Los habitantes de Barbuda luchan para proteger sus humedales y una forma de vida centenaria

Los habitantes de Barbuda luchan para proteger sus humedales y una forma de vida centenaria

An aerial view of the town of Codrington in Barbuda.

(UN/Rick Bajornas)

Palmetto Point, un humedal en la isla de Barbuda, está formado por manglares, praderas submarinas, marismas y arrecifes de coral. Allí viven especies amenazadas como las tortugas carey y laúd, así como la mayor colonia de fragatas del hemisferio occidental. Dentro de poco, tendrán que convivir con un nuevo vecino: un resort de lujo compuesto por un hotel de 150 habitaciones, 450 viviendas, un club de playa, un puerto deportivo y un campo de golf.

“Los recursos marinos de Barbuda en los que se basan la subsistencia, la seguridad alimentaria y el ecoturismo se verán afectados negativamente [por la urbanización]”, denuncia John Mussington, un biólogo marino y director de colegio con sede en la isla. “Y esta isla y su gente, ya bastante vulnerables ante el cambio climático, perderán lo que necesitan para sus estrategias de adaptación”.

Los humedales de Barbuda, como Palmetto Point, resultan esenciales para la vida de los isleños, como medio de subsistencia y como defensa natural contra la erosión del litoral. Expertos de la ONU han advertido que el proyecto podría suponer una amenaza para los derechos humanos de los barbudenses.

Como parte de la nación soberana de Antigua y Barbuda, incluida en la Commonwealth y situada en la cadena de islas caribeñas de las Antillas Menores, la belleza natural virgen de Barbuda es el producto de un sistema colectivo de tenencia de tierras que existe desde la abolición de la esclavitud en 1834. Codificado en la Ley de Tierras de Barbuda de 2007, este sistema no solo otorga la igualdad de derechos a la tierra a los aproximadamente 1.800 habitantes de esta isla llena de palmeras de 160 kilómetros cuadrados, sino que también les permite elegir democráticamente qué proyectos se aprueban para su isla. Y esto lo hacen a través del Consejo de Barbuda (elegido democráticamente), la autoridad local encargada de gestionar los asuntos internos.

Sin embargo, tanto el sistema comunal de Barbuda como su resiliencia socioecológica corren peligro desde que el huracán Irma destruyó el 90% de los edificios de la isla y obligó a llevar a cabo una evacuación en masa a la vecina Antigua en 2017. Para que la isla se recupere, Gaston Browne, el primer ministro de Antigua y Barbuda, ha fomentado la propiedad privada basada en inversiones extranjeras. El club náutico que se está construyendo en el humedal de Palmetto Point es uno de dichos proyectos.

Las enmiendas legislativas al sistema comunal

El proyecto está dirigido por Peace, Love and Happiness (PLH), una empresa estadounidense propiedad de John Paul DeJoria, el cofundador de Patrón Tequila; y por Discovery Land Company, una promotora inmobiliaria propiedad del magnate estadounidense Mike Meldman. El Club Náutico de Barbuda ocupará alrededor de 325 hectáreas, 285 de la cuales se encuentran dentro del único parque nacional de la isla, que ha sido declarado un humedal de importancia internacional por el Convenio de Ramsar, un tratado internacional para la conservación de los humedales. En virtud del contrato de arrendamiento a 99 años con opción a compra, PLH se ha comprometido a pagar 150.000 dólares estadounidenses anuales al gobierno de Antigua y Barbuda para poder desarrollar el resort.

Como el partido de izquierdas Movimiento del Pueblo de Barbuda (BPM) solo tiene un escaño en la Cámara de Diputados, frente a los 15 del Partido Laborista de Antigua (ABLP) del primer ministro Brown, poco pudieron hacer los barbudenses para frenar las enmiendas de 2016 y 2017 a la Ley de Tierras de Barbuda. Dichas enmiendas legislativas no solo invalidaron su sistema comunal, sino que también legitimaron el proyecto de PLH.

