El ataque brutal a los salarios mínimos en Europa

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En un informe conjunto a la reunión de Ministros de Trabajo del G20 en junio de 2012, el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, junto con la OIT, consiguieron elaborar un texto extraordinariamente ambiguo sobre los salarios mínimos.

Al principio hay un mensaje positivo: los salarios mínimos legales pueden incrementar la participación laboral, mantener la demanda y reducir la pobreza, y todo esto sin destruir puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta la reputación del FMI y de la OCDE para desarticular todo tipo de normativas laborales, esta declaración en defensa de los salarios mínimos es bastante revolucionaria.

Por desgracia, el informe dice a continuación que si los pisos salariales se establecen a un nivel significativamente superior a lo apropiado, los efectos positivos en la demanda y las desigualdades corren más riesgo que verse compensados por la pérdida de oportunidades de empleo, sobre todo para los trabajadores jóvenes y con pocas competencias.

En otras palabras, los salarios mínimos altos destruyen puestos de trabajo.

Dos meses antes, en su Comunicado "Paquete sobre empleo", la Comisión Europea adoptó un enfoque casi idéntico.

En lo que ahora parece ser un intento implícito por apoyar la introducción de un salario mínimo en Alemania, la Comisión respaldó el principio general de un nivel salarial adjuntando también al mismo tiempo tres condiciones: los salarios mínimos tienen que establecerse a un nivel apropiado, ser “suficientemente ajustables” para reflejar la evolución económica global (¿en una dirección a la baja?) y ser “diferenciados” a fin de mantener la demanda de mano de obra.

 

¿Más dinero, menos puestos de trabajo?

Mientras que el Comunicado de la Comisión se abstiene de definir exactamente lo que sería un nivel salarial mínimo “apropiado”, el informe conjunto del FMI/OCDE/OIT presentado a los Ministros de Trabajo del G20 sí que propuso un margen preciso de un salario mínimo comprendido entre el 30 y el 40% del salario medio.

Los salarios mínimos por debajo de ese margen incrementarían la desigualdad y socavarían la demanda agregada.

Por otra parte, los salarios mínimos por encima del 40% del salario medio destruyen puestos de trabajo, agravando por tanto la pobreza y las desigualdades.

Aquí uno no puede evitar tener la impresión de que se esté jugando un partido de fútbol, en el que la OIT y la dirección general de empleo y política social de la Comisión le pasan la pelota al FMI y la OCDE, que a continuación rematan y marcan gol.

Los acontecimientos en la última Conferencia de Empleo de la Comisión a principios de septiembre refuerzan esta impresión.

El orador principal y reciente premio Nobel Christopher Pissarides abogó abiertamente a favor de unos salarios mínimos “bajos” y el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, alegaba que “está sobradamente probado que los salarios mínimos altos destruyen puestos de trabajo”.

Todo esto es claramente un paso hacia atrás. Efectivamente, los salarios mínimos legales en Europa se sitúan sistemáticamente por encima del umbral definido por las instituciones del G20.

Empiezan a partir del 45% del salario medio en Polonia, aumentando hasta el 60% en Francia (ver tabla a continuación). Únicamente en la República Checa y en Estonia el salario mínimo se sitúa en el denominado margen apropiado.

  Source: OECD, ETUI

Así que, en realidad, este debate institucional sobre la conveniencia general de los salarios mínimos se reduce a un ataque brutal a los sistemas de salarios mínimos existentes en la mayor parte de Europa.

Esto encaja perfectamente con la estrategia de devaluación interna que los ministros de finanzas y los bancos centrales están ahora en proceso de implementar en la zona del euro, reemplazando el instrumento que falta de una devaluación monetaria con recortes salariales deflacionistas.

En semejante estrategia, los niveles salariales dignos son percibidos como un obstáculo que bloquea el ajuste a la baja de los salarios que los Estados miembros necesitan para restablecer la competitividad.

Al atacar los niveles existentes de salarios mínimos, incluso los salarios más bajos se transforman en un factor de ajuste competitivo.

 

No existe correlación

El informe conjunto del G20 no aporta ninguna prueba fehaciente con respecto a la afirmación de que los salarios mínimos por encima del 40% del salario medio destruirían puestos de trabajo.

De hecho, al examinar otros estudios publicados por las mismas instituciones que firmaron conjuntamente el informe del G20, se encuentran en realidad pruebas de lo contrario.

Por ejemplo, la actualización de 2006 del Estudio sobre el Empleo de la OCDE determinaba que “un número considerable de estudios han concluido que el efecto adverso de los salarios mínimos en el empleo es modesto o inexistente”, (OCDE, Employment Outlook 2006, página 86).

Otro estudio realizado por la OIT y al que se hace referencia en una nota a pie de página del informe del G20, establece que “diversos estudios empíricos …no han logrado por ahora encontrar ninguna correlación significativa entre el salario mínimo y el empleo” (página 26).

Por otra parte, el estudio de la OIT examina una serie de experiencias con salarios mínimos en 13 países europeos y descubre que no existe ningún efecto adverso en el empleo en Irlanda, el Reino Unido, Grecia, Suecia, Bulgaria y los países bálticos.

Para países en los que la política logró un descenso (relativo) de los índices de salarios mínimos (Países Bajos) o fomentó sistemáticamente empleos de baja remuneración (Alemania), la conclusión es que esto no consiguió mejorar por lo general el empleo sino que simplemente reemplazó puestos de trabajo en el rango de ingresos medios con empleos de baja remuneración.

Es decir que los malos empleos echaron a los buenos empleos sin que se crearan nuevos empleos netos.

La única advertencia que el estudio de la OIT da es sobre la cuestión del tiempo.

En una referencia a la duplicación del salario mínimo en Hungría en 2001-2002, la OIT insiste en la condición de que los salarios mínimos se ajusten de forma progresiva y regular.

Eso, no obstante, dista bastante de la recomendación del G20 de mantener el nivel de los salarios mínimos a un nivel bajo e indigno.

Por último, una observación fundamental es que este debate de políticas sobre un umbral “de talla única” no tiene mucho sentido.

Desde un punto de vista estático, todo depende de la distribución de competencias, educación y formación.

Si esa distribución es más equitativa, los salarios mínimos pueden ser sustancialmente altos e incluso necesitan serlo a fin de evitar posibles situaciones de explotación.

Desde un punto de vista dinámico, el mecanismo de ajuste que la política debería estar utilizando es mejorar las capacidades y las prácticas en el lugar de trabajo, no rebajar unos salarios ya bajos.

En este caso, unos salarios mínimos sólidos pueden en realidad funcionar como incentivo para los empleadores, obligándoles a reorganizar el lugar de trabajo de una manera mejor y más eficiente.

Aquí va otra cita de la OIT: “La Comisión de Salarios Mínimos del Reino Unido ha insistido en la función del salario mínimo para animar a las empresas a competir basándose en la calidad así como el precio; ayudando a fomentar el compromiso de los empleados, reducir la rotación de personal y alentar la inversión en formación, estimulando así la productividad y favoreciendo la competitividad empresarial” (página 29).

En su deseo obsesivo por instalar la ultra flexibilidad salarial en Europa y la zona del euro, las instituciones internacionales están haciendo caso omiso de estas dimensiones y funciones de la política de salarios mínimos.