En diciembre de 2021 los trabajadores de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina notificaron en una denuncia penal haber descubierto en un viejo disco duro un vídeo, aparentemente grabado por una cámara de seguridad, de una reunión entre políticos de la provincia de Buenos Aires, agentes de los servicios de inteligencia y empresarios, celebrada en una sala de juntas de un banco central de Buenos Aires en junio de 2017.

En las imágenes, que aparecían con los bordes deformados, como si se hubiesen grabado con una lente ojo de pez, podía verse a los hombres discutiendo sobre cómo enviar a la cárcel a Juan Pablo Medina, dirigente de la sección de la Unión Obrera de la Construcción de la República de Argentina (UOCRA) de la ciudad de La Plata. Cuando el vídeo se hizo público, un comentario en particular saltó inmediatamente a los titulares de toda Argentina: “Créeme que si yo pudiera tener –y esto te lo voy a desmentir en todo momento–, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los sindicatos, lo haría”, asegura en el vídeo Marcelo Villegas, por aquel entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

El esfuerzo coordinado para encarcelar a Medina dista mucho de ser el único caso de presunta colaboración entre políticos y servicios de inteligencia durante la presidencia de Mauricio Macri, que estuvo al frente del país de 2015 a 2019. La Agencia Federal de Inteligencia está siendo sometida actualmente a una importante investigación tras descubrirse que había llevado a cabo operaciones ilegales contra diversos objetivos, que abarcaban desde la élite política argentina y familias de la tripulación del desaparecido submarino naval ARA San Juan, hasta periodistas que solicitaron cubrir la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 en Buenos Aires y el líder del sindicato de camioneros Pablo Moyano. Dos agentes de los servicios de inteligencia que aparecen en el vídeo también están implicados en algunos de estos casos. El propio Macri ha sido imputado en el caso del submarino, aunque sostiene que la causa contra él responde a motivos políticos.

El derechista Macri, exalcalde de Buenos Aires, se presentó como modernizador y, al propio tiempo, favorecedor de la actividad empresarial, prometiendo grandes oportunidades de negocio para Argentina y soluciones a los eternos problemas de inflación del país. Estas políticas provocaron enfrentamientos con los sindicatos, que percibían las iniciativas de Macri como un ataque neoliberal a los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores.

Cuando el vídeo se hizo público, los líderes de los principales sindicatos argentinos se comprometieron a emprender acciones judiciales y alegaron que la reunión captada por las cámaras no constituía un hecho aislado, sino que formaba parte de un plan sistemático para perseguir a los sindicatos, orquestado por el entonces presidente Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. “No actuaban por cuenta propia”, señaló Hugo Yasky, secretario general de la federación sindical Central de Trabajadores de la Argentina, en una rueda de prensa convocada en diciembre de 2021 para denunciar los comentarios de Villegas.

No se trata de un incidente aislado

Gracias a una importante investigación dirigida por un juez de La Plata, el exministro de Trabajo Villegas, así como varios altos funcionarios y exdirectores de los servicios de inteligencia, fueron procesados el pasado mes de abril. Se les acusa de actividades de inteligencia ilegales y de prevaricato.

Reunirse con otras personas para planificar acciones legales contra alguien no es delito en Argentina. No obstante, los agentes de los servicios de inteligencia solo están autorizados a espiar en casos relacionados con la defensa y la seguridad nacional, o si disponen de una orden judicial, por lo que la presencia de altos directivos de los servicios de inteligencia en una reunión sobre un conflicto laboral local denota una posible actividad de inteligencia ilegal, según una fuente judicial que habló con Equal Times bajo condición de anonimato.

Según la decisión del juez (a la que Equal Times ha tenido acceso), los directores de los servicios de inteligencia habían obtenido cierta información sobre Medina – registrando bases de datos sin disponer de una orden judicial– que sería clave en una denuncia presentada posteriormente contra él.

Además, el fallo del juez establece que la reunión no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una decisión a “niveles superiores del Gobierno nacional y provincial” para impulsar una “estrategia orientada a involucrar en causas penales a los dirigentes de la sección platense de la UOCRA”. Esto comenzó seguramente con una reunión que tuvo lugar en mayo de 2017 en el palacio presidencial de la Casa Rosada, a la que asistió el entonces presidente Mauricio Macri, según determinó la investigación del juez.

Un día después de la reunión del consejo de administración, el 16 de junio, el Ministerio de Trabajo de la provincia empezó a recibir denuncias sobre Medina. El presidente de un gremio de ingenieros envió una carta a Villegas en la que expresaba su “preocupación” por los elevados costos laborales en una serie de contratos de obras privadas y públicas, según los medios locales. Dos meses después, una asociación de empresarios notificó al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que el sindicato de trabajadores de la construcción le estaba exigiendo que pagara a los trabajadores más de lo acordado a nivel nacional.

En septiembre de 2017, Medina fue acusado de blanqueo de dinero, extorsión y asociación criminal a raíz de un incidente en el que un grupo vinculado a la UOCRA La Plata se había enfrentado presuntamente de forma violenta a un grupo de otra sección de la UOCRA en el emplazamiento de unas obras ferroviarias cerca de La Plata. Al enterarse de su inminente arresto, el dirigente sindical se encerró en las oficinas de la UOCRA y concedió una entrevista televisiva en la que declaró que las acusaciones contra él habían sido orquestadas por el entonces jefe de Estado, Macri. “Creo que hay una línea política que viene, lamentablemente, del presidente de la nación”, declaró Medina, afirmando que se había celebrado una reunión para coordinar las acusaciones. El dirigente sindical fue detenido el 16 de septiembre y pasó dos años y medio en la cárcel hasta que, debido a su edad y a su estado de salud, se le otorgó el arresto domiciliario.

