“Es una tortura psicológica”: representantes sindicales bajo el punto de mira en Filipinas

“Es una tortura psicológica”: representantes sindicales bajo el punto de mira en Filipinas

Following the passage of an anti-terrorism bill, human rights protesters in Quezon City, Philippines, call on the Duterte government to “stop the killings” in June 2020.

(Lisa Marie David/NurPhoto via AFP)

Por un golpe de suerte, Mary Ann Castillo tenía el día libre cuando varios militares y policías fueron a visitarla el pasado mes de marzo a la fábrica de componentes electrónicos en la que trabaja en Laguna, cerca de la capital de Filipinas. Después, fueron a su casa, pero tampoco había nadie. La visita fue, sin embargo, suficiente como para meterle el miedo en el cuerpo: se había convertido en objetivo de las autoridades por su trabajo como representante sindical.

La situación de los sindicatos en Filipinas ha sido delicada desde la llegada a la presidencia del país en 2016 de Rodrigo Duterte, un político que se ganó a las masas con sus promesas de proteger a los más desfavorecidos, incluidos a los trabajadores más vulnerables. También traía en su programa el compromiso de acabar con el consumo de drogas que se había extendido por el país.

Esa operación contra las drogas se tradujo, sin embargo, en una campaña de asesinatos extrajudiciales que se ha cobrado al menos 6.235 vidas, según datos oficiales del gobierno de Filipinas. Organizaciones de defensa de derechos humanos cifran, sin embargo, los asesinatos en más de 12.000 y aseguran que se ha utilizado para acabar con opositores políticos y otros activistas. “Está claro que la guerra contra las drogas ha echado por tierra el respeto básico por los derechos humanos y por el Estado de Derecho, y eso es peligroso para cualquier trabajador o líder sindical que intente enfrentarse a una empresa poderosa organizando un sindicato”, asegura Phil Robertson, director adjunto para Asia de Human Rights Watch (HRW).

Los sindicatos se convirtieron en uno de los objetivos prioritarios de esa campaña de represión a partir de 2019, relata Eleanor ‘Lengua’ de Guzman, directora de derechos humanos del sindicato Kilusang Mayo Uno (KMU).

“Antes había habido arrestos de compañeros pero poco antes de la pandemia empezaron a atacarnos, perseguirnos, acosarnos…”, asegura de Guzman. La situación empeoró de nuevo tras la aprobación en 2020 de una nueva ley antiterrorista, que dio poderes ilimitados en la búsqueda y captura de personas sospechosas de terrorismo.

Una de las tácticas utilizadas por el gobierno ha sido el uso de las llamadas etiquetas rojas (red-tagging) que señalan a aquellas personas u organizaciones sospechosas de estar relacionadas con grupos comunistas. “Cuando los líderes sindicales critican a Duterte, se enfrentan a las acusaciones y a las represalias del gobierno, y en los peores casos, al etiquetado rojo como comunistas o simpatizantes. Esas etiquetas ponen sus vidas directamente peligro”, afirma Robertson.

Y el riesgo es real. Según datos del KMU, 56 sindicalistas han sido asesinos extrajudicialmente bajo la administración de Duterte. Uno de los días más sangrientos tuvo lugar el 7 de marzo de 2021, cuando 9 sindicalistas y otros activistas fueron asesinados. El mismo Departamento de Empleo de Filipinas anunció recientemente que está investigando 60 casos de supuestos asesinatos extrajudiciales o de intentos que han tenido lugar durante la presidencia de Duterte. “Los sindicatos son agentes activos de cambio. Lo que quieren es que dejemos de organizarnos”, reclama de Guzman. Los arrestos arbitrarios tampoco son infrecuentes. Entre otros, Esteban ‘Steve’ Mendoza, vicepresidente de Pamantik, organización regional del KMU, fue arrestado ese mismo “domingo sangriento” de marzo y aún permanece en prisión.

De momento, Mary Ann Castillo, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Nexperia, una de las principales empresas de semiconductores a nivel global, ha empezado a cambiar la ruta que utiliza para ir de su casa al trabajo por precaución. Hace unas semanas se marchó un mes a la capital del país, Manila, junto al vicepresidente de su organización quien, según Castillo, sufre una campaña de acoso peor a la suya. “Él ha recibido más de una decena de visitas en su casa”, relata. “Es muy difícil ahora mismo ser representante sindical”, asegura Castillo, cuya organización está afiliada al KMU. “Lo cierto es que tenemos miedo. Es una tortura psicológica”.

