Comercialización de productos básicos, la oscura industria que está destruyendo el planeta

Comercialización de productos básicos, la oscura industria que está destruyendo el planeta

Commodity traders wreak havoc on global markets and profit from ecological and social devastation. Can they be stopped?

(AFP/Romeo Gacad)

Las comercializadoras de productos básicos se encuentran entre las empresas más importantes del capitalismo global, pero la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ellas.

Como intermediarias entre los proveedores y los compradores de productos primarios y secundarios, estas oscuras entidades desempeñan una función crucial en los mercados internacionales esenciales, desde los de aluminio y crudo hasta los de harina de soja y zinc. Utilizan sus capacidades de transporte, procesamiento y almacenamiento para aprovecharse de las fallas en las cadenas mundiales de suministro y comercian en los mercados de derivados para protegerse de las fluctuaciones de los precios y especular con ellas.

El nivel de control que ejercen sobre las materias primas esenciales es descomunal. Las cuatro mayores empresas de comercialización de productos agrícolas –Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus– controlan entre el 75 y el 90% del comercio mundial de cereales. Tan solo tres comercializadoras –Vitol, Glencore y Trafigura– controlan el equivalente a la mitad de la producción total de petróleo de la OPEP. En 2010, Glencore gestionaba el 55% del mercado mundial de zinc y el 36% del de cobre, y en 2015 Wilmar manejaba el 45% del mercado mundial de aceite de palma. Los beneficios anuales de las principales comercializadoras de productos básicos a menudo se pueden comparar, y a veces incluso superan, a los de los bancos de Wall Street y las mayores empresas petroleras.

La inestabilidad es buena para los negocios de las empresas de comercialización de productos básicos. Cuando debido a una pandemia mundial se cierran fábricas y se producen enormes cambios en la demanda de los consumidores, las comercializadoras se pueden beneficiar de la consiguiente inestabilidad.

Cuando debido a la sequía en el Medio Oeste estadounidense disminuye el suministro doméstico de pienso para el ganado, pueden usar sus capacidades de transporte para enviar más soja desde Brasil. Y cuando debido al cambio climático los patrones del clima y las cosechas se vuelven más impredecibles, pueden beneficiarse del caos en los mercados mundiales y utilizar sus operaciones de marketing físico y sus actividades comerciales especulativas para obtener una ventaja competitiva. Durante la última gran crisis alimentaria mundial en 2008 se dispararon los beneficios de las empresas de comercialización de productos básicos.

Promoción de la inestabilidad y la corrupción

Los defensores de estas empresas alegan que sus cuantiosos beneficios durante los períodos de inestabilidad no reflejan un fraude, sino que ponen de manifiesto el papel indispensable que desempeñan para mitigar los trastornos en la oferta y la demanda mediante la búsqueda de oportunidades lucrativas de arbitraje. Según su argumentación, si las comercializadoras no operaran como la ‘manifestación visible de la mano invisible’, la situación sería mucho peor. Aunque este tipo de argumentos resultan atractivos a nivel superficial, ignoran el hecho de que las operaciones de las comercializadoras de productos básicos suelen promover la misma inestabilidad que se supone deberían resolver sus actividades comerciales.

Estas empresas han participado en numerosas ocasiones en actividades comerciales en los mercados de derivados. Por tanto, los trastornos de los mercados son más que probables. Por ejemplo, durante las dos últimas décadas las principales comercializadoras de productos agrícolas básicos han generado unos enormes beneficios gracias a la producción y el comercio de etanol y biodiésel. El boom de los biocombustibles ha desviado enormes cantidades de granos y semillas oleaginosas desde la producción de alimentos a la de combustibles. Dichas actividades contribuyen a que los precios de los alimentos sean más elevados e inestables y ofrecen pocos o ningún avance para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero.

Además del papel que desempeñan en la desestabilización de los mercados, las comercializadoras de productos básicos también cuentan con un sórdido historial de promoción de la corrupción entre las élites nacionales, quienes dilapidan los recursos de sus países y se involucran en todo tipo de escándalos, desde el programa petróleo por alimentos en Iraq hasta la Operación Lavacoches en Brasil.

