Brasil se pone a trabajar para evitar nuevas protestas

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Los políticos brasileños se han puesto a trabajar para dar respuesta a las manifestaciones que llevaron a más de un millón de personas a las calles del país las últimas semanas.

[caption id="attachment_9808" align="alignnone" width="530"] Desde mediados de junio, cerca de un millón de manifestantes que reclaman una serie de reformas han tomado las calles en Brasil (AP Photo/Felipe Dana, File)[/caption]La Cámara y el Senado aprobaron proyectos que hacía mucho esperaban votación. La popularidad del Gobierno ha decaído, y el país ahora discute una reforma política.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, convocó a los gobernadores y alcaldes de las capitales del país — una federación con 26 estados más el Distrito Federal — para firmar un pacto de cinco puntos que pretende incrementar los servicios públicos de transporte, salud y educación; controlar la inflación y asegurar la estabilidad económica; y realizar una reforma del sistema político.

Al día siguiente, la Cámara de Diputados votó con inaudita celeridad dos proyectos de ley. Primero, los parlamentarios derrumbaron una propuesta conocida como PEC 37, que reducía el poder de investigación de la Fiscalía, y que se había granjeado la oposición de parte significativa de los manifestantes.

Después, aprobaron la inversión de los recursos financieros obtenidos con la explotación petrolera en grandes profundidades — el Pré-Sal— en la educación (75 por ciento) y la salud (25 por ciento).

En su discurso a la nación, la presidenta Rousseff reiteró la propuesta de invertir el 100 por ciento en educación, idea que el Congreso ya había rechazado en dos oportunidades.

 

La sanidad pública

El Ministerio de la Salud también vino a carga con su nuevo plan para llevar médicos e instalaciones hospitalarias a las regiones más carentes de las grandes ciudades y a los rincones más alejados del país, como la Amazonía.

De acuerdo con el Ministro de Sanidad, Alexandre Padilha, el Gobierno va a abrir una convocatoria para médicos brasileños que estén dispuestos a trabajar fuera de los centros urbanos.

Si no hay profesionales suficientes para cubrir las necesidades de la población, el Ministerio anunció que está dispuesto a recurrir a médicos extranjeros —sobre todo de Portugal, España y Cuba— para cumplir con el programa.

La medida despertó una fuerte oposición de la clase médica brasileña, para la cual el problema de la salud pública en el país está mucho más relacionado con la falta de recursos, equipos y condiciones de trabajo para los profesionales, y no tanto con la ausencia de personal.

Brasil tiene un promedio de 1,8 médicos por mil habitantes, mientras países como Inglaterra —en cuyo sistema de salud se inspira el sistema brasileño— tienen 2,7 por cada mil y la vecina Argentina, 3,2 por mil habitantes.

“El camino elegido por el Gobierno es arriesgado y vergonzoso”, dijeron los sindicatos médicos.

“Ello expone la población más pobres a profesionales cuya competencia no está comprobada”. En respuesta, el ministro Padilha explicó las reglas del programa, pidiendo que los médicos dejen de defender posiciones gremiales y pasen a dar prioridad al bienestar de la sociedad brasileña.

“Yo también soy doctor, pero en primer lugar tenemos que tener en cuenta a la población que no tiene acceso a los médicos”. Hoy día, al menos 400 ciudades brasileñas no cuentan con profesionales permanentes de la salud.

 

La reforma política

El tema que pasaría a dominar la agenda pública brasileña ha sido la reforma política.

El Gobierno pretende efectuar una consulta popular para hacer avanzar proyectos que modifiquen algunas características del sistema electoral, como el establecimiento de la financiación pública de las campañas, el voto en listas partidarias o la autorización de candidaturas independientes.

“Dilma ha escuchado las voces de la calle, que pedían claramente más participación directa en la definición de los rumbos del país”, evaluó la historiadora Maria Aparecida de Aquino, profesora de la Universidade de São Paulo (USP).

Sin embargo, la oposición está en contra, y defiende que el propio Congreso discuta, defina y vote una reforma política —algo para lo que nunca demostró mucho entusiasmo.

La semana posterior a las manifestaciones también culminó con la publicación de una encuesta del Instituto Datafolha, el más influyente del país, que reveló una caída del 27 por ciento en la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, cuya gestión pasaría a contar con la aprobación de apenas el 30 por cientoen los brasileños.

Antes de las protestas, un 57 por ciento estaba de acuerdo con su administración. Sin embargo, según el mismo instituto, la propuesta de plebiscito tuvo el visto bueno del 68 por ciento de la población.

En un intento por acercarse al pueblo, Dilma pasó la semana reuniéndose con representantes de movimientos sociales, sindicalistas y organizaciones populares, entre ellos el Movimento Passe Livre (MPL), principal responsable por las protestas.

“Los encuentros han sido mero espectáculo”, evaluó Mayara Vivian, miembro del MPL. “No hemos visto ninguna medida concreta”.

“Mientras la presidenta no atienda a nuestra reivindicaciones, seguiremos en la calle”, adelantó Guilherme Boulos, coordinador nacional del Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Las principales centrales sindicales, que prácticamente no participaron en la movilización popular, también se reunieron para evaluar la coyuntura política del país. Como resultado, convocaron una paralización nacional para el día 11 de julio.

El presidente de CUT, la principal confederación sindical de Brasil, Vagner Freitas, defendió la financiación pública de las campañas electorales. “La reforma política es la madre de todas las reformas, ya que garantiza la transparencia en el proceso electoral. Hoy es el dinero el que gana las elecciones”.

Otras dos afiliadas de la Confederación Sindical Internacional (CSI), UGT y Força Sindical, estarán igualmente presentes para presionar la aprobación de algunos proyectos considerados prioritarios para los trabajadores, pero que hasta ahora no han sido atendidos por Dilma, como la reducción de la jornada de trabajo de 44 a 40 horas semanales.