Habitantes desalojados de su hogar en nombre del interés público (y de los grandes proyectos del régimen de al-Sisi)

Habitantes desalojados de su hogar en nombre del interés público (y de los grandes proyectos del régimen de al-Sisi)

After labelling their neighbourhood a “slum”, the government evicted the residents of the so-called “Maspero Triangle”, located two kilometres from Tahrir Square in the Boulaq district, to make way for luxury housing developments aimed at more affluent residents.

(Jamal Boukhari)
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Desde enero de 2022, la vida de la familia de Sara Ahmed dejó de ser como antes. Esta familia de siete miembros de repente se vio amenazada con ser echada a la calle y perder su único hogar en el 6º distrito del barrio de Nasser en El Cairo. A principios de 2022, las autoridades informaron a los cientos de miles de residentes de los distritos 6º y 7º de su intención de demoler sus viviendas para poner en marcha proyectos de desarrollo en la región. Aun cuando el Gobierno justifica la decisión de esta destrucción porque el estado de los edificios representa un peligro para la vida de los habitantes, estos últimos creen que la operación oculta otros fines.

Situados al este de El Cairo, estos dos distritos están cerca de la carretera que se dirige a la Nueva Capital, a unos 60 km de la megalópolis, que el presidente egipcio está construyendo para convertirse en la futura sede de su Gobierno. Las obras del monorraíl, estimadas en 2.000 millones de euros, y una nueva autopista ya están en marcha. Es imposible saber el motivo real de la decisión de derribar los edificios de estos dos distritos, aun cuando los rumores van viento en popa en las redes sociales. Algunos afirman que el Estado quiere construir complejos de viviendas de lujo próximas a la carretera de la Nueva Capital.

Para otros, el objetivo sería dar una imagen diferente a toda la zona cercana a esta carretera. Sin embargo, estos dos distritos nunca han sido clasificados como barrios de “viviendas precarias”, barrios estos últimos que las autoridades están demoliendo en El Cairo y otras ciudades –donde los residentes son trasladados por la fuerza a pequeños apartamentos construidos por el Estado–. “Ambos distritos están bien organizados. Los edificios son sólidos y en su mayor parte fueron construidos durante la década de los años 1970”, subraya Sara Ahmed, contable de 28 años, a Equal Times.

El aviso de demolición cayó como una bomba sobre el padre de Sara. “Durante una semana no dijo una palabra. Se negó a comer. La sonrisa se desvaneció de su rostro”, confía Sara. Mirando con tristeza al edificio donde se encuentra su apartamento, nos confía: “Compramos este apartamento hace 8 años. Mi padre invirtió todos los ahorros de sus diez años de trabajo en Arabia Saudita para comprarlo. No disfrutamos mucho nuestro nuevo apartamento”, lamenta la joven.

Falta de transparencia

En las redes sociales, los residentes de ambos distritos lanzaron la etiqueta #Arfod-Ezalet al-Hai-Alsadith-walsabe (“Rechazo la demolición de los 6º y 7º distritos”, en español) para hacerse oír por las autoridades. Con esta etiqueta, algunos rogaron al presidente al-Sisi que interviniera para evitar su expropiación. Otros comparten sus recuerdos en estos barrios donde nacieron. En un video de una reunión entre vecinos del 6º distrito y del municipio, un padre explica el pánico que reina en su familia desde el anuncio de esta decisión. “El Gobierno solo demolerá la casa sobre mi cabeza”, asegura.

Además, los residentes de ambos distritos se organizaron en grupos para presentar quejas ante el Consejo de Estado y reunirse con representantes parlamentarios. “No hay ninguna razón lógica para demoler los dos distritos, ni transparencia en esta decisión”, comentó a Equal Times la investigadora en arquitectura egipcia Omnia Khalil, que trabaja para la organización no gubernamental 10 Toba. “El Gobierno ya había demolido algunos edificios en la zona y expulsado a sus habitantes para construir el monorraíl. Nadie puede decir ‘no’ a esta política de despojo y demolición”, añadió. El Gobierno se mantiene sordo a las protestas. Ni siquiera se molesta en presentar una buena justificación, ignorando a las posibles víctimas de sus decisiones.

“El régimen de al-Sisi se ha acostumbrado a dirigir el país con una política de cuartel militar. Se cree el comandante que toma las decisiones y los demás tienen que obedecer”, explica a Equal Times el exprofesor de política social de la Universidad Helwan de El Cairo, Ammar Ali Hassan.

Para aplicar la decisión, el Estado se remite a la ley de “expropiación en nombre del interés público” que le permite confiscar cualquier edificio y vivienda pública o privada para llevar a cabo proyectos considerados útiles para el bien común a cambio de una indemnización económica. Aunque la ley data de 1990, ha sido enmendada varias veces en los últimos años desde la investidura de Abdel Fattah al-Sisi para introducir nuevos motivos que justifiquen la expropiación de un edificios. A partir de ahora, se permite la desposesión de cualquier edificio para fines tales como la mejora de los servicios públicos (transporte, agua, energía, riego, etc.), la construcción de autovías y plazas, o la construcción de nuevas zonas residenciales, puentes y carreteras. Según los juristas egipcios, la indemnización ofrecida por el Estado en caso de expropiación es extremadamente baja en comparación con el valor real de la propiedad en el mercado.

