La pandemia ha restringido aún más los derechos reproductivos en Europa Central y del Este

La pandemia ha restringido aún más los derechos reproductivos en Europa Central y del Este

Romanian women show support for Polish women during a flashmob in Piata Universitatii Square in Bucharest on 3 October 2016. Hundreds of thousands of people across Poland participated in a ‘women’s strike’ to oppose a proposed near-total ban on abortions in the devoutly Catholic country, which has been ruled by the right-wing, national-conservative Law and Justice party since 2015. The ban eventually came into force on 27 January 2021.

(AFP/Daniel Mihailescu)

El pasado mes de marzo, Klaudia Kuzdub recibió en su buzón un discreto paquete anónimo con cinco pastillas envueltas en un papel normal. Esta informática de 26 años, de Cracovia (Polonia), se tomó la primera píldora del fármaco llamado Mifepristona y, 24 horas después, siguiendo las instrucciones del correo electrónico, tomó cuatro comprimidos de Misoprostol. Acompañada de su mejor amiga, Klaudia acababa de someterse a un aborto médico, un método aprobado por la Organización Mundial de la Salud hasta la duodécima semana de embarazo. Las píldoras se las enviaron a Klaudia desde Women Help Women, una organización internacional sin ánimo de lucro que ayuda a las mujeres a abortar. “Lo más duro fue esperar el paquete. La organización había indicado que no podía garantizar nada con la pandemia. Tuve suerte: me llegó en una semana”, dice Klaudia.

Desde el 27 de enero de 2021, el aborto sólo es legal en Polonia en caso de violación, incesto o si está en juego la vida o la salud de la mujer. Polonia ya contaba con una de las leyes sobre interrupción voluntaria del embarazo más restrictivas de Europa, pero una sentencia de octubre de 2020 determinó que la ley de 1993, que solo permitía abortar en caso de anomalías fetales graves, era inconstitucional. Dado que en 2019 el 98% de los 1.200 abortos legales practicados en Polonia tuvieron lugar por estos motivos, dicha sentencia prohibió, de facto, la mayoría de las interrupciones del embarazo.

La preservación de los “valores tradicionales de la familia” ha servido de justificación a la agenda derechista y ultraconservadora del partido Ley y Justicia (PiS) desde su llegada al poder en 2015.

En 2016, las protestas nacionales conocidas como la huelga de mujeres del “lunes negro” impidieron que el PiS, azuzado por las fuerzas ultraconservadoras respaldadas por la Iglesia católica, instituyera entonces una prohibición casi total del aborto. Pero, en la larga guerra por la justicia reproductiva de las mujeres polacas, el Gobierno ha ganado la última batalla mediante la ley de enero de 2021.

Aunque la prohibición casi total del aborto en Polonia se produjo en plena segunda ola de la pandemia de covid-19, el movimiento polaco a favor del derecho a decidir consiguió lanzar la coalición Aborto sin Fronteras apenas tres meses antes del comienzo de la pandemia. Esta iniciativa paraguas incluye, entre otras, a Women Help Women y a otras cinco ONG, y se dio a conocer al público durante las protestas multitudinarias convocadas el pasado otoño como respuesta a la sentencia. A raíz de la nueva prohibición del aborto y de la pandemia, la línea de ayuda al aborto creada por Women Help Women, ampliamente difundida, recibió 6.500 llamadas entre octubre de 2020 y abril de 2021.

Incluso antes de enero, se calcula que la mayoría de los 100.000 abortos clandestinos practicados por mujeres polacas fueron abortos médicos en casa. Sin embargo, las restricciones a la movilidad impuestas durante la pandemia no ha hecho más que aumentar la demanda. En los últimos seis meses, Women Help Women ha recibido 47.000 consultas y repartido 10.000 píldoras abortivas. “La ley polaca no criminaliza a una mujer que se provoca su propio aborto, así que hacerlo es completamente seguro”, explica Kinga Jelinska, una de las fundadoras en 2014 de Women Help Women. Sin embargo, a veces los médicos acosan a sus pacientes. Cuando Klaudia acudió a su hospital local después de sufrir una hemorragia tras el aborto, el ginecólogo la amenazó con denunciarla a las autoridades. Incluso después de una ecografía, el médico se negó a confirmar la interrupción del embarazo de Klaudia. “Me asusté”, recuerda. Unas semanas después, Klaudia recibió una llamada de la policía diciendo que investigarían su caso, aunque no ha vuelto a saber nada de ellos.

