Una de las principales decisiones anunciadas por el nuevo Gobierno de Níger en el sector de la educación es acabar con la contractualización (concatenación de contratos temporales) del trabajo de los docentes. Esta decisión, adoptada a raíz de una reunión de los principales responsables del sistema educativo nigerino, se confirmó el 27 de octubre de 2021 durante la reunión que el presidente de la República, Mohamed Bazoum, que comenzó su mandato en abril, mantuvo con los sindicatos del sector de la educación.

La contractualización del trabajo docente es una cuestión que preocupa tanto al Estado como a los sindicatos del sector de la educación. En 2017, de los 76.184 profesores de enseñanza primaria, 59.870 tenían contratos temporales, es decir, el 81,3%. Las mujeres representan del 70 al 80% de los docentes con contrato temporal.

Después de introducir el voluntariado en el sistema educativo en 1998, el Gobierno de Níger decidió recurrir en 2001 a los docentes temporales para subsanar el déficit de profesores, en particular en las escuelas primarias de las zonas rurales. Sin embargo, esta práctica, que debía ser provisional, se ha perpetuado.

Esta opción, además de acelerar la contratación de docentes, permite al Gobierno reducir los gastos del sector porque los profesores temporales perciben remuneraciones inferiores a las de sus colegas funcionarios. El recurso masivo a la contractualización en el sector de la enseñanza es una opción que entra en el marco de las medidas promovidas por las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), con miras a aumentar la tasa de escolarización con pocos medios. Por desgracia, los recursos humanos sufren las consecuencias de esta opción, que favorece la consecución de los indicadores, en detrimento de la calidad de la educación.

Remuneración diferente por el mismo trabajo

En muchos aspectos, existe una verdadera discriminación entre el docente funcionario y su colega temporal, empezando por la remuneración, cuyo nombre y montante difieren en función de la condición del trabajador. Un profesor funcionario del nivel más bajo, es decir, un profesor auxiliar, comienza su carrera con un salario mensual neto de 151.000 francos CFA (alrededor de 230 euros), mientras que el trabajador temporal gana 75.000 FCFA (alrededor de 114 euros). Ambas personas realizan el mismo trabajo, pero el trabajador temporal no percibe su salario a plazo vencido. De hecho, siempre se le paga con retraso y en condiciones que le impiden trabajar correctamente, como señalaron varios profesores a Equal Times. A título ilustrativo, a 15 de febrero de 2022 los docentes temporales todavía no habían recibido el salario de enero.

Desde hace seis años, el pago del salario del conjunto de profesores temporales se confía al servicio de correos, que no cuenta con oficinas en algunas poblaciones y a veces no tiene liquidez. La consecuencia es que los docentes temporales de las zonas remotas dedican varios días a cobrar sus salarios, abandonando sus clases.

Además, el pago de los salarios por el servicio de correos genera inseguridad para los profesores temporales, ya que esta institución publica el calendario de pago a los docentes de cada población. Esto ha provocado varias agresiones de ladrones a docentes y extorsión, en particular en la zona fronteriza entre Níger y Burkina Faso, que experimenta una inseguridad cada vez mayor.

Existe otra discriminación relacionada con la vida profesional. El profesor funcionario se beneficia de un plan de carrera previsto por el estatuto de la función pública, mientras que su colega temporal no tiene ninguna perspectiva. Su única esperanza es incorporarse a la administración pública o ser admitido en las pruebas de contratación que esta organiza.

No obstante, el número de profesores temporales que se incorporan a la función pública, algo que debería darles mayor estabilidad, sigue estando por debajo del número de profesores cuya situación debería regularizarse. Halima Kangay forma parte de los docentes temporales que siguen esperando incorporarse a la función pública. “Hace ocho años que concateno contratos temporales y dentro de poco cumplo 45 años, el límite de edad de contratación en la función pública. Es cierto que los sindicatos negocian una derogación del límite de edad, pero pierdo la esperanza cada día que pasa”, cuenta con amargura.

Mounkaila Halidou es el secretario general del Sindicato nacional de agentes contractuales de la educación básica (SYNACEB) desde su creación y milita desde hace años en nombre del cuerpo docente. El sindicato está afiliado a la Confederación nigerina del trabajo (CNT), la cual dirige desde noviembre de 2021. En su opinión, “un profesor temporal que pasa un número determinado de años en la profesión debería ser incorporado a la función pública y disfrutar de la condición de funcionario. Sin embargo, este periodo no se respeta en absoluto. No es sorprendente que los profesores temporales abandonen la enseñanza en cuanto tienen la mínima oportunidad en otro sector”, destaca.

La precarización en varias dimensiones

El SYNACEB confirma el incumplimiento de las reglas y considera que los instrumentos disponibles nunca se han aplicado plenamente. La precarización de la condición del profesor temporal reside también en la facilidad con que es sancionado, o incluso despedido, sin que se respete el procedimiento previsto. Por ejemplo, en materia de despido, en teoría se aplica el mismo procedimiento al docente funcionario que al profesor temporal, en concreto la comparecencia ante un consejo disciplinario con todas las garantías de defensa. Sin embargo, lamentablemente, este procedimiento no se aplica cuando el afectado es un docente temporal. “Los profesores temporales están a merced de los inspectores de la enseñanza primaria. Basta con que un inspector escriba al director educativo regional para decirle que releva a un profesor de sus funciones por esta o aquella falta y este rescinde su contrato. Hay incluso poblaciones donde los alcaldes son los que rescinden los contratos”, se lamenta Mounkaila Halidou.

