Cuando el clima no es favorable y las cosechas se pierden, como ocurriera en el Medio Oeste americano este verano, las consecuencias pueden ser terribles: los precios inician una escalada en los estrictos mercados mundiales de productos básicos y antes o después estos incrementos se filtrarán a los mercados locales.

En los países con bajos ingresos – y particularmente aquellos cuyas importaciones representan una parte importante del suministro de alimentos – los resultados son devastadores: los más pobres no pueden permitirse llevar comida a la mesa y, lo que es peor aún, no pueden recurrir al Estado pidiendo ayuda.

Los incrementos de los precios de los alimentos en los últimos cinco años han sacado a relucir la vulnerabilidad del sistema alimentario mundial ante crisis de suministros por pequeñas que sean, magnificadas por las reacciones de los agentes de los mercados – y la facilidad con que grandes grupos de la población pueden quedar hundidos en la pobreza y en el hambre como resultado de ello.

También han sacado a relucir la injusticia de que cerca del 80 por ciento de los más pobres del mundo no dispongan de una protección social básica.

La injusticia resulta particularmente grave si consideramos que, con apenas dos por ciento del PIB mundial, podría proporcionarse protección social básica a todos los pobres del mundo.

No obstante, el costo básico que supondría no es el único desafío que se presenta para la aportación de protección social.

Para muchos Estados pobres el mayor elemento disuasivo es el temor a establecer unos sistemas que podrían sufragarse hoy en día – pero quizás no en el futuro.

En India, la Ley de Garantías del Empleo Rural Nacional (National Rural Employment Guarantee Act) ha venido garantizando desde 2005 un salario mínimo anual correspondiente a cien días de empleo para todos los adultos de núcleos familiares rurales.

India y otros países emergentes han podido establecer sistemas de este tipo no sólo gracias a sus crecientes recursos internos, sino también por que se trata de países grandes y que por tanto poseen cierto grado de diversidad interna: unos incrementos súbitos de la demanda de asistencia social podrían tener lugar generalmente a nivel regional más que a nivel nacional, o afectar únicamente a sectores particulares o grupos profesionales, por lo que resultarían administrables, incluso en años malos.

Pero muchas economías más pequeñas, en particular los países menos desarrollados, no pueden permitirse un aumento repentino del gasto en protección social que se requeriría tras crisis como las ocasionadas por sequías, inundaciones, epidemias sanitarias o incrementos súbitos de los precios que afecten a grandes grupos de la población, reduciendo al mismo tiempo los ingresos del Estado provenientes de los impuestos y de las exportaciones.

Para salir de este punto muerto, he propuesto la creación de un Fondo Mundial para la Protección Social.

La primera función del fondo sería cubrir la escasez de fondos para el establecimiento de un piso de protección social en los países menos avanzados (PMA); en paralelo, el fondo contribuiría a proteger estos sistemas frente a los riesgos de una demanda excesiva ocasionada por crisis importantes, bien sea asesorando a los PMA sobre opciones apropiadas de seguro privado, subvencionando sus primas, o actuando como reasegurador de último recurso.

Algunos riesgos son simplemente excesivos para ser absorbidos por un solo país – o incluso por una sola organización internacional: en 2006 El Programa Mundial de Alimentos suscribió un contrato con la compañía aseguradora Axa Re con objeto de garantizar asistencia de emergencia a los agricultores etíopes cuando la estación de lluvias resultase insuficiente.

Así pues, en caso de que se produzcan sequías severas y se incrementen las solicitudes de ayuda, la cobertura del seguro entraría en acción: en tales casos, los mercados financieros complementan los esfuerzos del Estado y de la comunidad internacional.

La lógica del seguro está ya bien establecida – pero desgraciadamente, teniendo en cuenta el perfil de riesgo de los países pobres donde gran parte de la población es vulnerable al mismo tipo de crisis, muchas veces no consiguen garantizar una cobertura que resultaría abordable y suficientemente amplia a través de los mercados privados.

Estos países necesitan por tanto el apoyo de un organismo internacional imparcial para que les brinde asesoramiento, mediación, o incluso les proporcione esta cobertura de seguro – y dicho organismo requiere contar con el apoyo y la financiación de los países más ricos para poder asumir este papel crucial.

Apoyando el FMPS, los Estados estarían respondiendo a los llamamientos lanzados por la OIT, UNICEF, el G20 y el Banco Mundial para hacer que la protección social sea universal.

Estarían cumpliendo con sus obligaciones en relación con los derechos humanos, cambiando la forma que asume su ayuda al desarrollo, haciendo que el volumen de la ayuda resulte más previsible. El resultado obtenido tendría un efecto multiplicador de apoyar los ingresos en los países en desarrollo, y proseguir con las promesas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más allá de su fecha de expiración en 2015.