“Su solicitud ha sido rechazada”, es la respuesta que Azza Souliman, directora del CEWLA, el centro de asistencia jurídica a la mujer egipcia, recibió a su solicitud de participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que Egipto acogerá dentro de unos días. En los últimos meses, Azza Souliman y su equipo de siete abogados y activistas contaban con su participación en la conferencia para denunciar los efectos del cambio climático en las mujeres egipcias, especialmente en las zonas rurales y los barrios más pobres.

La ONG, que ya había participado en una videoconferencia en la COP26 de Glasgow, esperaba que el hecho de que Egipto acogiera la COP27 les ayudara a presentar sus puntos de vista sobre las mujeres y el cambio climático en los países en desarrollo. A lo largo de la preparación de su solicitud, nunca imaginó que las autoridades egipcias se atreverían a impedirles participar en este evento internacional, cuyo tema es precisamente el clima y no “otros temas considerados sensibles por el régimen egipcio”. Pero sus esperanzas han sido vanas.

“Respondieron ‘no’, nada más. Ni siquiera justificaron su negativa. Simplemente ‘no’. Así es como el Estado trata a las ONG antes de la COP27”, confía Azza Souliman a Equal Times.

Proteger la imagen de Egipto

A partir del 6 de noviembre, todas las miradas estarán puestas en la ciudad turística de Sharm el-Sheikh. Se espera que cientos de jefes de Estado, ministros, autoridades, representantes de ONG y activistas de todo el mundo discutan sobre el cambio climático y lo que puede hacerse al respecto.

Las autoridades egipcias intentan organizar el evento para mostrar una buena imagen del país y del régimen del presidente Abdel Fattah al-Sissi, y lo hacen con, entre otros, un método (no reconocido): impedir que cualquier ONG y activista independiente que pueda hablar de la situación de los derechos humanos, e incluso de la política medioambiental del régimen, acceda a la ciudad balnearia durante el encuentro.

“Las autoridades egipcias están tratando de enviar un mensaje claro a las ONG egipcias. Lo que ocurre en Egipto debe permanecer oculto al mundo. Las ONG de todo el mundo pueden ir allí, pero las ONG egipcias independientes no son bienvenidas”, lamenta Azza Souliman.

El 7 de octubre, el Comité de Expertos de la ONU pidió a Egipto en un comunicado que levantara todas las restricciones impuestas a las ONG y a los activistas independientes antes de la COP27. También pidió a las autoridades egipcias que garantizaran la seguridad y la plena participación de todos los sectores de la sociedad civil en la conferencia.

El comunicado indicaba que los arrestos, las detenciones, la congelación de bienes y la disolución de ONG, así como las restricciones de viaje para los defensores de los derechos humanos, crean un clima de miedo en la sociedad civil, impidiendo que esta participe con plena visibilidad.

A pesar de estas advertencias, las autoridades egipcias no tienen intención de dar marcha atrás. “No hemos recibido ninguna invitación para asistir a la COP27. No la solicitamos porque sabíamos que la rechazarían, como a otras ONG de Egipto”, confió Malek Adly, director del Centro Egipcio de Derechos Económicos y Sociales (ECESR), a Equal Times.

Desde su fundación en 2009, el ECESR trabaja por la justicia medioambiental, defendiendo a los trabajadores y residentes que son víctimas de las medidas adoptadas por el Estado, así como de la contaminación causada por las fábricas, como por ejemplo las que fabrican pesticidas y cemento. Tras la elección de Egipto como sede de la conferencia, el ECESR inició una campaña y una serie de investigaciones sobre el cambio climático en Egipto y las prácticas gubernamentales que están agravando el problema.

A pesar de ser expertos en el cambio climático, los miembros de este centro se ven obligados a seguir la COP27 a distancia: “Todas las ONG y los activistas que trabajan en relación con el medio ambiente deberían poder asistir libremente, como hemos visto en todas las COP anteriores”, añade Malek Adly.

Decepción antes de la COP27

Desde el año pasado, Egipto ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de Derechos Humanos para mejorar su historial en esté ámbito. Aunque este anuncio fue bien recibido por la sociedad civil, que creía que el Estado liberaría a los presos políticos y abriría el espacio cívico, nada ha cambiado desde entonces. Por el contrario, la situación es cada vez peor.

En un informe publicado el 21 de septiembre, Amnistía Internacional afirma que, al cabo de un año, las autoridades egipcias “han seguido reprimiendo las libertades y cometiendo crímenes de derecho internacional en el periodo previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27)”. Las ONG acusan al régimen egipcio de la detención arbitraria sin juicio de decenas de miles de opositores y civiles, así como de la desaparición forzosa de algunos opositores que luego reaparecen ante los tribunales con una lista de cargos falsos.

