades. “Cada año pagaba cerca de 300 dólares por mis tres hijos”, explica Jeanine Sikwangabere, una madre de familia de Goma.

“Este dinero servía para pagar a los profesores y cubrir los gastos de funcionamiento de la escuela. La institución pagaba directamente a los profesores, quienes tenían más o menos asegurado el salario. Con el nuevo sistema, solo pagamos algunas tasas a las escuelas. Sabemos que no deberían pedirlas, pero las seguimos pagando para salvar la enseñanza de nuestros hijos y, a fin de cuentas, pagamos menos que antes. Es una buena noticia para nuestros bolsillos, pero no para los de los profesores. ¡Nadie se hace cargo ahora de sus salarios!”.

Profesores que no cobran su salario y sospechas de desvío de fondos

De hecho, el despertar ha sido cruel para la comunidad educativa tras el comienzo académico de 2019-2020. La mayoría de los profesores esperaban una mejora considerable de su condición, ya que el Secope (Servicio de control del salario de los profesores) había fijado una remuneración media de 207 dólares (171 euros). Sin embargo, algunos docentes experimentaron una reducción de su salario real, puesto que las escuelas ya no podían solicitar el pago de tasas suplementarias a las familias.

Lo más grave es que algunos profesores no han recibido su salario. La angustia de algunos ha sido tal que, en Goma, profesores que han recibido su salario han puesto dinero para ayudar a sus colegas olvidados. Sin embargo, el ministerio de Enseñanza Primaria, Secundaria y Técnica se ha defendido de todo error, explicando que esta situación obedece a la presencia de “nuevas unidades” (profesores que aún no están oficialmente reconocidos en el sistema escolar). “Hasta ahora, la presencia de estos profesores no reconocidos no planteaba ningún problema al ministerio porque nosotros nos encargábamos de pagarles”, explica a Equal Times un director de escuela que desea permanecer en el anonimato porque es un asunto delicado. El ministerio se muestra más cuidadoso ahora que ha asumido la responsabilidad de los pagos, nos dice.

A raíz del impago de los salarios de estas “nuevas unidades” se iniciaron huelgas en numerosas escuelas del país poco después del inicio del curso de 2020.

“Nadie cuestiona las buenas intenciones de la medida. Todos los padres quieren una educación gratuita para sus hijos y todos los profesores quieren impartirla, pero el trabajo de los profesores debe ser reconocido, y remunerado”, se queja Innocent Shamavu Bahala.

La huelga finalizó después de que el Estado prometiera pagar los salarios. Según el ministerio, 132.000 profesores recibieron su salario en enero de 2021; el ministerio también destaca que los profesores que recibían entre 40 y 50 dólares (33-41 euros) ahora percibían unos 150 dólares. “Sin embargo, los profesores que conocemos a través del sindicato ¡no forman parte de las personas que han recibido su salario!”, matiza Innocent Shamavu Bahala. Era lo que faltaba para que algunos temieran que “se habían comido” el dinero por el camino, una práctica frecuente consistente en que cada nivel de la administración se queda con parte del dinero que circula por sus servicios para cubrir sus gastos.

De ahí que FOSYNAT pidiera al Gobierno que organizara una investigación para explicar los problemas relativos al pago de los salarios y crear un registro de “nuevas unidades” para pagar sus salarios. La rápida investigación llevada a cabo hizo sospechar la creación de un sistema de profesores ficticios que permitía desviar una parte de los fondos. El inspector general de Enseñanza Primaria, Secundaria y Técnica (EPST), Michel Diamba Kaombo, fue detenido y condenado a 20 años de trabajos forzados.

Infraestructuras deficientes y un problema presupuestario grave

Sin embargo, estos progresos en cuanto al pago de los salarios no bastan para calmar la ira de los padres de los alumnos ante otro problema provocado por la enseñanza gratuita: el hacinamiento en las escuelas. “Las aulas se han convertido en auditorios”, cuenta Fred Bauma en un análisis de Congo Research Group, en referencia a los auditorios repletos de alumnos de las universidades congoleñas. Sobre el terreno, el número de alumnos se ha disparado en muchas escuelas desde que la enseñanza es gratuita.

