Amenazados y sin posibilidad de trabajar, sindicalistas bielorrusos se refugian en Alemania para evitar la cárcel

Amenazados y sin posibilidad de trabajar, sindicalistas bielorrusos se refugian en Alemania para evitar la cárcel

Lizaveta Merliak (left), former international secretary of the Belarusian Independent Trade Union of miners, chemical, transport, energy and building workers (BITU), and Maksim Pazniakou, former chairperson of BITU, in Bremen on 27 January 2022. Both trade unionists now live in exile in Germany.

(Rachel Knaebel)

En Bielorrusia, el año 2023 comenzó con un nuevo juicio a la sociedad civil, el del Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski. El presidente de la organización de derechos humanos Viasna está acusado, junto con tres de sus compañeros*, de haber financiado acciones que “atentan contra el orden público”. Varios observadores han denunciado una “parodia de juicio”, entre otros Amnistía Internacional. Los cuatro acusados llevan detenidos desde mediados de 2021 y se enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión.

Desde las controvertidas elecciones de agosto de 2020 y el posterior movimiento de protesta, y más aún desde el comienzo del ataque ruso a Ucrania, toda la sociedad civil del país se encuentra bajo amenaza por el poder de Alexander Lukashenko. Además de los defensores de los derechos humanos, las autoridades también tienen puesta su mira en periodistas, abogados, opositores políticos, manifestantes pacíficos, etc. Según Viasna, que sigue siendo el principal grupo de defensa de los derechos humanos en Bielorrusia, a finales de enero se encontraban encarceladas por motivos políticos por lo menos 1.440 personas.

Los miembros y dirigentes de los sindicatos independientes de Bielorrusia no se libran de esta persecución. El 5 de enero, el tribunal municipal de Minsk condenó a importantes penas de prisión a tres dirigentes de sindicatos no afiliados al régimen, Henadz Fiadynich, Viachaslau Areshka y Vasil Berasnieu. Se les acusó, entre otras infracciones, de “formar o participar en un grupo extremista”. Los sindicalistas, de 66, 68 y 73 años, fueron condenados a ocho y nueve años de prisión en una colonia penal.

Ya el 26 de diciembre de 2022, otros tres activistas sindicales, Aliaksandr Yarashuk, presidente del Congreso Bielorruso de Sindicatos Democráticos (BKDP), su adjunto Siarhei Antusevich y una empleada del sindicato, Iryna Bud-Husaim, fueron condenados a penas de entre un año y medio y cuatro años de prisión. Las autoridades les acusaron de “atentar contra la seguridad nacional”.

“Otros fueron encarcelados, pero ya han cumplido sus condenas y se encuentran en libertad. Los jóvenes, sobre todo, han sido condenados por participar en acciones de protesta”, explica Lizaveta Merliak, antigua secretaria internacional del Sindicato Independiente de Mineros y Trabajadores de la Industria Química de Bielorrusia. Ahora vive exiliada en Alemania. “Desde su liberación, los jóvenes sindicalistas se ocupan de restablecer su salud. Si la detención fue tan dura para ellos, ¿cómo será para nuestros compañeros mayores, entre los que se encuentran algunos que han estado enfermos de cáncer?

Creciente represión

En Bielorrusia existen sindicatos independientes del Gobierno desde 1991. Se unieron en el Congreso de Sindicatos Independientes (BKDP) en 1993. A pesar de las presiones del régimen de Alexander Lukashenko, en el poder ininterrumpidamente desde 1994, estas organizaciones: el Sindicato Libre de Trabajadores del Metal (SPM), el Sindicato Libre de Bielorrusia (SPB), el Sindicato de Trabajadores de la Industria Radioelectrónica (REP) y la central BKDP, han sabido implantarse en la mayor parte de las grandes empresas del país y se han incorporado a estructuras internacionales como la Confederación Sindical Internacional y la IndustriAll Global Union.

Tras las masivas movilizaciones contra la amañada y discutida reelección del presidente Lukashenko en agosto de 2020, los sindicatos independientes respondieron al llamamiento de la oposición a la huelga general. Al mismo tiempo, se incorporaron nuevos miembros. Los sindicatos libres pasaron de unos 10.000 a unos 15.000 afiliados en pocos meses. Sin embargo; pronto sus oficinas fueron allanadas, al igual que los domicilios de algunos de sus dirigentes.

En 2021, los trabajadores miembros de los sindicatos independientes fueron despedidos en masa. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunció entonces las graves violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores en Bielorrusia.

En febrero de 2022, los dirigentes de los sindicatos independientes se opusieron públicamente al ataque ruso a Ucrania y exigieron la retirada de las tropas rusas estacionadas en Bielorrusia. La respuesta de las autoridades se endureció aún más.

