Cada día llegan al aeropuerto internacional de Katmandú un promedio de dos ataúdes.

Los ataúdes transportan los cuerpos de migrantes nepalíes que se fueron a trabajar a Oriente Medio o al Golfo Pérsico.

Según las autoridades, fallecen en accidentes, concretamente en obras de la construcción o en accidentes de carretera.

Pero muchos son asesinados por los traficantes, y otros muchos, sobre todo mujeres, se suicidan como consecuencia de los acosos y abusos sexuales que sufren.

En las Américas, cerca de 2.000 personas han perdido la vida en los últimos diez años al intentar cruzar la frontera de México a Estados Unidos.

Estas muertes se deben por lo general a la exposición a la intemperie o a la deshidratación – cuando los migrantes atraviesan los desiertos de Arizona – pero también hay ahogados, como es el caso de los que intentan cruzar algún río.

Sin embargo, la cifra más alarmante es la de los migrantes latinoamericanos que son secuestrados por bandas de delincuentes y asesinados por no poder pagar el rescate.

En cuanto a los que intentan llegar Europa desde África y Oriente Medio cruzando el Mediterráneo, se estima que desde 1990 han fallecido como mínimo 20.000 personas.

Estas no son las cifras de simples accidentes, son las cifras de una guerra real: una guerra contra los inmigrantes.

Y el conflicto no tiene que ver sólo con los indocumentados, ni tampoco se detiene en las fronteras.

Incluso cuando consiguen obtener un permiso de trabajo legal, atraídos por la demanda de mano de obra en los países más ricos, los migrantes se siguen enfrentando a las violaciones de derechos fundamentales.

Históricamente, los peores trabajos, con las condiciones laborales más duras y los salarios más bajos, están reservados a los migrantes.

Y por si fuera poco, son con frecuencia víctimas de la discriminación y la explotación, y de agresiones racistas y xenófobas.

Este fenómeno se da con mayor frecuencia en tiempos de crisis económica, cuando los migrantes son percibidos como rivales en el mercado laboral local, convirtiéndose en blanco fácil, en chivos expiatorios de la indignación popular por el desempleo a gran escala.

¿Hasta qué punto es sostenible a largo plazo el sistema de migración actual? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional al respecto? ¿Cómo podemos gestionar la migración de forma realista, proporcionando a las personas dignidad y seguridad?

Desde luego, la cuestión de la migración no se ha resuelto con una mayor militarización de las fronteras ni limitando el número de visados y permisos, medidas que responden a menudo a los planes políticos nacionales en lugar de derivarse de una evaluación realista de la verdadera demanda social de mano de obra y de las necesidades de desarrollo.

El fenómeno mundial de la migración contemporánea no puede dejarse a merced de las decisiones y soluciones de los Estados individuales.

 Sin duda existe una necesidad urgente de desarrollar una cooperación efectiva por medio de acuerdos regionales dentro del marco de las relaciones multilaterales entre los países industrializados y los países en desarrollo.

No obstante, los Gobiernos de los países de destino se muestran reticentes a la posibilidad de una gobernanza global de la migración.

No están dispuestos a transferir a un órgano supranacional el poder del control sobre las fronteras y las condiciones que determinan si los migrantes pueden permanecer en sus territorios.

Curiosamente, los Gobiernos de los países de origen tampoco parecen muy preocupados por imponer un sistema de regulación vinculante que interfiera con su capacidad de suministrar mano de obra barata a países más ricos y de beneficiarse de los envíos de dinero que realizan los trabajadores/as.

En cuanto a la comunidad internacional, ninguna de las agencias de la ONU ni ninguno de los otros organismos internacionales encargados de las cuestiones de migración, desde la OIT hasta la OIM, desempeña en estos momentos el papel de coordinación de políticas nacionales o regionales, cuanto menos de llevar a cabo una función que sea vinculante para los Estados.

Los tratados internacionales existentes que intentan regular la migración laboral y garantizar la seguridad y la dignidad de la persona a lo largo de todo el proceso de migración, han sido ratificados e implementados por un número relativamente pequeño de Estados, y en raras ocasiones por los países de destino más pudientes.

Así pues, la única alternativa concreta e inmediata a la continua explotación y violación de los derechos humanos es que los migrantes emprendan una organización auténtica desde las bases.

Este fenómeno ha ido saliendo a la luz a lo largo de los últimos años, y ha tenido lugar de diferentes formas y en lugares distintos.

Una nueva generación de trabajadores y trabajadoras migrantes está demostrando todas sus posibilidades de conflicto, a medida que los migrantes pasan de ser víctimas pasivas de la explotación a convertirse en nuevos actores sociales, conscientes, capaces de luchar por sus propios derechos y de contribuir al resurgimiento de una protesta generalizada.

Ya sean las luchas de los trabajadores asiáticos en las obras de la construcción de Dubai, de los trabajadores agrícolas mexicanos en los campos de California, de los cocineros africanos indocumentados en los restaurantes de París o de los trabajadores del metal marroquíes en las fábricas italianas, los migrantes están cada vez más decididos a que la mano de obra vuelva a ocupar el centro de las sociedades contemporáneas.

Estas luchas, aunque sean espontáneas y carezcan de coordinación, están vinculadas a las multitudes del movimiento Occupy y las revueltas árabes; en todas ellas aparecen personas que quieren devolver la dignidad a la mano de obra, restituir la justicia social y ofrecer un futuro a las nuevas generaciones de migrantes y ciudadanos locales conjuntos.

Vittorio Lomghi es autor de “The Immigrant War, a global movement against discrimination and exploitation” (Policy Press)