“La enseñanza gratuita se puso en marcha antes de estudiar los mecanismos complementarios”, indica a Equal Times Julienne Kasilamo, encargada de la educación en Société civile (una red nacional que reúne a diversas asociaciones del país). “No hay infraestructuras adecuadas: el Gobierno no ha construido escuelas ni ha pedido pupitres… Hemos visto escuelas donde los niños estudiaban incluso en el suelo. Según las normas de la UNESCO, un profesor no puede enseñar a más de 50 alumnos. Actualmente tenemos el doble, o incluso más, en algunas escuelas”. Se han denunciado problemas de este tipo en casi todo el país y los padres temen que la calidad de la enseñanza disminuya. “La enseñanza gratuita es sin duda un rayo de esperanza para muchas familias. Ha sido la salvación para aquellas que antes no podían enviar a sus hijos a la escuela por falta de medios económicos”, insiste Julienne Kasilamo.

“Es algo positivo para la educación de nuestros hijos y lo necesitamos para reconstruir nuestro país. Pero es necesario que vaya acompañado del número adecuado de profesores. También es necesario que tengamos los medios para adquirir material e infraestructuras…”, añade.

¿Es sostenible esta enseñanza primaria y secundaria gratuita dados los problemas actuales de impago de los salarios de los profesores y la falta de infraestructuras? Las respuestas facilitadas por el Gobierno son motivo de inquietud. El análisis de Congo Research Group destaca que la enseñanza gratuita supone un gasto importante para las finanzas públicas que asciende a 2.900 millones de dólares (2.391 millones de euros), es decir, el 42% del presupuesto del Estado. Lo que es más preocupante, solo se han previsto 440.000 dólares (363.000 euros) para el año escolar en curso, es decir, solo una sexta parte del presupuesto necesario. Esta situación lleva al Observatorio de los gastos públicos (Odep), una organización congoleña especializada en hacer un seguimiento de los gastos del Estado, a predecir el fracaso de la promesa clave del Jefe de Estado y a calificarla de “insostenible”.

En vista de esta situación, el Gobierno ha anunciado su deseo de recurrir a “modos innovadores de financiación”. La innovación mencionada no es finalmente tan novedosa para la RDC: se trata de recurrir a un donante externo, en este caso el Banco Mundial. Esta alternativa no tranquiliza a Fred Bauma, de Congo Research Group. “No es una buena situación. La ayuda está supeditada a algunas reformas o promesas de reformas que, en caso de no ser acometidas, podrían llevar a la suspensión de la ayuda”, advierte, lo que entraña el riesgo de dejar a los niños sin solución para su educación.

Ejemplos de otros países

El desafío de la financiación de la educación al que se enfrenta la RDC no es un caso aislado en el África subsahariana. En 2017, el nuevo presidente ghanés, Nana Akufo-Addo, llevó a la práctica su promesa de campaña de hacer la enseñanza secundaria gratuita. La medida fue un éxito popular, ya que el número de alumnos pasó de 308.000 a 430.000 en un año.

Evidentemente, esto planteó numerosos problemas para los establecimientos, que no tuvieron suficiente tiempo para prepararse. El sistema de educación secundaria se adaptó mediante la imposición a los alumnos de un sistema de alternancia en el que unos asisten a la escuela mientras que otros descansan. Este aspecto de la puesta en práctica de la promesa de campaña del presidente Nana Akufo-Addo ha sido criticado. Muchos padres están ahora furiosos porque sus hijos no hacen nada durante dos meses y se quejan de que la calidad de la educación no está garantizada. La presidencia se ha comprometido a construir nuevas escuelas y a acabar con este sistema de aquí a 2025.

Esta situación pone de manifiesto un problema de fondo al que se enfrentan muchos países de ingresos bajos y medios: la capacidad de los Estados de financiar un sistema educativo a la altura de las expectativas de su población.

La UNESCO constató en 2015 que los países de África subsahariana ya destinaban en promedio el 17% de su presupuesto a la educación (frente al 12% en los países europeos y de Norteamérica). En la RDC, donde el coste de la educación primaria y secundaria asciende al 49% de su presupuesto, nadie espera que las autoridades puedan hacer más.

Por tanto, solo queda la solución de la financiación exterior. Fred Bauma, de Congo Research Group, concluye que, si bien se pueden encontrar soluciones a corto plazo, no pueden considerarse sostenibles: “A fin de cuentas, la financiación de la enseñanza gratuita es una cuestión que va necesariamente unida a la capacidad del Estado de movilizar los recursos y poner fin a la corrupción. A falta de ello, toda ayuda exterior no será más que un parche que nos abocará a una situación de dependencia”.