Tailandia: insultar al rey se penaliza con la cárcel

 

En Tailandia, toda crítica al rey o a un miembro de la familia real puede costarle a su autor hasta 15 años de cárcel. El artículo 112 del Código Penal prohíbe toda palabra o acto que “difame, insulte o amenace al rey, a la reina, a sus herederos o al regente”.

Cualquier persona puede presentar una queja por lesa majestad. La policía deberá entonces llevar a cabo una investigación.

Actualmente, la mayoría de las actuaciones judiciales por delito de lesa majestad son emprendidas por el DSI (Departamento de Investigación Especial) o por partidarios de los “camisas amarillas”, los seguidores del rey, aunque a lo largo de la reciente historia de Tailandia, el artículo 112 ha sido utilizado por personas de todas las tendencias políticas.

Las víctimas de las acusaciones pueden ser políticos, activistas de los derechos de los trabajadores, internautas o incluso simples ciudadanos.

Los adversarios del artículo 112 insisten en que hasta el propio soberano actual (el rey Bhumibol, de 85 años, que ha abandonado hace poco el hospital donde estuvo ingresado desde 2009) ha criticado esta legislación, reconociendo en un discurso en 2005 que:

“El rey puede cometer errores. A mí también me tienen que criticar. No tengo miedo cuando la crítica tiene que ver con algo que esté haciendo mal, porque así puedo darme cuenta.”

Eso no ha impedido que se produzca un aumento muy pronunciado del número de quejas por delito de lesa majestad recibidas por los tribunales entre 2006 y 2010 (pasando de 30 a 478 casos).

Este aumento se debe particularmente a la inestabilidad política que se produjo después del golpe de Estado militar de 2006. El número de quejas disminuyó en 2011 (84 casos).

Uno de los juicios por lesa majestad más destacados en 2013 es el de Somyot Pruksakasemsuk, antiguo coordinador de la ICEM (1) en Tailandia. Somyot fue detenido en abril de 2011, cinco días después de haber publicado una petición con el objetivo de conseguir 10.000 firmas para solicitar una revisión de la ley de lesa majestad por parte del Parlamento.

El 23 de enero de 2013 fue condenado por el Tribunal Penal de Bangkok a 10 años de cárcel por dos artículos publicados en una revista en la que trabajaba como redactor jefe, que fueron considerados insultantes para la monarquía.

El tribunal añadió un año extra a dicha condena por otro delito de difamación que el acusado había cometido con anterioridad.

 

Pruebas descabelladas 

Para muchos observadores, la falta de fundamento de las pruebas, y la severidad de las condenas demuestran que lo que en realidad planteaba un problema para el tribunal era sobre todo el hecho de que Somyot apoyara una revisión de la ley de lesa majestad, y no tanto los artículos, cuyo carácter ofensivo de cara a la familia real nunca se llegó a demostrar.

El primer artículo era un cuento sobre una familia que cometía masacres para mantenerse en el poder; y el otro era un relato de ficción sobre un fantasma que se aparece en Tailandia y que planea cometer asesinatos.

El tribunal estimó que ambos cuentos hacían alusión a la familia real y al rey.

“En realidad no le podían condenar con unas pruebas tan endebles. Los artículos no contenían ningún insulto al rey, pero en Tailandia lo que importa es la opinión del tribunal, no la fuerza de las pruebas”, declaro a Equal Times el Dr. Suthachai Yimprasert, historiador de la Universidad de Chulalongkorn.

Somyot está actualmente encarcelado en Bangkok. “Las condiciones de detención en las que se encuentra son un poco mejores que las de otros presos porque le han enviado a la sección de los presos nuevos, que no está tan abarrotado como las demás - declara Sukanya Pruksakasemsuk, esposa de Somyot y portavoz de la campaña que lucha por su puesta en libertad.

En algunas secciones hay cerca de 50 presos por celda, muchos de los cuales padecen enfermedades contagiosas, como la tuberculosis.

En la sección de Somyot “sólo” hay ocho detenidos por celda. De todas formas sigue siendo muy duro, sobre todo en verano, cuando las temperaturas alcanzan los 40 ó 42°C. Esos meses no consigue dormir bien y su salud se deteriora.”

