El sistema judicial camboyano es uno de los más ineficaces del mundo en lo que respecta a la protección contra las violaciones de los derechos humanos.

Tras una fachada de democracia, el Gobierno de Camboya tolera las peores formas de abuso, entre ellas el asesinato de sindicalistas.

El 27 de diciembre de 2012 quedará grabado como uno de los días más oscuros para la justicia camboyana.

Ese día, el Tribunal de Apelación de Phnom Penh envió a la cárcel a Born Samnang y a Sok Sam Oeun, los dos chivos expiatorios que las autoridades han designado como culpables del asesinato en enero de 2004 del sindicalista Chea Vichea, Presidente de la FTUWKC (Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia).

El arresto de estos dos hombres, seguido de su condena a 20 años de cárcel impuesta en 2005 por el Tribunal de Phnom Penh, a pesar de la falta de pruebas, ya había suscitado oleadas de protestas tanto en Camboya como a nivel internacional, puesto que es evidente que ninguno de los dos tuvieron nada que ver con el asesinato de Chea Vichea.

“Al encontrarse en detención y ser torturado, Born Samnang había confesado el asesinato de Chea Vichea, pero cuando el Gobierno le hizo comparecer ante los medios de comunicación, se retractó”, explica Naly Pilorge, Directora de la LICADHO (Liga Camboyana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos).

“Muchas personas han defendido en los tribunales a Born Samnang, que estuvo celebrando el año nuevo chino en otra provincia en el momento que se produjo el asesinato.

Nuestras investigaciones han demostrado asimismo que Sok Sam Oeun estuvo celebrando el año nuevo en un domicilio privado.

El primer juez que interrogó a los dos sospechosos había retirado las acusaciones que pesaban contra ellos. Al día siguiente fue destituido de sus funciones, acusado de corrupción.”

A finales de 2008, el Tribunal Supremo de Camboya decretó la libertad bajo fianza de los dos hombres y ordenó al Tribunal de Apelación que revisará el caso.

Ante la falta de nuevas pruebas, todo el mundo se esperaba a que el tribunal declarara definitivamente la inocencia de Born Samnang y Sok Sam Oeun.

Pero los mandó a la cárcel, donde ahora tienen que cumplir el resto de sus condenas.

Los verdaderos culpables del asesinato permanecen libres. “Se ha realizado un documental sobre la muerte de Chea Vichea, en el cual queda patente la implicación de altos funcionarios y que el Gobierno no quiere que se lleve a cabo una investigación que conduciría al arresto de los verdaderos culpables”, señala Tola Moeun, responsable de un programa a favor de los trabajadores en el seno del CLEC (Community Legal Education Center), un centro con sede en Phnom Penh.

 

Tras la fachada

Otros dos responsables sindicales de la FTUWKC han sido asesinados en Camboya desde la muerte de Chea Vichea: Ros Sovannareth en mayo de 2004 y Hy Vuthy en febrero de 2007.

Las autoridades camboyanas han vuelto a demostrar su incapacidad para arrestar a los culpables.

Esta impunidad no concierne únicamente a los autores de los crímenes contra sindicalistas: “Desde la década de 1990, 11 periodistas han sido asesinados sin que se haya detenido a ningún culpable”, señala Naly Pilorge.

El 26 de abril de 2012, un activista del medio ambiente, Chut Wutty, fue asesinado cuando acompañaba a varios periodistas en un bosque protegido de la provincia de Koh Kong.

En un informe reciente sobre la impunidad que reina en Camboya, Human Rights Watch deja patente que la investigación realizada sobre este asesinato carece por completo de credibilidad.

Según este informe, más de 300 personas, entre ellas periodistas y políticos de la oposición, han sido asesinadas por miembros de las fuerzas de seguridad de Camboya desde 1991, sin que posteriormente se haya llevado a cabo ninguna investigación ni juicio verídico.

Tras una fachada de democracia, Camboya sigue siendo uno de los países de la región donde más peligroso resulta ejercer los derechos fundamentales.

“Disponemos de las estructuras de una democracia, pero en la práctica la represión es parecida a la que existe en países como Vietnam, China y Laos, donde está menos disimulada”, explica Naly Pilorge.

“En Camboya, para comprender la realidad es necesario examinar lo que se esconde detrás de la fachada. En el mundo del trabajo, por ejemplo, cientos de sindicatos progubernamentales o pro empleadores dificultan enormemente la actividad de algunos sindicatos independientes.

En el ámbito de las ONG hay decenas de organizaciones consagradas a la defensa de los derechos humanos que apoyan al Gobierno, pero a apenas seis son legítimas.”

La justicia camboyana ha vuelto a demostrar el grado de su incapacidad en el caso de Chhouk Bandith, ex gobernador de la ciudad de Bavet, que el 20 de febrero de 2012 disparó contra tres trabajadoras en el transcurso de una manifestación en la provincia de Svay Rieng

El pasado 4 de marzo el tribunal de apelación confirmó la leve acusación de “lesión accidental” contra Chhouk Bandith y la remitió a un tribunal de Svay Rieng que ya había abandonado los procedimientos judiciales contra él en 2012.

Vista la influencia que el ex gobernador es capaz de ejercer en los tribunales, es probable que vuelva a salirse con la suya.

 

No hay justicia

Los últimos informes anuales sobre las violaciones de los derechos sindicales de la CSI presentan una lista de numerosos abusos cometidos por empleadores y autoridades, sin ninguna intervención por parte de la justicia.

“La legislación prevé una multa equivalente a un máximo de 90 días de salario, penas de hasta un mes de cárcel o la acumulación de dichas condenas en caso discriminación contra los sindicatos. Ningún empleador ha recibido jamás este tipo de sanciones en Camboya”, subraya Tola Moeun.

Esta impunidad es consecuencia de la absoluta falta de independencia del sistema judicial camboyano.

“ Si las dos partes de un conflicto disponen del mismo estatus socioeconómico, no tienen contactos de alto nivel y carecen de los medios para presionar a los tribunales, de vez en cuando se da el caso en que los jueces y procuradores interpretan las leyes correctamente”, observa Naly Pilorge.

“Pero en cuanto una de las partes tiene algún contacto o los medios económicos, la decisión se decanta a favor de la que más influencia llegue a tener sobre el tribunal.”

Esta falta de independencia de la justicia camboyana también ha sido denunciada por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya.

Una nueva oleada de represión podría afectar a los sindicalistas independientes en los próximos días.

“Estas últimas semanas, diversas cadenas de televisión próximas al Gobierno han retransmitido anuncios ridiculizando la acción de los sindicatos independientes.

Nhiek Bun Chhay, Viceprimer Ministro, también ha afirmado que sería preferible que Camboya evolucionara hacia un sistema basado en un sindicato único”, declara en Phnom Penh un observador independiente que prefiere permanecer en el anonimato.

“Se nota que el nerviosismo en el seno del Gobierno va aumentando a medida que se acercan las elecciones parlamentarias de julio.

Cuatro sindicatos – la CLC (Cambodian Labour Confederation), la CCU (Cambodian Confederation of Unions), la NIFTUC (National Independent Federation of Textile Unions of Cambodia) y el CUMW (Collective Union of Movement of Workers) – están haciendo un llamamiento a la movilización de los trabajadores el 1 de mayo para protestar contra los bajos salarios en el sector de la confección.

Quieren invitar a los partidos políticos para que se pronuncien en público sobre esta cuestión.

El partido en el poder, el PPC (Partido Popular de Camboya) del Primer Ministro Hun Sen, teme perder popularidad en este tipo de ejercicio, y probablemente haga todo lo posible para impedir que los trabajadores se movilicen.”