Hassan Mortada, de 28 años, sufre una incapacidad parcial por accidente laboral, pero sus dolores crónicos de columna le recuerdan, cada día, que está vivo. Tuvieron que rescatarle de debajo de una pila de escombros que le cayeron encima y le aplastaron seis vertebras y dos huesos de la pelvis. Fue un milagro que Mortada sobreviviera a la brutal explosión del puerto que acabó con la vida de más de 200 personas. De los trece trabajadores que se encontraban en el silo en la fatídica tarde del 4 de agosto de 2020, siete empleados de la empresa semiestatal Beirut Port Silo (compañeros suyos), y dos trabajadores de la limpieza sirios, de otra firma, murieron aplastados cuando se derrumbó el silo tras la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, depositadas años atrás (clandestinamente) en el hangar 12, contiguo a los almacenes de grano.

Mortada no ha recibido ayuda psicológica. Porque los libaneses “estamos acostumbrados a sobreponernos a todas las calamidades”, asume. Sin embargo, este ingeniero civil de la siniestrada compañía Beirut Port Silo reconoce que su vida ha cambiado radicalmente, que no duerme bien por las noches, que ha dejado de creer en el futuro y que quiere marcharse lo antes posible del Líbano. “Mi vida se ha convertido en una espera. Nos hemos mudado al pueblo, porque ahí estamos más tranquilos. Vengo dos o tres veces al mes a Beirut para pasarme por el puerto, ver a mis compañeros, y hablar sobre el futuro de la empresa y el silo”. Ahora, lo que queda de las oficinas del silo es una montaña de escombros y amasijos de acero.

Mortada apenas puede mantenerse una treintena de minutos de pie sin resentirse, por lo que teme que, si el puerto termina privatizándose, los nuevos empleadores no renueven su contrato debido a su incapacidad. Todavía recibe su salario como empleado, a la espera de que se decida el futuro de la empresa, pero con la depreciación de la libra libanesa no alcanza a más de 270 dólares (unos 232 euros), cuando antes cobraba 2.000 dólares (1.716 euros), lo que hace que aumente su angustia vital. “¿Qué futuro puedo darle a mi familia aquí? Tengo una niña de dos años y quiero tener más hijos. Estoy pensando en regresar a Doha”, exclama. En la capital catarí trabajó unos años antes de regresar al Líbano en 2016 para ocupar una plaza vacante en la compañía que gestiona el silo del puerto, en la que también trabajó su padre durante 45 años. Como Beirut Port Silo, otras tantas empresas y negocios dañados por la devastadora explosión siguen esperando un año después poder recuperarse.

Más escasez, más desempleo, más dificultades

Los daños calculados en los establecimientos comerciales, hoteles, viviendas, centros educativos y culturales de las áreas afectadas vecinas al puerto ascienden a unos 5.000 millones de dólares (alrededor de 4.290 millones de euros), según un estudio realizado en 2020 por la consultoría PwC.

Este monto excluye las pérdidas materiales en las infraestructuras portuarias y su impacto económico indirecto, como las interrupciones de las exportaciones y de la cadena de suministro, que, según estimaciones del gobierno libanés, sumarían unos 15.000 millones de dólares (cerca de 12.900 millones de euros).

El puerto de Beirut, es, efectivamente una arteria vital para la economía libanesa. Su destrucción solo ha exacerbado la escasez de alimentos, el desempleo y las dificultades económicas provocadas por la corrupción gubernamental y la pandemia de la covid-19.

La zona cero está situada en la dársena número 3. Ahí la explosión dañó todos los locales de la zona, incluido el edificio de la Aduana, así como los depósitos de la zona franca del puerto, donde se almacenaban las mercancías. Los muelles, que están fuera de uso, servían para importar productos como trigo, semillas, ganado, automóviles y metales.

Si bien empresas privadas de varios países han expresado su interés en reconstruir el puerto de Beirut, el colapso político, económico y financiero del Líbano no lo convierte en un destino de inversión seguro para el sector privado. Ante este escenario volátil los proyectos de reconstrucción siguen sin materializarse, lo que ha llevado a las autoridades portuarias a lamentar el retraso.

De hecho, el director interino del puerto, Bassem al-Kaissi, dijo en una entrevista que “todo” ha quedado en “una declaración de intenciones”. Con ello hacía referencia a la oferta que presentó Alemania en abril de un ambicioso proyecto de 30.000 millones de dólares (25.740 millones de euros), elaborado por la empresa Hamburg Port Consulting, que busca ampliar el puerto hacia el este y remodelar el área cercana para incluir viviendas sociales, un parque e incluso playas. También aludía a Francia, que había manifestado su deseo de reconstruir el puerto a través de la firma CMA-CGM con un macroproyecto de una duración de tres años y con un presupuesto de entre 400 y 600 millones de dólares (345 y 518 millones de euros).

Estas iniciativas privadas, respaldadas por los Estados francés y alemán, se sumarían a las ayudas económicas ofrecidas por acreedores internacionales; pero antes de inyectar fondos para la reconstrucción de Beirut se exige a la elite política reformas estructurales para sacar al país del hundimiento económico y político, y luchar contra la corrupción.