Aun cuando Egipto ha liberado a decenas de presos políticos en los últimos meses, este número sigue siendo ínfimo en comparación con el total de detenidos en el país. Las ONG, entre ellas Amnistía Internacional, calculan que son 60.000 los presos políticos en Egipto.

El 26 de septiembre, 12 ONG egipcias hicieron un llamamiento conjunto a las autoridades egipcias para que abrieran el espacio cívico y liberaran a los presos detenidos arbitrariamente. “Insistimos en que no es posible una acción climática eficaz sin un espacio cívico abierto. Como anfitrión de la COP27, Egipto se arriesga a poner en peligro el éxito de la cumbre si no aborda urgentemente las actuales restricciones arbitrarias que pesan sobre la sociedad civil”, señala el llamamiento.

El 14 de octubre, las autoridades egipcias prohibieron a la activista de derechos humanos y abogada Mahienour El-Massry viajar a Italia para asistir a la ceremonia del Premio Aurora al que era candidata. “Había esperanza de que este evento internacional abriera el espacio público, pero las detenciones no cesan. Todos los días hay detenciones de civiles por parte de la seguridad del Estado”, afirma Azza Souliman.

Las ONG y los disidentes locales apostaban por la posibilidad de un boicot a esta edición de la COP por parte de los países occidentales si Egipto no mostraba serios progresos en materia de derechos humanos.

Richard Pearshouse, director de medio ambiente de Human Rights Watch, advirtió a los dirigentes de los distintos países que no hicieran concesiones a Egipto en materia de derechos humanos. “Será un error fundamental si los diplomáticos acuden a la COP27 pensando que no deben hablar de derechos humanos para hacer avanzar las negociaciones sobre el clima. No conseguiremos la acción climática urgente que se necesita sin la presión de la sociedad civil, la situación en Egipto es una muestra de ello”, aseguró a The Guardian.

Manifestaciones prohibidas e hipocresía sobre el medio ambiente

¿Será posible hacer una manifestación durante la COP27? En un país en el que está prohibida la reunión en público de más de diez personas o mostrar una pancarta con un mensaje político, es probable que los activistas y las ONG egipcias no se atrevan a cruzar la línea roja.

“Existe una ley que prohíbe las manifestaciones en Egipto, y varias personas siguen en la cárcel por atreverse a levantar una pancarta en la calle”, comentó a Equal Times un activista medioambiental independiente que pidió permanecer en el anonimato. “En mi opinión, solo los egipcios elegidos por el aparato de seguridad se manifestarán con eslóganes a favor del régimen, para hacer quedar bien al Gobierno”, añadió.

Además de los derechos humanos, el Gobierno está tratando de ocultar su nefasto historial medioambiental a los participantes extranjeros en la COP27. En su vídeo de promoción de la ciudad de Sharm el-Sheikh de cara a la COP27, la presidencia egipcia muestra a jóvenes que pasean libremente por la ciudad, bebiendo en vasos reciclados, que luego se reutilizan para producir abono para los jardines de la ciudad. El vídeo parece demostrar que el Estado se toma en serio todos los detalles relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, sobre el terreno, la situación es mucho menos gloriosa.

“En Egipto no existe la profesionalidad en materia de medio ambiente. El régimen actual está afeando todos los lugares. Tala árboles y destruye jardines para construir edificios de cemento”, dice Azza Souliman.

Desde 2014, los activistas medioambientales acusan al régimen egipcio de cometer una auténtica “masacre de árboles” en las calles de El Cairo y otras ciudades, para realizar proyectos urbanísticos, cafés y restaurantes más rentables para el Estado. Una estrategia que está causando una fuerte controversia en El Cairo, una ciudad donde el aire es uno de los más contaminados del mundo.

El inicio de la destrucción de los jardines Antoniadis, uno de los parques más antiguos de la ciudad mediterránea ha despertado la cólera de los habitantes de Alejandría y de los activistas ambientalistas. Las excavadoras están trabajando desde septiembre de 2022 para destruir los árboles y los edificios históricos del parque y sustituirlos por restaurantes y cafeterías.

El pasado 29 de septiembre, Egipto también firmó un contrato con la empresa Coca Cola para convertirse en patrocinador de la COP27. La decisión ha suscitado una gran polémica, ya que se acusa a la empresa de ser una de las campeonas mundiales de la contaminación por plástico, según el movimiento internacional Break free from plastic.

“No se espera mucho de la COP27. Mientras se excluya a todos los expertos y activistas locales, la cumbre solo servirá como herramienta de propaganda para el régimen egipcio, sin ninguna repercusión en el clima”, afirma el activista independiente.