Como consecuencia de las masivas campañas de sindicalización de trabajadores estadounidenses en las décadas de los treinta y cuarenta, una masa crítica de trabajadores del sector textil estaba afiliada a un sindicato, lo que permitía que su salario les ofreciera un ingreso estable y una vida decente.

Ahora bien, la mayoría de esos trabajadores y trabajadoras trabajaban directamente para los fabricantes.

Cuando esas empresas comenzaron a subcontratar su producción a talleres, la fuerte organización de los trabajadores les permitió obligar a los empleadores a pactar medidas de fundamental importancia para la protección de sus puestos de trabajo.

En un nuevo informe de la AFL-CIO titulado Responsabilidad subcontratada, se afirma que el “acuerdo de subcontratistas” (jobbers agreement) desempeñó un papel esencial en esta situación.

En virtud de ese acuerdo, los fabricantes solo podían hacer pedidos a subcontratistas avalados por el sindicato, que tenían así la garantía de tener trabajo estable y emplear a los trabajadores de forma permanente.

No se podía recurrir a nuevos contratistas a menos que los existentes ya no tuviesen capacidad para surtir nuevos pedidos.

Los fabricantes, por su parte, tenían que ofrecer a los subcontratistas precios suficientemente altos para que éstos pudieran garantizar los salarios convenidos con los sindicatos.

Poco después, sin embargo, el sistema se derrumbó.

Los fabricantes estadounidenses tuvieron que cerrar sus propias fábricas y buscar contratistas en otras partes del mundo que pudieran fabricar prendas de vestir al menor costo posible.

Lo mismo sucedió en Europa. El mundo ha cambiado radicalmente desde entonces.

Según el informe, “las actividades manufactureras se abandonaron en países en los que había leyes, negociación colectiva y otros sistemas para reducir la inseguridad en el lugar de trabajo, en beneficio de países en los que las leyes son inadecuadas o no se aplican con rigor, y con relaciones laborales precarias”.

Esta transición fue facilitada por la negociación de acuerdos comerciales favorables a las empresas, que garantizaban un acceso libre a los productos de esas fábricas a los mercados estadounidenses y europeos, y ejercían al mismo tiempo presión en los países en desarrollo para que aseguraran derechos a los inversionistas de las empresas extranjeras , un entorno propicio a las empresas y hostil a los sindicatos, salarios bajos y un relajamiento de las normativas de protección de los trabajadores.

Consecuencias

Una de las consecuencias fue el incendio de la fábrica Ali Enterprises en Pakistán en 2012, en el que murieron 300 personas, y considerado como el peor incendio de su tipo en la historia.

Pero no fue la única.

El año pasado en Bangladesh, en la fábrica Tazreen  los trabajadores saltaron de las ventanas de la planta en llamas porque las puertas estaban cerradas con llave.

Murieron al caer desde una gran altura, como sus compañeras de la fábrica Triangle Shirtwaist, que fallecieron en el notorio incendio en la ciudad de Nueva York en 1911.

Los trabajadores están bajo tal presión en la fábrica de Foxconn en China, donde se ensamblan los iPads y los iPhones, que se ha registrado un aumento de los suicidios desde 2008.

Todo ello ha empañado la imagen corporativa de WalMart, cuyas prendas de vestir se confeccionan en Tazreen, o de Apple, cuyos aparatos se fabrican en Foxconn.

 

Un mero ejercicio de relaciones públicas

Sin embargo, la estrategia por la que optaron la mayoría de los grandes fabricantes no fue mejorar esas condiciones.

Se mostraban especialmente reacios a reconocer a los sindicatos de los trabajadores, por su función de vigilancia del cumplimiento de los convenios firmados, que garantizaban salarios vitales y procedimientos en materia de salud y seguridad laborales.

En cambio, las grandes empresas, según el informe Responsabilidad subcontratada, “contribuyeron a la creación de una auténtica industria de la responsabilidad social empresarial (RSE) y auditorías sociales, que mueve 80.000 millones de dólares”.

“Se puede establecer un inquietante paralelismo entre la experiencia de las dos últimas décadas de ‘reglamentación privatizada’ de las cadenas de suministro mundiales y la autoreglamentación financiera, que fracasó de forma estrepitosa”.

Según el informe, la industria de la RSE “ha ayudado a mantener los salarios y las condiciones de trabajo a niveles bajos [y] ha permitido a los fabricantes escudarse tras prácticas de relaciones públicas”.

El informe analiza una serie de experiencias pertinentes para fundamentar sus conclusiones.

