El miércoles y el jueves, decenas de miles de manifestantes indonesios se lanzaron a las calles de Yakarta para exigir unos salarios más altos, unas mejores condiciones laborales y una asistencia médica gratuita.

Esta nación del sudeste asiático es una de las economías que más rápido crecen del mundo, pero no todos los indonesios disfrutan de los beneficios del crecimiento económico, ya que casi el 40% (algo más de 20 millones) de los 35 millones de personas que trabajan en el sector formal recibe un salario menor del que le corresponde y está desprotegido.

Los trabajadores y trabajadoras indonesios cruzaron la ciudad y acabaron con una concentración en el exterior del Palacio Presidencial. Lo que piden al Gobierno y a los empleadores es que se atengan al actual decreto ministerial que establece límites a la externalización, excluyan a los trabajadores/as del pago de contribuciones al programa nacional de salud y acaben con la mano de obra barata.

Gracias a esta última demanda, el Gobierno prometió esta semana a los trabajadores/as de Yakarta un aumento del 44% del salario mínimo, con lo que a partir del año que viene la cantidad quedaría en 2,2 millones de rupias (228 $) al mes.

Sin embargo, los trabajadores/as de todo el país también están exigiendo reformas y aumentos salariales.

En Java Occidental y Java Oriental, donde hay más de 40 zonas industriales y más de 25 millones de trabajadores/as, se han llevado a cabo acciones parecidas.

Los huelguistas también protestaban por una medida de la Asociación de Empresarios que intentaba obstaculizar la aprobación de la normativa sobre externalización, que se revisó recientemente para limitar esta práctica generalizada a tan solo cinco sectores – la seguridad, la restauración, el transporte, la limpieza y los servicios de apoyo a la minería.

‘Luchar por la justicia’

La manifestación, que también incluyó a cientos de estudiantes de varias universidades, la organizaron conjuntamente la Confederación Panindonesia de Sindicatos (KSPSI), la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Indonesia (KSPI), la Confederación para la Prosperidad de los Trabajadores de Indonesia (KSBSI) y la Organización de Trabajadores Indonesios (OPSI).

“Ha llegado la hora de luchar por la justicia ahora mismo y dejar de esperar que los empresarios nos otorguen donativos o caridad”, anunció Said Iqbal, el presidente de la KSPI, en un foro abierto cerca del Palacio Presidencial.

El miércoles, miles de trabajadores y trabajadoras convocados por el Sindicato Nacional de Trabajadores (SPN) rodearon el Palacio Presidencial para exigir al presidente Susilo Banbang Yudhoyono que dictara un decreto-ley para obligar a los empleadores a pagar la contribución de sus trabajadores/as al programa nacional de salud, en consonancia con el reciente veredicto del Tribunal Constitucional, el cual, tras revisar la ley del 2004 sobre el sistema de seguridad social, cargó a los empleadores el pago de las contribuciones a los programas de seguridad social.

Iqbal afirmó que a la mayoría de los trabajadores/as se les paga menos de los que les corresponde y, por tanto, no deberían tener que pagar una prima por la seguridad social, ya que ésta forma parte de sus derechos constitucionales.

Mudhofir, el presidente de la KSBSI, señaló que el Gobierno indonesio debería estar en condiciones de acabar con la práctica de la mano de obra barata tras haber experimentado un crecimiento medio del 6% por año desde la recesión económica que golpeó al continente asiático en 1997.

“Los trabajadores ya han perdido la paciencia”, añadió.

Asimismo, anunció que los trabajadores y trabajadoras seguirían presionando al Gobierno para que aceptara la lista de los 80 componentes salariales necesarios para ofrecer salarios decentes.

El Ministro de Recursos Humanos y Transmigración Muhaimin Iskandar pidió a los huelguistas que regresaran a sus puestos de trabajo.

“Con las huelgas de dos días, tanto los trabajadores como los empleadores pierden millones de horas de trabajo, detienen el proceso industrial y suspenden la producción empresarial”.

“Es mejor que los sindicatos laborales canalicen sus aspiraciones a través de la Comisión Nacional de la Seguridad Social (DJSN), para que ésta las presente en la sesión plenaria con las partes interesadas en preparar el proyecto de normativa para aplicar los programas de seguridad social”, explicó.

Asimismo, el ministro afirmó que el Gobierno no podía aumentar unilateralmente el salario mínimo, ya que debía considerar el interés empresarial del país y reparar el clima de inversiones para generar más puestos de trabajo.

“Los trabajadores deben tener en cuenta que hay que estimular a los empresarios e inversores para que desarrollen sus negocios y obtengan beneficios que les permitan pagar bien a sus trabajadores”, concluyó.