No es habitual redactar una crítica sobre una película que no se ha visto aún.
Pero leyendo sobre Inequality for All (Desigualdad para todos) el nuevo documental proyectado durante el festival de cine independiente Sundance, me recuerda a una historia que he visto repetirse en muchos países del mundo entero.
El drama en Europa, en Oriente Medio y en África se desarrolla más o menos así: dirigentes políticos y económicos llegan al poder con el apoyo de grandes empresas con intereses creados.
Son los seguidores de una corriente ideológica de pensamiento que sostiene que los derechos laborales reducen beneficios, que defiende – sin aportar prueba alguna – que cuestan puestos de trabajo, y que intentarán a toda costa desmantelar las protecciones sociales que mantienen cohesionadas nuestras comunidades y sociedades.
El editorialista del diario británico The Guardian califica el documental Inequality for All, como Una verdad incómoda para la economía.
La presentación de Al Gore cambió nuestra manera de ver las cosas respecto al cambio climático, y los activistas organizaron proyecciones del documental desde Sidney a San Francisco con objeto de propagar el mensaje más allá de los círculos tradicionales de defensores del medio ambiente.
El economista y ex Secretario de Trabajo de los Estados Unidos Robert Reich protagoniza Inequality for All.
Aduce que las leyes antisindicales y la desregulación de los mercados han creado una economía donde la riqueza no se filtra más allá de una élite del 1% de la población.
En la actualidad la mayoría de los norteamericanos no pueden gastar para hacer crecer la economía, porque no reciben salarios justos.
La verdad económica incómoda para los líderes del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo es que esas mismas protecciones laborales que están ahora siendo atacadas consiguieron en su momento reducir las desigualdades, incrementar la demanda y convertir a nuestros lugares de trabajo y sociedades en un lugar más justo para todos. Las comunidades lo saben.
Pese a la demencia económica, parte de la población está quedando excluida de la sociedad, sin empleo, y sin esperanzas para que las futuras generaciones vivan mejor.
Nuestras comunidades están desmoronándose.
Si el empobrecimiento y la fragmentación de la comunidad persisten, no sería exagerado predecir el estallido de guerras urbanas provocadas por la desigualdad, el desempleo y la ruptura del diálogo entre los dirigentes y los ciudadanos.
La encuesta de la CSI realizada sobre los trabajadores y trabajadoras de 13 países muestra que la demanda está disminuyendo.
Para el 58 % de los encuestados, sus ingresos han descendido por debajo del coste de la vida.
Una de cada tres personas piensa que su empleo es menos seguro hoy que hace dos años.
Si no disponen de ingresos para gastar, las economías no crecerán y no habrá esperanzas para el futuro.
De hecho, el 67% de los entrevistados piensa que las futuras generaciones vivirán peor.
Los economistas admiten que sus cifras coinciden con las opiniones de la población.
La desigualdad de ingresos ha aumentado en las últimas tres décadas en 17 de los 24 países de la OCDE, las economías más avanzadas del mundo.
Entre tanto, el año pasado las 100 personas más ricas del mundo acumularon 241.000 millones de USD más de riqueza.
Actualmente su patrimonio se eleva a 1,9 billones de USD.
La desigualdad es un veneno que está destruyendo medios de subsistencia, despojando a las familias de su dignidad y dividiendo a la población.
Conocemos el antídoto: voces democráticas más firmes, sindicatos más fuertes y el derecho a negociar colectivamente para obtener salarios y condiciones más justos.
Y sin embargo, países como Rumania, Portugal, España o Bulgaria están intentando reconstruir sus economías al tiempo que destruyen sus derechos de negociación colectiva.
Los trabajadores y trabajadoras no son los únicos afectados, también las pequeñas empresas están hundiéndose bajo la presión de una competencia desleal y la falta de créditos abordables.
En Rumania, como resultado del asesoramiento del FMI, la cobertura de la negociación colectiva se ha reducido en dos tercios en menos de 18 meses.
Se debe enteramente a la abolición de la negociación colectiva a nivel nacional y sectorial.
El país ahora únicamente establece la posibilidad de negociar colectivamente a nivel de empresa – sin embargo en Rumania 90% de las empresas tienen menos de 10 empleados.
Tanto la patronal como los sindicatos están de acuerdo en que es necesario contar con un mínimo sectorial que permita cierta seguridad.
Es necesario conseguir que tanto nuestros sistemas distributivos como democráticos redunden en beneficio de la comunidad.
Únicamente el 13% de las personas entrevistadas en la Encuesta Global de la CSI piensan que tienen algo de influencia sobre las decisiones políticas de sus gobiernos.
La confianza democrática de la población en sus dirigentes se está erosionando.
Reinstaurando el diálogo entre los trabajadores, los gobiernos y las empresas, podremos hacer crecer nuestras economías y devolver la esperanza a la próxima generación.
Para ello, los ataques contra los derechos de los trabajadores, contra unos salarios mínimos que permitan vivir a las personas y contra la negociación colectiva, todo ello en nombre de la política económica, deben cesar.
Esa es la verdad.