Un viaje de seis días a una clínica

Las polacas que quieren acceder a un aborto quirúrgico se desplazan a países vecinos como la República Checa, Eslovaquia y Alemania, pero las restricciones a los viajes impuestas durante la pandemia han complicado mucho sus desplazamientos. “En realidad, la covid-19 es sólo un obstáculo más que demuestra lo que las mujeres están dispuestas a hacer cuando no quieren seguir embarazadas”, afirma Mara Clarke, fundadora de la Red de Apoyo al Aborto. Esta organización benéfica con sede en el Reino Unido –que también forma parte de Aborto sin Fronteras– facilita a las polacas abortar en clínicas británicas y proporciona ayudas económicas para los abortos médicos en otros países europeos donde el aborto está muy restringido.

“Cuando anunciaron el cierre de los aeropuertos el año pasado, la línea de asistencia telefónica polaca recibió 115 llamadas en dos días”, dice Clarke. La relajación gradual del confinamiento está permitiendo que se realicen más viajes para abortar, pero con mayores restricciones. Lo que antes era un viaje de uno o dos días, hoy puede durar hasta seis. Además, ahora cuesta mucho más: el precio de un aborto ha subido en algunas clínicas y las viajeras también tienen que costearse las pruebas de covid y, en algunos casos, los días de cuarentena.

Además, tienen que sortear otros obstáculos, como el menor número de citas disponibles en las clínicas; la imposibilidad de encontrar alojamiento, debido a las prohibiciones de viajar; las largas colas en los pasos fronterizos y, por si esto fuera poco, la dificultad de organizar el cuidado de sus hijos. “El 80% de las pacientes polacas que acuden a nuestra clínica [ya] tienen familia”, explica Anna Jaskolska, una asistente polaca de la clínica Gynmed, ubicada en Viena (Austria) y especializada en abortos y planificación familiar. “También te ves obligada a explicar a tus familiares por qué vas a viajar durante la pandemia”, reflexiona Clarke, haciendo referencia al tabú que suele rodear la decisión de abortar.

Las prestaciones sociales de quienes pueden someterse a un aborto quirúrgico se han reducido mucho. “Estaría bien tener un espacio seguro y tranquilo que ofrecer a las mujeres que vienen a la República Checa [para abortar], especialmente las que se encuentran en una relación abusiva. Pero, en la actualidad, los polacos sólo pueden permanecer un máximo de 12 horas en la República Checa, si quieren evitar la cuarentena”, explica Jolanta Nowaczyk, voluntaria de Ciosia Czecia, un colectivo de activistas creado específicamente para ayudar a las polacas a abortar en la República Checa. Otra consecuencia de la covid-19 es la limitación a entrar solo la paciente en los quirófanos checos donde, “excepto en las clínicas privadas, es poco probable que el personal hable polaco”, dice Nowaczyk.

Asesoramiento obligatorio en Hungría, abortos no urgentes en Rumanía

En Hungría, donde los abortos quirúrgicos (aunque no los médicos) son legales hasta la duodécima semana de embarazo, la pandemia no restringió los abortos. Sin embargo, las pacientes que abortan están obligadas legalmente a realizar dos sesiones de asesoramiento con una enfermera de distrito, que a veces se convierten en un sermón moral o en un chantaje emocional. “Las pacientes húngaras nos cuentan sus terribles experiencias en esas reuniones”, dice el doctor Christian Fiala, fundador de Gynmed, que afirma que las pacientes húngaras acuden a menudo a su clínica para someterse a los abortos médicos que están prohibidos en su país.

“Hemos tenido numerosos casos de mujeres húngaras que acuden a nosotros porque creen haber superado su duodécima semana de embarazo, cuando en realidad a veces sólo están de ocho semanas”, dice Fiala (en Austria, el aborto es legal hasta la decimocuarta semana). “Esto significa que les han mentido en su país”, en un intento de evitar que aborten.

El acceso al aborto quirúrgico ha sido aún más escaso en Europa del Este. En Rumanía, al principio de la pandemia, los abortos no se consideraban un servicio sanitario esencial, por lo que no estaban disponibles para las personas con embarazos no deseados.

A pesar de que el aborto está garantizado desde 1990 hasta la decimocuarta semana de embarazo por la ley rumana, sólo el 11% de los hospitales públicos (de entre los que realmente realizan abortos) ofrecían practicar abortos quirúrgicos entre marzo y principios de mayo de 2020. En Bucarest, la capital de Rumanía, con dos millones de habitantes, ni un solo hospital ofrecía la posibilidad de abortar durante este periodo, con una sola excepción: una clínica privada que cobra 830 dólares (684 euros) por la operación, el equivalente al salario medio mensual. En los hospitales públicos, los abortos no suelen costar más de 120 dólares (99 euros).

