En Villa Mella, al norte de la ciudad de Santo Domingo, casi a las 10 de la mañana del 5 de enero de 2022, cientos de vehículos se dirigen al centro de la ciudad a través de la principal puerta de entrada y salida de la capital: el puente Francisco J. Peinado, sobre el río Isabela. Entre ellos se desplaza el gran autobús amarillo del servicio de inmigración de la República Dominicana.

“No quiero volver a Haití. Vine a trabajar. Por favor, déjenme aquí”, implora un hombre vestido con una camiseta blanca y vaqueros desteñidos frente a la policía. Como muchos de sus compatriotas, este haitiano, en busca una vida mejor, fue arrestado esa mañana cuando se dirigía a su trabajo.

La “Camiona” es el nombre que dan los haitianos a este autobús amarillo, similar a los que se usan para la recogida escolar en los Estados Unidos, pero este lleva barras de hierro en las ventanas. Para los haitianos que quieren huir de la flagrante inseguridad y precariedad de su país, su mera imagen es sinónimo de deportación. Cada semana, miles de trabajadores prueban suerte en la República Dominicana, cruzando la frontera que divide la antes conocida como isla La Española.

Según un oficial de inmigración, esta operación se repite todos los días. Da comienzo a las seis de la mañana y termina muy tarde en la noche. “Tienen que volver a su país. Aquí son ustedes ilegales. No importa dónde vivan en la República Dominicana, siempre podemos encontrarlos. Vayan a resolver los problemas de su país”, espeta el hombre con hostilidad, ante un grupo de personas al que acaba de conducir a un gran hangar de la Dirección General de Migraciones, donde se recogerán los datos biométricos de cada persona.

Al ver a la policía, algunos optan por fingir indiferencia, otros tratan de huir, dando lugar a persecuciones que a menudo terminan en arrestos violentos. Un hombre muestra a Equal Times su pierna herida y sus pantalones rasgados y afirma que fue maltratado durante su arresto.

Según la Agrupación de apoyo a los repatriados y refugiados (GARR, por sus siglas en francés), más de 28.000 migrantes haitianos fueron repatriados durante 2021 a la frontera haitiano-dominicana.

GARR es una organización no gubernamental haitiana que lucha contra la discriminación y la injusticia que sufren los haitianos en el extranjero, particularmente en la República Dominicana. “Muchas mujeres migrantes embarazadas fueron expulsadas de hospitales públicos y luego detenidas, antes de ser deportadas a la frontera por agentes migratorios dominicanos”, lamenta la organización, tras la decisión de endurecer las condiciones de acceso a la atención médica para los no nacionales.

Estas violencias parecen haber aumentado desde que las autoridades dominicanas tomaron nuevas medidas para reducir en su territorio el número de personas en situación irregular. Medidas que conciernen a quienes vienen ocasionalmente a buscar trabajo o tratamiento médico, pero también a aquellos que ya llevan mucho tiempo instalados en el país.

Esta drástica política migratoria fue una promesa del presidente Luis Abinader, electo en 2020. “Los haitianos que vienen a República Dominicana tienen que venir con un permiso de trabajo y cumplir con la ley; después que terminen ese trabajo tienen que volver a su país”, afirmó después de su toma de posesión. Asimismo, inició la construcción de un muro de 190 kilómetros en la frontera de ambos países, la cual justifica por la amenaza a la seguridad que representan las pandillas que han tomado el control de varias regiones de Haití.

Mano de obra barata

La República Dominicana, uno de los principales destinos turísticos del Caribe, ha experimentado uno de los crecimientos económicos más rápidos de la región en una década, según la OCDE. Este notable resultado ha sido impulsado por el turismo, así como por los sectores de servicios y de la construcción.

Los dos Estados, que coexisten en la misma isla, siempre han mantenido relaciones tormentosas. Sin embargo, nunca han impedido el comercio y el flujo de trabajadores, para beneficio de la República Dominicana. “Los haitianos siempre han sido mano de obra barata”, subraya el pastor haitiano Marc-André Louis. Padre de tres hijos y casado con una dominicana, vive en el este de la isla desde 2009. La mayoría de los fieles de su parroquia son haitianos sin permiso de residencia.

En su opinión, los migrantes haitianos realizan muchos de los trabajos que los dominicanos no quieren hacer, especialmente en la agricultura y la construcción. “Es muy difícil encontrar un dominicano que acepte trabajar en estos dos sectores porque no quiere trabajar tan duro. Los haitianos, por su parte, están acostumbrados a hacerlo. En todas las obras de construcción de la capital dominicana, el idioma que se escucha entre los trabajadores es el creole”.

Manuel Matos es el director de la Asociación de Productores Agrícolas del Valle de San Juan, una de las regiones agrícolas más prósperas del país, y a su juicio, el panorama es muy similar en el campo, donde el 95% de los trabajadores son haitianos. Sin embargo, la ley establece que el 80% de los empleados de una empresa deben ser dominicanos.

“Aquí es difícil respetar el límite de trabajadores extranjeros. De acuerdo con las normas, debe ser un máximo del 20%. Esta ley nunca será aplicable”, declaró el director de la asociación agrícola a lo largo de una entrevista con la agencia EFE. También que los jornaleros dominicanos a menudo prefieren ir a las ciudades para trabajar como mototaxistas.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017 (ENI-2017), solo el 16% de los haitianos tiene contratos de trabajo por escrito, en comparación con el resto de trabajadores extranjeros que registran una tasa de contrato por escrito del 61%.

Sin contrato, aquellos reciben bajos salarios y ninguna prestación social. “No encontramos trabajo todos los días. Pero los que nos aceptan nos ofrecen 500 pesos (unos 7 euros) por una jornada de trabajo en la construcción. Incluso menos para los que trabajan en la agricultura. Siempre es mejor que nada en Haití”, explica Johnny, un haitiano de 33 años que vive en una casita encalada en el valle del Cibao.

Sin embargo, los inmigrantes haitianos “producen gran parte de los alimentos que comemos y construyen muchas de las casas y edificios donde los dominicanos viven y trabajan a precios ventajosos. Sin esta mano de obra barata, el costo de la vida sería más alto en la República Dominicana”, afirma Manuel Matos.

A solo tres kilómetros del balneario de Punta Cana, uno de los más apreciados entre los turistas, se encuentra un gran vertedero a cielo abierto. Un lugar donde los hoteles y otras grandes empresas vierten sus residuos día a día. Una veintena de hombres y mujeres hacen la selección de los desechos. Algunos recuperan los restos de comida para alimentar a los animales. Otros recolectan plásticos para venderlos a empresas de reciclaje. Es lo que hace Gabriel, haitiano de una treintena de años, que vive con su hijo a escasos metros del vertedero. Con los residuos plásticos, gana menos de 5 euros al día. “Me paso la vida aquí recolectando plásticos para una empresa que luego viene a recogerlos. Sabíamos que había muchos turistas en la ciudad. Vine aquí para encontrar trabajo, pero desde 2019 no puedo encontrar un empleo en Punta Cana porque no estoy en orden con la inmigración”.