La oleada de gobiernos progresistas en América Latina a inicios del siglo ya luce lejana. No solo por los años que pasaron, sino también por la degradación de algunos de estos, particularmente Venezuela y Nicaragua. Pero un nuevo giro hacia políticas progresistas acaba de apuntalarse con la elección de Gustavo Petro Urrego como presidente de Colombia. Este político de 62 años, exguerrillero de la guerrilla del M-19, congresista en varios periodos hasta la actualidad y exalcalde de Bogotá, es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.

El nuevo gobierno, en el que la vicepresidenta será Francia Márquez –mujer negra y lideresa ambiental proveniente del empobrecido Pacífico colombiano–, asume en un contexto regional muy distinto al de hace 20 años, como lo han explicado varios analistas. La pospandemia y crisis económica derivada de esta; la profundización de la pobreza, la desigualdad, el descontento social y la degradación ambiental son el nuevo campo de juego de las izquierdas actuales, en las que Petro le apuesta a convertirse en un líder regional.

Reformas con estabilidad

Durante la campaña en la que Petro ganó afloraron muchos miedos en torno a su figura. El fantasma de la crisis venezolana y su pasado como integrante de un grupo armado –desmovilizado en 1990 y firmante de la Constitución Política de 1991– azuzaron temores en el establecimiento, para el que cualquier candidato de centro o derecha era una apuesta más segura. Estos temores llevaron a Petro a firmar compromisos de respeto a la propiedad privada y las libertades económicas, y a que uno de sus primeros y más esperados nombramientos fuera el del ministro de Hacienda. El elegido fue José Antonio Ocampo, ex director ejecutivo de la Cepal y ex secretario adjunto de Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales, un nombre que da tranquilidad a casi todos los sectores políticos y económicos del país.

A esos temores se suma un presente en el que el desempleo es de 10,6% (mayo de 2022), la pobreza monetaria de 39,3 % y la pobreza extrema de 12,2% (2021) –según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)–, además de las demandas sociales de cambio del electorado que lo eligió. Revertir esta situación será el gran reto de Petro. El gobierno prometió enfrentar estos problemas, la incertidumbre es si lo puede hacer responsablemente.

La visión económica de Petro es “mucho más intervencionista” que la de sus antecesores, según Oliver Pardo, profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en economía de London School of Economics.

Explica que el nuevo presidente quiere aplicar medidas de redistribución con el mensaje de que “el Estado tiene que tener un papel más activo en el desarrollo económico, sin sugerir que nos movamos hacia una economía socialista, pero con un papel preponderante en regulación, impulso e innovación”.

Esto se traduce en una serie de reformas que deben pasar por el Congreso, donde las mayorías necesarias aún son inciertas.

Una de las primeras y más importantes es la reforma tributaria. La ambiciosa agenda social requiere que el Estado crezca en ingresos para no aumentar el déficit fiscal. “Es evidente que la necesitamos, no da espera [es urgente]”, dice María del Pilar López-Uribe, doctora en desarrollo económico y profesora asociada de la Universidad de Los Andes. Augura que esa será la primera tarea del ministro Ocampo, aprovechando el ambiente positivo poselectoral.

La propuesta de impuestos de Petro es compleja. Además de ser “excesivamente ambiciosa”, según López-Uribe –se propone recaudar hasta el cuádruple de lo que buscaba la última reforma de esa naturaleza–, tiene como antecedente que un proyecto de reforma tributaria del gobierno saliente de Iván Duque encendió la indignación que se tradujo en el estallido social de 2021.

La profesora López-Uribe explica que Petro debe incluir en la suya elementos poco populares, como ampliar la base de contribuyentes con sectores de la clase media alta, y otras más populares como gravar a los colombianos más ricos. La complejidad de esto radica en encontrar cómo hacerlo frente a ingresos que no son salariales, como ganancias ocasionales. Y el otro elemento central está en eliminar exenciones existentes.

“Es urgente un estatuto tributario en el que paguemos en proporción a lo que ganamos [...] Hay suficiente consenso entre los expertos en la necesidad de desmontar una serie de exenciones tributarias, no solo porque se pueden asignar mejor esos recursos, sino también porque se eliminaría una sensación entre la población de que en el país los más poderosos económicamente podrían aportar más y no lo hacen”, dice Juan Camilo Cárdenas, profesor de las universidades de Massachusetts y de Los Andes y doctor en economía ambiental.

