Los nigerianos desplazados por la violencia de Boko Haram, son arrojados de nuevo al peligro

Los nigerianos desplazados por la violencia de Boko Haram, son arrojados de nuevo al peligro

A woman carries her belongings at the Bakassi camp for internally displaced persons in Maiduguri, Nigeria, on 30 November 2021. Residents vacated the camp ahead of the closure deadline set by the Borno State government.

(AFP/Audu Marte)
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Cuando Khadija Usman se enteró el pasado mes de octubre de que el campo de desplazados internos en el que llevaba viviendo los últimos años iba a cerrarse a finales de año y sus residentes enviados de vuelta a sus ciudades de origen, empezó a preparar su marcha de Maiduguri.

Usman llegó en 2018 al campamento de Teacher’s Village, situado en la capital del estado nororiental de Borno, después de que Boko Haram atacara el recinto donde vivía, en Baga, una ciudad más al norte. Tras conocer la decisión del Gobierno, esta joven de 27 años empezó a ahorrar el dinero que ganaba vendiendo pasteles de cacahuete fuera del campamento para tener suficientes recursos económicos con los que mantenerse al volver a casa.

“Aunque algunos pensamos que [cerrar los campamentos] fue una decisión equivocada, ya que sabíamos que Boko Haram seguía atacando algunas comunidades [remotas], no tuvimos más remedio que prepararnos para marcharnos”, explica Usman a Equal Times. “Suplicamos al Gobierno que nos dejara quedarnos más tiempo, hasta que fuera seguro volver a casa, pero nadie nos escuchó”.

Usman tenía razón. Durante su viaje de regreso a casa, en enero, los insurgentes de Boko Haram les tendieron una emboscada en la carretera, a ella y a otra docena de residentes del campamento –muchos de ellos mujeres–. Varias personas fueron alcanzadas por los disparos, pero Usman logró salir ilesa. Junto con los pocos supervivientes del ataque, decidió dirigirse al campo de desplazados internos de Madinatu, también cerca de Maiduguri, donde aún no se había cumplido la orden gubernamental de cerrar los campos.

“No sabemos cuánto tiempo nos permitirán permanecer aquí”, explica Usman. “Si no llegamos a irnos pronto, un día nos echarán”.

El campamento de Teacher’s Village fue uno de los erigidos en la zona de Maiduguri para acoger a los cientos de miles de nigerianos que huyeron de sus hogares para escapar de la violencia del grupo armado islamista Boko Haram. Albergaba a algo más de 18.000 personas desplazadas por el conflicto antes de que se cerrara a principios de enero.

En su discurso de Año Nuevo, el gobernador del estado de Borno, Babagana Zulum, justificó la necesidad de cerrar los campamentos porque “se estaban convirtiendo en un tugurio en el que proliferaban todo tipo de vicios, como la prostitución, las drogas y el vandalismo en algunos casos”. Los funcionarios del gobierno insisten en que la seguridad del estado ha mejorado, por lo que han ordenado el cierre de siete de los 13 campamentos de Maiduguri y sus alrededores y quieren cerrar todos los campamentos para 2026.

Una decisión prematura

Pero los últimos atentados, como el sufrido por Usman, demuestran que la inseguridad sigue imperando en gran parte del estado de Borno. El peligro acecha incluso a los desplazados que consiguen llegar a su comunidad de origen, ya que las milicias han reanudado las incursiones en las aldeas que fueron liberadas por el Ejército nigeriano.

En febrero, apenas unas semanas después de que Usman Aliyu, de 40 años, llegara desde el campamento de Teacher’s Village a la aldea de Kornari, al este de Borno, Boko Haram lanzó un ataque contra la aldea en el que murieron tres personas y más de una docena resultaron heridas de bala. Aliyu había huido la primera vez a Maiduguri en 2017, después de que militantes de Boko Haram quemaran su casa. Tras el ataque de febrero, decidió abandonar su pueblo y buscar refugio en Maiduguri por segunda vez en cinco años.

“Los militantes nos atacaban cada semana durante el tiempo que estuve en Kornari, entre enero y febrero”, cuenta a Equal Times. “Era demasiado peligroso seguir viviendo allí, así que volví a Maiduguri”. Aliyu no quería volver a su pueblo natal desde el principio. Al igual que Usman, sentía que no era seguro volver a casa pero, como a ella, no le quedaba más opción.

Yusuf Chiroma, miembro de la Borno Community Coalition, un grupo local de ayuda humanitaria a los desplazados internos, afirma que los campamentos que han cerrado protegían a un número muy elevado de refugiados. "Esos siete campamentos acogían a más de 100.000 personas, muchas de las cuales pueden encontrarse ahora en peligro", afirma.

En un principio, el Gobierno nigeriano reubicó a los desplazados de los campos de Maiduguri en otros creados específicamente para descongestionar los masificados campamentos de la capital del estado de Borno y sus alrededores. Pero a finales del año pasado, las autoridades dieron un giro y decidieron cerrar del todo los campos de Maiduguri.

