El sábado, miles de personas en 50 ciudades por toda la geografía española se manifestaron en protesta contra las durísimas leyes nacionales de reposesión de las viviendas.

Recientemente líderes del Partido Popular en el poder culminaron varios días de negociaciones con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la oposición, anunciando una limitada y terriblemente restrictiva respuesta a la crisis de las reposesiones por impago de hipotecas que está convirtiendo a miles de españoles en los más desamparados de Europa.

La cuestión estaba ya tratándose, pero las negociaciones se aceleraron tras el suicidio de Amaia Egaña, de 53 años, ex concejal del PSE-EE en Eibar, quien se lanzó desde el cuarto piso del edificio donde vivía en la ciudad vizcaína de Barakaldo, al norte de Bilbao, cuando una comisión judicial subía las escaleras para ejecutar la orden de desahucio expulsándola de la vivienda junto con su familia.

Su muerte, el segundo suicidio relacionado con los desahucios en pocas semanas, hizo estallar el clamor popular que se había venido fraguando desde la crisis inmobiliaria.

Muchos consideran que la respuesta del gobierno se ha centrado esencialmente en rescatar a los bancos con miles de millones de euros para que consigan capear la situación hasta que el mercado inmobiliario mejore lo suficiente como para poder desprenderse de todas las propiedades que han venido embargando – dejando a todos los demás afectados en la estacada.

El decreto del gobierno prevé una moratoria de dos años sobre los desahucios de las familias, pero únicamente para aquellas cuyos ingresos no excedan los 19.170 EUR anuales y siempre que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos percibidos por el conjunto de la unidad familiar.

Debe tratarse además de su única vivienda, y tendrán que acreditar que en los cuatro últimos años hayan sufrido una “alteración significativa de sus circunstancias económicas”, como la pérdida de un puesto de trabajo, ocasionando un incremento del 50 por ciento en los pagos de la hipoteca respecto a la renta familiar.

Aparte de quienes cumplan esos cuatro requisitos, la medida se aplicará a ciertos colectivos vulnerables como las familias que: tengan más de tres hijos o uno menor de tres años; en las que el cabeza de familia se encuentre en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo; quienes convivan con un anciano dependiente o un discapacitado; hogares monoparentales con dos hijos a cargo; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.

“Esta es una respuesta urgente para mitigar las consecuencias de la peor crisis económica”, afirmó la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, añadiendo que el gobierno incrementará también la cantidad de viviendas de protección disponibles para aquellos que hayan perdido sus hogares.

La decisión se produjo después de que unos días antes los bancos españoles anunciasen que estaban dispuestos a paralizar los desahucios de los propietarios de viviendas en situaciones de extrema necesidad.

Las medidas gubernamentales han sido calificadas de ‘insuficientes’ y ‘arbitrarias’ por diversos grupos que trabajan para ayudar a las víctimas de los desahucios.

“El decreto salva del desahucio a familias con un niño menor de tres años, pero si tienen dos niños de cuatro años, quedarán fuera” afirma Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), un grupo de presión que apoya a las víctimas de los desahucios. “La mayoría de las familias con las que tratamos quedarían excluidas”.

Resistencia

La resistencia a los desahucios se ha concretado en una oposición organizada, a través de la labor de grupos como PAH, así como una forma cada vez más común de resistencia espontánea por parte de grupos de vecinos que se posicionan entre las fuerzas policiales y las familias que van a ser desahuciadas.

Estas últimas acciones en general no han conseguido sino posponer lo inevitable. En un caso reciente los vecinos consiguieron repeler a la policía en las primeras tres ocasiones, pero llegaron demasiado tarde para la cuarta.

Pero para aquellos que han sido desahuciados, quedarse sin hogar no es el final de la historia. Aun sin su vivienda, la deuda de la hipoteca puede seguir acumulándose.

La legislación española en relación con las hipotecas es una de las más estrictas de Europa.