Somyot se aferra a la débil esperanza de que le concedan la libertad bajo fianza, a la espera de que su caso sea reexaminado por el tribunal de apelaciones.

“Un juicio en apelación tarda entre dos y cinco años, y se limita a un nuevo examen por parte del juez de los argumentos legales que le presentemos – a menos que decida convocar nuevos testigos”, precisa Sukanya Pruksakasemsuk.

“Si el tribunal de apelación vuelve a pronunciar el mismo veredicto, podemos ir a la Corte Suprema, lo cual puede demorarse 10 años.

Somyot hace muchos esfuerzos para motivarse, pero sus ánimos fluctúan. Todos sabemos que en este tipo de acusaciones nunca se ha otorgado la libertad bajo fianza antes de un juicio, pero no quiere rendirse.”

Estos últimos años, en Tailandia, también ha habido extranjeros que han sido condenados por delitos de lesa majestad, pero normalmente reciben un indulto real y son deportados.

Varios universitarios, escritores y activistas tailandeses de los derechos de los trabajadores han abandonado el país por miedo a ser arrestados por culpa de esta ley.

Es lo que ha hecho concretamente Junya Lek Yimprasert, fundadora de la Thai Labour Campaign.

En 2013 se vio confrontada a una acusación de lesa majestad: “Tres de mis amigos fueron interrogados por el DSI y un fiscal general, los cuales les hicieron preguntas sobre mí.

Les dijeron que el interrogatorio guardaba relación con mi artículo ‘Why I don’t love the King’ (Por qué no amo al rey). Cuatro activistas de los derechos de los trabajadores se encuentran actualmente en el exilio por motivo de la ley sobre el delito de lesa majestad.”

 

Un rey venerado

El rey de Tailandia no desempeña ningún papel político oficial pero es venerado por la mayoría de sus ciudadanos. Esta devoción deja campo libre a interpretaciones del artículo 112 de lo más delirantes.

“El pasado mes de abril, un programa de televisión dedicado a entrevistas había invitado a varios universitarios para discutir sobre la monarquía en tanto que institución, evitando hablar de personas concretas. Pero eso bastó para que hubiera personas que denunciaran a la cadena de televisión y a los participantes de la emisión”, observa Sukanya Pruksakasemsuk.

Con frecuencia, las sentencias dictadas cubren de ridículo a la justicia tailandesa, como sucedió en el caso de Amphon Tangnoppakul, un hombre de 61 años condenado en noviembre de 2010 a 20 años de cárcel por haber enviado cuatro mensajes de texto considerados insultantes para la monarquía (es decir cinco años de cárcel por mensaje).

Apodado “tío SMS”, Amphon Tangnoppakul proclamó su inocencia en todo momento, explicando que ni siquiera sabía cómo enviar un mensaje de texto. El 8 de mayo de 2012 falleció de cáncer en prisión.

En 2012, se publicó una nueva petición con vistas a modificar la ley sobre el delito de lesa majestad y se consiguieron recopilar cerca de 30.000 firmas.

Una de las enmiendas claves sugería que únicamente las personas que tengan un vínculo con el rey puedan presentar una denuncia por lesa majestad. La enmienda fue rechazada por el Parlamento.

En 2011, Yingluck Shinawatra (hermana del ex Primer Ministro Thaksin Sinawatra, derrocado en el golpe de Estado de 2006) ganó las elecciones.

Su partido, Pheu Thai Party, dirige una coalición gubernamental. Aunque está considerado menos monárquico que el precedente, este Gobierno ha declarado que no tiene ninguna intención de enmendar la legislación sobre el delito de lesa majestad, a pesar de las presiones por parte de la comunidad internacional (entre otros, la Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que ha solicitado al Gobierno tailandés que tome las medidas necesarias para abrogar o enmendar el artículo 112).

La estabilidad política sigue siendo muy precaria en Tailandia. El temor a una nueva sublevación por parte del ejército o de los “camisas amarillas”, que siguen siendo muy sensibles a todo lo que perciben como ataques a la monarquía, enfría el entusiasmo de aquellos que pertenecen al partido en el poder y que desearían que esta legislación fuese efectivamente más flexible.


(1) Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.