A mother of five children, Gilvania Reis Gonçalves lost her job as a salesperson in a clothing shop. In order to feed her family, she began selling tapioca pancakes outside a metro station on the outskirts of São Paulo in 2019. She has been the spokesperson for the Movement of Workers Without Rights since its creation in May 2022.
La Casa del Trabajador en la ciudad de São Luís es una sombra de lo que fue. El gran edificio con sus decrépitas paredes amarillas fue abandonado por más de la mitad de los 43 sindicatos sectoriales en el estado nororiental de Marañón que lo ocuparon. “Tuvieron que cerrar, por falta de recursos, después de la reforma”, indica un voluntario del sindicato de trabajadores de hoteles y restaurantes Sindehotéis-MA, una de las pocas entidades que continúan funcionando lo mejor que pueden en ese lugar. “Todavía hay representantes de las trabajadoras del hogar, de funcionarios, de los trabajadoras de gasolineras...”, enumera este jubilado que a veces viene a echar una mano, con otros miembros, a su antiguo sindicato. Ya que hoy, privados del 99% de sus recursos financieros casi de la noche a la mañana, la mayoría de los sindicatos de trabajadores brasileños apenas sobreviven y eso gracias esencialmente al voluntariado. Como resultado, sus medios de acción se han visto significativamente afectados, pese a las sustanciales modificaciones de que ha sido objeto el código de trabajo de Brasil en los últimos cinco años.
El punto de inflexión se remonta a julio de 2017, cuando un Gobierno sin legitimidad democrática votó mediante un procedimiento acelerado un proyecto de enmienda a 117 artículos y 200 modalidades de este código (llamado CLT por Consolidação das Leis do Trabalho, en portugués), que data de 1943. Michel Temer, antiguo vicepresidente de Dilma Rousseff, destituida un año antes, quiso responder a la crisis económica que atravesaba el país desde hacía dos años “flexibilizando” el mercado de trabajo y la negociación colectiva. Prometió la creación de 6 millones de empleos en 10 años.
En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, el 30 de octubre, el panorama del mundo del trabajo y los derechos de los trabajadores en Brasil está lejos de ser uno de los mejores. Efectivamente, la economía del país ha sufrido una recesión y las repercusiones de la crisis sanitaria, lo que ha provocado la explosión del desempleo y del trabajo informal. No obstante, a juicio de muchos expertos, la reforma del código de trabajo y las políticas posteriores aplicadas por Jair Bolsonaro han socavado muchos de los derechos de los trabajadores.
En 2022, la Confederación Sindical Internacional incluyó a Brasil entre los “10 peores países para los trabajadores”. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), también señaló en un informe del mes de enero del mismo año sobre los derechos de los trabajadores y la protección social que “Brasil estaba lejos de ajustarse a los valores, estándares y obligaciones” de la organización para pretender integrarla, debido, entre otros aspectos graves, a las “violaciones a su obligación de proteger los derechos humanos de los trabajadores”.
2017-2022: un cuadro muy sombrío
Las consecuencias de la reforma para el derecho laboral son tan numerosas que son difíciles de enumerar exhaustivamente. En la mayoría de los casos, la ley se ha debilitado, en lugar de reforzarse, si se observa del lado de los trabajadores: procedimientos de despido más fáciles, creación de un contrato intermitente sin garantía de ingresos mínimos, expansión de la subcontratación eliminando las responsabilidades de los empleadores y fragmentación de la mano de obra, inversión de la jerarquía de normas en la negociación colectiva, restricciones al libre acceso a la justicia laboral, etc.
La actual legislación es ahora mucho más favorable para los empleadores, como señaló un grupo de académicos que fundaron REMIR-Trabalho, la red de estudios y seguimiento de la reforma laboral, en un informe de análisis sobre esta última que data de 2019, antes de la pandemia. “Lo que constatamos en nuestro estudio es que todas estas reformas persiguen más o menos la misma idea: reducir la protección de aquellos que trabajan para bajar el costo de la mano de obra y dar más libertad a los empleadores para definir reglas contractuales y remunerativas”, comenta José Dari Krein, economista laboral, coordinador de REMIR-Trabalho y miembro del Centro de Estudios Sindicales y Economía del Trabajo (CESIT).
Sin embargo, los beneficios macroeconómicos de la reforma no parecen ser muchos hasta la fecha. El mercado de trabajo no se ha visto impulsado por la “flexibilización” y el país no ha mejorado su notable déficit de productividad laboral. El ingreso promedio de los brasileños no ha aumentado, ya que se ha mantenido en alrededor de 2.700 reales mensuales desde hace 5 años, pese a una inflación del 30% durante este período. Brasil, que pasó de casi el pleno empleo en 2014, con un 4,8% de desempleo, al 10% en 2016, alcanzó un máximo cercano al 14,7% en 2021, una de las tasas más altas del G20.