Se trata de una situación totalmente opuesta a las exigencias que deben satisfacerse para lograr el trabajo decente. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente implica una remuneración adecuada, protección social para los trabajadores y sus familias, seguridad en el trabajo, así como “mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.

A aquellos que mantienen que la bajada del nivel académico de los alumnos se puede atribuir, entre otras cosas, al ejercicio de la función docente por trabajadores temporales, el secretario general del SYNACEB responde que esto depende de las condiciones psicológicas y materiales en las que el profesor se encuentra y ejerce su profesión.

“¿Con qué ánimos puede alguien que percibe un salario de 75.000 francos, que ni siquiera equivale al subsidio de algunos agentes de la función pública, ejercer su profesión?”, se pregunta el sindicalista en un tono que transmite indignación.

En el marco de las medidas de mejora del sistema educativo, el Ministerio de Educación inició en 2020 la contratación mediante concurso en la función pública de 500 docentes para el ciclo de enseñanza primaria de entre los profesores temporales que podían justificar cuatro años de antigüedad. Sin embargo, hasta la fecha, este proceso no ha llegado a buen puerto y, en este contexto, el Gobierno anuncia el fin de la contractualización y el recurso al servicio cívico nacional para, según él, aumentar la calidad de la educación. La opción escogida consiste en poner a disposición del Ministerio de Educación licenciados con titulación superior que hayan seguido una formación pedagógica de 45 días.

Según el secretario general del SYNACEB, esta opción es discutible, ya que considera que “no se puede formar a un buen profesor en 45 días, independientemente del diploma superior que posea, y no es la solución para aumentar el nivel”.

Movilización y diálogo social

El SYNACEB, con el apoyo de la CNT, defiende varias medidas, como la mejora de la remuneración, el respeto de los plazos para la incorporación a la función pública y el plan de carrera para los profesores temporales. Sin embargo, según los sindicatos, la solución debería consistir en un enfoque global e intencionado en lugar de anuncios esporádicos.

“Mantenemos conversaciones con el Gobierno para definir las modalidades de integración de los profesores temporales en la función pública, pero el estatuto está siendo objeto de revisión”, afirmó el secretario general del SYNACEB a Equal Times.

El diálogo entablado por el sindicato con las autoridades puede encontrarse con obstáculos. Por este motivo se organizaron varias huelgas en las escuelas.

“Hay algo que el Gobierno no quiere admitir: los docentes temporales son más numerosos y tienen una capacidad real para ejercer presión porque cada vez que van a la huelga todas las escuelas están cerradas”, destaca un inspector de la enseñanza primaria que ha solicitado permanecer en el anonimato.

Esto ocurrió cuando el SYNACEB organizó, el 13 y 14 de febrero de 2020, una huelga que obtuvo un amplio apoyo en todo el país.

Asimismo, el SYNACEB organiza manifestaciones y sentadas para reivindicar el pago de los salarios atrasados, así como mejores condiciones salariales y profesionales. En su estrategia de lucha, el sindicato emplea, además de la confrontación, acciones de promoción dirigidas a las autoridades así como actividades de sensibilización para su afiliados con miras a fomentar su participación y una unidad de acción en la defensa de los intereses del sindicato.

El SYNACEB, en efecto, no solo defiende los derechos de los profesores temporales a un mejor trato y una condición estable. También se ocupa de los casos individuales de los afiliados que se encuentran en dificultad, en particular cuando son víctimas de abusos por parte de los responsables de la educación. El secretario general del sindicato indica que su organización siempre está dispuesta a defender a un afiliado cuyos derechos estén siendo pisoteados, siempre que este se ponga en contacto directamente con los responsables del SYNACEB en su región.

Mounkaila Halidou añade que los problemas que afrontan los profesores pueden incluso tratarse a nivel nacional mientras que los responsables regionales de la educación continúan persiguiendo a un afiliado. “Además, el sindicato a veces apoya financieramente a los afiliados que tienen problemas graves, pero hay limitaciones al respecto por los escasos medios de los que dispone la organización”, precisó.

Lo más urgente para su sindicato sigue siendo que se tenga en cuenta a los profesores temporales en la reforma de la función pública prevista, a fin de garantizarles un trabajo decente. “El principio se ha aceptado, pero todavía no se ha llevado a la práctica”. Además, como parte de los esfuerzos destinados a descentralizar los servicios públicos, esta reforma prevé la contratación y la gestión de la remuneración de los profesores temporales por los municipios. Sin embargo, muchas comunidades locales atraviesan dificultades financieras, en particular a causa del incivismo fiscal. El sindicato lucha por obtener lo antes posible garantías para evitar problemas de pago a los profesores.