En 2006, una comercializadora –Trafigura– se vio implicada en uno de los peores desastres medioambientales del siglo XXI: en Costa de Marfil, sus prácticas ilegales en el vertido de residuos tóxicos provocaron decenas de víctimas mortales y miles de heridos graves. Otra empresa, Glencore, es una de las mayores mineras y exportadoras de carbón del mundo y ha financiado en secreto las iniciativas para propiciar cambios en la opinión pública sobre el combustible fósil más sucio del mundo.

Muchas de las principales comercializadoras han adquirido materias primas extraídas mediante el trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil, y están involucradas en la continua deforestación de Sudamérica y el sudeste asiático.
Dicho extenso historial de antecedentes penales plantea una importante cuestión política. ¿Podemos hacer algo para abordar la devastación social y ecológica que provocan las poderosas empresas de comercialización de productos básicos?

¿Será el activismo financiero la solución al problema?

En los últimos años, se ha promovido el activismo financiero como una estrategia de presión frente a estas empresas para que reviertan los efectos nocivos que abundan en sus cadenas de suministro. El activismo financiero consta de dos componentes básicos: ‘voz’ y ‘salida’. Mediante el uso de la ‘voz’, los accionistas pueden presentar resoluciones y votar en las asambleas anuales de las empresas. Mediante el uso de la ‘salida’, los accionistas y acreedores pueden configurar las políticas de las empresas amenazándoles con desinvertir y suspender los créditos.

La posibilidad de que los accionistas usen su voz se ven limitadas por las estructuras de propiedad de estas empresas. Nuestra investigación revela que ocho de las diez mayores comercializadoras de productos básicos son estatales (como la china COFCO), propiedad privada de las familias fundadoras, altos cargos y directivos (Vitol, Trafigura, Mercuria, Cargill y Louis Dreyfus) o propiedad pública de particulares y entidades estrechamente vinculados con la comercialización de productos básicos (Glencore y Wilmar).

Tan solo dos empresas –ADM y Bunge– son de un modo significativo propiedad de accionistas externos que no tienen ningún vínculo claro con la comercialización de productos básicos. Sin embargo, en su mayoría son propiedad de enormes gestoras de activos, entre los que se encuentran ‘los tres grandes’: BlackRock, State Street y Vanguard. Estos gigantes adquirieron notoriedad por ser ‘inversores pasivos’, que se limitan a seguir un índice, pero en los últimos años se han comprometido a utilizar las resoluciones y las votaciones para manifestar su descontento con los negocios que no consiguen mejorar su expediente relacionado con los llamados criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, en sus siglas en inglés). Sin embargo, nuestra investigación revela que en el caso de las comercializadoras de productos básicos, dichas declaraciones suenan a falso.

Entre 2010 y 2019, tan solo se sometió a votación una resolución de los accionistas destinada a mejorar los criterios ESG en ADM en 2011 y una en Bunge en 2015, del total de 148 y 80 votaciones de los accionistas que se celebraron en las dos empresas, respectivamente.

La resolución en ADM consiguió tan solo el 4,2% de los votos a favor; los fondos de BlackRock votaron contra ella, State Street se abstuvo y Vanguard ni siquiera llegó a votar. En Bunge, la resolución obtuvo el 29,3% de los votos a favor, pero de forma reveladora todos los fondos de las tres principales gestoras de activos votaron en contra.

En total, entre 2014 y 2019 las tres principales gestoras de activos votaron a favor de tan solo el 10,7% de las resoluciones de los accionistas destinadas a mejorar los criterios ESG en las empresas de productos básicos. En cambio, votaron a favor del 95,9% de las resoluciones de los directivos que tenían como objetivo la aprobación de pagos de dividendos y recompras de acciones.