Los antiguos propietarios despojados de sus viviendas siguen siendo legalmente responsables por la deuda, incluso cuando el banco se haya reapropiado de su casa, si el valor de ésta no cubre la totalidad de la hipoteca – algo que resulta prácticamente imposible en un mercado inmobiliario donde el valor de las propiedades ha caído en picado un 31 por ciento desde 2008.

También deben hacerse cargo de los intereses por retrasos en el pago y de las costas judiciales incurridas en caso de embargo. Los beneficiarios seleccionados de la moratoria de dos años prevista en el nuevo decreto también serán responsables, no sólo del pago de las cuotas retroactivas de la hipoteca al final de los dos años, sino de los intereses adicionales.

“Compramos esta casa en 2003 cuando mi marido y yo trabajábamos”, nos cuenta María Olivia, una ecuatoriana residente en España desde 2000.

“Pero cuando le despidieron, a mediados de 2010, dejamos de pagar”. Bankia les concedió un préstamo hipotecario por valor de 160.000 EUR en 2003, pero ahora reclama 210.000 EUR porque al préstamo inicial hay que añadir 48.000 EUR en concepto de intereses.

“He estado pagando durante años 750 EUR al mes de hipoteca, pero los últimos recibos eran de más de 1.000 EUR. Todos mis ahorros, toda mi vida, la he dejado en esta casa. He hecho reformas, he invertido mi dinero y no quiero irme de aquí”.

Olivia, con la ayuda de PAH, consiguió aplazar la orden de desahucio hasta el 28 de febrero. A partir de esa fecha su futuro y el de su familia es incierto.

“Esta ley va a servir sólo para las personas en situación de extrema exclusión social, y yo no sé en qué posición de la sociedad estaré, si estoy en extrema pobreza o no”, señaló Olivia.

Poco antes de Navidad un colectivo más se sumó a la rebelión contra los desahucios, cuando los cerrajeros de la ciudad navarra de Pamplona acordaron negarse a facilitar servicios a los bancos para desalojar a personas de sus casas.

De sin casa a sin techo

La suerte de las personas expulsadas varía. Algunos cuentan con la ayuda de familiares que pueden acogerlos. Otros ocupan viviendas vacías, en ocasiones la misma de la que han sido desalojados.

Irónicamente, para los ocupas, España es un auténtico paraíso. Entre los pisos construidos durante el boom de la construcción pero que nunca consiguieron venderse y aquellos de los que se ha expulsado a sus propietarios, España es el líder europeo en cuanto al número de viviendas no ocupadas – la cifra estimada es de más de un millón.

El 3 de diciembre, los Ministros de Finanzas de la eurozona aprobaron un paquete de 40.000 millones EUR en ayudas para cuatro bancos nacionalizados españoles.

El dinero se destinará a financiar el ‘banco malo’ que recibe apoyo estatal, establecido para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades españolas tras el colapso del mercado inmobiliario.

Pero Colau afirma que el ‘banco malo’ está potenciando los desahucios.

“[Los bancos] esperan poder liberarse de los activos tóxicos gracias al ‘banco malo’ y, por tanto, no están tan interesados en tratar de renegociar la hipoteca con las familias”.

La crisis de las hipotecas no sólo ha afectado a quienes han perdido o están en peligro de perder sus hogares, sino que ha socavado algunas nociones básicas ancestrales en España. Ser propietario de su propia vivienda, situación que ronda el 80 por ciento en el país, era considerado por los españoles como garantía de una vida estable – y la convicción de que los precios de la propiedad no podían hacer otra cosa que aumentar, se tenía por una verdad incuestionable.

El hecho de que estas creencias estuviesen tan ancladas es posiblemente la principal explicación de que los españoles estén entre los europeos que más tarde se casan, con una media de 32 años para los hombres y 30 para las mujeres. En España, casarse sin haber sentado antes las bases durante años para la adquisición de una vivienda es tan extraño que resultaría aberrante.

Pero, con una tasa de desempleo juvenil superior al 50%, y teniendo en cuenta que no se ve luz al final del túnel, para aquellos jóvenes que no se han ido ya de España, hacer planes para el futuro, en muchos casos, no tiene mucho sentido.