“Todo lo que es esencial para la libertad y la democracia”, ¿bajo amenaza en Reino Unido?

La noticia de que Khaled Masood había utilizado el servicio de mensajes de WhatsApp minutos antes de matar a cinco personas en un ataque terrorista perpetrado el mes pasado en Londres, ha reavivado el acalorado debate sobre la seguridad y la privacidad en el Reino Unido.

Apenas cuatro meses antes, el Parlamento británico había promulgado “la ley de vigilancia más restrictiva jamás aprobada por una democracia”: la denominada Ley de Poderes de Investigación (Investigatory Powers Act, IPA). Convertida en ley el 29 de noviembre de 2016, la IPA otorga al Estado británico poderes sin precedentes para vigilar y analizar las comunicaciones de los ciudadanos.

Esta ley obligará a las empresas de comunicaciones a almacenar durante un año los datos de la actividad en línea de sus usuarios, de manera que los 48 organismos gubernamentales que tienen acceso a estos datos –como por ejemplo la policía y los servicios de seguridad, así como el Ministerio de Interior, el Ministerio de Trabajo y Pensiones y la Comisión de Juego– podrán elaborar un detallado cuadro de la vida privada de cualquier ciudadano.

El 28 de febrero, el grupo defensor de los derechos humanos Liberty entabló una acción judicial para impugnar la legislación. Liberty se había puesto en contacto con el Gobierno en diciembre, pero al no obtener respuesta alguna, solicitó la autorización del Tribunal Supremo para presentar una demanda.

Silkie Carlo, responsable de políticas en Liberty, declaró en un comunicado de prensa: “Los poderes contra los que estamos luchando socavan todo lo que es esencial para nuestra libertad y nuestra democracia: nuestro derecho a protestar, a expresarnos libremente y a un juicio justo, nuestra libertad de prensa, privacidad y ciberseguridad. Pero tenemos tanto apoyo público de nuestra parte, que confiamos en poder persuadir a nuestros tribunales para que limiten las tendencias más autoritarias de este Gobierno”.

En diciembre, Liberty ganó en el Tribunal de Justicia Europeo una impugnación de la Ley de Emergencia Provisional que precedió a la IPA. El tribunal dictaminó que muchos de los aspectos de vigilancia masiva de la ley eran efectivamente ilícitos, como por ejemplo la intervención masiva de dispositivos que los defensores temen les haga vulnerables a nuevos ataques; la posibilidad de intervenir el contenido de las comunicaciones en masa sin necesidad de que exista sospecha de actividad criminal; y la adquisición de amplios conjuntos de datos que permiten a los organismos gubernamentales elaborar un cuadro detallado del estado de salud, las inclinaciones políticas, la sexualidad y la religión de la población.

El Gobierno aduce que la nueva legislación es necesaria para desafiar las oportunidades que Internet proporciona a los terroristas, y todavía no ha anunciado si apelará la decisión. Pero la IPA desoye las inquietudes que los jueces han manifestado con respecto a la ley de emergencia, a saber, la retención general e indiscriminada de todos los datos de comunicación sin que exista sospecha de delito y sin notificación previa alguna. Los jueces también expresaron su consternación por el hecho de que la policía y los organismos públicos puedan autorizar determinadas excepciones a sus propias restricciones de acceso: por ejemplo, para obtener las fuentes informativas de los periodistas hace falta una autorización judicial.

“Amenaza a la libertad de prensa”

Mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una medida de protección, los periodistas temen los efectos de esta legislación.

“La nueva legislación es una amenaza para el periodismo y la libertad de prensa, y permite al Estado disponer de accesos de los que no deberían disponer”, indica Sarah Kavanagh, principal responsable de campañas y comunicaciones del sindicato de periodistas National Union of Journalists (NUJ).

“No hay procesos judiciales abiertos: los periodistas no pueden presentar un caso a las autoridades alegando los motivos por los que éstas no deberían acceder en secreto a las comunicaciones electrónicas de los periodistas, incluyendo su agenda, su libreta de contactos y sus correos electrónicos”.

Conforme a lo dispuesto en la legislación anterior, cuando las autoridades querían pedir a los periodistas fotografías o películas, estos eran previamente notificados y tenían la oportunidad de recusar la solicitud. La protección de las fuentes informativas sigue siendo un principio fundamental del periodismo ético, pero el Gobierno ha utilizado los avances tecnológicos como excusa para modificar la ley.

Kavanagh declara a Equal Times que también es importante proteger la imparcialidad y la independencia de los periodistas, y que no deberían ser percibidos como un conducto hacia las autoridades al entregar sus fuentes informativas o sus películas a la policía después de cubrir eventos como manifestaciones.

“Nosotros argumentamos que tiene que haber protecciones y garantías adicionales antes de que las autoridades puedan acceder en secreto a la información electrónica de los periodistas”, explica.

El NUJ no está emprendiendo ninguna acción respecto a la IPA, pero está examinando las vías disponibles para impugnar otra ley que está siendo actualmente redactada por la Comisión de Derecho, un organismo estatutario independiente para la reforma de leyes. Las Leyes de Secretos Oficiales existentes fueron redactadas entre 1911 y 1989 y reflejan un mundo en el que todavía no existía Internet, y donde los objetivos de distribución geográfica que necesitaban protección de los “enemigos” eran mayoritariamente militares.

La Comisión de Derecho está recomendando la sustitución de las Leyes de Secretos Oficiales por una nueva ley sobre la protección de datos oficiales, y tiene previsto llevar a cabo el 3 de mayo una consulta pública sobre esta cuestión.

No obstante, los activistas están profundamente preocupados por el hecho de que la ley actualizada prevea sanciones mucho más estrictas para los denunciantes y los confidentes. “Estos planes opresivos no tienen cabida en una democracia”, comenta Martha Spurrier, directora de Liberty, sobre la legislación propuesta.

“Sesgarían aún más la balanza a favor del secreto de Estado, independientemente de un interés público potencialmente profundo. Al aumentar las posibilidades de que se emprendan acciones judiciales por revelaciones meramente embarazosas o inconvenientes, estarían silenciando a los confidentes y amordazando a la prensa”.

La legislación también afectaría a los periodistas que publican artículos de interés público basados en información filtrada, exponiéndoles a un posible proceso judicial. Todo esto se traduce en un panorama inquietante –afirma Kavanagh, del sindicato NUJ–.

“No tienen que escuchar nuestras conversaciones para saber que tenemos conexiones –es lo que se conoce como ’metadatos’–, y el hecho de poder acceder a todas estas conexiones entre la gente tiene profundas repercusiones en la democracia, en las libertades civiles y en los derechos humanos”.

Este artículo ha sido traducido del inglés.