La lucha europea para acabar con la pornovenganza

La lucha europea para acabar con la pornovenganza

Irish artist Emmalene Blake works on a mural, located in Dublin’s city centre, on 26 November 2020. The artist’s latest work is related to Irish legislation outlawing so-called ‘revenge porn’, which is sexual abuse based on images.

(NurPhoto via AFP/Artur Widak)

En marzo de 2019, Anna N. (nombre ficticio), que tenía 27 años y vivía en Berlín en aquella época, recibió una llamada de una amiga suya del colegio, quien le contó que había fotografías suyas en línea que no deberían ser públicas. Anna encontró una docena de fotos suyas, algunas desnuda, otras en bikini y varias de su cara, publicadas en diversas páginas pornográficas sin su conocimiento ni consentimiento. “También había una foto de mi perfil de Facebook, por lo que me mandaron numerosos mensajes privados a mi cuenta. Muchos de ellos alababan mis pechos. Además me enviaron gran cantidad de fotografías de penes”, explica a Equal Times en una entrevista telefónica. Más tarde, Anna se dio cuenta de que le habían hackeado su cuenta de Dropbox y llegó a la conclusión de que las fotos las habían sacado de ahí, aunque nunca llegó a descubrir quién había sido el culpable.

La historia de Anna no es ni de lejos un incidente aislado. La violencia sexual en línea basada en imágenes (también llamada ‘pornovenganza’) es un término genérico que abarca diferentes comportamientos abusivos, como la difusión no consentida o la captura de imágenes sexuales o de desnudos, la amenaza de hacerlo o la creación de fotografías y vídeos pornográficos falsos utilizando técnicas de manipulación digital (llamados ‘deepfakes’). En los últimos años, este fenómeno se ha generalizado, con varios casos destacados de famosas a las que han robado sus fotografías o vídeos de contenido explícito para difundirlos.

Resulta difícil precisar las cifras, ya que los datos son parciales y poco consistentes en toda Europa, pero la ONG británica Revenge Porn Helpline afirma que el número de denuncias se duplicó en 2020, llegando a alcanzar una cifra récord de 3.146 casos que sigue aumentando. En el periodo entre 2015 y 2020, esta organización retiró de internet casi 200.000 archivos que se habían difundido de manera ilegal. Según la organización irlandesa Victims Alliance, en 2020 se filtraron a internet más de 100.000 imágenes de mujeres y niñas irlandesas. Asimismo, un estudio de 2021 llevado a cabo en toda la Unión Europea con 2.000 personas de entre 18 y 80 años reveló que el 30% de las mujeres encuestadas temían que se difundieran imágenes sexuales falsas suyas sin su consentimiento.

En internet, las imágenes íntimas o de naturaleza sexual explícita se comparten rápidamente, con facilidad y a menudo sin ningún tipo de repercusión, aunque muchos países ya han aprobado leyes que penalizan este tipo de acciones. Muchas de las víctimas tienen que librar una ardua batalla si intentan que se haga justicia o que se retiren las imágenes del dominio público. Sin embargo, los recientes cambios en la legislación europea y británica que regula las plataformas tecnológicas podrían facilitar la eliminación del contenido y responsabilizar a las plataformas que lo comparten.

El panorama en constante evolución de la violencia digital basada en imágenes

La difusión de fotografías íntimas no constituye un fenómeno nuevo. El libro de 2020 Image-based sexual abuse: A study of the causes and consequences of non-consensual nude or sexual imagery (La violencia sexual basada en imágenes: un estudio de las causas y consecuencias de las imágenes sexuales o de desnudos no consentidas) recuerda que en la década de 1980, la revista pornográfica estadounidense Hustler tenía una sección en la que invitaba a sus lectores a enviar fotografías de vaginas de mujeres para publicarlas. Varias mujeres acabaron demandando a la revista por haber publicado sus fotografías sin su consentimiento.