A esta reforma le sigue la pensional, que se convirtió en uno de los debates más álgidos de la campaña. Petro propone transitar hacia un esquema de pilares como el que propone el Banco Mundial, en el que todas las cotizaciones, hasta cuatro salarios mínimos, entren al régimen público, y el restante a un sistema de ahorro individual privado, explica Oliver Pardo. Con esto liberaría 18 billones de pesos (unos 4.150 millones de euros, 4.360 millones de dólares USD) que hoy son pasivo pensional del Estado para dirigirlos a otras áreas de gasto.

Pero no se trata solo de liberar recursos, sino de profundizar las garantías sociales de los más vulnerables, entre los que están las mujeres históricamente dedicadas a labores de cuidado y los cerca de 3 millones de ancianos sin pensión, según Petro.

El índice Gini de la asignación de pensiones en Colombia está calculado en 0,81, altamente desigual, según cálculos de Óscar Becerra citados por el profesor Cárdenas.

Esa agenda social también pasa por cambios en el sistema de salud, sobre los que hay aún más incertidumbres que certezas, y por profundizar en calidad los logros de cobertura de la educación, apunta Cárdenas, para quien es urgente la “desegregación” de un sistema que funciona como un apartheid educativo. Para él, “lo social tiene que pasar por tres pilares de reformas muy grandes que van a ser difíciles de enfrentar: una reforma tributaria, una reforma pensional y una reforma laboral”. Conseguir las tres en el primer año de gobierno parece inviable, pero significaría una conquista mayor para Petro. Además, para Cárdenas, las tres deben relacionarse entre sí “para transformar las reglas del juego de la economía y orientar un modelo económico hacia la inclusión, la productividad y la sostenibilidad” en el largo plazo.

En términos laborales el reto pasa por la formalización del 48,5 % de informales según el DANE, para que estos “aporten a la seguridad social y al mismo tiempo estén protegidos por ella”, apunta Cárdenas. Sin embargo, no hay claridad sobre la propuesta del gobierno en esta materia. Petro propuso un plan de empleo garantizado por el Estado, un modelo que se ha probado en la India, pero debido a la falta de detalles de esta propuesta “es difícil evaluar su viabilidad”.

La paradoja socioambiental

La ambición en material social de Petro se suma a su ambición en la agenda de cambio climático, pero su promesa de iniciar una transición energética en la que el país prescinda del petróleo y otras economías extractivistas le quita al Estado una de sus principales fuentes de ingresos.

“La contribución de Colombia a la agenda ambiental internacional debe ser también parte esencial de la agenda de desarrollo productivo y, en ese sentido, no solo de la política ambiental”, escribió Ocampo en el periódico El Espectador días antes de ser nombrado ministro. “Nuestra prioridad para mitigar y adaptar al país al cambio climático debe ser a través de cambios en las formas de producción y el uso de energía”, continuó.

El programa del presidente Petro tiene como título “Colombia: potencia mundial de la vida”, y pretende que lo ambiental sea transversal. Incluso, ya anunció que este será uno de los ejes de la diplomacia de Colombia ante el mundo. Sin embargo, esta es una de las tareas más difíciles. En primer lugar, por el tamaño de los retos. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, pero las economías ilícitas y el control de grupos armados ilegales en zonas de interés ambiental, así como la creciente deforestación hacia la Amazonía, amenazan esa riqueza. Y en segundo lugar, por la dependencia económica a la economía extractivista y de commodities.

Una de las promesas de Petro que más ha preocupado a buena parte del país es que el 7 de agosto, cuando asuma su cargo, cesará la asignación de contratos para la exploración petrolera. Su objetivo, ha dicho, es potenciar una economía productiva desde el agro, la industria y el conocimiento. Pero la realidad económica puede tener más peso que esas intenciones.

Para el profesor Pardo, es necesario buscar una forma “menos radical” de llevar a cabo la transición, para no generar preocupación en los mercados internacionales ni perjudicar la financiación de la deuda pública del país. Considera que, ante el aparente consenso sobre la transición energética, sería una mejor idea, por ejemplo, aumentar gradualmente la tributación de empresas mineras para “matar dos pájaros de un solo tiro”. Además, es necesario diversificar la economía y las exportaciones. De no hacerlo, según el mismo Petro, se replicaría el error de Venezuela de apostarle todo al petróleo.

