Nicaragua va a elecciones con opositores encarcelados y acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno

Nicaragua va a elecciones con opositores encarcelados y acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno

In this 2018 photo, a Nicaraguan flag perches atop a barricade constructed from street paving blocks in León, the second biggest city in Nicaragua. All around the country citizens built these walls to stop the mounting state repression that, according to reports from the Inter-American Commission on Human Rights, claimed around 300 lives.

(Fabrice Le Lous)

Nicaragua celebra elecciones presidenciales el 7 de noviembre de 2021. Pero no hay mucho por celebrar. Ni tampoco hay mucho por elegir.

El partido que está en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), controla la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Policía Nacional y el Ejército desde hace varios lustros. Daniel Ortega Saavedra, presidente del país desde el 2007, fue reelecto en 2006, 2011, 2016, y lo será en 2021.

Hace décadas, en los años ochenta, el mismo Ortega ostentó el poder por once años. Primero como coordinador de la Junta de Gobierno, entre 1979 y 1984, inmediatamente después de la Revolución Sandinista. Y luego entre 1985 y 1990, como presidente del país.

Ninguno de los varios dictadores que ha tenido Nicaragua en sus 200 años como nación independiente duró más tiempo que el que lleva Ortega. Éste acumula 25 años y 2 meses como mandatario de Nicaragua, y, desde el 1 enero de 2017, gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, quien ocupa la vicepresidencia.

Sin contar al actual presidente, el top cuatro de mandatarios con más años en el poder en el país centroamericano lo conforman Anastasio Somoza García (16 años y 9 meses), José Santos Zelaya (16 años y 6 meses), Anastasio Somoza Debayle (9 años y 6 meses) y Tomás Martínez Guerrero (9 años y 3 meses).

Para ahondar en la aritmética, desde el año 2007 Nicaragua solo ha tenido un presidente. Hay generaciones enteras que no conocen otro jefe de Estado en el país. En Guatemala, desde 2007, ha habido seis presidentes distintos. En las otras naciones vecinas El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica, cuatro (cada uno).

Los datos numéricos evidencian una realidad: Nicaragua ha quedado atrapada en la Latinoamérica del siglo XX, una Latinoamérica en la que abundaron los regímenes autoritarios.

“La misma historia de Nicaragua ha demostrado que cuando nosotros creemos que se ha alcanzado un cisma, viene un deterioro aún más profundo. Este proceso de votaciones a través de los cuales Ortega se va a reelegir, va a ser completamente ilegítimo. Precisamente porque ya miembros de la comunidad internacional, 50 países, han pedido que se libere a los presos políticos, porque no hay manera de considerar creíbles los resultados electorales a partir de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, asegura a Equal Times Octavio Enríquez, periodista de investigación nicaragüense con más de 20 años de experiencia.

Enríquez no está en Nicaragua. Tuvo que salir hace meses porque allá los periodistas están amenazados. El exilio es el destino común de miles de nicaragüenses que entienden que no hay futuro en su país con un Gobierno susceptible de perseguir a todo aquel que piense diferente. O a todo aquel que imagine una Nicaragua democrática con división de poderes, tal como defiende la Constitución.

Desde el pasado 28 de mayo de 2021, el Gobierno inició una cacería contra opositores políticos y periodistas independientes, deteniéndolos usualmente de noche, allanando sus casas sin órdenes judiciales y dejándolos presos en modalidad de casa por cárcel, o bien llevándolos a Auxilio Judicial, un centro de detención histórico en la loma de Tiscapa, en Managua, donde hay calabozos policiales con varios pisos subterráneos −los mismos que usaron los Somoza durante los 45 años de dictadura dinástica previa al sandinismo−.

Nadie se salva. La lista total de presos políticos asciende a 155, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y la lista de personas encarceladas en 2021, en el marco de los próximos comicios de noviembre, es de 37 prisioneros.

Entre estos 37, media docena son candidatos presidenciales: Medardo Mairena, líder campesino; Miguel Mora, periodista; Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1995); Félix Maradiaga, político; Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, empresarios. Los seis opositores de Daniel Ortega, y por ende, amenazas directas al poder.

Todas estas voces, silenciadas por tiempo de cárcel indefinido, eran recurrentes en reportajes como este. Entre la oleada de presos más recientes también hay periodistas, feministas, antiguos dirigentes y combatientes sandinistas que ahora son disidentes y críticos del régimen; y hay también jóvenes universitarios que surgieron como líderes involuntarios tras las protestas de 2018.

2018: el año que lo cambió todo

Tras 11 años sin protestas masivas ni oposiciones claras contra la construcción paulatina del autoritarismo de Ortega, la inconformidad hacia el Gobierno llegó a un punto de ebullición en el cuarto mes de ese año.

El día 18 de ese mes, unas 300 personas se autoconvocaron en un punto de Managua para protestar en contra un proyecto de reforma a la ley de pensiones, considerada como injusta y desequilibrada. Fue una de las únicas protestas de este tipo desde que Ortega asumió el poder en 2007.

La respuesta fue brutal. Bajo órdenes directas de Rosario Murillo y/o de Daniel Ortega, una ola de ultraviolencia policial y parapolicial acabó con la vida de 56 personas entre el 18 y el 22 de abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La gran mayoría eran estudiantes universitarios que se oponían a la ley de pensiones.