Hostilidad del Estado hacia los sindicatos

En diciembre del año pasado, la UOCRA denunció al Estado argentino ante la Organización Internacional del Trabajo por violación del derecho a la libertad sindical. “Las declaraciones del exministro Villegas implican la orquestación de un operativo para perseguir el sindicalismo e iniciar causas judiciales”, escribió en la denuncia Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA. “Esta nueva evidencia viene a confirmar lo que el movimiento sindical argentino ya sospechaba en parte. La anterior administración montó bases de espionaje ilegal para perseguir a dirigentes sindicales e iniciar procedimientos judiciales en su contra”. Si se admite la denuncia, la OIT puede formular recomendaciones para remediar las violaciones del derecho a la libertad sindical y solicitar al Estado argentino que las aplique. Todavía no está claro si la OIT aceptará la denuncia.

La UOCRA no respondió a las solicitudes de comentarios a este medio. Tras la detención de Medina, la secretaría nacional de la UOCRA trató de distanciarse del líder de la sección sindical local, publicando un comunicado en el que afirmaba que no avalaba la actividad ilegal ni la violencia, y nombró a un nuevo líder para normalizar el funcionamiento del sindicato en La Plata.

No está claro si el procesamiento de Villegas y las demás personas repercutirá en el proceso judicial contra Medina. Pero demuestra que las denuncias laborales presentadas contra él fueron, al menos en parte, el resultado de una acción deliberadamente coordinada por funcionarios de alto nivel y la comunidad empresarial, respaldada por materiales de la Agencia de los Servicios de Inteligencia obtenidos de manera ilícita.

La hostilidad del Estado hacia los sindicatos durante la presidencia de Macri también se hizo sentir en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), según su secretario general, Roberto Baradel, así como el secretario general de la sección de la provincia de Buenos Aires de la Central de Trabajadores de Argentina.

En 2018 Baradel recibió varios correos electrónicos anónimos donde se le amenazaba con matar a sus hijos si no ponía fin a las negociaciones salariales que estaba llevando a cabo. Tras denunciar las amenazas a la policía, “se descubrió que los e-mails salieron de una cuenta en Panamá pero [la policía] no avanzó en el tema de la investigación; creo que no había voluntad política para poder avanzar”, cuenta este a Equal Times.

Aunque no se llegó a identificar a los autores de las amenazas, estas iban de la mano de las tácticas del Estado para atacar a los sindicatos. En 2017, cuando los educadores anunciaron una convocatoria de huelga relacionada con los salarios, la gobernadora Vidal anunció que reclutaría voluntarios para que dieran clase a los niños. Antes de las negociaciones salariales anuales de 2018, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires subió a su página web anuncios y pancartas sugiriendo a los docentes que abandonaran sus sindicatos. En marzo de 2018 un tribunal local ordenó a la Administración Vidal que retirara dichos materiales por considerar que vulneraban la libertad sindical. Lo cierto es que, según Baradel, a pesar de todas estas tácticas, más del 50% de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires están sindicalizados.

Imponer reformas jerárquicas a los trabajadores

Según Joaquín Aldao, sociólogo que investiga el movimiento obrero argentino en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, si bien es raro que se sorprenda in fraganti a los detractores de los sindicatos como sucedió con este vídeo, el discurso y las acusaciones utilizadas siguen la misma línea empleada para perseguir a los organizadores. Lo habitual suele ser asociar las tradicionales tácticas de protesta de los sindicalistas, como el bloqueo de carreteras y los piquetes en las empresas, con actividades ilegales, y a los organizadores sindicales con la violencia propia de matones.

“Las prácticas de los sindicalistas acaban impugnándose de antemano”, afirma. “Se va creando un imaginario social que vincula el sindicalismo a prácticas ilegales, que rozan la ilegalidad y la falta de ética, afirmando que son bandas, que portan armas, que extorsionan a los empleadores”.

Para Baradel, la causa coordinada contra Medina, las tácticas antisindicales a las que se enfrentó su organización y la vigilancia ilegal de dirigentes, como el líder del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, reflejaban un deseo neoliberal de imponer a los trabajadores reformas desde niveles superiores. “[El objetivo era] que los sindicatos no tuviéramos mayor capacidad de fuerza para poder defender los derechos”, señala, añadiendo que querían “imponer flexibilización laboral, baja de salarios y, en el caso de la escuela, poder avanzar hacia la privatización de la educación en la Argentina”.

En el momento de redactar este artículo, los políticos y los agentes de los servicios de inteligencia estaban presentado recursos y todavía no se había fijado una fecha para el juicio. Pero al margen de lo que ocurra con el proceso judicial, en un país cuya última dictadura finalizó en 1983, un político que manifiesta su deseo de tener una Gestapo está poniendo de relieve el vínculo que existe entre la política “empresarial” agresiva y la violación del derecho a la libertad sindical.

“Apela a una figura que no tiene nada que ver con la democracia”, concluye el sociólogo Aldao.