Era una idea que llevaba décadas rondando, pero que parecía que nunca llegaría a hacerse realidad. Y, sin embargo, el pasado mes de enero, el Parlamento de Indonesia aprobó una ley para trasladar su capital desde Yakarta a una nueva ciudad a más de 1.300 kilómetros de distancia, en la provincia de Kalimantan Oriental, antes de 2024.

“Es muy repentino. Hacía mucho tiempo que se oía hablar de ello, pero nos parecía imposible que se fuera a hacer”, asegura a Equal Times Elly Rosita Silaban, presidenta de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Prósperos de Indonesia (KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), una de las principales uniones del país. “Va a costar mucho dinero”. El gobierno ha calculado que la operación supondrá una inversión de más de 33.000 millones de dólares (unos 29.700 millones de euros).

Sukarno, el primer presidente de Indonesia tras su independencia, fue el primero en sugerir la necesidad de trasladar la capital del país en los años 50 del siglo pasado. El actual presidente indonesio Joko Widodo, conocido popularmente como ’Jokowi’, lo volvió a proponer en abril de 2019 y apeló a la justicia social y económica para el traslado. “Una capital no es sólo el símbolo de la identidad nacional, sino que es también la representación del progreso de la nación. Esto [el traslado] es por la materialización de la igualdad y la justicia económica”, aseguró el presidente en la presentación formal del proyecto ante el Parlamento en agosto de 2019.

El poder político y económico de Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas, ha estado tradicionalmente concentrado en la isla de Java y especialmente en la capital, Yakarta. Así, en Java viven 151 millones de personas, o el 56% de la población de un país de 270 millones de habitantes.

También concentra cerca del 60% del PIB, y la mayor parte de la industria manufacturera del país. En el área metropolitana de Yakarta, que incluye a la misma capital y a las zonas de Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi, viven más de 30 millones de personas, y podría superar en población a Tokio en 2030, alcanzado los 35 millones de habitantes.

El traslado de la capital podría tener, sin embargo, un fuerte impacto social y laboral para los millones de trabajadores que viven en Yakarta y las áreas aledañas. “Aún no sabemos qué va a pasar con esa industria y empresas que están ahora cerca de Yakarta”, se lamenta Elly Rosita Silaban. Así, en la capital trabajan fundamentalmente empleados de cuello blanco en oficinas y empresas, y pequeños trabajadores independientes que tienen sus propios negocios.

En el conurbano, se han desarrollado varios centros manufactureros en sectores como el textil, la construcción, la electrónica, la industria química, la maquinaria, o la industria alimentaria, entre otros. Muchos de esos trabajadores son además informales, ya que el gobierno calcula que hasta un 60% de los trabajadores del país no tienen contratos ni reconocimiento laboral oficial. “En nuestras conversaciones con trabajadores en la zona, hemos visto que no están dispuestos a mudarse porque sus familias están en Yakarta. Así que la cuestión es cómo prepararlos para cuando pierdan sus trabajos. Porque las empresas acabarán mudándose”, continúa la sindicalista.

Según Silaban, el gobierno central no está contando con los sindicatos a la hora de planear una transición menos traumática, tanto para los trabajadores que se desplazarán, como para los que se quedarán en Yakarta. “¿Cuál va a ser el futuro de esos trabajadores?”, se pregunta. “El gobierno no se está sentando con nosotras para discutirlo”, continúa.

Lengga Pradipta, investigadora sobre Ecología Humana en el Instituto Indonesio de Ciencias (LIPI), coincide en que el gobierno no está midiendo los impactos sociales que se producirán con el traslado de la capital.

“Jokowi nunca mencionó a los empresarios, a los estudiantes, a la gente común. Su foco estaba puesto en la construcción de infraestructuras para trasladar a los empleados del gobierno”, asegura la académica, quien está investigando las percepciones sociales sobre el traslado. “Los legisladores han desatendido las necesidades de la gente, ya sea en Kalimantan o en Yakarta”, añade en una entrevista con Equal Times.

Para la investigadora, el cambio de la capital podría afectar a la economía de Yakarta, que perdería una parte importante de su población con mayor poder adquisitivo, los funcionarios. Así, se calcula que al menos unos 60.000 funcionarios, junto a sus familias, podrían ser trasladados antes de finales de 2023. En 2019, el entonces ministro para la Reforma Administrativa, Syafruddin Kambo, estimó en un millón el número de funcionarios que pertenecen al gobierno central y que podrían ser relocalizados. Con ellos, podrían también desplazarse empresarios y pequeños trabajadores independientes quienes, a pesar de no estar obligados a cambiar de domicilio, se verían en la tesitura de hacerlo al ver partir a sus principales consumidores. Un ejemplo, menciona la investigadora, serían los servicios de venta en línea, cuyos mayores clientes son funcionarios del gobierno.

