Jay Jordan saborea su victoria. Este exconvicto californiano de 37 años, director de la Alliance for Safety and Justice, una organización comprometida con la reforma de la justicia penal, ganó en septiembre de 2022 una hercúlea batalla política.

Llevaba meses haciendo campaña en todo el Estado Dorado a favor de la ley SB731, un proyecto inédito en Estados Unidos cuyo objetivo es permitir que las personas condenadas por algún crimen puedan solicitar la eliminación de sus antecedentes penales una vez hayan cumplido su condena. La ley fue aprobada en agosto por el Parlamento californiano y promulgada el pasado 27 de septiembre por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

Para Jay Jordan la aprobación de este proyecto de ley es una victoria colectiva pero también muy personal. “Gracias a esta ley se me abre todo un mundo de posibilidades”, explica. Debido a sus antecedentes penales, él mismo se ha tenido que enfrentar a numerosos obstáculos desde que salió de la cárcel, sobre todo para encontrar un empleo estable.

La historia de Jay Jordan es similar a la de cientos de miles de exconvictos californianos que han visto obstaculizadas sus posibilidades de reinserción debido a antiguas condenas. “Yo me crié en Stockton [cerca de San Francisco], en los años 80, en el seno de una comunidad formada principalmente por familias afroamericanas e hispanas con grandes dificultades económicas”, cuenta este hijo de pastor e ingeniera, que asegura haber tenido la suerte de “beneficiarse de una educación formidable” gracias a sus padres.

Sin embargo, siendo adolescente, Jay Jordan acabó cayendo poco a poco en la delincuencia. “Empecé a juntarme en el instituto con un grupo de personas poco recomendables. A los 18 años, con ese mismo grupo, intentamos robar a alguien en la calle, y yo fui el único en ser detenido”.

Nadie resultó herido en aquel intento de robo, pero como Jay Jordan se negó a denunciar a sus amigos y además en el lugar de los hechos apareció un arma, todos los cargos recayeron sobre él. Fue condenado en 2004 a siete años de cárcel. Solo tenía 19 años.

Al salir de la cárcel en 2012, Jay Jordan tenía un plan de reinserción en mente. “Quería ser peluquero, una actividad que ya había empezado a ejercer en la cárcel”, explica.

“Fui a ver a un barbero amigo mío y, mientras me cortaba el pelo, le conté mis proyectos. Ahí fue cuando me quedé de piedra: me dijo que me resultaría imposible conseguir la licencia de peluquero teniendo antecedentes penales”.

Así que Jay Jordan decidió buscarse un trabajo. Pero su historial delictivo siguió persiguiéndole. Algunos de los empleadores a los que envió su candidatura le hicieron rellenar un formulario en el que se le pedía que especificara sus antecedentes penales. Otros verificaban automáticamente los antecedentes de los candidatos. “Postulé a todos los trabajos que encontraba, pero hasta en el sector de la comida rápida, en McDonald’s, no me querían. Tras el enésimo rechazo, tiré la toalla”, explica. “Fue demoledor constatar que, debido a mis antecedentes, no podía postular a ningún empleo aunque estuviese cualificado”.

Un amigo le sugirió entonces recurrir a las agencias de trabajo temporal, puesto que tienen fama de hacer la vista gorda respecto al pasado judicial de los trabajadores precarios a los que contratan. Jay Jordan fue contratado enseguida para trabajar en el almacén de un supermercado. “La mitad de la mano de obra eran trabajadores sin papeles y la otra mitad eran exreclusos, como yo. No teníamos contrato y nos podían despedir de la noche a la mañana”, cuenta. “De hecho, eso es lo que me sucedió: un día me cayó encima una caja y me lesioné la mano y, como no podía seguir trabajando, me despidieron”.

Pobreza poscarcelaria

Jay Jordan decidió marcharse de Stockton e intentar encontrar trabajo en Los Ángeles. Pasó varios meses sin dinero, viviendo en su coche. Finalmente, el activismo político le abrió nuevos horizontes. Decidió poner su experiencia de exconvicto al servicio de la campaña Ban the Box en Los Ángeles, cuyo objetivo es impedir que los empleadores exijan a los solicitantes de empleo revelar sus antecedentes penales. Más adelante fue contratado por la asociación Alliance for Safety and Justice, una organización que lucha por los derechos de los expresos; y en marzo se convirtió en su director. Con esta organización llevó a cabo la campaña a favor de la ley SB731.

“La idea de archivar los antecedentes penales nos llegó del Reino Unido. Allí a los expresos se les eliminan los antecedentes al cabo de cierto tiempo, lo cual facilita su reinserción en la sociedad”, señala Jay Jordan. “En Estados Unidos, cuando uno sale de la cárcel, se encuentra ya en una situación económica precaria”, subraya.

“Después se ve obligado a aceptar un trabajo mal pagado para sobrevivir, puesto que sus antecedentes no le permiten encontrar nada mejor. Y, por si fuera poco, no tiene más remedio que alquilar una habitación barata en un barrio de mala muerte para poder pagar las facturas… La idea del proyecto de ley SB731 es precisamente romper el círculo vicioso de pobreza poscarcelaria”.