Pero esto no ha impedido que los activistas y surfistas intenten concienciar a la gente sobre lo que ya se considera un acaparamiento de tierras y un ejemplo del capitalismo del desastre.

“Una persona me mandó un mensaje para informarme de que una ola en el Caribe estaba en peligro”, nos cuenta el fotógrafo británico especializado en surf Al Mackinnon, en referencia a una zona para practicar surf en Palmetto Point. Al Mackinnon llegó a la isla por primera vez en 2012 para fotografiar a los surfistas y conocer de primera mano la naturaleza virgen que sus padres tanto habían ensalzado a lo largo de los años. Sin embargo, no fueron las olas ni la fauna las que le impulsaron a implicarse en los esfuerzos por salvar el humedal de Palmetto Point desde su sede en Reino Unido. “Como surfistas, podemos hablar sobre [el daño a] las olas”, explica a Equal Times. “Pero también existía la necesidad de amplificar el mensaje de la campaña de los isleños”.

Los humedales son los ecosistemas terrestres más importantes del mundo. Según un informe de 2021 de la Perspectiva Mundial sobre los Humedales de Ramsar, casi 4.000 millones de personas de todo el mundo dependen de los humedales para su salud y su seguridad alimentaria e hídrica y se calcula que esto les otorga un valor anual mundial de 47,4 billones de dólares.

Asimismo, los humedales costeros secuestran carbono hasta 55 veces más rápido que las selvas tropicales. Y aun así, desde 1970 el 35% de los humedales mundiales ha desaparecido. Esto ha sucedido a un ritmo tres veces más rápido que las selvas, por lo que los humedales se han convertido en el ecosistema más amenazado del planeta.

John se lamenta de las repercusiones medioambientales del proyecto de PLH. Pero también le preocupa la falta de transparencia en la toma de decisiones. Entre sus principales preocupaciones se encuentra la evaluación del impacto ambiental llevada a cabo en 2017, cuyos resultados siguen siendo un misterio para los residentes locales. “Este plan se desarrolló y presentó ante la DCA [Autoridad de Control del Desarrollo] para que lo aprobara en una fecha en que los barbudenses habían sido evacuados de la isla y no se les permitía regresar, excepto un par de horas al día en grupos limitados para sacar sus pertenencias de sus hogares y regresar a Antigua”, denuncia John.

Asimismo, cuestiona la validez de una cláusula del contrato de arrendamiento de 2017, firmado por el entonces presidente del Consejo de Barbuda, en la que se aseguraba que el gobierno había obtenido todos los consentimientos necesarios del pueblo de Barbuda. “La Ley de Tierras de Barbuda requiere el consentimiento del pueblo de Barbuda y no solo del Consejo”.

Un acuerdo cuestionable para garantizar empleos locales

PLH se ha comprometido a garantizar que al menos el 75% de todos sus empleados sean ciudadanos de Antigua y Barbuda y cada año debe presentar un informe de contratación al Comisario de Empleo. Aunque la empresa alega que se crearán más de mil empleos locales, no queda claro si dichos puestos de trabajo fomentarán el desarrollo sostenible, según nos explica John. Por si fuera poco, otra cláusula del contrato de arrendamiento estipula que no cumplir con la cuota “no se considerará un incumplimiento del contrato”.

“El deterioro a largo plazo del medio ambiente y los consiguientes efectos negativos para la seguridad alimentaria y la resiliencia ante el cambio climático tienen unos costos asociados que superarán cualquier beneficio económico a corto plazo” derivado del proyecto de PLH, sostiene John. “El proyecto es básicamente un negocio especulativo de venta de bienes inmobiliarios de lujo y el tipo de empleos locales que ofrece son principalmente de poca importancia y bajos salarios. Los pocos empleos con salarios altos se reservan para personas que trae la empresa”, declara, poniendo como ejemplo un reciente proyecto de construcción en las islas Bahamas.

