Trabajadoras del hogar ugandesas: salarios de miseria en su país o explotación extrema en el extranjero

Trabajadoras del hogar ugandesas: salarios de miseria en su país o explotación extrema en el extranjero

Muchas jóvenes ugandesas que intentan huir del desempleo y la pobreza en su país, terminan trabajando como empleadas del hogar en Oriente Medio, donde son objeto de graves explotaciones y abusos.

(Nicholas Bamulanzeki)

Hasifa Walugambire tenía una tienda de alimentación en Jinja, ciudad situada a unas dos horas al este de la capital ugandesa, Kampala. Un día, un hombre de la localidad que trabajaba para una agencia de contratación keniana le dijo que podía conseguirle un trabajo en Omán.

Trabajaría en un banco, le dijo el hombre, y tendría un sueldo mensual de 690 USD (2,5 millones de chelines ugandeses), muchísimo más de lo que jamás ganaría con su tienda.

Entusiasmada ante la posibilidad de una vida mejor, esta mujer de 28 años pagó 1.250 dólares USD (aproximadamente 4,5 millones de chelines) a una agencia en Kenia que le organizaría el viaje.

“Invertí todos mis ahorros para conseguir ese trabajo porque pensé que iba a cambiarme la vida y la de mi familia. Pero los seis meses que pasé en Omán fueron un infierno. Volví a casa con las manos vacías”, cuenta Hasifa.

Todos los años, decenas de miles de ugandesas abandonan su país para marcharse a trabajar al extranjero, en particular a países del Golfo como Arabia Saudita y Qatar, donde trabajan de niñeras, cocineras y asistentas del hogar. Pero la explotación y el abuso están a la orden del día, y muchas terminan siendo víctimas de la trata de personas y de graves abusos a manos de falsas agencias de contratación y empleadores sin escrúpulos.

Grace Mukwaya que trabaja para Platform for Labour Action, una ONG ugandesa que apoya y protege los derechos de los trabajadores marginados, explica que la frontera entre Uganda y Kenya es un lugar conocido por el que las redes de traficantes introducen clandestinamente chicas ugandesas en Oriente Medio. “Muchas cruzan la frontera pretendiendo ir a Kenya como turistas, mientras que otras son introducidas de contrabando por los traficantes, a través de puntos sin vigilancia”, señala a Equal Times.

Hasifa dice que la llevaron a Kenia por el monte, y seguidamente la montaron en un autobús con destino a Nairobi. Una vez allí, se unió a un grupo de otras 50 jóvenes, en su mayoría de Uganda, que también estaban esperando para viajar. Una semana más tarde, se pusieron en ruta hacia la capital de Omán, Mascate, donde Hasifa en seguida se dio cuenta de que no le aguardaba ningún empleo en un banco. En lugar de eso, fue llevada junto con las demás candidatas a una casa privada donde se le confiscó el pasaporte. Iba a ser trabajadora del hogar.

“Después empezaron a entrar hombres en la casa, uno a uno, para pagar dinero y escoger las chicas que se querían llevar”, recuerda Hasifa. Tras ser seleccionada por uno de los hombres, Hasifa dice que la llevaron a una casa de varias plantas en la que vivían más de 20 miembros de la familia de aquél. “Solía trabajar más de 15 horas sin descanso. Cuando me paraba para descansar, me gritaban o me pegaban”.

Las largas jornadas laborales de intenso trabajo le provocaron a Hasifa un desgarro en la cicatriz de una cesárea. “Empecé a sangrar con frecuencia, pero cuando pedía que me llevaran al médico, me pegaban y me encerraban en una habitación, o me obligaban a seguir trabajando aunque tuviera dolores”.

Llegó un punto en que Hasifa no podía seguir soportando los abusos y consiguió huir a la oficina de su agencia de contratación de Mascate, donde pidió que la enviaran de vuelta a su país.

Allí se encontró con otras 15 mujeres ugandesas que también habían huido de sus empleadores abusivos. Pero en lugar de recibir ayuda, les dijeron que regresaran a la casa de sus empleadores o de lo contrario irían a la cárcel.

“Los empleadores nos desnudaban y nos pegaban a diario, diciéndonos que regresáramos a nuestro trabajo. Debido a las palizas y a los malos tratos, algunas de las chicas enloquecieron”, dice Hasifa.

