“Cuando llegó la pandemia, yo estaba viviendo en casa de una señora que se encontraba postrada en la cama. Por suerte me había hecho un contrato y lo tenía todo pagado. Nunca salía, solo iba deprisa y asustada a hacer la compra y a buscar las medicinas de la señora. Su hija no vivía en Roma y no podía visitarla, así que cada día les organizaba una videollamada para que al menos pudieran verse. Esos eran los únicos momentos en que la señora estaba un poco más serena”.

Las palabras de Geta, asistenta a domicilio rumana, de 56 años de edad, que vive en Italia desde hace 17 años, dan fe del inestimable papel que desempeñan estas trabajadoras en la Italia de la pandemia. Cuando millones de mayores dependientes se encontraron completamente aislados, las asistentas a domicilio siguieron cuidando de ellos en sus casas. En muchos casos fueron las únicas que pudieron ayudarlos y tranquilizarlos en un momento traumático, y gracias a ellas se pudo evitar ingresarlos en residencias de mayores, que por aquel entonces eran focos de contagio.

Italia es el país con la media de edad más alta de Europa (46,7 años) y la mayor proporción de personas mayores (22,8% mayores de 65 años). A diferencia de los países del norte de Europa, donde existen servicios públicos que se ocupan de las personas dependientes, en Italia este trabajo de asistencia personal depende básicamente de las familias y casi exclusivamente de su componente femenino. Esto explica el recurso masivo en este país al trabajo doméstico remunerado, uno de los más altos de Europa.

En 2020, en Italia había cerca de 1 millón de trabajadores del hogar declarados (920.722 según el Observatorio de los trabajadores del hogar). No obstante, es más exacto hablar de trabajadoras, puesto que el 90% son mujeres (el 70% de las cuales son extranjeras, en su mayoría de Europa del Este). Se trata, efectivamente, de un trabajo “rosa”, pero también de un trabajo “negro”, ya que la proporción no declarada de los servicios a domicilio en Italia se calcula asciende a un 60%. Esto significa que alrededor de 1,3 millones de personas carecen de derechos y son mucho más vulnerables a abusos e injusticias.

El trabajo doméstico en la Italia enferma

Al llegar la pandemia a Italia, estas trabajadoras se encontraron en una situación especialmente dramática puesto que realizan un trabajo con un alto riesgo de contagio, en el cual es imposible mantener las distancias y que a menudo las obliga a trasladarse de una casa a otra.

“Conforme los italianos se empezaron a quedar sin trabajo, o se vieron obligados a trabajar desde casa, despidieron en masa a las asistentas a domicilio (sobre todo a las que trabajaban en negro) para ahorra así dinero”, cuenta Silvia Dumitrache de la Associazione Donne Rumene in Italia. “Para las trabajadoras internas aquello fue una tragedia: de la noche a la mañana se encontraron sin trabajo y sin techo. No sabían a dónde ir, no podían regresar a su país de origen... muchas de ellas se quedaron en la calle”.

Las contadas trabajadoras en situación regular tampoco han recibido un mejor trato por parte del Estado, a pesar del papel que desempeñaron durante la pandemia. “Pese al nombre que ostenta, el decreto ‘Cura Italia’ (“cura” significa “cuidado”) de 17 de marzo de 2020 excluyó específicamente de las prestaciones de desempleo parcial y de la prohibición de despido a las personas que realizan trabajos de cuidadores”, explica Raffaella Sarti, profesora de Historia del Género en la Universidad de Urbino.

“No se les proporcionó ninguna compensación específica a pesar de los riesgos de contagio que se ven obligadas a asumir. El decreto suscitó de inmediato protestas porque vulneraba el Convenio 189 de la OIT de 2011, que insta a eliminar todo tipo de discriminación contra las trabajadoras a domicilio”.

“Se proporcionaron ayudas a todas las categorías de trabajadores, pero a ellas las olvidaron”, denuncia Giamaica Pontillo del sindicato AcliColf. “Realizan un trabajo esencial en nuestro país pero, en la práctica, su estatus profesional no está reconocido ni protegido”.

Tzvetanka, asistenta a domicilio búlgara, de 52 años de edad, vive en los alrededores de Milán desde hace 22 años. Padeció sucesivamente una inflamación de riñones, la Covid-19 y la pérdida de su madre en Bulgaria. “Entre la hospitalización y las cuarentenas, estuve de baja durante más de un mes. Pero me enteré de que solo tenía derecho a 15 días de baja por enfermedad al año, incluso durante la pandemia. Perdí mi trabajo, no tenía nada para vivir. Se nos ha echado en cara que solo somos una categoría secundaria”.

El fenómeno de las asistentas a domicilio secuestradas

La pandemia ha tenido un magro efecto positivo. Ante el temor de que el control de los desplazamientos de sus empleados durante el confinamiento pudiera dar lugar a sanciones, algunos empleadores decidieron regularizar la situación de las asistentas a domicilio. El Gobierno trató entonces de fomentar la emersión de este ejército invisible previendo una regularización en el decreto “Rilancio” (“relanzamiento” en italiano) de 19 de mayo de 2020.