Después de 13 meses de parálisis política por la incapacidad de formar un nuevo gobierno, en octubre se logró conformar el ejecutivo, encabezado por Najib Mikati, un multimillonario suní de Trípoli que ya ha ocupado este cargo en tres ocasiones. Sin embargo, los fondos internacionales continúan paralizados (hasta que se proceda a las reformas), lo que alarga el sufrimiento de miles de libaneses cuyos negocios se han visto afectados o han perdido su trabajo por la explosión.

La investigación de la catástrofe, estancada

Un estudio realizado en agosto de 2021 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que el 86% de las empresas encuestadas ubicadas en un radio de cinco kilómetros de la zona del puerto resultaron dañadas por la explosión del puerto y el 35% sufrió daños graves o totales. Sólo la mitad de las empresas dañadas se han renovado o reconstruido desde la explosión, mientras que el 14% no se ha reparado en absoluto.

El cierre temporal o definitivo de los negocios afectados ha dejado a muchos trabajadores sin empleo o estos han visto reducido su salario para poder mantener sus contratos. Según la OIT, desde la explosión, un tercio de las empresas con empleados en nómina han despedido a una o más personas, siendo el número medio de despidos tres personas. Así mismo, para hacer frente a sus dificultades económicas, las empresas encuestadas indican haber reducido los salarios de sus empleados en una media de un tercio. Todo esto hay que enmarcarlo en un contexto de profunda crisis económica, que ha llevado a más de la mitad de la población libanesa a vivir bajo el umbral de la pobreza.

La recuperación de las empresas y negocios privados, así como el futuro de los trabajadores, se ve amenazado también por el retraso de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras. Ghassan El Bustani era gerente de un apartahotel, junto al puerto, del que solo queda parte de la fachada. Según los peritos de la compañía aseguradora del hotel, las perdidas ascienden a 1,7 millones de dólares (1,5 millones de euros), pero estos no han recibido ninguna compensación por parte de la aseguradora, a la espera de que se resuelvan las causas de la explosión.

Como en el caso de El Bustani hay otras 16.000 reclamaciones de seguros pendientes del resultado de la investigación oficial sobre el puerto, según la asociación de Compañías de Seguros del Líbano.

“Nunca vamos a conocer la verdad de lo que ocurrió el 4 de agosto, porque son muchas las manos manchadas de sangre. No confío en nuestros políticos corruptos”, se queja El Bustani quien, para poder seguir pagando los gastos y mantener a su familia, ha empezado un negocio de apicultura.

A pesar de la gravedad de la situación, la clase política obstaculiza sistemáticamente el curso de la investigación y protege a los imputados, al negarse a retirar la inmunidad parlamentaria de los altos cargos citados a declarar por los jueces encargados de la investigación.

Actualmente el proceso judicial ha quedado suspendido, a la espera de que se resuelva una demanda interpuesta por dos diputados contra el magistrado designado, Tarek Bitar, pidiendo que se le relegue del caso. Lo que empezó siendo una petición de unos parlamentarios, afines al grupo chií Hezbolá, para retirar al juez Bitar de la investigación se ha convertido en una peligrosa cuestión político-sectaria. La demanda contra el juez ha espoleado las rencillas sectarias entre Hezbolá y su socio parlamentario (el también chií Amal) y el grupo cristiano de las Fuerzas Libanesas. Así, el 14 de octubre se revivió uno de los episodios más oscuros de la guerra civil, después de que supuestos simpatizantes de las Fuerzas Libanesas abrieran fuego contra manifestantes chiíes de Amal (favorables a la retirada de Bitar de la investigación). El incidente violento acabó con la vida de 7 manifestantes y 35 heridos.

También, a nivel político, la fricción entre grupos parlamentarios por la cuestión del juez Bitar ha provocado la parálisis del gobierno, ya que los ministros de Hezbolá y Amal han amenazado con retirarse del ejecutivo.

El temor a que la investigación caiga en el olvido y que los culpables no vayan a rendir cuentas ante la justicia ha unido a los familiares de las víctimas de la explosión del puerto.

“No queremos una compensación económica. Lo único que queremos es una investigación imparcial, sin trabas”, denuncia Mariam, hermana de la difunta Sahat, una de las primeras paramédicos del cuerpo de bomberos que acudió a la zona del puerto donde se había propagado el primer incendio.

En un intento de expiar responsabilidades, las autoridades libanesas, a través del Ministerio de Defensa, concedieron una asignación mensual para las familias de las víctimas (consideradas como “mártires del ejército libanés”) de un total de 1.291.000 libras libanesas, que con la devaluación de la moneda local no son más de 75 dólares (65 euros).

Como muchos libaneses, Mariam piensa que la tragedia del puerto fue el resultado de la corrupción endémica y los intereses sectarios.

“Sahat amaba su trabajo y no reparaba en el peligro. Pero si sus superiores hubieran estado al tanto de la existencia del nitrato de amonio no la habrían enviado directamente a la muerte. Es una negligencia del gobierno”, sentencia. El recuerdo de su hermana le da fuerzas: “si dejamos que la investigación no avance, que no haya justicia para las víctimas, nos estamos condenando todos. Esta lucha no es sólo para las familias de las víctimas es una lucha del pueblo libanés”.