“Algunos de nosotros cumplimos nuestra condena hace ya más de diez años. Pero, aun así, seguimos pagando por nuestros errores del pasado, incluso cuando intentamos cuidar de nuestros hijos”, añade Ingrid Archie, una exconvicta de Los Ángeles muy involucrada en la campaña californiana Time Done, que aboga por la eliminación de los antecedentes penales.

Nacida en South Central, un barrio negro pobre de Los Ángeles, Ingrid Archie, que ronda los 40 años de edad, pasó la mayor parte de su adolescencia en centros de detención de menores, y después, siendo ya adulta, fue acumulando numerosos ingresos en la cárcel. “Pasé mi infancia en un entorno muy violento. Me abandonaron a mi suerte porque mi madre tenía problemas con las drogas, y en seguida caí en la delincuencia. Cada vez que salía de la cárcel me resultaba difícil encontrar trabajo. Con hijos que mantener, no conseguía salir económicamente adelante, por lo que acabé vendiendo drogas y regresando a la cárcel”, explica esta madre de seis hijos. A su salida, el hecho de haber sido condenada por venta de estupefacientes la privaba también del acceso a las ayudas sociales.

Los afroamericanos se ven desproporcionadamente afectados

Este círculo vicioso de pobreza poscarcelaria afecta de forma desproporcionada a los afroamericanos de Estados Unidos. Efectivamente: según un estudio de la Universidad de Georgia publicado en 2017, el 33% de la población masculina afroamericana ha sido condenada por algún delito, lo que contrasta con el 8% de la población global. “Los exconvictos negros se enfrentan actualmente a un sistema similar al de los Códigos Negros, unas leyes del siglo XIX que limitaban los derechos civiles de los antiguos esclavos negros recién emancipados”, afirma Ingrid Archie. “Fueron liberados, pero no se les permitía ser propietarios de una casa ni desplazarse a donde quisieran, y tenían que tener un trabajo so pena de acabar en la cárcel…”.

“Hoy en día, cuando una persona obtiene la libertad condicional, tiene obligatoriamente que conseguir un trabajo, puesto que de lo contrario podría regresar a la cárcel; y eso es muy complicado cuando ha sido condenada por un delito”, continúa.

Tener antecedentes no “solo es un obstáculo para encontrar trabajo”, indica Hadar Aviram, profesora en la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California en San Francisco. “Es algo que repercute en muchos aspectos de la vida cotidiana: imposible, por ejemplo, adoptar un niño, o incluso vivir con alguien que esté en trámites de adopción. También se pueden tener dificultades a la hora de alquilar o comprar una vivienda o incluso para contratar un seguro de vida. Todos los aspectos de la vida se ven afectados”.

El objetivo de la ley SB731 es erradicar gran parte de estos obstáculos. El proyecto de ley prevé la eliminación automática, al cabo de cuatro años, de las condenas por delitos no violentos. Las personas condenadas por delitos violentos podrán a partir de ahora solicitar la eliminación de sus antecedentes ante un juez, salvo en el caso de los condenados por delitos sexuales. Según la organización Californians for Safety and Justice, entre 250.000 y 400.000 personas en California podrían conseguir la eliminación de sus antecedentes de manera automática gracias a esta nueva ley. La asociación estima además que más de un millón de personas podrían obtener el derecho a presentar una petición ante un tribunal para solicitar la eliminación de sus antecedentes.

Hadar Aviram afirma que “la ley SB731 es un paso en la dirección correcta, aunque no consiga resolver el problema a la primera de cambio”.

En Estados Unidos cada vez hay más personas condenadas “tanto a nivel estatal como federal, pero la ley SB731 solo se aplicará a las condenas emitidas por el sistema judicial californiano”, puntualiza.

Otro límite de la ley es el relativo al uso ilícito de los datos judiciales por parte de empresas privadas mal reguladas (que son precisamente las empresas a las que recurren los empleadores para comprobar los antecedentes penales de los posibles candidatos). “En Estados Unidos existe un enorme mercado de datos judiciales. California seguramente tendrá que aprobar una nueva ley para regular estos datos que circulan por Internet”, opina Hadar Aviram.

Y más sabiendo que en Estados Unidos el recurso a los background checks (verificación de antecedentes) es una práctica muy habitual. Según un estudio realizado en 2014 por la Society for Human Resource Management, una asociación de profesionales de recursos humanos, 9 de cada 10 empleadores estadounidenses verifican esta información antes de contratar a un candidato.

Sin embargo, para muchos reclusos, la aprobación de la ley SB731 sigue siendo una verdadera fuente de esperanza. Michael L., exrecluso, tiene previsto presentar el año que viene ante un juez una solicitud para obtener la eliminación definitiva de sus antecedentes penales. Este californiano, que habla a condición de permanecer en el anonimato, ha conseguido eliminar la mayor parte de su historial judicial gracias al proyecto Record Clearance, un programa de la Universidad Estatal de San José (California) en el que participan estudiantes de Derecho que se ofrecen como voluntarios para ayudar a antiguos reclusos a borrar sus antecedentes penales. “Gracias a ellos mi vida a cambiado”, cuenta este veterano estadounidense que se convirtió en chófer de autobús tras salir de la cárcel. “Pero todavía tengo una última condena por un delito que mancilla mi expediente. Cuando consiga eliminarla me sentiré por fin completamente libre. Ya nadie podrá echarme en cara mi pasado. Solo de pensarlo, me invade una maravillosa sensación de ligereza”.