Centrul Filia, la ONG rumana defensora de los derechos de la mujer elaboró un mapa mostrando los hospitales que realizaban abortos durante el confinamiento y, en muchas de las regiones más pobres del país, no había ninguna ayuda disponible. “Las mujeres optaron por varias soluciones para abortar, lo cual puede provocar una septicemia mortal”, afirma Radu Vladareanu, presidente de la Sociedad Rumana de Obstetricia y Ginecología.

Ana-Maria (nombre ficticio), de 19 años, pensó en abortar por su cuenta, pero acabó encontrando un médico en Bucarest que realizaba la operación en su piso. “Todo parecía limpio, pero no me quedé tranquila”, contó a la ONG de educación sexual Sexul vs Barza, que compartió su testimonio con su consentimiento. Sin embargo, otras personas no tuvieron tanta suerte. Según datos de fuentes oficiales obtenidos por Centrul Filia bastantes mujeres practicaron abortos caseros inseguros el año pasado. A pesar de que desde mayo de 2020 el Gobierno incluyó los abortos en su lista de servicios sanitarios esenciales, a día de hoy sigue siendo difícil abortar. Las consecuencias pueden resultar fatales: una mujer murió tras someterse a un aborto quirúrgico en una clínica privada en septiembre de 2020, porque ningún hospital público de su zona realizaba el procedimiento. Estas circunstancias recuerdan a la época de Ceaușescu, cuando en 1966 el dictador promulgó un decreto contra el aborto. Hasta la revolución de 1989, se calcula que al menos 10.000 mujeres murieron a causa de abortos clandestinos.

Acceso desigual

Tampoco resulta fácil acceder a los abortos médicos, que son especialmente necesarios en las zonas rurales con limitados servicios de salud. De hecho, esta situación podría explicar el repentino aumento a finales de 2020 de la tasa de natalidad de Rumanía, que llevaba años cayendo en picado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en diciembre (nueve meses después del inicio de las restricciones) nacieron en Rumanía 15.857 niños –433 más que en diciembre de 2019 y 1038 más que en diciembre de 2018–. En cambio, el número de abortos se redujo un 35% en 2020 en comparación con 2019.

“Veo una clara correlación entre la falta de acceso al aborto y el aumento de la tasa de natalidad nueve meses después del confinamiento”, explica Adina Paun, matrona rural, quien también afirma que “la Iglesia Ortodoxa –una institución muy poderosa en algunas regiones– está contra el aborto, además de contra la educación sexual y los anticonceptivos”.

De hecho, en los últimos años, Rumanía ha visto cómo las opiniones religiosas influyen en el ámbito de los derechos reproductivos. Según una encuesta realizada en 2019 por Centrul Filia, casi un tercio de los servicios de ginecología de los hospitales públicos decidieron dejar de realizar abortos quirúrgicos, la mayoría alegando razones de conciencia. También han aparecido las conocidas como clínicas para “crisis de embarazo”, que fingen ayudar a las mujeres que quieren abortar cuando, en realidad, intentan animarlas a dar a luz.

La pandemia de covid-19 ha golpeado con más fuerza, una y otra vez, a las comunidades marginadas, y el acceso al aborto no es una excepción.

Las personas sin recursos tienen menos posibilidades de acceder a la información necesaria y menos capacidad de cubrir los gastos que implica un aborto, incluidos los costes adicionales derivados de la pandemia. De ahí que haya mujeres que no hayan podido eludir los embarazos no deseados. La situación reviste mayor gravedad si cabe en Rumanía y Polonia, donde la cuestión del aborto es objeto de debate en todos los medios de comunicación, sobre todo desde hace unos meses. El Gobierno de Rumanía está elaborando su próxima Estrategia Nacional de Salud Reproductiva (2021-2024) y está sentado a la mesa con organizaciones proabortistas como Centrul Filia. En Polonia, a pesar de las limitaciones que el Gobierno ha impuesto al acceso al aborto, el tabú social en torno a la interrupción voluntaria del embarazo se está desvaneciendo poco a poco, y así lo demuestra el gran número de protestas a favor del aborto que han tenido lugar desde 2016. Por el contrario, en Hungría, las opiniones conservadoras –alimentadas por el Gobierno– han estigmatizado más aún el aborto en el discurso político.

La investigación para este artículo fue financiada en parte por n-ost, con el apoyo del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.