Estrasburgo se pronunciará sobre la legislación antihuelga de Reino Unido

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Se espera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie pronto sobre si acepta el recurso jurídico que interpuso el RMT (sindicato británico de trabajadores/as del transporte) contra las leyes británicas que limitan el derecho de huelga.

El RMT (Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y de Transporte) denunció que las leyes británicas aprobadas a principios de la década de 1990 violan los derechos de libre asociación y reunión pacífica recogidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

 

Dichas leyes imponen duras condiciones a las votaciones sobre huelgas y prohíben las acciones ‘secundarias’, en que los trabajadores/as dejan de trabajar en solidaridad con las huelgas organizadas en otros lugares.

La prensa británica informó recientemente de que el tribunal de Estrasburgo (Francia) había decidido aceptar el caso, lo cual provocó airadas quejas de los políticos conservadores.

Según informó el Daily Mail, el alcalde de Londres Boris Johnson afirmó que sería "totalmente inaceptable" que el tribunal europeo atenuara las restricciones británicas en materia de huelgas.

Asimismo, insistió en que actualmente existía "una necesidad de leyes más estrictas contra las huelgas irritantes".

Funcionarios de Estrasburgo informaron a Equal Times que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos todavía está considerando si desestimar el caso.

Señalaron que el tribunal ha escrito al RMT y al Gobierno británico pidiéndoles más detalles sobre los casos específicos que impulsaron las acciones legales.

 Según la legislación británica, los sindicatos deben notificar a las empresas con antelación si están planeando someter una huelga a la votación de sus miembros y ofrecer detalles sobre las categorías de trabajadores/as que van a votar.

En el 2009, tras un conflicto salarial en la compañía eléctrica EDF Energy Powerlink, el RMT notificó a la empresa que sometería a ingenieros y técnicos a una votación sobre una posible huelga.

Sin embargo, la empresa anunció que no reconocía el término ‘técnico’ y solicitó con éxito una orden judicial para prohibir la huelga.

El segundo caso para el Tribunal Europeo tiene que ver con una huelga que se organizó en el 2009 en una empresa llamada Hydrex Equipment (UK) Ltd.

A los miembros sindicales de dos empresas que colaboraban estrechamente con Hydrex les impidieron celebrar una huelga de solidaridad.

El Secretario General del RMT, Bob Crow, señaló en el 2010 que el sindicato se había visto obligado a recurrir al tribunal europeo porque se había "minado sistemáticamente el derecho humano fundamental de abstenerse de trabajar".

Los abogados que representan al sindicato confían en que el tribunal de Estrasburgo falle a su favor.

Para ello se basan en las conclusiones que publicó en el 2009 una Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo.

Entre ellas incluyeron la necesidad de simplificar las regulaciones para las votaciones de huelgas en Reino Unido y de garantizar que las leyes sobre las huelgas secundarias cumplan con los convenios de la OIT.

 "Los trabajadores y trabajadoras deben ser capaces de participar en huelgas de solidaridad, siempre que la huelga que apoyan sea legal, y de emprender acciones sindicales vinculadas con asuntos sociales y económicos que les afecten, incluso si el empleador directo no es una de las partes del conflicto", señaló la Comisión de la OIT.

Asimismo, los abogados destacaron que el Comité Europeo de Derechos Sociales había denunciado en el 2010 que las "excesivas" leyes británicas sobre las votaciones de huelga infringían la Carta Social Europea.

Al mismo tiempo, el ministro de economía británico George Osborne ha presentado un programa para inducir a los trabajadores y trabajadoras a renunciar a sus derechos laborales (como la baja por paternidad o la protección contra el despido improcedente) a cambio de recibir acciones de su empresa, lo cual provocó una airada reacción la semana pasada en el Parlamento Europeo.

"Esta propuesta es espantosa, ya que ridiculiza las presiones financieras y las preocupaciones a las que se tienen que enfrentar los trabajadores y trabajadoras.

Además, sustituye los derechos laborales por un soborno”, denunció Hannes Swoboda, presidente de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. "Esta propuesta es contraria a todos los valores europeos que defendemos".