Mediante el pago de una contribución de 500 euros, los empleadores podían regularizar la situación de las personas que realizan trabajos domésticos en negro para ellos, lo cual permitiría a los extranjeros obtener un permiso de residencia. El INPS (Instituto Nacional de Previsión Social) considera que estas dos razones explican el aumento del 7,5% (64.529) del número de contratos en este sector con respecto al año anterior. Sin embargo, esto no es más que de una gota en una ciénaga de irregularidad.

“A partir de ahora, gracias a las decisiones tomadas por este Gobierno, los invisibles serán menos invisibles”, declaraba en mayo de 2020, con lágrimas en los ojos, Teresa Bellanova, ministra de Agricultura del segundo Gobierno de Giuseppe Conte, que impulsó la medida de regularización.

Sin embargo, más de un año después, de las 220.000 solicitudes presentadas solo se ha examinado el 14% y se han concedido 11.000 permisos de residencia (el 5%), según revela el último informe de la red "Ero Straniero", que promueve una nueva ley de inmigración. “Estamos dando la voz de alarma y de emergencia”, declara Giulia Crivellini, tesorera del partido Radicali Italiani, que defiende la campaña. “Doscientas mil personas se encuentran atrapadas desde hace más de un año en un limbo insostenible. Estamos hablando de ciudadanos extranjeros que llevan años trabajando en nuestro territorio sin disfrutar de ningún derecho. Se les prometió una salida y ahora se sienten traicionados”.

Flor, de 36 años, procede de El Salvador y trabaja en Italia desde 2008 como asistenta a domicilio. En febrero de 2020 empezó a ayudar, sin contrato, a una pareja de personas mayores en Milán, hasta que cayó enferma de Covid-19 en diciembre. “Me puse muy mal y no podía trabajar, pero encontré a una chica que me sustituyó durante un mes”, explica. “Cuando volví, los señores no le habían pagado y tuve que hacerlo yo de mi propio bolsillo. Volví a trabajar para ellos, pero entonces enfermaron. Desde el hospital me llamaron a mí para saber cómo iban las cosas, puesto que aquí no tenían ningún familiar”.

Después apareció una prima de Sicilia que, antes de la muerte de la señora, había llamado a Flor y le había prometido pagarle. “Pero cuando llegó a Milán cambió por completo: no me pagó y empezó a insultarme. Así fue cómo me agradeció todo lo que había hecho desde diciembre hasta abril. Con el señor habíamos puesto en marcha el proceso para regularizar mi situación, pero ahora ella no quiere firmar los documentos y no sé cómo va a acabar todo esto. No entiendo por qué la gente se comporta a veces así”.

“De hecho, con la regularización, se ha otorgado al empleador el poder de hacer la declaración”, denuncia Roberto Reyes de la red Non possiamo più aspettare (“No podemos esperar más”, en español). “Así pues, cuanto más duran los procedimientos, más tiempo retienen a las trabajadoras como esclavas, chantajeándolas y amenazándolas. Estas mujeres son a menudo víctimas de la violencia, pero no pueden marcharse hasta tener un permiso de residencia. Incluso los abogados se aprovechan de ello y hacen negocio descaradamente, jugando con su miedo”. Muchas mujeres extranjeras confiesan encontrarse en esta situación, como es el caso de Rosa (nombre ficticio), una asistenta a domicilio peruana en situación irregular que fue estafada por un abogado que la amenazó con denunciarla y quitarle la custodia de su hija si no le pagaba por unos trámites inexistentes.

La red Ero Straniero habla del fenómeno de las “asistentas a domicilio secuestradas”. “Más allá de las tragedias personales, este impasse tiene consecuencias enormes para la sanidad pública”, afirma Giulia Crivellini. “Sin permiso de residencia, y aunque tengan derecho a ello, a muchas personas se les niega el acceso a la campaña de vacunación”.

“La regularización significa que nuestro país está afrontando esta cuestión, siempre con carácter de urgencia”, comenta Emanuela Loretone de la confederación sindical CGIL.

“Para proteger a estas personas necesitamos una visión estructural a escala nacional y europea, y unos flujos migratorios regulares”. El proyecto de ley propuesto por la red “Ero Straniero”, que vincula la regularización a un sistema de vías legales de entrada a Italia, se encuentra paralizado en el Parlamento desde el pasado mes de marzo.

Jessica, una asistenta a domicilio colombiana de 26 años, trabaja desde hace cuatro años en Italia en situación irregular. Ha solicitado su regularización, pero lleva más de un año esperando. “Nos sentimos atrapados en esta espera. No sabemos qué hacer”. dice con amargura. “Mientras no tenga permiso de residencia no puedo volver a Colombia, donde están mis hijas. La más pequeña tiene cuatro años. Tuve que marcharme inmediatamente después de dar a luz y desde entonces solo la he visto crecer por vídeo, en una pantalla”.

“Las cifras son claras: con los ingresos que tienen, siete de cada diez pensionistas no pueden permitirse tener una asistenta a domicilio regular. El Estado lo sabe y no hace nada al respecto”, afirma Silvia Dumitrache de la ADRI. “Hay mucha demagogia sobre lo valiosas que son estas trabajadoras, pero en realidad se trata de una explotación institucionalizada. No solo son invisibles, sino que se las ha dejado deliberadamente en el olvido”.