En la empresa Ali Enterprises, por ejemplo, uno de los dos gigantes de la RSE, Social Accountability International, subcontrató a una empresa italiana, RINA.

En Pakistán, señala el informe, “RINA contrató a una empresa local, RI&CA, que certificó a Ali Enterprises en agosto de 2012.

Durante dos años, RINA llevó a cabo su función de supervisión por teléfono y reuniones fuera de Pakistán.

Casi 300 trabajadores murieron en un incendio dos semanas después de la certificación”.

El informe también revela el uso de procesos de la RSE fuera del sector del textil.

En las plantaciones de Dole en Filipinas, la empresa (con la ayuda del ejército filipino) remplazó al sindicato formado por los trabajadores, la Amado Kadena-National Federation of Labor Unions-Kilusang Mayo Uno, por un sindicato de empresa.

Al mismo tiempo Dole, que tenía un escaño en la Junta Directiva de la SAI[1] , recibía su certificación SA8000.

Posteriormente, los salarios bajaron y Dole empezó a remplazar a trabajadores permanentes por temporales.

En la enorme fábrica de Foxconn en China, según el informe, “al constatar que su reputación podría verse perjudicada por los suicidios de los trabajadores, los accidentes mortales y la agitación social en sus fábricas, la empresa decidió utilizar a la FLA [Fair Labor Association, el otro gigante de la RSE favorable a las empresas].

Después de haber abonado su cuota de miembro de 250.000 dólares EE.UU., la FLA procedió a la inspección de las fábricas de Foxconn.

Inició su labor elogiando a Foxconn en la prensa antes incluso antes de haber finalizado la inspección.

Posteriormente, elaboró un informe moderadamente crítico aunque unos meses después declaró que Foxconn estaba en vías de resolver sus problemas laborales”.

No obstante, poco ha cambiado para los trabajadores.

Cuando 1000 trabajadores se pusieron en huelga  en la planta de Foxconn en 2013 “los observadores informaron que la policía antidisturbios usó cañones de agua y violencia fisca para reprimir a los huelguistas”.

 

 

Alternativas

El informe Responsibilidad subcontratada concluye examinando modelos alternativos que podrían contribuir a mejorar las condiciones de trabajo.

Hace especial hincapié en la eficacia de herramientas como los Acuerdos Marco Globales que se han concluido entre las Federaciones Sindicales Internacionales y las empresas multinacionales.

“Al tratarse de instrumentos que no se deciden unilateralmente sino que son negociados por los trabajadores, constituyen una mejora con respecto a los códigos empresariales [y] en los que las empresas adquieren el compromiso vinculante de respectar las normas de trabajo internacionales y las leyes nacionales”.

Algunas medidas aprobadas por el Congreso de Estados Unidos ofrecen otras opciones, según el informe, refriéndose en particular a la Ley Dodd-Frank, que reformó las prácticas financieras en Wall Street.

En cuanto a Europa, el informe hace referencia al protocolo sobre la libertad sindical firmado por los sindicatos indonesios con las marcas multinacionales de artículos deportivos, apoyados por IndustriALL, la federación sindical europea.

Las organizaciones Worker Rights Consortium (WRC) y United Students Against Sweatshops han elaborado un Programa de proveedores predilectos con arreglo al cual las universidades participantes solo compran prendas de vestir de los fabricantes de marcas que pagan a sus subcontratistas un precio que les permite pagar salarios decentes a sus trabajadores y en los que éstos tienen derecho a sindicalizarse.

Tras el incendio de Tazreen, IndustriALL, WRC y otras ONG laborales elaboraron un acuerdo vinculante con el fin de evitar otros incendios, garantizar el derecho de sindicalización de los trabajadores y la observancia de las condiciones de seguridad.

Algunas empresas, como PVH Corp. y Tchibo han firmado ese acuerdo.

Sin embargo, WalMart y Sears, no solo se han negado a firmar el acuerdo, sino que se han negado también a pagar indemnización a las víctimas del incendio de Tazreen

Por último, el informe también menciona el posible impacto que podría tener la utilización del fondo de pensiones de los trabajadores por valor de 11 billones de dólares EE.UU., invertidos en acciones de empresas, como herramienta de presión para obligar a las empresas a cambiar de conducta.

Al mismo tiempo, en el informe se analizan con cierto escepticismo programas más favorables a las empresas como Better Work, y la idea de que se puede reformar el proceso de la RSE, que es patrocinada por las empresas.

Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional, concluye que “es mediante la libertad sindical y la afiliación a un sindicato que los trabajadores tienen las mayores probabilidades de defender sus intereses”.