Sin embargo, el impacto económico podría extenderse a otras partes del país. “Para mí, la principal preocupación es que si la capital se traslada, la economía se ralentice y ya no vuelva a ser lo de antes”, explica Lengga Pradipta. Y eso causa incertidumbre entre los trabajadores. “Tienen miedo sobre su futuro. Nos preguntan a nosotras qué va a pasar, si sus empresas van a cerrar y si perderán sus trabajos. No tienen información”, asegura.

Un país sin un plan para la emergencia climática

La redistribución económica y de la población no es la única razón de peso para trasladar la capital del país. Así, Indonesia es un país “altamente vulnerable a los impactos del cambio climático”, incluidas inundaciones y sequías, y a los “cambios a largo plazo por el nivel del mar o [...] el incremento de temperatura”, según el Banco Mundial.

Y Yakarta, una megaciudad bañada por el mar, es aún más vulnerable. El incremento del nivel del mar está empeorando el problema de subsidencia del suelo de la ciudad, provocado en origen por la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos de la zona. “Se juntan dos razones: una son las condiciones geológicas, porque Yakarta es una zona aluvial, y otra es la extracción del agua”, explica a Equal Times Elisa Sutanudjaja, directora ejecutiva del Centro Rujak para Estudios Urbanos. Yakarta es así una de las ciudades que más rápidamente se está hundiendo en el mundo y se calcula que una cuarta parte de la ciudad podría estar bajo agua en 2050.

Pero el traslado no sería necesario si realmente el gobierno quisiera atajar el problema, asegura Elisa Sutanudjaja. “Yakarta es parecida a Tokio en los años 60, donde también había un problema con la extracción del agua subterránea. Y ellos lo solucionaron parando esa extracción”, explica. “Si realmente quieres resolver el problema, tienes que hacer frente a él, no desplazarlo”, continúa.

Para Elly Rosita Silaban, de la KSBSI, el caso de Yakarta no es el único problema asociado con la emergencia climática que el gobierno no está afrontando. “No hay interés en Indonesia por hablar de transición justa. Llevamos años intentando poner el tema sobre la mesa pero no quieren hablar de eso”, asegura. A pesar de todo “la KSBSI prevé, entre otros, discusiones con empleadores de empresas ya afectadas por el cambio climático”. Una cita que puede tornarse significativa es la cumbre del G20 de noviembre, ya que Indonesia preside el Grupo este año. Para dicha cita el sindicato indonesio empujó para que la cuestión climática fuese uno de los tres temas prioritarios.

En 2019, el gobierno de Indonesia hizo públicos sus objetivos de mitigación de emisiones, y se comprometió a una reducción de un 29% de los gases de efecto invernadero antes de 2030. En ese programa, presentado como parte de los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París, había un pequeño capítulo para ‘transición justa’, con medidas generales como la promoción de actividades económicas de bajas emisiones que creen puestos de trabajo o la mejora de la capacitación de los trabajadores.

Sin embargo, para Silaban faltan planes concretos para ayudar a los trabajadores que se verán afectados por la transición energética. “Aquellos que van a perder sus trabajos en el sector de la minería, por ejemplo, deberían tener apoyo del gobierno para encontrar otro trabajo”, asegura.

Uno de los sectores más afectados será probablemente el del carbón, principal fuente para la generación de electricidad en el archipiélago, y un importante sector económico, ya que Indonesia es el principal exportador de carbón a nivel mundial.

En este sentido la KSBSI ha exigido al gobierno que “elabore una hoja de ruta clara en materia de empleo basada en los principios de transición justa de la OIT, ya que la eliminación progresiva del carbón afecta en Indonesia al menos a 165.784 trabajadores”, comenta. Y añade que “Kalimantan Oriental, como provincia de la nueva capital, es también la mayor provincia minera –de carbón– del país. La vida de los trabajadores y sus familias se verá doblemente afectada en esta región... por la nueva capital y por el cierre de la industria minera”.

El principal problema, asegura Silaban, es que en Indonesia, la opinión pública en general no se toma en serio las consecuencias del cambio climático. “La gente cree que nunca va a llegar porque llevan mucho tiempo oyendo hablar sobre el impacto del cambio climático y no les ha pasado nada, pero no se dan cuenta de que muchas de las cosas que ya ocurren, como la pérdida de cosechas, se deben a eso”, explica Silaban. “Y esto es grave porque nos está retrasando mucho, pero es urgente tomar medidas”, concluye.