El Estado de Sri Lanka está sumido en una grave crisis económica y política, por lo que cada vez más gente tiene que enfrentarse al hambre, la muerte y a graves trastornos. Actualmente, los ciudadanos de esta isla también tienen que sufrir la brutal violencia del Estado.

A comienzos de mayo la BBC informó de la muerte de al menos nueve personas y de más de 200 heridos al incendiarse vehículos y hogares durante los enfrentamientos entre los partidarios y los detractores del Gobierno. La isla se enfrenta a su peor crisis económica desde la independencia y las respuestas del Estado constatan que este es incapaz de proteger a sus ciudadanos.

Sin embargo, es poco probable que el despliegue del ejército consiga sofocar los disturbios. La indignación y la frustración que han mostrado los ciudadanos, agravadas por los manifestantes partidarios del actual Ejecutivo, solo irán en aumento y generarán una mayor desconfianza frente al Gobierno que ostenta el poder. En mayo, el ejército recibió órdenes de disparar sin previo aviso contra los que “transgredan la ley”, mientras la gente salía a la calle a protestar por la escasez de alimentos, combustibles y medicinas.

Los problemas económicos son el principal motivo del reciente malestar político, ya que Sri Lanka tiene que afrontar la perspectiva real de caer en bancarrota mientras se van agotando sus reservas de divisas. Como expliqué hace poco en el Instituto Australiano de Asuntos Exteriores, actualmente los 22 millones de habitantes del país están sufriendo debido a un legado de corrupción gubernamental, nepotismo y mala gestión económica. La nación isleña se ha endeudado enormemente con China y es incapaz de recaudar suficientes ingresos debido a una serie de recortes fiscales.

Su presidente nacionalista, Gotabaya Rajapaksa, juró su cargo en noviembre de 2019 después de una campaña centrada en la seguridad nacional y el nacionalismo budista cingalés. Desde entonces, la familia Rajapaksa ha ido adquiriendo cada vez más poder; Gotabaya nombró primer ministro a su hermano Mahinda –quien también fue presidente del país– y designó a dedo a otros parientes para cargos ministeriales. Las recientes reformas constitucionales han incrementado el poder que tiene el presidente para reprimir a la oposición política, erosionar las instituciones democráticas y afianzar aún más la discriminación contra las minorías tamil y musulmana.

Una crisis económica predecible

La mala gestión económica no es nueva en Sri Lanka, pues los sucesivos gobiernos han sido incapaces de gestionar la inflación, la deuda y los gastos. Sin embargo, las decisiones del actual Gobierno han llevado a la isla al borde de la bancarrota.

Se trata de la peor crisis económica a la que se ha enfrentado Sri Lanka desde que obtuvo la independencia de Gran Bretaña en 1948.

Una de las políticas del mandato de Gotabaya Rajapaksa que ha resultado ser catastrófica fue la prohibición de los fertilizantes químicos. Dicha decisión provocó el colapso del medio de vida de los agricultores y un menor rendimiento de las cosechas, así como el cierre de plantaciones, la pérdida de puestos de trabajo y una grave escasez de alimentos. A su vez, esto disparó la inflación y devastó las principales industrias de exportación, como la del té y el caucho.

Además, la covid destruyó la industria del turismo, una fuente imprescindible de ingresos para Sri Lanka. Asimismo, la guerra en Ucrania también ha afectado a la escasez de combustible y ha paralizado el turismo, ya que tanto Rusia como Ucrania constituyen mercados clave para el sector turístico.

El autoritarismo estatal no es algo nuevo en Sri Lanka, como bien saben las minorías tamil y musulmana. Estos grupos tuvieron que hacer frente a terribles actos de violencia antes, durante y después de la guerra civil que se libró entre 1983 y 2009.

El despliegue de las fuerzas de seguridad constituye un nuevo capítulo en la reciente crisis, pero la militarización lleva años siendo un pilar fundamental del gobierno de Sri Lanka.

El Ministerio de Defensa obtuvo el 12,3% del gasto público total previsto para 2022 –la mayor asignación presupuestaria de todos los ministerios–. Y ello a pesar de que la guerra civil acabó hace 13 años.

La población tamil en el norte y el este de la isla sufre la peor parte de dicha militarización, pues afecta negativamente a sus vidas cotidianas. El ejército gestiona la vida de los civiles –desde las escuelas, hasta las actividades de ocio y religiosas–. Se calcula que hay un militar por cada seis civiles en el norte y el este del país.

Durante la guerra, este mismo ejército asesinó a decenas de miles de tamiles, lo que se tradujo en un auténtico genocidio. Las Naciones Unidas siguen exigiendo que se investiguen las violaciones del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos, así como los crímenes de guerra y contra la humanidad.

Desde que acabó la guerra, al menos 115 progenitores tamiles han fallecido sin conocer el paradero de sus seres queridos a los que las fuerzas de seguridad de Sri Lanka desaparecieron forzadamente tras el fin del conflicto. Una mujer de 75 años, Thangarasa Selvarani, se manifestó durante cinco años junto a una carretera por su hijo secuestrado; falleció hace poco sin averiguar qué le había ocurrido a su hijo.

El primer ministro, Mahinda Rajapaksa, presentó su dimisión cuando empezó a aumentar la violencia en el país. Numerosos manifestantes se congregaron en el puerto de Trincomalee tras la difusión de la noticia no confirmada de que se había dirigido hacia allí con su familia después de huir de su domicilio en Colombo.

Las movilizaciones contra el Gobierno seguirán dándose por toda la isla, aunque el presidente Gotabaya Rajapaksa se mantenga firme y los políticos se hayan refugiado en casas seguras para evitar a los ciudadanos. Hasta la fecha, Gotabaya se niega a dimitir y pretende, en cambio, formar un nuevo gabinete. Un nuevo gabinete no va a solucionar el problema y la creciente mano dura contra los civiles tan solo va a conseguir minar aún más la confianza en este Gobierno.