La Global Legal Action Network (GLAN), una ONG de derechos humanos que proporciona asesoramiento jurídico al Consejo de Barbuda, tiene una postura parecida. Para Tomaso Ferrando, un abogado con sede en Bélgica y miembro de la GLAN, la cláusula de empleo del 75% no es fiable.

Según afirma, los salarios que ganarán los trabajadores serán inferiores a las exenciones fiscales que otorgarán a PLH, lo que significa que la empresa realmente no inyectará ningún dinero en la economía local. “La gente en Barbuda necesita dinero para adaptarse y sostener los proyectos locales que gestionan ellos”, explica Tomaso. “No necesitan ser los empleados de multimillonarios”.

Actualmente, la GLAN está implicada en dos procesos judiciales para recurrir ante los tribunales varios proyectos de construcción. El primero se inició en 2018 y alegaba que la concesión del proyecto Paradise Found de Robert De Niro en 2014, también en Barbuda, es anticonstitucional. El segundo, cuyos demandantes son John Mussington y un expresidente del Consejo de Barbuda, solicita que se detenga la construcción de un nuevo aeropuerto internacional debido a la falta de una evaluación del impacto ambiental. Un tribunal local desestimó ambas demandas por falta de fundamento. Se han recurrido ante el Consejo Privado, el máximo tribunal de apelación para las naciones soberanas de Reino Unido, y se espera que se juzguen esta primavera.

“Las resoluciones del Consejo Privado son fundamentales”, explica Tomaso. “Si la Ley sobre Paradise Found es anticonstitucional, lo mismo podría decirse sobre las posteriores reformas de la Ley de Tierras que ha votado el gobierno (y no el pueblo de Barbuda) para facilitar las inversiones, lo que ha provocado consecuencias sistémicas para la legalidad de todas las inversiones vigentes hoy en día”.

Un modo de vida

El acaparamiento de tierras es una práctica habitual en todo el mundo. Los gobiernos y las grandes empresas suelen fijarse en tierras de propiedad comunitaria para extraer recursos naturales o desarrollar la industria o el turismo. Y los propietarios de las tierras comunales –alrededor de 2.500 millones de personas, según un informe de 2016– rara vez tienen derechos legales sobre las mismas, lo que a su vez pone en entredicho sus propios derechos.

En Barbuda, la propiedad de las tierras comunales no solo constituye un marco sociopolítico, sino un modo de vida que los lugareños están dispuestos a proteger, incluso si actualmente el destino de dicho sistema está en manos del tribunal de un país lejano. “En 2018 hubo unas elecciones para el Consejo de Barbuda en las que los barbudenses votaron abrumadoramente a favor del partido que respaldaba el sistema comunal de tierras [y] que se oponía al plan de PLH”, explica John. Pero eso no cambia el hecho de que su derecho a votar sobre quién arrienda sus tierras ya se ha visto menoscabado por las enmiendas a la Ley de Tierras, así como por un gobierno central que, según John, “está promoviendo unilateralmente el modelo de desarrollo de PLH en Barbuda”. Tanto es así que los que se oponen a esta política han sido tildados de “terroristas económicos” por el primer ministro.

Entre abril y mayo de este año se espera una visita del comité de humedales de Ramsar para que analice el estado de los humedales y se supone que más tarde vendrá una misión oficial, la cual, junto a la presión internacional, quizá pueda convencer al gobierno para que reconsidere el proyecto de PLH.

Aunque la esperanza parece ser lo que impulsa a los barbudenses a seguir luchando, su lúcida mentalidad es lo que les ayuda a abordar la situación. “Los barbudenses, como pueblo indígena y tribal en virtud de su conexión especial con la tierra y sus recursos, dejarán de existir sin su sistema de tierras”, se lamenta John. “El plan de PLH y los barbudenses como pueblo no pueden coexistir. El éxito de uno depende de la eliminación del otro”.