“Esta ley priva a toda persona del derecho a sentirse en seguridad en su propia casa. La expropiación estatal de casas y edificios privados que se está llevando a cabo no tiene precedentes en la historia contemporánea de Egipto”, añade Omnia Khaleil.

Asimismo, esta ley se ha convertido en un arma al servicio de las ambiciones “megalómanas” del líder egipcio que sueña con dejar su huella personal en Egipto. “Cientos de familias ya se han visto obligadas a abandonar su hogar en el este de El Cairo, en el marco de proyectos como la construcción de carreteras y puentes para facilitar el acceso a la Nueva Capital”, confirma la investigadora.

Expropiaciones en serie

Desde que el presidente al-Sisi llegó al poder, el régimen sigue confiscando empresas, tierras de cultivo, casas y propiedades privadas en todos los rincones del país, tanto en barrios desfavorecidos como en barrios más acomodados, e incluso en sitios culturales e históricos, siempre con diferentes justificaciones.

Además de utilizar la ley de expropiación en nombre del interés público, en 2016 el presidente al-Sisi puso en marcha un proyecto para la erradicación de asentamientos ilegales en El Cairo y en las principales ciudades. Los residentes que no pueden regularizar su vivienda tienen que pagar una multa o se ven obligados a mudarse a otros complejos de viviendas sociales en pequeños apartamentos, construidos en su mayor parte en las afueras de la ciudad o en el desierto, pero también hay personas que se encuentran sin ningún lugar a donde ir.

Este proyecto ha acarreado la expulsión de cientos de miles de familias, y la mayoría de estos bienes inmuebles han sido recuperados posteriormente por el Estado. Según las cifras oficiales publicadas en agosto de 2021, el Estado ya ha “eliminado” 46 barrios marginales en El Cairo, y otros 14 aún están siendo demolidos. En febrero de 2022, la gobernación de El Cairo anunció que había derribado otros tres barrios marginales cerca del centro de la ciudad. Las numerosas manifestaciones y acciones legales de los habitantes suelen no surtir ningún efecto.

“La mayor parte de los terrenos recuperados en la expropiación de los barrios de viviendas precarias de El Cairo se encuentran en zonas muy estratégicas, como el Triángulo de Maspero y Majra al-Ayún, a pocos kilómetros de la plaza Tahrir en el centro de la ciudad, pero también Nazlet El-Semman en las proximidades de las pirámides” explica el profesor Ammar Ali Hassan.

“El Estado no pretende realizar proyectos de desarrollo en estos barrios, de lo contrario los desarrollaría en beneficio de sus habitantes”.

Esta sustitución de los barrios marginales por modernos complejos de viviendas además de ayudar al Estado a obtener fondos, también le permite trasladar a las clases más acomodadas a lugares estratégicos. “El Estado está empeñado en rediseñar las relaciones entre los habitantes de El Cairo mediante la construcción de una serie de complejos de viviendas claramente separadas, donde todos vivan aislados unos de otros”, agregó el profesor Hassan.

A esto se suma la creación por parte del Estado de una nueva arma para expropiar otras zonas vitales. El Comité Estatal de Recuperación de Tierras, establecido en febrero de 2016, se encarga de hacer valer sus derechos sobre las grandes parcelas y de derribar las casas construidas en terrenos considerados de propiedad estatal. En los últimos seis años, miles de familias y residentes, incluso en las islas del Nilo, han sido desalojados o están a punto de serlo.

El Ejército también se lleva su parte

Mientras que los ciudadanos se sienten amenazados en su propia casa, el Ejército egipcio también se beneficia de esta política de expropiación. Por decreto, el presidente al-Sisi concedió al Ejército 36 islas del Nilo, así como una isla en el mar. Una decisión tomada a pesar de que algunas de estas islas están pobladas esencialmente por agricultores y pescadores, como al-Qursaya. Los habitantes de estas islas saben que esta decisión será efectivamente aplicada, porque el Ejército nunca renuncia a los lugares de importancia geográfica ofrecidos por el régimen.

A los habitantes de las 36 islas les preocupa la posibilidad de correr la misma suerte que los habitantes de la isla de Al-Warraq. Los 90.000 habitantes de esta isla bloquean, desde 2017, los intentos de forzar su expulsión. Sin embargo, saben que toda tentativa de defender sus casas y propiedades tiene un precio. Actualmente, 35 ciudadanos de esta isla están cumpliendo penas de prisión de entre 5 y 25 años acusados de oponer resistencia a la policía que vino a expulsarlos de la isla.

This article has been translated from French by Patricia de la Cruz