La lista de muertes aumentó semana a semana, y se extendió como un tapiz a lo largo de 2018. Tal como lo hizo la cantidad de personas heridas, desplazadas y exiliadas por la represión estatal.

Durante esos meses −y aquí escribo como testigo directo de aquellos días−, los videos y fotos de estudiantes muertos saturaron los grupos de WhatsApp del país. Nadie está preparado para ver tantas imágenes de horror, ni para comprender que esa es la nueva realidad.

Para octubre de ese año, la CIDH contabilizó oficialmente 328 muertos y más de 88.000 exiliados en Nicaragua.

La represión estatal tuvo diferentes fases. Policías, parapolicías y paramilitares llegaron a tener carta blanca para usar armas de guerra contra los estudiantes que se defendían en su mayoría con morteros caseros, incapaces de apuntar bien a tan siquiera 10 o 15 metros de distancia.

La carta blanca del Gobierno para usar armas de guerra la dio el FSLN para desmembrar, detener y matar a células de manifestantes que pulularon por toda Nicaragua en respuesta a la masacre estudiantil.

Todo esto fue documentado por la CIDH, Amnistía Internacional, entidades defensoras de derechos humanos en Nicaragua, medios de comunicación locales y extranjeros, y también por un estudio independiente a pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A pedido de la OEA, y con el aval en un principio del Gobierno de Nicaragua, un grupo de investigación llamado GIEI Nicaragua (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), encontró que el Estado, bajo las órdenes de Ortega y Murillo, comandó crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. Tras la publicación del informe, el Gobierno negó todas las pruebas, y desde entonces califica de “golpista” o “imperialista” a todo aquel que recuerde la masacre de 2018, o que denuncie la nueva ola de represión y cárcel arbitraria.

Entre finales de 2018 y 2021, más de 100.000 nicaragüenses se han sumado al éxodo de ciudadanos hacia países como Costa Rica, México, Estados Unidos, España, etc. Naciones Unidas estima que más de 150.000 nicaragüenses salieron permanentemente del país a partir de 2018.

Si bien nadie ha sido aún juzgado por estos crímenes, en diciembre de 2018 el Consejo Permanente de la OEA pronunció que: “Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua no prescriben y ameritan la investigación de la Corte Penal Internacional”.

Vía libre para Ortega

El pasado 1 de octubre, Equal Times contactó vía correo electrónico a Rosario Murillo Zambrana, a quien, según han comentado personas cercanas a la funcionaria, no le gusta delegar. Murillo es conocida por ser protagonista en todo lo relevante en la política criolla; no solamente lo que atañe al Poder Ejecutivo.

Las consultas a la vicepresidenta fueron tres: “¿Se celebrarán elecciones 100% libres el próximo 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua?”; “Varios países en la región centroamericana y en el mundo han catalogado al Gobierno de Nicaragua como una ‘dictadura’. ¿Qué puede decir al respecto, siendo usted una de las cabezas de la administración sandinista que ya lleva 14 años consecutivos en el poder?”; “El GIEI Nicaragua, que investigó lo sucedido en 2018 con aval del Gobierno y de la OEA ese año, encontró que su gobierno realizó ‘crímenes de lesa humanidad que no prescriben’. ¿En el gobierno hay algún atisbo de preocupación por que la Justicia Internacional se inmiscuya en este asunto, o no ven peligro de que eso suceda?”.

Y esta fue la respuesta oficial de la vicepresidenta: “Gracias otra vez por su amabilidad.. ! Abrazos”.

No es común que Murillo responda al periodismo independiente. Ni al local ni al foráneo. Es muy sabido en ese país que el oficialismo practica un total hermetismo en cuanto a la comunicación, que de hecho es controlada sobre todo por Murillo.

De cara a las elecciones presidenciales, en los últimos meses, el Gobierno también ha recrudecido la represión contra los pocos medios de comunicación que no controla. El 14 de agosto pasado, las autoridades ocuparon las instalaciones de La Prensa, el periódico que en casi 100 años de existencia ha documentado y denunciado al puñado de dictadores del último siglo en Nicaragua.

La Prensa continúa informando, continúa haciendo periodismo a pesar de las difíciles circunstancias en las que el régimen ha puesto al medio. Nos mantenemos informando a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Tras la toma del diario y la detención del gerente Juan Lorenzo Holmann, ahora es una redacción más pequeña. Hay varios periodistas que están fuera del país; otros están en Nicaragua, pero por cuestiones de seguridad son detalles que preferimos no brindar”, dice para Equal Times Dora Luz Romero, jefa de Información Digital del periódico que ya no se imprime, pero que sigue fuerte en internet.

Es en esta realidad en la que se encuentra anclada Nicaragua. Es con todo esto con lo que el país avanza sin prisa hacia el 7 de noviembre próximo. Todo está listo para que el presidente siga siendo Daniel Ortega Saavedra. Este nuevo periodo presidencial, su quinto (y cuarto consecutivo), terminaría en diciembre de 2026. El “comandante”, como lo llaman sus seguidores sandinistas, cumplirá 81 años entonces. Si la salud se lo permite, el revolucionario que luchó en los años setenta para acabar con la dictadura de los Somoza, superará los 30 años acumulados en el poder.

This article has been translated from Spanish.

La realización de este reportaje ha sido posible gracias a la financiación de Union to Union, una iniciativa de las uniones sindicales suecas LO, TCO y Saco.