El 14 de mayo, los turcos elegirán a su presidente y a sus diputados. Al cumplirse 100 años de la fundación de un Estado laico bajo el liderazgo de Mustafá Kemal, estas elecciones son cruciales para el futuro del país.

La situación económica y social de Turquía es catastrófica. Con una inflación de tres dígitos, la subida de precios se ha vuelto insoportable. La mayoría de los trabajadores, ya sean obreros o empleados, solo cobra el salario mínimo legal de 8.500 liras turcas (unos 400 euros). Este salario ni siquiera cubre los gastos básicos mensuales de alimentación de una familia de cuatro miembros, que ascienden a 9.590 liras turcas (479,50 euros), cuando el umbral de pobreza es de 30.700 liras turcas al mes (1.535 euros).

Según las últimas estadísticas oficiales, el desempleo ha alcanzado al 10,7% de la población. La balanza de pagos se ha deteriorado considerablemente. Todos estos indicadores muestran una economía turca de rodillas.

La Constitución aprobada en 2017 estableció un régimen presidencial. El presidente Recep Tayyip Erdoğan ejerce el poder ejecutivo y lidera el partido gobernante, el AKP. Y lo que es más importante, ha supeditado al poder judicial bajo su administración directa.

A finales de enero de 2023, el número de personas que se encontraban encarceladas en Turquía ascendía a 341.497. Entre ellas, miles de ciudadanos, como periodistas, abogados, académicos, personalidades políticas, miembros de ONG y sindicalistas, detenidos, condenados y encarcelados por motivos políticos y sociales como, por ejemplo, insultar al presidente de la república.

El poder pisotea la voluntad popular. Por ejemplo, decenas de alcaldes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) elegidos democráticamente en el este y el sureste del país han sido destituidos y en su lugar se han nombrado administradores. Se ha interpuesto una demanda sin fundamento contra el alcalde de Estambul, a quien se prohibió ejercer cualquier cargo político y se condenó a penas de prisión en primera instancia.

El juez encargado del juicio se opuso a la petición de esta sentencia y fue apartado del caso y trasladado. El juez que le sustituyó dictó sentencia en el sentido deseado por el Gobierno. Es así como un alcalde elegido democráticamente por más de 16 millones de personas es víctima de la arbitrariedad.

En vísperas de las elecciones del 14 de mayo, se interpuso una demanda contra el HDP, tercer partido del parlamento en número de diputados, y se le amenazó con prohibirlo. Selahattin Demirtaş, excopresidente del partido, lleva siete años encarcelado injustamente. El objetivo es mantenerlo en prisión de por vida abriéndole sucesivas parodias de juicio. El empresario Osman Kavala se encuentra en la misma situación. Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ordenado la liberación de estos dos presos, Erdoğan se niega obstinadamente a respetar estas decisiones.

La libertad de pensamiento y de expresión se encuentran bajo presión. Una anécdota que circula por las redes sociales lo ilustra perfectamente: en una prisión, un preso desea procurarse un libro y el guardia le indica que el establecimiento no dispone de ese libro, pero que... ¡su autor está allí!

Una candidatura de dudosa legalidad constitucional

La candidatura de Erdoğan es objeto de un intenso debate. El artículo 116 de la Constitución establece que una persona solo puede ser candidata a la presidencia de la república dos veces, que es el caso del actual presidente. A falta de una mayoría parlamentaria que justifique la celebración de elecciones anticipadas, Erdoğan argumentó que el referéndum constitucional de 2017 había abierto un nuevo periodo y que su elección en 2018 no era más que su primer mandato. Casi todos los constitucionalistas de Turquía discrepan de esta interpretación de la Constitución. Sin embargo, el Alto Consejo Electoral (YSK), encargado de organizar las elecciones y cuyos miembros son nombrados por Erdoğan, ha rechazado todas las objeciones planteadas.

De ser reelegido el 14 de mayo, el mandato de Erdoğan duraría hasta 2028. En caso de elecciones anticipadas, ¡podría incluso prorrogarlo hasta 2033!

Erdoğan tiene un historial de desacato a las disposiciones legales y constitucionales. Señaló que no respetaría ni aplicaría las decisiones de los tribunales supranacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los tribunales supremos nacionales, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, ni siquiera las decisiones del poder judicial que no aprobara personalmente.

En 1996, cuando era alcalde de Estambul, Erdoğan dijo: “La democracia es un tren del que nos bajamos cuando se ha llegado a destino”. ¿Qué quería decir con esto el que fuera alcalde de Estambul? Que su proyecto político, es decir, el menoscabo de la democracia y el laicismo, estuviera en el centro de su programa, tras tranquilizadoras promesas de fachada. Hoy día, Erdoğan se dispone a franquear un nuevo cabo. ¿Sería la instauración de una república islámica el final del nuevo “viaje”, en caso de ser reelegido?

De cara a las elecciones del 14 de mayo, el AKP de Erdoğan ha formado una alianza con dos partidos nacionalistas (MHP y BBP), así como con dos partidos políticos islamistas, el Hüdapar, considerado la rama turca del Partido de Dios (o Hezbolá, distinto de su homónimo libanés), implicado en numerosos asesinatos políticos, así como el Yeniden Refah Partisi.

Estos dos últimos partidos han puesto como condición la posibilidad de socavar los principios republicanos y laicos consagrados, hasta ahora, en la Constitución. También quieren que se derogue la ley que prohíbe la violencia contra las mujeres, tras la retirada de Turquía del Convenio de Estambul.

Asimismo, piden que las mujeres solo puedan trabajar en empleos “adecuados a su naturaleza” y que se suprima la educación mixta en las escuelas. Erdoğan ha aceptado las candidaturas de estos dos partidos en su coalición electoral.

Turquía en la encrucijada

De hecho, las próximas elecciones del 14 de mayo y los esfuerzos de Erdoğan por mantenerse en el poder están cristalizando la lucha centenaria que se libra entre los republicanos y sus oponentes. Entre los países de Oriente Próximo, el proceso histórico de Turquía es único. Hace cien años, al final de la guerra de independencia, con la proclamación de la república, se abolieron el sultanato y el califato. Desde su elección, Erdoğan ha seguido debilitando los fundamentos laicos de la república.

Con la presidencialización del poder inducida por la enmienda constitucional de 2017, este movimiento se ha ahondado. El pueblo se ve despojado progresivamente de su soberanía en favor del poder presidencial.

La seguridad y la integridad de las elecciones no tienen la menor garantía. La imparcialidad de las comisiones electorales locales está en entredicho. Varios abogados próximos al Gobierno, ahora nombrados jueces, se encargarán de organizar los comicios y oficializar los resultados.

Diversos ataques y provocaciones pretenden intimidar a los votantes y disuadirles de acudir a las urnas. Los rumores de amenazas de asesinato contra el presidente del principal partido de la oposición, Kemal Kiliçdaroğlu, candidato de la oposición a las elecciones presidenciales, han saltado a los titulares.

Además de la “Alianza Nacional”, que reúne a seis partidos de la oposición, otras dos coaliciones de izquierda apoyan la candidatura presidencial de Kiliçdaroğlu. Se ha formado un amplio frente contra Erdoğan. En las encuestas, el candidato de la oposición aventaja a su oponente. Ante esta situación, muchos temen un resurgimiento del clima de violencia y enfrentamientos que tuvo lugar durante las elecciones presidenciales de 2015.

Turquía se encuentra verdaderamente en una encrucijada. Es de crucial importancia que estas elecciones devuelvan a Turquía a la senda de la democracia y el Estado de derecho.