Por tanto, a pesar del enorme bombo que se le ha dado, es poco probable que el activismo financiero cambie la forma de actuar de las comercializadoras de productos básicos, simplemente porque dichas empresas están organizadas de tal manera que quedan aisladas de las presiones que ejercen los mercados financieros.

Poderoso caballero es don Dinero. Alternativas al activismo financiero

¿Y si utilizáramos la desinversión como una estrategia alternativa para frenar la conducta destructiva de las comercializadoras de productos básicos? Activistas de todo el mundo han organizado campañas de desinversión en las que, para lograr mejoras en los criterios ESG, instan a los accionistas, acreedores y entidades financieras a utilizar la dependencia de las comercializadoras con los mercados de valores y deuda.

Sin embargo, la eficacia de la desinversión de capital se ve limitada por la misma razón que las resoluciones de los accionistas: pocas comercializadoras dependen de la financiación de accionistas ajenos a la comercialización de productos básicos. Y a pesar de la devastación ecológica que están provocando estas empresas, las gestoras de activos no están dispuestas a involucrarse en iniciativas drásticas de desinversión.

Por ejemplo, en enero de 2020 BlackRock anunció un nuevo plan climático que implica la reducción de la exposición a las empresas mineras de carbón. Pero BlackRock no tiene ninguna intención de desligarse de Glencore, aunque esta empresa extrae más carbón que los colosos de la minería BHP Billiton y Anglo American juntos.

También existen dificultades para conseguir mejoras en los criterios ESG mediante la desinversión crediticia. En nuestra investigación descubrimos que la propiedad de los bonos de las comercializadoras de productos básicos está muy dispersa y es muy probable que esto genere problemas para que los activistas titulares de dichos bonos lleven a cabo acciones colectivas. Asimismo detectamos que los servicios financieros se concentran en los grandes bancos. Esto puede generar oportunidades para que los activistas exijan a los bancos la denegación de sus servicios a las comercializadoras de productos básicos que no muestren indicios de querer mejorar los criterios ESG.

Pero incluso esta estrategia se ve limitada por el hecho de que en los últimos años muchas de las comercializadoras han ido reduciendo sus deudas mediante la venta de activos. Según el laboratorio de ideas Chain Reaction Research, al reducir sus deudas de esta manera las comercializadoras de productos básicos limitan los riesgos de financiación que corren debido a las amenazas de desinversión.

Asimismo, estas amenazas pueden verse aún más mitigadas debido a las actividades bancarias que las comercializadoras de productos básicos llevan a cabo en la sombra, las cuales les permiten conseguir fondos retirando los activos de sus balances contables y vendiéndolos después como títulos. Dichas actividades eluden las prácticas comunes de revelación de información de las empresas y dificultan aún más que los inversores activistas puedan rastrear las fuentes de financiación de las comercializadoras.

Debido a las limitaciones que sufren las resoluciones de los accionistas y las desinversiones, somos bastante escépticos sobre el potencial que puede tener el activismo financiero para presionar a las empresas de comercialización de productos básicos para que reviertan las consecuencias social y ecológicamente negativas de sus actividades.

Nuestro objetivo no consiste en descartar totalmente las iniciativas de los inversores activistas que pretenden abordar los problemas relacionados con las comercializadoras de productos básicos. Al menos, los intentos por aumentar la presión dentro de los círculos financieros pueden generar una importante conciencia sobre las comercializadoras de productos básicos y aumentar el riesgo para su imagen. Sin embargo, la verdadera resistencia debería superar las resoluciones de los accionistas y las campañas de desinversión y abarcar otros tipos de movilización, incluido el apoyo directo a los movimientos indígenas de protesta, el bloqueo de oleoductos y gasoductos, las campañas de defensa del consumidor, la creación de coaliciones electorales y la organización sindical.

Las empresas de comercialización de productos básicos son entidades diversas, complejas y en constante cambio. Esto significa que las iniciativas para controlar su poder deben ser igual de multidimensionales e implacables. Simplemente no podemos dejar el futuro de nuestro planeta en manos del sistema financiero.