En el curso de las próximas semanas, los políticos europeos diseñarán una hoja de ruta para construir una Unión económica "genuina" y más fuerte.

La dimensión social, incluido el diálogo social, es uno de los cuatro capítulos de esta hoja de ruta.

En una carta fechada el 1 de febrero del Presidente del Consejo Europeo a la Presidencia irlandesa se dan más detalles sobre este plan de cuatro puntos.

El documento adjunto a dicha carta en realidad aplaude la dimensión social, afirmando que el contrato social europeo forma parte de nuestra ventaja competitiva mundial y sienta las bases de la estabilidad política.

Todas estas declaraciones suenan prometedoras. Es como si los líderes políticos de Europa, después de embarcarse en una desastrosa vía de austeridad y desregulación, ahora se preocuparan mucho por el incremento del desempleo, la pobreza creciente y la inestabilidad política que ha generado esta tendencia.

Sin embargo, ¿qué pasa con los otros tres capítulos de esta hoja de ruta de la Unión Económica?

En este sentido, un vistazo más de cerca a la carta del Presidente y al documento de debate revela rápidamente que no se tiene ninguna intención de cambiar la orientación actual de la política económica.

Por el contrario, la idea es hacer que el sistema de gobernanza económica europea sea más fuerte de lo que ya es. Van a crearse nuevos y más poderoso instrumentos de “tortura económica” con el fin de obligar a los Estados miembros a continuar por el camino de la desregulación de los mercados de trabajo y apretando el cinturón de los salarios.

La flexibilidad del mercado de trabajo sigue en aumento

La primera propuesta es discutir y evaluar todos los planes nacionales de reforma de los mercados de trabajo y de productos, incluso antes de que dicha reforma sea aprobada por un gobierno nacional.

En sí misma, esta coordinación de las reformas estructurales a nivel europeo más amplio tiene sentido.

Después de todo, si la crisis del euro nos ha dejado una enseñanza, es que una Unión monetaria donde los principales miembros llevan a cabo una política de deflación salarial, mientras que otros experimentan un auge inflacionario de la deuda es una receta que nos lleva directamente al desastre.

Sin embargo, la carta a la Presidencia irlandesa deja traslucir inmediatamente que los políticos europeos solamente están interesados en un determinado tipo de reformas estructurales, a saber, las reformas que incrementan la flexibilidad del mercado laboral.

Aquí, la idea consiste, una vez más, en que dado que los miembros de una Unión monetaria ya no pueden devaluar una moneda nacional, su mercado de trabajo debe ser flexible y capaz de aplicar con toda rapidez grandes recortes salariales y menoscabar todas las demás condiciones de trabajo a fin de hacer frente a las convulsiones económicas negativas.

No existe ningún interés en establecer una coordinación de las reformas estructurales que impida a los Estados miembros de una Unión monetaria participar en la política consistente en “empobrecer al vecino”.

Por el contrario, el tipo de coordinación al que se refiere el Presidente Van Rompuy en realidad aplaude iniciativas políticas como la emprendida por Alemania a principios de la década anterior.

En esa época, el Gobierno en turno amenazó con intervenir en la negociación colectiva a nivel sectorial si los sindicatos se negaban a dar mayor flexibilidad a los salarios aceptando recortes salariales a nivel de empresa. Esta medida condujo a una década de estancamiento de los salarios y de crecientes desigualdades. A su vez, hizo mella en la estabilidad de la moneda única de una manera fundamental.

El crecimiento y la competitividad como pretexto

La segunda propuesta consiste en hacer que los Estados miembros celebren contratos con la Comisión sobre las reformas estructurales que prevén implantar. En este caso, el documento del Presidente de Europa declara explícitamente que la intención es aprovechar el sistema de gobernanza económica introducido recientemente, un sistema que ya permite a la Comisión imponer multas financieras a los Estados miembros que no consiguen poner en práctica las reformas que se les recomiendan, o se niegan a hacerlo.

En otras palabras, los acuerdos contractuales darán a la Comisión un poder aún mayor para imponer reformas estructurales: si los Estados miembros no implantan las reformas estructurales que la Comisión desea, querrá decir que no respetan su parte del contrato y, como con cualquier otro contrato, ello acarreará consecuencias en forma de multas adicionales y/o el bloqueo al acceso a los fondos europeos (véase el siguiente punto).

Tampoco cabe hacerse ilusiones respecto al tipo de reformas que prevé el Presidente: una vez más, centra su atención en la mejora de la posición competitiva abordando los “cuellos de botella sectoriales” (¿una referencia implícita a la negociación colectiva a nivel sectorial?) y a los “cuellos de botella institucionales” (¿es decir, los salarios mínimos o los sistemas nacionales de extensión legal de los salarios negociados colectivamente?).

En otras ocasiones, los responsables políticos han promovido estos acuerdos contractuales como forma de difundir los programas de ajuste estructural impuestos ahora por la Troika a los países con problemas financieros en todo el conjunto de la zona euro. Si esto llegara a suceder, los recortes en los salarios mínimos y en los salarios del sector público, así como todo tipo de reformas que debiliten la posición de los sindicatos y de los trabajadores a la negociación colectiva estarán al orden del día en toda la zona euro.

Mecanismo de solidaridad perverso

El tercer instrumento de tortura económica propuesta por el documento de Van Rompuy se llama, irónicamente, mecanismo de solidaridad.

Para compensar el hecho de que las reformas estructurales son económica y socialmente costosas, un fondo europeo cubriría algunos de estos costos de manera temporal.

Los Estados miembros que suscriban los acuerdos contractuales descritos anteriormente y apliquen las reformas estructurales obtendrán, según deseo de la Comisión, más dinero.

Europa, en otras palabras, subvencionaría las reformas estructurales, tales como, por ejemplo, la privatización de los sistemas públicos de pensiones, recortes en los salarios mínimos y los salarios del sector público, el debilitamiento de las instituciones de negociación colectiva y la desregulación de la legislación laboral.

Este es un concepto muy peculiar de la solidaridad.

Es la solidaridad de los débiles a favor de los más fuertes.

Los trabajadores de las economías en dificultades van a sufrir las consecuencias sociales de la desregulación. Los trabajadores de los países que no experimentan dificultades tendrán que hacer frente a los efectos de la competencia salarial al tiempo que contribuyen a un fondo paneuropeo que se utilizará para promover esa misma competencia salarial.

Entre tanto, los que más ganan con esta carrera organizada hacia el fondo serán los administradores y los dueños del capital, que van a utilizar la compresión de los salarios para ver cómo se disparan sus beneficios, dividendos y bonificaciones.

La dimensión social como cortina de humo

La hoja de ruta para la Unión económica del Presidente europeo promete a los trabajadores y a las organizaciones sindicales una dimensión social.

Sin embargo, al analizar la hoja de ruta en su integralidad, es difícil no llegar a la conclusión de que se esconde un claro peligro detrás de este renovado discurso social.

Si bien se mantiene a los sindicatos y a los trabajadores entretenidos con dulces palabras y promete mejorar el diálogo social y la cohesión social, el verdadero programa de este plan de trabajo es precipitar vigorosamente el debilitamiento de los derechos de los trabajadores y de todas las instituciones del mercado de trabajo que protegen al trabajo contra la flexibilidad a la baja.

De continuar con este esquema, los sindicatos se encontrarán ante una Unión económica regida por mercados sin trabas y empresas a las que tendrán sin cuidado los derechos de los trabajadores y los sindicatos.

Es difícil ver cómo puede conciliarse este panorama con la promesa de una moneda única que conlleve una fuerte dimensión social.