Sophie Mortimer, directora de la organización Revenge Porn Helpline, explica que el panorama de la difusión en línea de imágenes íntimas ha evolucionado mucho en los últimos años. “Hay imágenes que se publican después de haber acabado una relación, que responden a la definición general de la ‘pornovenganza’, pero cada vez estamos viendo más de estas fotografías publicadas en foros de internet tan solo por placer. También hemos observado una tendencia en la que estas imágenes se utilizan como un sistema de control en las relaciones. Pueden constituir un modo de forzar a una persona a que permanezca en una relación; o las utilizan en procesos judiciales para denigrar a una de las partes”, asegura. Asimismo, destaca que la mayoría de las víctimas quieren que dichas imágenes se eliminen cuanto antes y no siempre quieren denunciar.

Hace poco, la organización Revenge Porn Helpline promovió la iniciativa StopNCII.org, respaldada por Meta (la empresa matriz de Facebook e Instagram) para ayudar a la gente a impedir de forma proactiva la difusión de sus fotografías íntimas en las plataformas tecnológicas.

Si a alguien le preocupa que sus fotografías íntimas se hayan publicado en línea, puede abrir un proceso en la plataforma de StopNCII.org. Su ‘tecnología generadora de hash’ atribuirá un código numérico exclusivo a cada imagen y creará una huella digital segura que se compartirá con las empresas tecnológicas que forman parte del programa para que puedan detectar si alguien ha compartido o está intentando compartir dichas imágenes en sus plataformas.

Además, esta función también evitará que se sigan compartiendo las fotografías. Sin embargo, por el momento, su tecnología se limita a Facebook e Instagram y no afecta al contenido publicado en las páginas pornográficas.

Cuando Anna intentó retirar sus fotografías de las páginas pornográficas, se tuvo que enfrentar a varios obstáculos. “En algunas páginas web hay un formulario de contenidos, pero en otras tuve que buscar los contactos. Algunas plataformas exigen que les facilites tu nombre y correo electrónico y proporcionan enlaces al contenido que quieres eliminar, lo cual me hizo sentir incómoda. A veces ni siquiera recibes una notificación de que han recibido tu mensaje ni de que han eliminado el contenido. Me limité a actualizar las páginas web periódicamente”, recuerda.

Anna creó la página web Anna Nackt para ayudar a otras víctimas en el proceso. “Al principio escribía literalmente en Google: ‘Hay fotos mías desnuda en línea. ¿Qué puedo hacer?’. En mi página web quise poner información básica como: qué puedo hacer si las plataformas pornográficas no responden o cómo crear una dirección anónima de correo electrónico para denunciar el contenido o incluso cómo hablar con la policía”, nos cuenta.

Julia Słupska, una estudiante de doctorado en el Centro de Formación Doctoral en Ciberseguridad de la Universidad de Oxford y en el Instituto de Internet de Oxford, hace hincapié en lo injusto que resulta que la responsabilidad de eliminar el contenido recaiga sobre las víctimas. “Las víctimas-supervivientes [se ven obligadas] a asumir el papel que debería desempeñar el servicio de atención al cliente. Tienen que descifrar por sí solas cómo proceder o encontrar a gente que les ayude a ir dando pasos para gestionar todo el proceso. Ese no debería ser su trabajo, especialmente en un momento en el que son especialmente vulnerables. Las empresas deberían encargarse de eso y tendrían que invertir más recursos”, concluye.

Soluciones legislativas

En diciembre de 2020, la Comisión Europea propuso enmiendas a la Ley de servicios digitales, que se ha mantenido en gran medida sin cambios desde que se aprobó la Directiva sobre el comercio electrónico en 2000. Las propuestas para actualizar el marco legal vigente de la UE que regula los servicios digitales pretenden organizar mejor el ámbito de las grandes plataformas tecnológicas y hacer que estas rindan cuentas. El pasado enero, el Parlamento Europeo aprobó otro texto actualizado, que introdujo varias enmiendas a la propuesta de la Comisión.