Por suerte una de las chicas detenidas tenía un teléfono y una tarjeta SIM local que Hasifa utilizó para llamar a su familia y alertarles de su situación. Con la ayuda del sindicato National Organisation of Trade Unions (NOTU) de Uganda, pudo ser localizada por la embajada ugandesa y regresar por fin a su país y a su familia.

Se prohíbe la migración de mano de obra

Según una investigación llevada a cabo por la Oficina de Estadística de Uganda y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las jóvenes ugandesas (de entre 15 y 29 años de edad) se enfrentan a una serie de obstáculos en el mercado de trabajo, entre ellos unas tasas de desempleo más altas y unos salarios más bajos. En consecuencia, muchas jóvenes como Hasifa, que intentan huir del desempleo y la pobreza en su país, terminan convirtiéndose a menudo en trabajadoras del hogar en Oriente Medio, situación sobre la cual se ha venido publicando a lo largo de los años una documentación sistemática de casos de explotación, abusos físicos y/o sexuales, e incluso asesinato.

A finales de 2015, Arabia Saudita y Uganda firmaron un acuerdo que podría haber creado hasta dos millones de puestos de trabajo para los ugandeses en esta nación del Golfo rica en petróleo, según la publicación Gulf Africa Review. Sin embargo, en enero de 2016 el acuerdo fue anulado después de que el Parlamento ugandés prohibiera el tránsito de trabajadores migrantes a Arabia Saudita tras unas escandalosas revelaciones de abusos y torturas.

Inmediatamente después de hacerse pública la prohibición, se estableció un equipo de trabajo interministerial para abordar los abusos y la explotación sufridos por las trabajadoras del hogar migrantes ugandesas. Sin embargo, el pasado mes de mayo, la prohibición fue revocada tras la firma de sendos acuerdos bilaterales con Arabia Saudita y Jordania.

Según un informe presentado ante el Parlamento en mayo de 2017 por Janat Mukwaya, ministra ugandesa de Género, Trabajo y Asuntos Sociales, esta prohibición temporal no impidió que los ciudadanos siguieran buscando trabajo en Oriente Medio, y de hecho sólo sirvió para exacerbar los casos de trata y contrabando.

El informe de Mukwaya revelaba que, entre 2015 y 2016, el Gobierno repatrió a 200 trabajadoras del hogar que habían sido detenidas en diversos países de Oriente Medio tras haber escapado de sus empleadores abusivos.

“Así pues, impusimos una prohibición de un año para intentar aclarar la situación en este sector, pero en seguida nos dimos cuenta de que dicha prohibición sólo servía para provocar un aumento de la exportación clandestina de mano de obra, exponiendo efectivamente a muchas chicas ugandesas a la trata de personas. Así que decidimos que era más seguro levantar la prohibición y establecer en su lugar una serie de mecanismos que pudieran garantizar la protección y localización de las personas que emigran para trabajar”, explica a Equal Times Martin Wandera, director de Trabajo en el Ministerio de Género, Trabajo y Asuntos Sociales de Uganda.

Pero los activistas dicen que la economía podría haber jugado un papel importante en la decisión del Gobierno de levantar la prohibición. Con cerca de 59.000 ugandeses trabajando actualmente en Oriente Medio, según cifras del Ministerio de Trabajo, esta nación de África oriental recibe cada mes cerca de 6 millones de dólares USD en concepto de remesas. Este dinero, afirma el Ministerio, está ayudando a mejorar la situación económica de los familiares de los trabajadores que se han quedado en el país de origen. Y dichos familiares no pueden permitirse prescindir de ese dinero.

Douglas Opio, director de Políticas e Investigación de la Federation of Uganda Employers dice que, si bien estas contribuciones son buenas para la economía, el Gobierno y las agencias de contratación tienen que esforzarse mucho más para garantizar la protección de los derechos de las trabajadoras del hogar.

Opio dice que, como medida estándar, por ejemplo, las agencias de contratación con licencia tienen que proporcionar a las trabajadoras del hogar, antes de que estas sean enviadas al extranjero, información correcta sobre la naturaleza del empleo que van a desempeñar, así como sobre el salario y las condiciones de trabajo.

“Muchas veces no se llega a firman un contrato entre empleador y empleada, y, en los casos en que sí se firma, la trabajadora del hogar desconoce los términos y condiciones establecidos por el empleador”, dice Opio.