Juan Camilo Cárdenas dice que la propuesta de transición “va en la dirección correcta”, pero su ritmo “no se puede desligar de las dificultades fiscales del país”. Petro ha hablado de un proceso de cerca de 12 años. Cárdenas continúa aterrizando esa propuesta: “La exploración va a seguir, y de hecho hay que honrar contratos de hidrocarburos ya firmados. Los altos precios del petróleo generan un aliciente al gobierno entrante a conseguir por esa vía recursos fiscales frescos para financiar una agenda social, incluso la misma ambiental, tan ambiciosas”.

Y allí la paradoja: la explotación petrolera podría financiar no solo las reformas sociales –como lo hizo ‘Lula’ Da Silva en Brasil, quien rechazó la propuesta de Petro de crear un bloque regional “antipetróleo”–, sino otros rubros de recuperación del medio ambiente.

Particularmente, según Cárdenas, la lucha contra la deforestación y la protección de ecosistemas ricos en biodiversidad como prioridades. Así, aunque Petro busca desmarcarse del extractivismo sobre el que cabalgaron las izquierdas de la primera década de 2.000, sus ambiciones tendrán que ser adaptadas a la realidad de los ingresos que requiere su agenda social sin echar la economía al traste.

Por ahora, Petro está reuniendo unas mayorías que no tiene, acercándose a la política más tradicional de Colombia para garantizar un ambiente propicio para estas reformas. Hay dos escenarios probables, según Pardo: uno optimista, en el que Colombia sea más socialdemócrata, tenga una mejor distribución del ingreso con una política fiscal y monetaria responsable; y uno pesimista, de improvisación y deficiencias administrativas, sin continuidad de políticas previas y con un mensaje de manejo irresponsable de la izquierda. Y el escenario más posible, concluye, es uno en el que, de alguna manera, los dos anteriores se combinen.

¿Ahora sí, la paz?

Continuar la implementación del Acuerdo de Paz –o retomarla, según los críticos del gobierno de Iván Duque– es otra promesa de Gustavo Petro. El nuevo presidente le ha impreso a varias apuestas el sello de la paz. Por ejemplo, al nombrar a su canciller, Álvaro Leyva –negociador de varios procesos de paz desde los años 80– le encomendó la paz como bandera diplomática. Y al nombrar a su ministra de agricultura, la liberal Cecilia López, le pidió también que hiciera del suyo un ministerio para la paz.

Esta última cartera es fundamental porque desde allí se propone poner acelerador a una de las políticas más rezagadas del Acuerdo de Paz: la reforma rural integral. “Democratizar” el muy desigual acceso a la tierra, priorizar medidas que las mujeres rurales accedan a esta, y hacerla altamente productiva, son algunos ejes que dibujan lo que el gobierno busca adelantar, no sin una fuerte oposición de sectores terratenientes con representación en el partido de derecha Centro Democrático.

Petro da un viraje a la noción tradicional de seguridad apuntalada desde la relación de Colombia con Estados Unidos, hacia una idea de “seguridad humana” que si bien es defendida por sectores sociales, en la práctica aún no es muy clara.

Se trata de una visión menos securitizada y más socioeconómica y ambiental de la seguridad, que busca transformar los territorios del país para favorecer contextos donde las masacres, los asesinatos de civiles –entre estos líderes y lideresas sociales y ambientales– y el control territorial ilegal sean reemplazados por una presencia más integral del Estado. En medio de esta noción, la guerrilla del ELN, la más fuerte tras la desaparición de las FARC-EP, ha abierto la puerta para reiniciar diálogos de paz.

El 28 de junio, Petro recibió el informe final de la Comisión de la Verdad creada por el Acuerdo de Paz, un extenso documento que entrega al Estado y la sociedad sus hallazgos sobre el conflicto y recomendaciones para que no se repita. Una de estas sugerencias, que Petro ha dicho acoger, es crear un Ministerio para la Paz y la Reconciliación que concentre la institucionalidad del posconflicto. La agenda de esa entidad transicional y la de Petro coinciden más de lo que se distancian. El reto del nuevo presidente y su gobierno será hacer realidad otro país posible.