El 19 de abril de 2022 fueron detenidos una veintena de dirigentes sindicales, entre ellos los condenados en diciembre. “Nos comunicábamos con los nuevos miembros del sindicato a través de cadenas de Telegram. En abril de 2022, las autoridades consideraron estas cadenas como contenido extremista y, entre otras medidas, mandaron cerrar mi organización”, afirma Lizaveta Merliak. “Cuando detuvieron al presidente de mi sección local, para mí fue la señal de que yo sería la siguiente”.

Exilio en Alemania

La madre de familia tomó la carretera con sus dos hijos y llamó a un antiguo investigador alemán de la OIT al que había conocido en los organismos sindicales internacionales. Este investigador reside en Bremen, en el noroeste de Alemania, y aunque jubilado sigue vinculado al mundo sindical.

Es así como Lizaveta Merliak llegó a la ciudad hanseática el 1 de mayo de 2022. Inmediatamente solicitó asilo político con el apoyo de la DGB, la confederación alemana de sindicatos (Deutscher Gewerkschaftsbund). “Son ellos quienes pagaron al abogado”, especifica.

“Todo el año pasado observamos lo que ocurría en Bielorrusia, seguimos las detenciones, las persecuciones”, afirma Ernesto Harder, presidente de la sección de Bremen de la DGB, que acompañó a Lizaveta Merliak. “Me pregunté si podíamos ayudar a otros sindicalistas”.

La sección local se dirigió entonces a las autoridades municipales para apoyar con éxito el procedimiento de asilo político de ocho compañeros que habían permanecido en Bielorrusia. Bremen se dirigió directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, y los sindicalistas obtuvieron su estatuto ante la embajada alemana en Minsk. Finalmente, solo siete de los ocho pudieron abandonar el país, el último sigue en prisión.

A mediados de julio de 2022, Bielorrusia disolvió y prohibió oficialmente los sindicatos independientes del país. Los compañeros de Lizaveta Merliak llegaron a Alemania poco después, en septiembre. Entre ellos estaba Maksim Pazniakou, antiguo presidente de la Federación de Mineros y Trabajadores de la Industria Química y actual presidente de la central BKPD. La primavera pasada pasó 30 días encarcelado. “Pero tuve suerte, salí y ahora estoy aquí”, afirma desde su nueva ciudad de acogida. “Sin embargo, más de 30 de nuestros compañeros y compañeras siguen en prisión”, rememora.

Los sindicalistas perseguidos, hombres y mujeres, viven ahora con sus familias en Alemania. Una noche del pasado mes de enero, el alcalde de Bremen los recibió a todos en una recepción oficial en la casa sindical de la ciudad.

“Cuando llegaron aquí, los compañeros necesitaban un alojamiento, una plaza en la guardería y un empleo. Gracias a la gran ola de solidaridad por parte de los miembros de la DGB pudimos conseguir todo esto”, recuerda con satisfacción Ernesto Harder.

Los bielorrusos también disponen de una oficina donde continuar trabajando. Para tomar el relevo de los sindicatos disueltos por el régimen, los ocho refugiados han creado en Alemania una asociación denominada Salidarnast, es decir, “solidaridad”. “La prioridad es liberar a nuestros compañeros”, afirma Maksim Pazniakou.

Sin embargo, a pesar de tantos obstáculos también se trata de apoyar a todos los trabajadores de Bielorrusia. “Ya no podemos representar directamente sus intereses, ya no podemos llevar a cabo negociaciones colectivas, pero continuamos nuestra labor de información y asesoramiento jurídico. Y seguimos siendo parte integrante del movimiento sindical internacional”, insiste el sindicalista.

Para la asociación, esta labor es más importante debido a que, además de la represión sindical, “la legislación laboral se ha debilitado en Bielorrusia desde 2020”, añade el dirigente. “Para solicitar cualquier nuevo empleo, ahora tienes que presentar un certificado de lealtad al Estado expedido por tu antiguo empleador”, señala. Una persona que haya sido detenida por participar en una manifestación no puede obtenerlo. Y alguien que haya pasado aunque solo sea dos semanas en la cárcel por el mismo motivo puede ser despedido por abandonar su puesto de trabajo.

“Los problemas de los trabajadores en Bielorrusia no empezaron en 2020. Los derechos de los trabajadores se violan en el país desde hace 30 años. El objetivo de nuestra asociación es crear una amplia red para defender la reivindicación de un trabajo digno”, afirma Lizaveta Merliak.

Y concluye: “debemos seguir siendo solidarios, porque solo la solidaridad internacional puede ayudar a combatir los autócratas que hacen la guerra en Ucrania y encarcelan a la sociedad civil”. Refugiada lejos de su hogar, en una lengua que apenas habla, la sindicalista confía, no obstante, en volver “algún día a casa y reconstruir” su sociedad.

This article has been translated from French by Patricia de la Cruz

* Valiantsin Stefanovich, Uladzimir Labkovich y Dzmitry Salauyou