“Sin embargo, hay que tener presente que las cifras de desempleo no son más altas porque un gran número de empleos creados son, predominantemente, informales. Faltan alternativas, la gente crea su propio negocio, pero el 80% no lo declara”, explica el profesor Dari Krein, quien cree que la reforma ha tenido como efecto “fomentar más precariedad”.
Según el Instituto Brasileño de Estadística (IBGE), el número de trabajadores sin contrato de trabajo o protección social representaría, en 2022, casi el 40% de la población activa. Una cifra nacional ya alarmante, pero que alcanza el 60% en algunos estados de la región Nordeste. Por último, los accidentes de trabajo, el trabajo forzoso y el trabajo infantil no disminuyeron durante este período, sino todo lo contrario.
Cuando todavía ocupaba el cargo de diputado federal, Jair Bolsonaro aprobó en esa época la reforma de Michel Temer. En perfecta continuidad, su administración (2018-2022), que contaba entre sus filas con el ministro ultraliberal Paulo Guedes, impulsó una serie de cambios legislativos y administrativos denunciados por los defensores de los derechos de los trabajadores. Se han relajado las normas sobre protección de la seguridad y la salud en el trabajo, exponiendo a los trabajadores a mayores peligros, los organismos de inspección del trabajo han sufrido drásticos recortes presupuestarios, al tiempo que varias exenciones de contribuciones concedidas a los empleadores han reducido los recursos del sistema de seguridad social a largo plazo (Paulo Guedes no oculta sus intenciones de privatizar, entre otros, el sistema de pensiones).
Socavar los sindicatos y el diálogo social
De este modo, Brasil ha introducido cambios muy profundos en su legislación laboral en un corto espacio de tiempo, pero sobre todo sin ninguna consulta real con los representantes de los trabajadores. En efecto, uno de los principales ataques al mundo del trabajo derivados de la reforma fue la modificación del sistema de financiación de los sindicatos. El funcionamiento de los sindicatos se basaba en dos fuentes de financiación permanentes: una contribución del Estado, a través de un impuesto, y una contribución de los trabajadores, mediante una deducción salarial obligatoria. El argumento de los defensores de la reforma era ofrecer a los trabajadores la libertad de afiliarse o no a un sindicato, de elegir su sindicato y, además, presionar a los sindicatos para que dejaran de depender del Estado, alentándolos a salir a “captar” afiliados por sí solos para autofinanciarse.
Además de que este cambio de paradigma se produjo sin ningún tipo de acompañamiento o fase de transición, la implementación de la autofinanciación ha sido prácticamente imposible por la falta de recursos humanos para llevar a cabo el trabajo de campo (ya que los sindicatos tuvieron que despedir bruscamente a muchos de sus empleados). Otro de los factores es el empobrecimiento de muchos trabajadores. “A los que ya ganan poco les cuesta contribuir”, señala Luís Henrique Perreira da Silva, presidente de Sindehotéis-MA. “Por no hablar del hecho de que algunas empresas simplemente no nos permiten acceder a los trabajadores para que podamos informarles de nuestras acciones”, lamenta el sindicalista.
“Existe la intención de excluir a los sindicatos de la vida democrática del país”, opina el profesor José Dari Krein. “La reforma les ha restado poder, despojándolos de la facultad de homologación [de los convenios colectivos] y reduciendo el ámbito de aplicación de los mismos, y ha tratado de asfixiarlos financieramente por diversos medios”. El profesor añade que esto se produce en un momento político donde el Gobierno rechaza el diálogo social y, peor aún, “está en una postura de descalificación constante de los movimientos sociales”.
Explosión del trabajo informal y de la precariedad
A pesar de este difícil contexto, la capacidad organizativa de los defensores de los derechos se ha mantenido fuerte. En mayo de 2022, una coalición de representantes de diferentes categorías de trabajadores pobres fundó el Movimiento Nacional de los Trabajadores sin Derechos (Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos, en portugués), un sindicato de base que agrupa a vendedores ambulantes, repartidores, recicladores de residuos, trabajadoras del hogar y a domicilio (peluqueras, manicuristas), etc. “Antes había pequeñas asociaciones para estas categorías, pero les faltaba una cúpula. Como trabajan en la economía informal, no les es posible formar un sindicato dentro de los sistemas tradicionales, pagando una cuota por ejemplo”, explica Maíra Vannuchi, una de las coordinadoras.
Sin embargo, este movimiento incipiente se basa en la experiencia de movimientos militantes como el de los trabajadores sin techo, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que nació en Argentina, y que lucha por los derechos de los excluidos del mercado formal por las políticas neoliberales. “Se trata de recuperar lo que se les ha arrebatado, porque estos trabajadores son los que mantienen la economía”, subraya Vannuchi.
