Mientras la covid-19 hace estragos en la India, arrasa en Turquía y sigue matando a miles de personas en Brasil, está más claro que nunca que ninguno de nosotros estará a salvo hasta que todos lo estemos.

Y mientras las economías siguen sufriendo en toda Europa y África, siendo las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector informal los más afectados, está claro que la recuperación no hará sino incrementar las desigualdades a menos que establezcamos un nuevo contrato social.

Uno de los elementos clave de la recuperación ha de ser la igualdad de acceso a las vacunas para todos. Eso implica aumentar de forma masiva la producción, suspender los derechos de propiedad intelectual a través de una exención de los ADPIC en relación con la covid-19 y disponer de la financiación necesaria para que los sistemas de sanidad pública pongan la vacuna en el mercado.

En colaboración con otros actores de la política, del ámbito empresarial y de la sociedad civil, los sindicatos están haciendo campaña para todo ello. Pero también tenemos un papel clave en la lucha contra lo que algunos denominan reticencia a la vacunación, sobre todo entre las comunidades más susceptibles a preocuparse por si deben vacunarse o no.

La reticencia a vacunarse responde a una serie de buenas y malas razones. Los sindicatos deben hacer caso omiso de las teorías conspirativas de los antivacunas, difundidas a menudo por motivos políticos y económicos malignos, como el nacionalismo de derechas, el populismo y los planes de enriquecimiento rápido para los proveedores de medicinas de curanderos.

Pero tenemos que ser comprensivos con los que están preocupados por esa propaganda o simplemente inquietos por la seguridad de las vacunas que se acaban de desarrollar o por los posibles efectos secundarios de las mismas (que en rarísimas ocasiones llegan a ser tan graves como los efectos del propio virus, lo cual tampoco es ningún consuelo cuando uno desarrolla algún efecto secundario sin haber contraído el virus). También cunde entre la gente la preocupación por el impacto de la vacunación en los medios de vida y, en muchos casos, el escepticismo a la hora de confiar, en lo que respecta a la vacuna, en gobiernos y empresas que casi nunca tienen en cuenta sus intereses.

Un estudio reciente llevado a cabo por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (London School of Hygiene & Tropical Medicine, LSHTM) ha concluido que “los trabajadores de los sectores de la sanidad y la asistencia social que más presionados se sentían por sus empleadores para que se pusieran la vacuna de la covid-19 eran más propensos a rechazarla”.

Los líderes sindicales, tanto a escala nacional como en el lugar de trabajo, tienen, por tanto, una función clave que desempeñar.

Tenemos que demostrar nuestro compromiso e instar a nuestros miembros a que acepten la oferta de vacunación que les llegue. COSATU y sus sindicatos de Sudáfrica promueven con regularidad ese mensaje como una cuestión colectiva: vacúnate no solo por tu propio bien, sino por el de tu familia y amigos, tus compañeros de trabajo y tus compañeros sindicalistas que trabajan en primera línea, como son los profesionales de la asistencia, el comercio minorista y el transporte público.

Tenemos que movilizar a nuestros millones de representantes sindicales para garantizar que los trabajadores preocupados reciban el mensaje de alguien como ellos, al igual que ha hecho Unite the Union en Gran Bretaña e Irlanda, transmitiendo el mensaje a través de lo que el sindicato denomina su “ejército permanente” de 30.000 representantes sindicales.

Como muestra el estudio de la LSHTM, lo que más fomenta la reticencia es la coacción por parte de entidades a las que los trabajadores ya no confían su salud, bienestar y sustento. Por lo tanto, corresponde a los sindicatos garantizar que empleadores y Gobiernos animen y permitan a los trabajadores vacunarse cuando se les ofrezca hacerlo, sin obligarles a ello. Esto implica, como en Bélgica, el derecho a un permiso remunerado para ponerse la vacuna, o la posibilidad de vacunarse en los centros de trabajo de mayor envergadura.

Muchos sindicatos de la sanidad y la educación están exigiendo una vacunación más amplia y más rápida para los trabajadores en primera línea, así como un acceso regular a los tests rápidos de antígenos, para que las economías puedan reactivarse y los padres, los cuidadores de familiares y otros trabajadores puedan volver al trabajo.