Sin mejoras laborales

Mary Ann Castillo comenzó su andadura como representante sindical después de una disputa laboral en su empresa en el año 2014. “Pedíamos un incremento de los sueldos y nos echaron a 24 trabajadores, incluida yo”. Castillo consiguió que ella y otros 12 compañeros recuperaran sus empleos, lo que la lanzó en su carrera hacia la presidencia del sindicato.

Castillo cree, sin embargo, que si hoy en día pasara lo mismo, no podrían defender sus derechos de la misma manera. Así, el gobierno de Filipinas ha utilizado no sólo la campaña contra las drogas y el terrorismo, sino también la pandemia para reducir aún más sus posibilidades de organizar protestas para pedir mejores condiciones de trabajo. “Es cierto que ha sido más difícil que se reconozcan derechos laborales durante este tiempo”, asegura Castillo. “Ahora tenemos que preocuparnos no sólo de los trabajadores, también de nuestra propia seguridad”.

Y eso ha tenido repercusiones en el estancamiento de las mejoras laborales en un país atenazado por la alta tasa de trabajadores pobres.

“Para un populista que asegura que está a favor de los pobres y decidido a ayudar a la gente normal, Duterte ha sido un desastre para los derechos de los trabajadores en Filipinas”, opina Phil Robertson de HRW. Así, en Filipinas, el 23,7% de la población vive bajo el umbral nacional de pobreza, aunque la tasa de desempleo es sólo del 2,5%, según datos del Banco Asiático de Desarrollo. “La pobreza se debe principalmente a la baja capacidad de ingresos de los pobres y a su escaso acceso a empleos estables y productivos”, explica el Banco Mundial en un informe sobre el mercado laboral de Filipinas. “Detrás de esto se hallan dos causas de origen que están interrelacionadas con la pobreza laboral: la baja educación de los pobres y la falta de oportunidades de trabajos productivos”.

El salario mínimo en la región de Manila es de 533 pesos diarios (o 9,5 euros; 10,2 dólares), para trabajadores del sector agrícola, y 570 (10,1 euros; 10,9 dólares) para el resto de sectores. Y aunque este salario mínimo fue ajustado recientemente para tratar de compensar la inflación galopante que, al igual que en medio mundo, también se ha registrado en Filipinas, aún está lejos de llegar a lo necesario para proveer a una familia. “Una familia necesita unos 1.070 pesos (19 euros; 20,4 dólares) para poder vivir dignamente. Es casi el doble”, explica de Guzman.

Sin embargo, de Guzman destaca que una de las principales frustraciones como sindicalista es que no se hayan producido los cambios necesarios en la ley para atajar la fuerte temporalidad e informalidad de los trabajadores en el país. “Fue una de las promesas electorales de Duterte, pero se ha diluido”, protesta la sindicalista. En 2018, Duterte firmó un decreto que prohibía el uso de contratos temporales, pero en el que se había eliminado una frase que los sindicatos consideraban clave: que la contratación indefinida debía ser la norma en las relaciones empleador y empleado.

A pesar del miedo y la frustración, ni Castillo ni de Guzman piensan retirarse de la lucha sindical. “Como sindicalistas, hemos elegido no tener miedo, porque tenemos que seguir luchando. Si no, perderemos nuestros derechos más fundamentales”, señala de Guzman. Y aunque Duterte termina su mandato el 30 de junio, su sucesor, el hijo del antiguo dictador Ferdinand Marcos, será probablemente heredero de políticas similares.

Así, durante la campaña presidencial, Bongbong Marcos reivindicó el legado de su padre, a quien llamó un “genio político”, a pesar de su largo historial de abusos de derechos humanos.

En este sentido, durante las más de dos décadas de gobierno de Ferdinand Marcos, se documentaron arrestos arbitrarios generalizados, torturas, desapariciones forzosas y asesinatos extrajudiciales. El mismo Marcos, quien fue depuesto por una revuelta popular en 1986, aseguró a Amnistía Internacional que sólo entre 1972 y 1975 más de 50.000 personas habían sido arrestadas.

Al igual que su padre y que Duterte, Bongbong Marcos ganó la presidencia con promesas populistas, como rebajar el precio del arroz. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos ya no se fían de las buenas palabras de líderes políticos como Marcos, asegura Castillo. “Ya conocemos el pasado de su familia y sus ideas políticas. Es por eso que tenemos que continuar luchando”, concluye la sindicalista.

This article has been translated from Spanish.

Este artículo ha contado con el apoyo financiero del sindicato ACV-CSC (Bélgica) y de la Dirección General de la Cooperación belga al Desarrollo.