Más protecciones para los trabajadores

Según un comunicado del Gobierno publicado el 27 de mayo para explicar la decisión de levantar la prohibición, Uganda ha instituido una serie de medidas para promover una migración segura de las trabajadoras del hogar a Oriente Medio, entre las que cabe destacar: una mejor comunicación entre diversos organismos como la Dirección General de Inmigración, el Ministerio de Trabajo y la Policía en todos los puntos de salida; cursos obligatorios de orientación previos a la partida para las trabajadoras migrantes empleadas a través de agencias de contratación, así como una acreditación por parte del Ministerio de Trabajo; un contrato cuatripartito entre la empleada, el empleador, la empresa de contratación en Uganda y en el país de destino para garantizar una responsabilidad conjunta ante cualquier vulneración del contrato de la trabajadora; y el establecimiento de un fondo de emergencia para ofrecer ayuda jurídica, asistencia médica y la repatriación con carácter de urgencia a las trabajadoras migrantes que necesiten asistencia.

Además, el Gobierno ha reformado la asociación ugandesa de agencias de contratación externa, Ugandan Association of External Recruitment Agencies, a la que deberían pertenecer todas las empresas con licencia. Wandera también avanzó que el Gobierno ugandés tiene previsto abrir una oficina de enlace para trabajadores migrantes en Arabia Saudita, tan pronto como hayan gestionado la contratación de un agregado laboral. Esta oficina dispondrá de un sistema de control en línea que permitirá al Gobierno ugandés inspeccionar las empresas de contratación de Arabia Saudita, así como las de su propio país.

Wandera señala que los trabajadores migrantes estarán a partir de ahora regularmente controlados tras su llegada al extranjero y que las agencias de contratación sólo podrán trabajar en países que hayan firmado acuerdos bilaterales con Uganda.

Actualmente, Uganda ha firmado acuerdos bilaterales con Arabia Saudita y Jordania, y el Ministerio de Trabajo dice que espera firmar un acuerdo con Qatar en junio y que está pendiente de concluir las negociaciones para establecer acuerdos similares con Kuwait, Omán, los EAU y Bahréin.

No obstante, los acuerdos bilaterales no son más que el principio. Usher Wilson Owere, Secretario General del NOTU, dice que los acuerdos bilaterales no pueden ofrecer soluciones concretas a menos que los países del Golfo tomen la iniciativa de renovar su propia legislación laboral.

Un ejemplo reciente lo constituyen los EAU, que tan solo la semana pasada anunciaron una nueva legislación laboral nacional con arreglo a la cual se proporcionará a las trabajadoras del hogar un período anual de 30 días de vacaciones pagadas, así como días de descanso, un seguro médico y el derecho a quedarse con sus documentos de identificación personal, entre otras medidas.

Sin embargo, según Human Rights Watch, las nuevas disposiciones son menos rigurosas que la legislación laboral de los EAU que estipula, entre otras cosas, una jornada laboral de ocho horas y una semana laboral de 48. Las nuevas medidas tampoco se ajustan plenamente al Convenio de la OIT sobre trabajadoras del hogar, que exige que las empleadas del servicio doméstico puedan disfrutar de los mismos derechos que otras categorías de trabajadores.

La siguiente medida es abolir oficialmente el sistema de kafala, un sistema de patrocinio generalizado en los países del Golfo que otorga a los empleadores un control extraordinario sobre la vida de los trabajadores migrantes.

Según un informe jurídico y político de 2017 elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), los empleadores, con arreglo al sistema de kafala, son patrocinadores –o kafeels– que deciden su propia necesidad de mano de obra y la satisfacen mediante una contratación directa o a través de intermediarios, como por ejemplo agencias de empleo.

“La condición de inmigrante de un trabajador se encuentra así específicamente sujeta a un patrocinador individual durante el período de su contrato. Como consecuencia de la falta de autonomía con relación a su empleador, estos trabajadores se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”, establece el informe.

Indica asimismo que hasta que el sistema de kafala no se haya abolido en los países del Golfo, la legislación o las normas obligatorias de los contratos tendrán un efecto limitado.

Como solución a más largo plazo, Opio propone que el Gobierno ugandés tome la iniciativa de crear en el país un trabajo más decente para sus ciudadanos y que minimice los éxodos a Oriente Medio. Pero hasta que llegue ese momento, personas como Hasifa seguirán siendo vulnerables a la explotación.