“La Ley de servicios digitales es muy importante porque define los derechos de los usuarios frente a todo tipo de plataformas en línea, incluidas las plataformas pornográficas”, explica Josephine Ballon, abogada y directora del departamento jurídico de Hate Aid, una organización alemana que trabaja por la protección ante la violencia digital y promueve que se juzgue a los agresores. “En toda la UE tenemos enormes problemas para identificar a los agresores, porque nos estamos enfrentando a una situación muy especial. Tenemos plataformas ubicadas en el extranjero, organismos nacionales que se encargan de que se cumpla la ley y leyes penales que no se han armonizado dentro de la UE. Y en internet, todo es transfronterizo. La policía y los órganos judiciales no están lo suficientemente sensibilizados con estos temas. Es como si separaran el mundo real de internet, cosa que ya no es posible”, asegura.

Alexandra Geese, una europarlamentaria alemana y ponente alternativa de los Verdes/Alianza Libre Europea sobre la Ley de servicios digitales, coincide: “[En nuestras propuestas de enmienda] decidimos enfocarnos en las plataformas pornográficas –las páginas que tienen más del 50% del contenido pornográfico– y nos centramos en tres medidas diferentes: unos requisitos de identificación más estrictos para las personas que suban contenido pornográfico; la moderación de los contenidos personales; y una eliminación mejor y más rápida del material de las víctimas”. Esto significa que los que suban el contenido tendrán que identificarse con un correo electrónico y un número de teléfono, mientras que las víctimas podrán eliminar el contenido sin revelar sus datos personales.

Al mismo tiempo, a principios de este mes el gobierno británico propuso enmiendas al Proyecto de ley de seguridad en línea, como varias disposiciones que prohíben contenidos que incluyan, entre otras cosas, la pornovenganza. Si las plataformas no cumplieran con su deber de proteger, que también incluye abordar los contenidos dañinos, a Ofcom, el ente regulador británico de las telecomunicaciones, le otorgarán la competencia para multarles con hasta 18 millones de libras esterlinas o el 10% de sus ingresos cualificados. El Proyecto de ley de seguridad en línea se va a presentar ante el parlamento en los próximos meses.

La versión final de la Ley de seguridad digital todavía se tiene que negociar con el Consejo Europeo, pero Alexandra no cree que este organismo la apoye plenamente. Además advierte que, incluso si el texto se aprobara íntegramente, seguirá siendo muy limitado en cuanto a su alcance.

“Solo incluye a las plataformas pornográficas. La mayoría de los grupos de Telegram o WhatsApp, donde se están difundiendo masivamente fotografías íntimas y pornográficas, están excluidos de dicha ley, pues se consideran sistemas de comunicación privada”, destaca. El proceso de identificación también es deficiente. “En algunos países de la UE se puede comprar un número de teléfono sin ningún tipo de identificación. Por tanto, la ley no afectará a la delincuencia organizada, aunque impedirá que la gran mayoría de la población suba contenidos ilícitos”.

Asimismo, aunque una mayor regulación de las plataformas representa un importante hito para las víctimas de la violencia digital basada en imágenes, eso no significa que vaya a descubrir y sancionar a los agresores, pues eso sería competencia de la legislación nacional. Anna se puso en contacto con la policía en Alemania, donde reside, pero ellos nunca encontraron al culpable ni supieron cómo ayudarla de la mejor manera. “Cuando me puse en contacto con ellos por primera vez, me recomendaron que ‘llamara a Google’”, recuerda. Para muchas mujeres, el proceso de denunciar puede agravar el trauma. “Las víctimas en Alemania y otros países nos cuentan que la policía no está sensibilizada con estos temas. Por lo general, suelen culpar a las mujeres y les preguntan si subieron ellas mismas el material”, denuncia Josephine.

Julia cree que un enfoque de género tanto en la legislación como en el tema de la ciberseguridad podría marcar la diferencia. “La ciberseguridad se suele debatir al nivel de las instituciones militares y financieras o cuando existen filtraciones de datos, pero no está evitando este tipo de delitos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Un enfoque de género en la ciberseguridad tendría en cuenta las estructuras sociales y analizaría cómo la inseguridad, el género, la posición social y la racialidad interactuan con la vulnerabilidad ante la violencia en línea”, concluye.

La presente investigación se llevó a cabo gracias a una beca del fondo europeo IJ4EU. El Instituto Internacional de Prensa, el Centro Europeo de Periodismo y el resto de los socios del fondo IJ4EU no se hacen responsables del contenido publicado ni de ningún uso que se le dé.