Los primeros indicios de que la decisión del Gobierno de cerrar los campamentos era prematura se observaron el año pasado, cuando Boko Haram atacó a los refugiados que se habían reasentado desde Maiduguri en otros pueblos. Otros muchos perdieron la vida a causa de las enfermedades provocadas por las deficiencias sanitarias de los pueblos en los que fueron reasentados. En agosto de 2021, al menos seis retornados murieron y 14 resultaron heridos en el ataque de Boko Haram al pueblo de Agiri, apenas un mes después de que el gobierno los reasentara, según un informe de Amnistía Internacional. El informe de la ONG también revela que unas 41 personas murieron a raíz de un brote de cólera en un campamento de reasentamiento ubicado en Shuwari, el pasado octubre.

“Para empezar, los militantes de Boko Haram amenazan a toda la comunidad”, explica Babagana Usman (sin relación con Khadija Usman), un refugiado reasentado desde Maiduguri en Shuwari. “Luego, en el campamento [de reasentamiento], no hay suficientes retretes para los miles de desplazados internos que viven aquí, así que la gente defeca por todas partes y algunos ni siquiera se lavan las manos, porque conseguir agua es muy difícil”, explica.

Aumento de la explotación laboral y tráfico de personas

Las organizaciones de ayuda humanitaria denuncian que la decisión de cerrar los campamentos podría afectar a la asistencia humanitaria a las víctimas, ya que los trabajadores humanitarios podrían convertirse en blanco de los insurgentes cuando se desplazan para trabajan en esas zonas. Señalan que los insurgentes siguen haciendo estragos entre la población civil y que los ataques han aumentado en los últimos meses en algunas partes del estado de Borno, especialmente en las zonas de las que proceden muchos de los desplazados de Maiduguri.

“Si no podemos hacer llegar la ayuda a los desplazados internos en Maiduguri, podríamos tener que reconsiderar nuestras operaciones en el estado de Borno”, explica a Equal Times Dollin Holt, director de la Caprecon Foundation. Esta fundación ofrece apoyo psicosocial a las víctimas de la trata de personas. “Desplazarnos más allá de Maiduguri podría suponer caer en manos de los insurgentes”.

A los trabajadores humanitarios también les preocupa que la decisión de cerrar los campamentos de Maiduguri está haciendo que más desplazados caigan en manos de los traficantes de personas, que desde hace tiempo tienen en su punto de mira a las personas desarraigadas por el conflicto de Boko Haram. Desde que se cerraron algunos de los campamentos, ha aumentado de forma espectacular el número de refugiados contratados para trabajar en las tierras de cultivo que ofrecen alojamiento. Muchos de estos jornaleros, a quienes se obliga a trabajar más de diez horas por menos de un dólar al día, son menores de edad.

“Estamos siendo testigos día a día del crecimiento de la esclavitud moderna”, afirma Chiroma, de la Borno Community Coalition. “La gente está tan desesperada por tener un lugar donde asentarse y ganar dinero, por poco que sea, que aceptan cualquier cosa con tal de alimentarse y tener un techo”.

El tráfico transfronterizo de personas también ha aumentado. Desde que se cerraron los campamentos, numerosos desplazados han recibido ofertas para ir a trabajar al vecino Níger por parte de desconocidos que, en ocasiones, exigen una parte de los futuros ingresos. Ya en 2020, la ONU advirtió en un informe que los desplazados que abandonaban Nigeria para trabajar en Níger se convertían a menudo en víctimas de la explotación laboral y del tráfico de mano de obra.

“Justo cuando estaban a punto de cerrar el campamento, vino un hombre y me propuso ir a Níger para trabajar en una granja, pero le dije que no me interesaba”, cuenta Aliyu Jibrin, un refugiado de unos cuarenta años que vivía en el campamento de Teacher’s Village hasta que lo cerraron. “Pero conozco a unos cuatro niños –todos ellos varones– que le siguieron a Níger”.

Riesgo de hambruna

En estos momentos, toda la región nororiental de Nigeria se encamina hacia la hambruna como consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos y de la insurgencia de Boko Haram, que ha expulsado a los agricultores de sus tierras de cultivo. El Programa Mundial de Alimentos calcula que 4,4 millones de personas están en riesgo de morir de hambre.

El conflicto en Ucrania también ha provocado que los precios de los alimentos se disparen en toda Nigeria y ha puesto de manifiesto la dependencia crónica del país de las importaciones de alimentos. En el estado de Borno, el precio del mijo, uno de los cereales más consumidos en el norte de Nigeria, es hoy un 70% superior al precio medio de los últimos cinco años.

El Gobierno cree que ha llegado la hora de aumentar drásticamente la producción nacional de alimentos.

“Estamos en la temporada de siembra de cultivos muy importantes, como el mijo y el cacahuete, y necesitamos que estos desplazados internos regresen a sus hogares y trabajen en las granjas”, explica Usman Mohammed, funcionario del Ministerio de Agricultura del estado de Borno. “Si la gente no vuelve a las granjas, cientos de miles de personas morirán de hambre”.

A pesar de la creciente oposición a su decisión de cerrar los campamentos, el Gobierno se ha mantenido firme y en cuestión de tiempo clausurará los seis campamentos restantes, situados a las afueras de Maiduguri.

Para los residentes de estos campos, la decisión ha añadido una nueva capa de incertidumbre a su ya difícil situación. “Durante muchos años, me he ido a la cama por la noche en el campamento Teacher’s Village muy segura de que al levantarme por la mañana seguiría encontrándome en un refugio”, dice Khadija Usman. “Ahora no puedo decir que estoy segura de tener un lugar donde dormir mañana”.