Madre de cinco hijos, Gilvania Reis Gonçalves perdió su trabajo como vendedora en una tienda de ropa. Para alimentar a su familia, se vio obligada en 2019 a vender tortas de tapioca a la salida de una estación de metro en las afueras de São Paulo. Comprometida con la lucha por el derecho a la vivienda al lado de las “personas sintecho” durante 7 años, Gilvania ha continuado con toda naturalidad su compromiso político al convertirse en una de las portavoces de los “sin derechos”.
“No tenemos derechos, pero trabajamos duro. No vemos el Estado porque no tenemos protección social. Al Estado solo lo vemos cuando la policía viene a llevarse nuestras mercancías”, lamenta antes de enumerar las reivindicaciones que defiende a favor del trabajo decente en su categoría: un estatuto declarado a través de una licencia de venta, una mejor infraestructura de transporte público [los autobuses y el metro suelen estar repletos y son caros para muchas personas, pero son indispensables para la vida cotidiana] y, sobre todo, la cobertura médica. En nombre de todos los trabajadores informales, agrega:
“Necesitamos un cambio en la percepción de la sociedad. Somos trabajadores y necesitamos políticas que permitan que los derechos nos alcancen, especialmente a las mujeres, porque son las que más sufren”.
Si el trabajo “sem carteira assinada” (literalmente “sin documentación firmada” que registra los derechos adquiridos por el trabajo del titular) crece como la espuma, los trabajadores declarados no suelen estar mejor. Sobre todo porque ha aparecido una nueva disposición legislativa que permite contratar a una persona y pagarle solo por las horas trabajadas, pero sin un ingreso mínimo garantizado y sin horario. El denominado “trabajo intermitente” es especialmente frecuente en la industria, el turismo, la gestión de eventos y el sector de la hostelería, sobre todo porque la pandemia ha golpeado duramente a estos sectores, con despidos masivos. “Ante la incertidumbre económica, los empleadores han renunciado a contratar a sus antiguos empleados con contratos mensuales o incluso ‘por hora’, lo que al menos define un número de horas por semana de antemano”, afirma Perreira da Silva.
De este modo, los trabajadores no pueden predecir sus horas de trabajo ni el apoyo social que tienen entre dos misiones. En caso de enfermedad, no se les puede considerar ausentes del trabajo y ser indemnizados, ya que no forman parte de la plantilla de la empresa. Tampoco pueden hacer huelga. “Es pura explotación laboral, como en el siglo pasado”, subraya el sindicalista, que lo ha observado, por ejemplo, entre los trabajadores de los bares de la costa de São Luis, un sector fuertemente sometido a las fluctuaciones de la temporada turística en el noreste del país. “Al someter al trabajador a horarios más flexibles, pierde parte del control sobre la organización de su propia vida. La reforma ha favorecido la tesis de que la vida económica debe primar sobre la social”, analiza el profesor Darin Krein.
¿Un próximo mandato a favor o en contra de los derechos de los trabajadores?
A finales de octubre, Brasil debe elegir la vía a seguir para el futuro. Está claro que la campaña por la presidencia no se ha centrado en cuestiones económicas, laborales o de protección social serias, sino en invectivas y falsedades. El exsindicalista y expresidente Lula da Silva promete revisar la reforma del código de trabajo, pero no derogarla por completo, especialmente en los puntos relativos al acceso a la justicia laboral y a la autonomía de los sindicatos. También hizo alusión a la reforma emprendida por el Gobierno socialista español de Pedro Sánchez como fuente de inspiración. La reforma española ha endurecido las condiciones para el uso de contratos cortos y ha reforzado la negociación colectiva, y según los primeros datos económicos, la tasa de desempleo ha empezado a bajar y el número de puestos de trabajo ha aumentado.
Por su parte, el candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, probablemente continúe por el mismo camino, el cual se apoya en la retórica de la falsamente difícil disyuntiva entre “empleos o derechos”. Su ministro y chicagoboy, Paulo Guedes, explicó recientemente que es necesario “elegir entre un sistema con muchos derechos y pocos empleos, o un sistema con muchos empleos y derechos seleccionados”. Su programa se basa en las propuestas de un informe de expertos de noviembre de 2021, cuya idea principal consiste en crear una nueva forma de contrato de trabajo simplificado, ya no sujeto al código de trabajo CLT (y por tanto sin los derechos correspondientes), con el fin de fomentar la rapidez de la contratación, ciertamente declarada, pero con derechos ya no garantizados por la ley, sino por un acuerdo concluido individualmente entre el empleador y el trabajador.
El presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Sérgio Nobre, reaccionó a la publicación del informe asegurando de que no hay duda de que estas propuestas, desarrolladas “sin ninguna participación de los legítimos representantes de los trabajadores”, tienen como objetivo “terminar el trabajo sucio iniciado por la reforma de 2017 contra la clase trabajadora”.
